La modificación del proceso para seleccionar los candidatos para la Corte Suprema y los tribunales inferiores no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia administrativa, transparencia o modernización del Estado, redujeron instancias de participación ciudadana, limitaron el acceso a información pública o restringieron ámbitos de supervisión técnica e institucional.

Las iniciativas abarcan áreas muy distintas y fueron impulsadas en momentos diversos. Sin embargo, todas generaron debates similares y exhiben un denominador común: una limitación de actores externos a decisiones que antes contaban con mayores instancias de control, consulta o participación.

Acceso a la información pública

El primer antecedente fue el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública”, al excluir de la obligación de respuesta aquellos datos que se consideren de “naturaleza privada” o que no tengan un “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario.

“La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, sostuvo el Club Político Argentino. La entidad calificó la reforma como “una nueva forma de censura”. “La información se presume pública y el secreto es la excepción”, advirtió Poder Ciudadano en un comunicado.

En un dictamen previo que sentó las bases de estos cambios (en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), el entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de información sobre asuntos que consideró “banales”, como los detalles sobre los perros del Presidente en la quinta de Olivos.

El decreto, además, excluyó del alcance de los pedidos ciudadanos documentos preparatorios, deliberaciones internas y papeles de trabajo de la administración.

También incorporó el principio de “buena fe” en el ejercicio del derecho de acceso a la información y habilitó sanciones ante lo que el Estado considere un uso abusivo de esa herramienta. Para el Gobierno, los cambios buscaron evitar pedidos reiterativos o irrazonables que entorpecieran el funcionamiento de la administración.

Más facultades para la SIDE

A fines de 2025, el Gobierno avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación sobre distintas áreas del sistema y amplió las posibilidades de acceso e intercambio de información entre organismos públicos.

Entre otros puntos, el decreto estableció que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, habilitó el cruce de bases de datos estatales y otorgó a los agentes de inteligencia la facultad de “aprehender” personas en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” en la definición de amenazas a la seguridad.

La reforma generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la protección de libertades civiles, que advirtieron sobre la discrecionalidad de las facultades otorgadas y la amplitud de algunas definiciones.

La ley de lobby

La discusión más reciente se produjo en el Congreso con el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para transparentar las reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, buena parte de los expositores convocados a debatirla cuestionó su alcance.

El texto propone un registro obligatorio de gestiones de intereses y crea la figura del “principal extranjero” para identificar a quienes actúen en representación de intereses financiados desde el exterior. Además, utiliza una definición amplia de gestión de intereses que podría alcanzar tanto a empresas como a organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.

Durante las reuniones informativas en Diputados, representantes de ONGs, universidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de “criminalizar” la participación ciudadana o someterla a un esquema de “participación vigilada”. También cuestionaron que equipare la representación de causas sociales o humanitarias con actividades tradicionales de lobby empresarial.

El “cepo” a la Oficina de Presupuesto del Congreso

En junio de este año, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dominada por el oficialismo y sus aliados, aprobó una resolución que limita la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.

La medida obliga a que determinados trabajos técnicos sean previamente avalados por la comisión de supervisión y también introduce cambios sobre la planificación de actividades y la administración interna del organismo.

El debate se produjo luego de que la OPC elaborara estimaciones que contradijeron los cálculos difundidos por el Gobierno sobre distintos proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad. Además, uno de sus informes fue citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Para la oposición y especialistas en información estadística, la resolución restringe el acceso de los legisladores a información técnica independiente y fortalece la dependencia respecto de los datos producidos por el Poder Ejecutivo.

Menos participación en la selección de jueces

El caso más reciente fue el decreto 467/2026, que modificó el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte Suprema y los jueces de instancias inferiores. La principal novedad fue la eliminación del procedimiento de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia previa a la nominación presidencial.

Hasta ahora, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos podían presentar apoyos u objeciones respecto de los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo definiera formalmente una candidatura. El Gobierno argumentó que esa etapa duplicaba mecanismos de control que posteriormente ejerce el Senado durante el tratamiento de los pliegos.

La norma también eliminó referencias a criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica que debían ser considerados durante el proceso de selección.

Organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas sostienen que la modificación reduce los controles previos sobre las nominaciones y elimina una instancia de participación que funcionó durante más de dos décadas.

El Gobierno sostiene que estas reformas apuntan a simplificar procedimientos, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia estatal.

Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá —una de las propiedades bajo la lupa en la investigación por el crecimiento patrimonial del funcionario—, reveló este domingo que recibió una intimación de ARCA para subsanar una serie de “inconsistencias” detectadas en su situación fiscal. El empresario, que aseguró haber recibido US$245.000 por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario mileísta, afirmó además que no volvió a tener contacto con él desde que estalló la polémica.

El contratista quedó en el centro de la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete luego de afirmar que las refacciones realizadas en la propiedad demandaron miles de dólares, una cifra que forma parte de las actuaciones que analizan el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

“[Desde ARCA me piden explicar] unas inconsistencias que detectaron en mi portal, que las corrija y las presente nuevamente. Se detectó que tenía que rectificar algunas facturas [sobre la reforma de Manuel Adorni]”, detalló.

Y afirmó, en diálogo con Radio Con Vos: “Más allá de lo que cada uno pueda pensar, para mí esto es algo normal. Hace más de 20 años que soy autónomo y, cuando aparecen irregularidades, hay que corregirlas. Ya me pasó otras veces por una deuda o por una factura mal confeccionada”.

Consultado sobre si interpretaba el requerimiento como una presión, Tabar rechazó esa posibilidad. “Como contribuyente, es lo que corresponde. Era una de las posibilidades que existían a partir de mis declaraciones. Después cada uno puede tener sus sospechas, pero en mi caso estaba dentro de las posibilidades”, sostuvo.

“Si hacés un análisis más profundo… en realidad no se me investiga a mí porque lo que haya hecho o no, la investigación surge por otro lado. Tuve una parte de eso y tengo que presentar la parte de la que yo participé”, dijo respecto de la pesquisa que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Y reforzó: “Me parece medio raro que sea un apriete porque sería como: el gasto lo ocasiona una persona y esa persona es la misma que se manda a investigar por ese gasto. Sería extraño que él [Manuel Adorni] me mande a investigar a mí porque un gasto que hizo él; sería más que descabellado. Es normal que uno ingrese al portal [de ARCA] y registre Inconsistencias, por eso no lo tomo como una persecución u hostigamiento”.

En otro tramo de la entrevista se refirió a su vínculo con funcionario que responde a Javier Milei, con quien mantenía una vínculo de cercanía. “No tengo su teléfono y vivimos lejos, aunque los dos estemos en Exaltación de la Cruz. No lo volví a ver y tampoco sería justo para ninguno de los dos buscarnos ahora, porque podría interpretarse como una complicación para la Justicia. Prefiero seguir así”.

Volvió luego a hacer hincapié en que el costo total de la obra de remodelación fue “por unos US$250.000″, pero remarcó que no es la cifra que cobró por ese trabajo. “Siempre traté de aclarar eso”, remarcó y siguió: “Eso es lo que el fiscal me pregunta a mí cuánto salió la obra. Yo pasé un presupuesto inicial, que se aprobó y se terminó. Después surgieron gastos (…) Era una suerte de administración lo que se hacía; puntualmente, lo que me corresponde a mí es sobre el presupuesto que trabajé, no sobre el total de la obra”.

Y concluyó la entrevista con una respuesta al interrogante “¿Qué debería hacer Adorni?“. “Considero que no me corresponde opinar. Realmente siempre lo dije, para mí él es una persona conmigo y respeto su trabajo; es un problema de él. Jamás me metería en una persona que me rodea a opinar algo que no me corresponde”, cerró.