POLITICA
En medio de la tensión por el caso Adorni, el Gobierno avanza con alianzas con gobernadores para la reforma electoral
Mientras la agenda política sigue atravesada por la controversia en torno al crecimiento patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno busca sostener las negociaciones con los gobernadores para destrabar uno de sus proyectos legislativos prioritarios: la reforma electoral.
En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne este viernes con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales que ya expresó públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO.
El encuentro forma parte de la estrategia que viene desplegando la Casa Rosada para sumar apoyos entre las provincias y medir las posibilidades reales de avanzar con la iniciativa en el Congreso.
La reforma electoral continúa siendo una de las prioridades del oficialismo, aunque permanece trabada por las diferencias con bloques aliados respecto del futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
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Santilli fue designado por el Gobierno como principal interlocutor con las provincias para encarar las conversaciones respecto de la reforma electoral. En las últimas semanas mantuvo una intensa agenda de reuniones con gobernadores de distintos espacios políticos para tantear el escenario y buscar respaldos para el proyecto oficialista.
Días atrás, el funcionario recibió en Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien luego del encuentro manifestó su apoyo a la eliminación de las PASO. “Las internas deben resolverse dentro de los partidos”, sostuvo el mandatario catamarqueño tras la reunión.
Ese respaldo fue considerado un avance importante para el oficialismo, que busca sumar volumen político en una discusión que todavía genera resistencia entre sectores dialoguistas. En paralelo, Santilli también mantuvo reuniones con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz; y con otros referentes provinciales en distintos ámbitos de negociación.
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El Gobierno intenta combinar las discusiones legislativas con los reclamos de los gobernadores vinculados a recursos, infraestructura y obras públicas.
En ese contexto, Frigerio aparece como un aliado relevante para la estrategia de la Casa Rosada. El gobernador entrerriano ya había expresado públicamente su apoyo a la eliminación de las primarias y figura entre los mandatarios que negociaron acuerdos políticos con La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos electorales.
También en Mendoza existen señales favorables. Funcionarios vinculados al gobernador Alfredo Cornejo manifestaron por lo bajo una posición coincidente respecto de la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.
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Sin embargo, los apoyos obtenidos hasta el momento no alcanzaron para destrabar definitivamente el proyecto. La eliminación de las PASO sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la negociación con los bloques aliados, especialmente con sectores del radicalismo, el PRO y otros espacios dialoguistas que condicionaron su acompañamiento a modificaciones en ese capítulo de la reforma.
Frente a ese escenario, el Gobierno decidió flexibilizar su postura inicial y comenzó a evaluar alternativas para construir consensos. Entre las opciones bajo análisis aparece un proyecto impulsado por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, que propone convertir las PASO en optativas en lugar de eliminarlas.
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La iniciativa establece que la participación ciudadana en las primarias deje de ser obligatoria y permite que los partidos sin competencia interna no tengan que participar de esa instancia. Además, incorpora mecanismos de preinscripción de electores, modificaciones organizativas y herramientas digitales para validación de identidad mediante plataformas oficiales.
La reforma electoral impulsada por el oficialismo también incluye otros cambios. Entre ellos figura la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única Papel, un proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia y modificaciones al financiamiento partidario, con la eliminación de aportes estatales y cambios en los límites para contribuciones privadas.
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POLITICA
La Justicia pidió la última declaración jurada del hermano de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara la última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.
Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una presentación realizada en mayo pasado.
Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior, presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.
La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Tres semanas atrás, la investigación sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. En ese contexto, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación vinculada a los cargos ocupados por Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos durante ese período.
Durante ese procedimiento también se requirió información sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario en los distintos puestos que ocupó dentro de la administración pública.
La documentación incorporada al expediente incluye pedidos de información sobre su historial salarial, eventuales retenciones y actos administrativos relacionados con sus nombramientos. Marijuan había considerado “indispensable” contar con esos datos para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
La investigación se enfoca especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñar funciones en el Poder Ejecutivo nacional. En el dictamen que impulsó la causa, el fiscal sostuvo que el objetivo es determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” durante esos años.
Como parte de las medidas de prueba, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La decisión permitió avanzar sobre información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.
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Además, la fiscalía libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Los requerimientos incluyeron información sobre declaraciones juradas, pagos de impuestos, bienes registrables, regímenes de facturación, operaciones económicas y eventuales sanciones. También se solicitaron datos sobre automotores, inmuebles y la situación tributaria asociada a esos bienes.
La investigación alcanzó además al Banco Central, al que se le pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Asimismo, Migraciones recibió un requerimiento para informar los viajes realizados por Adorni al exterior, sus destinos y, en caso de traslados terrestres, las personas que lo acompañaron.
La declaración jurada rectificativa presentada en mayo había introducido cambios significativos respecto de la versión original correspondiente a 2025. En aquella oportunidad, Adorni incorporó una herencia por $21 millones y modificó el detalle de sus deudas.
Inicialmente había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al comienzo del año y un pasivo de $57 millones al cierre del período. Sin embargo, en la rectificación posterior sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, mientras que el monto final permaneció en $57 millones. De ese modo, dejó de figurar un desendeudamiento de $73 millones y pasó a registrarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.
Esa misma presentación consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones declarados al inicio del año.
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La documentación también reflejó modificaciones en los bienes declarados por el funcionario. Durante 2025 dejó de informar una camioneta Chery Tiggo y pasó a declarar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Asimismo, mantuvo la declaración correspondiente al 50% de una vivienda en City Bell.
Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Francisco Adorni, Manuel Adorni
En paralelo con la iniciativa opositora de la oposición en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo impulsa en el Senado un proceso para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de que admitió que tuvo medio millón de dólares sin declarar.
Esta mañana, diez senadores presentaron un proyecto de resolución para citar al funcionario a concurrir al Senado “para ser interpelado en sesión especial a efectos del tratamiento de una moción de censura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional”.
Argumentaron que la propuesta obedece a “la gravedad institucional que revisten las graves inconsistencias patrimoniales y las irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA)”.
El proyecto del kirchnerismo prevé además que la moción de censura sea resuelta por el pleno del Senado “en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación”.
La iniciativa lleva las firmas de José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Martín Soria, Jorge Capitanich, Ana Marks, Juliana di Tullio, María Celeste Giménez Navarro, Eduardo De Pedro y Mariano Recalde.
La avanzada de los diputados
Mientras tanto, diputados de distintos espacios políticos convocaron ayer para el 23 de este mes a una sesión especial con el objetivo de debatir la activación de una moción de censura desde la Cámara baja.
El pedido de sesión lleva las firmas de referentes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que volvió a exhibir divisiones internas. Acompañan los socialistas, el radicalismo crítico referenciado en Martín Lousteau, los jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir y, esta vez, también los cordobeses de Martín Llaryora, representados por Carlos Gutiérrez.
No acompañó ningún integrante del bloque de la UCR. Tampoco firmaron los santafecinos vinculados a Maximiliano Pullaro, Jorge Ávila, referente de Chubut, ni Lourdes Arrieta (Mendoza). También se mantuvieron al margen los diputados de Innovación Federal, espacio que reúne a legisladores cercanos a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Pese al duro comunicado difundido en X, tampoco adhirió ningún dirigente de Pro. La cuenta oficial del partido calificó la conducta de Adorni como “una falta grave”. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, sostuvo el texto.
Aunque en distintos sectores de la oposición consideran que existen razones suficientes para promover su apartamiento, Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen, por ahora, que la investigación debe seguir su curso en la Justicia y que la responsabilidad política última recae sobre Javier Milei.
De todos modos, una eventual moción de censura aparece hoy sin los apoyos suficientes para avanzar. El mecanismo exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Mientras los bloques satélites del oficialismo se nieguen a acompañar esa estrategia, esos números lucen inalcanzables.
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POLITICA
Crecen los reclamos a Nación por el estado crítico del cruce fronterizo más importante de la Patagonia
La situación edilicia del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, el principal corredor internacional de la Patagonia -con un flujo anual que supera los 1.100.000 cruces de personas– y el deterioro de la Ruta Nacional 231, que une Villa La Angostura con el límite con Chile, volvieron a quedar en el centro de las críticas.
Además del mal estado de la ruta, que presenta baches y daños estructurales en distintos tramos, las mayores quejas apuntan a las condiciones del edificio fronterizo, especialmente de los sanitarios, varios de los cuales permanecen clausurados debido a su deterioro.
Aunque los problemas son de larga data, autoridades locales aseguran que en los últimos años se agravaron y reclaman una intervención urgente del Gobierno nacional. Uno de los principales impulsores del reclamo es el intendente de Bariloche, Walter Cortés, quien incluso ofreció a la Casa Rosada realizar las obras con recursos municipales, pese a que el complejo fronterizo se encuentra en territorio neuquino y depende de la administración nacional.
En ese contexto, el Concejo Municipal de Bariloche aprobó recientemente una comunicación en la que expresa su preocupación por la situación y solicita al Gobierno nacional una intervención inmediata para refaccionar las instalaciones.
El concejal Juan Pablo Ferrari, autor de la iniciativa, sostuvo que “se necesita una intervención urgente para garantizar el normal funcionamiento de los servicios” en uno de los principales pasos fronterizos del país.
Cortés, por su parte, reiteró en varias oportunidades sus reclamos ante las autoridades nacionales. Esta semana volvió a insistir con la necesidad de ejecutar obras y ofreció la colaboración del municipio para avanzar con las reparaciones.
“Es una vergüenza no solo el estado de la ruta, sino también la pésima situación del complejo edilicio. Es una de las entradas turísticas más importantes de la Patagonia, pero la primera impresión que se llevan quienes ingresan al país es muy negativa”, afirmó el jefe comunal.
Durante la presentación de la temporada turística de Bariloche en Buenos Aires, Cortés trasladó la preocupación al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien le informó que se encuentra en marcha un proceso licitatorio destinado a la reparación tanto de la ruta como de las instalaciones fronterizas. “Hacemos todo lo posible para que el turismo venga y se vaya contento. No podemos tener esa Aduana en el estado en el que está”, señaló el intendente.
Cómo es el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré
Del lado argentino está conectado por la Ruta Nacional 231 y, del lado chileno, por la Ruta CH-215. Mientras Argentina continúa reclamando inversiones para mejorar la infraestructura, Chile avanzó en la reparación de su trazado vial, afectado por el intenso tránsito de camiones y las condiciones climáticas de la zona. Además, anunció la construcción de una doble vía para agilizar la circulación entre ambos países.
En el complejo fronterizo operan organismos nacionales como Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional y SENASA, encargados de los controles para el tránsito turístico y el transporte internacional de cargas.
“Es la puerta de entrada a paisajes de enorme valor ambiental y turístico, como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Ruta de los Siete Lagos. Además, cumple un rol estratégico dentro del Corredor Bioceánico y en la integración entre Argentina y Chile”, destacó Ferrari en los fundamentos de su proyecto.
Paso Cardenal Antonio Samoré
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