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En medio del conflicto por las patentes, Milei recibe a legisladores de EEUU y anunciará una inversión de USD 8.000 millones

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Javier Milei recibe hoy en la Casa Rosada a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vinculada al entorno de Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento político y diplomático. El encuentro, previsto para las 11, se produce en un momento en que el gobierno argentino frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como moneda de negociación con Washington y en el que los laboratorios argentinos ejercen presión para relativizar esa aplicación: incluso hoy anunciarán una intención de inversión por USD 8.000 millones.

La comitiva estará encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart, a quien el gobierno considera una figura influyente en política exterior y América Latina dentro del Congreso estadounidense. El legislador republicano expresó públicamente su respaldo a Milei en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión. La delegación incluye además a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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La reunión ocurre en plena tensión bilateral por el tratamiento del Patent Cooperation Treaty (PCT), el acuerdo que el gobierno argentino firmó con la administración Trump en febrero de este año. Luego de que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados obtuviera dictamen para debatir el tratado en el recinto, la gestión libertaria paralizó el proceso. Aunque el Gobierno la considera importante, la decisión responde a una jugada estratégica: preservar el tema como herramienta de negociación frente a los enviados de Trump, quienes mantienen activas las exigencias de cumplimiento del acuerdo.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación, presenta en ExpoEFI sobre economía real y transformación productiva, enfatizando su visión en el evento. (Maximiliano Luna)

El PCT impone, entre sus condiciones, la vigencia por 20 años del registro de patentes en los 158 países miembros. Transcurrido ese plazo, otras empresas pueden producir el producto con modificaciones leves, una cláusula que los laboratorios nacionales consideran una amenaza directa ante la posible expansión del monopolio de grandes firmas internacionales. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advirtió al gobierno sobre los riesgos de aprobar el Capítulo II del tratado, que habilita un examen preliminar internacional con opinión no vinculante sobre las invenciones, mecanismo rechazado por la industria local. Desde hace meses, las compañías ejercen presión sobre gobernadores, legisladores y dirigentes para frenar la discusión en el Congreso.

Dos semanas antes del encuentro de hoy, el secretario de Modernización Alejandro Cacace viajó a Washington para reunirse con representantes del gobierno trumpista y les informó la imposibilidad de obtener el apoyo político necesario para aprobar el tratado sin reservas.

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El trasfondo de estas negociaciones se vio alterado por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la decisión unilateral de Trump de aplicar aranceles a productos extranjeros. El máximo tribunal determinó que la potestad para imponer nuevas tasas a la importación corresponde exclusivamente al Congreso, lo que obligó al Estado norteamericano a devolver 166.000 millones de dólares a importadores. La resolución debilitó la posición negociadora de Washington y abrió margen para que el gobierno argentino introdujera modificaciones al tratado.

En ese contexto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) habilitó nuevas patentes como señal de buena voluntad hacia los interlocutores estadounidenses, un gesto que, según Tiempo Argentino, colaboró para distender parcialmente la relación. Aun así, la gestión trumpista hizo saber su malestar por el cambio unilateral en la implementación del acuerdo firmado a comienzos de año.

Gaston Domingues Caetano

Tal y como informó Infobae, el Gobierno considera al PCT como una de las iniciativas más importantes dentro de su cartera de proyectos junto a la reforma electoral y el Súper RIGI. Sin embargo, las trabas políticas hacen que no se prevea su tratamiento hasta después del receso legislativo de invierno.

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La visita de la delegación legislativa estadounidense de hoy se inscribe en un tablero más complejo. Una hora más tarde, Milei recibirá al presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano. En ese marco es que se va a presentar una iniciativa de inversión por USD 8000 millones en investigación clínica, innovación y desarrollo económico en el país.

Según informan fuentes oficiales, las empresas nucleadas tienen la intención de impulsar un programa de inversión en investigación clínica por ese monto durante los próximos seis años. “La propuesta es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional”, buscan promocionar desde el mismo gobierno.

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Fin de la emergencia: cómo y desde cuándo se va a aplicar la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado

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El Senado convirtió en ley este jueves la nueva Ley de Discapacidad, que puso fin a la emergencia que regía hasta el 31 de diciembre para regularizar el esquema de atención y prestaciones del sector. Los plazos de la implementación ahora dependen del Gobierno, que deberá promulgar y reglamentar la ley para que todos sus puntos entren en vigencia.

De acuerdo al proceso legislativo, el Presidente tiene diez días hábiles para aceptar la norma o vetarla, y si no hace ninguna de las dos cosas, queda promulgada automáticamente. Dado que en este caso el proyecto fue acordado entre el oficialismo y todos los espacios y aprobado de manera unánime en la cámara alta, no se espera ningún veto ni contratiempo. Además, eso podría amenazar el pacto logrado con los aliados -con posibles repercusiones sobre otras discusiones legislativas- y difícilmente podría ser sostenido en el Congreso. En ese sentido, en Casa Rosada aseguraron a TN que el Presidente promulgará la ley, aunque reconocieron que no saben cuándo se oficializará.

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Una vez aceptada por Milei, la ley será publicada en el Boletín Oficial, lo cual activa su vigencia a partir del día siguiente. Sin embargo, para su aplicación completa hay que esperar su reglamentación, que en este caso está estipulada dentro de los 30 días hábiles tras la publicación.

Se trata de un decreto posterior en el que el Gobierno define cómo se aplica lo que la ley dejó abierto. De eso dependerá la designación de la autoridad de aplicación, los criterios de la evaluación socioeconómica que deberán aprobar quienes pidan la pensión (que se elaborarán junto con el Consejo Federal de Discapacidad, COFEDIS) y los lineamientos para la capacitación obligatoria del personal de los prestadores. Hasta que el Gobierno las defina, esas partes no podrán aplicarse.

La nueva Ley de Discapacidad entrará en vigencia una vez promulgada por Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial. (Foto: Presidencia/NA).

En cambio, los pagos a los prestadores no necesitan un decreto. Si al momento de la sanción quedan compensaciones pendientes de la ley 27.793, el Gobierno deberá notificar y publicar un cronograma dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia.

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La cancelación total, para quienes hayan terminado el trámite administrativo, debe completarse en un máximo de 90 días corridos. La ley aclara que no habrá compensaciones por períodos distintos de los ya previstos.

Cuáles son los puntos principales de la nueva Ley de Discapacidad

El cambio central está en las pensiones no contributivas por discapacidad. Los requisitos, que hasta ahora fijaba el Ejecutivo, quedan establecidos por ley, con un monto que equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizado según el régimen previsional.

Para acceder hay que acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la identidad con el DNI, ser argentino o, en el caso de los extranjeros, tener al menos cinco años de residencia legal continuada. A su vez, aclara que el beneficiario no debe percibir ingresos individuales netos de dos salarios mínimos, vitales y móviles o más, ya que se mide el ingreso de la persona y no el del grupo familiar. Tampoco se puede estar amparado por otro régimen previsional ni cobrar la asignación por hijo con discapacidad. A eso se suma aprobar una evaluación socioeconómica y, para quienes sean propietarios, acreditar que la vivienda es la única de la familia.

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El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)
El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)

La nueva norma mantiene la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o monotributista, siempre que los ingresos no superen esos dos salarios mínimos. Si los superan, se suspende de forma automática, y cuando termine el vínculo laboral o los ingresos bajen del límite, el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y cobrar desde la fecha de la solicitud. Se mantienen, además, los beneficios para los empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la ley 24.901, a través de Incluir Salud. Los gastos se afrontarán con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con transferencias de fondos del Tesoro. A su vez, la ley enfatiza que las leyes de Presupuesto deberán garantizar fondos suficientes y que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad.  (Foto: Senado)
El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)

La norma también crea un sistema de control. La Secretaría Nacional de Discapacidad auditará periódicamente que los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos, cruzando datos con Anses, ARCA, el SINTyS y el Renaper. Si detecta un incumplimiento, notificará al afectado, que podrá presentar su descargo. Vencido ese plazo, podrá suspender la pensión de forma preventiva, aunque el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y provisoria hasta que se resuelva su caso. El Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente los datos de ejecución presupuestaria, los aranceles del sistema y la cantidad y el valor de las pensiones. Por último, el texto regula el pago de la deuda acumulada con los prestadores, con los plazos ya mencionados.

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Milei y Macri, el triunfo de las debilidades

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Todos los gobiernos se terminar acostumbrando (o resignando) a celebrar triunfos pasajeros, poco relevantes o que enmascaran resignaciones y fragilidades. Hay que aferrarse a las pequeñas cosas, cuando los logros sustantivos se escapan. Y potenciarlas como si fueran mayúsculas y definitivas. No está mal. El problema es confundir la dimensión y la realidad.

La administración de Javier Milei no es la excepción y en estos días abunda en estridentes festejos de módicas o muy relativas victorias. Empezó con las celebraciones por la exitosa organización de la visita papal, para ocultar observaciones y cuestionamientos vaticanos.

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El festejo siguió anteayer con la trabajosa firma del dictamen en el Senado para suspender las PASO y avanzar con la reforma político-electoral en la cual dejó girones, tras una larga sucesión de concesiones y correcciones a desgano.

La muy relativa consistencia de esa alegría se demostró ante otro traspié legislativo, como fue la sanción de la Ley de Discapacidad, cuyo tratamiento habilitó a regañadientes la bancada oficialista para no seguir pagando costos políticos y sociales, aunque resulta indigesta para el Presidente y su equipo económico.

De todas maneras, la aprobación del dictamen oficialista de la reforma político-electoral, que todavía deberá sortear el debate en el recinto de la Cámara alta, contó con un adicional elemento para que el Gobierno celebre. Se lo permitió la subrepticia generosidad del macrismo puro, que se entregó a la estrategia mileísta sin salvaguardas ni prevenciones, para ponerle la firma al certificado de defunción de muchos de sus principios fundacionales.

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Eso sí, salvo en el núcleo duro libertario y entre algunos pocos creyentes que quedan del Pro, apenas si arraigó la narrativa justificatoria de la decisión de cambiar las reglas de juego electorales cuando falta menos de un año para que se celebren los comicios en los que se elegirá al Presidente para el período 2027-2031.

La desesperación por suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dejó demasiadas evidencias de motivaciones y ardides propios de la vieja política para, desde la carencia y no desde la abundancia, buscar, como fuese, algún resguardo de las chances electorales del oficialismo.

Como era de esperar, no hubo ni habrá un aluvión de agradecimientos y celebraciones populares por evitarle a la ciudadanía tanto el gasto fiscal que implicarían las PASO como el llamado a votar más veces de las que supuestamente la mayoría habría querido, como intentó instalar el oficialismo para ennoblecer su iniciativa.

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La interpretación mayoritaria parecía inevitable: habían sido los principales funcionarios los que admitieron sin tapujos y con jactancia el temor a que una PASO adversa o que dejara abierta la posibilidad de un resultado final incierto descolocara de antemano al Gobierno y que, en consecuencia, los mercados reaccionaran prematuramente con desconfianza para generar un golpe definitivo al destino y el proyecto político de Milei. No es una señal de abundancia actual ni alimenta promesas de mejoras en el futuro inmediato de los argentinos.

Demasiado le ha costado al ministro de Economía, Luis Caputo, explicar en sus poco triunfales raids mediáticos que el fantasma de otro regreso al poder del viejo y gastado kirchnerismo sea posible de corporizarse por mérito de los acólitos y aliados de Cristina Kirchner antes que por culpa de los resultados de la gestión mileísta, que lo tienen a él como uno de los más relevantes responsables.

Un espejo que afea

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Por otra parte, no lo favorecen en nada al Gobierno las comparaciones retrospectivas con lo que le pasó a Mauricio Macri en 2019, cuando sufrió una estrepitosa derrota en las PASO ante la exitosa fórmula electoral y luego fallido experimento de gobierno de Alberto Fernádez y Cristina Kirchner, que provocó una corrida cambiaria y selló anticipadamente la suerte de la experiencia cambiemita..

Todas las aclaraciones posteriores de las diferencias entre aquel y este Gobierno se diluyen ante la potencia de aquella imagen de hace siete años, que dejó herida hasta hoy a una parte sustancial de la sociedad. Esa que se había ilusionado, confiado y soportado los costos que le demandó ese proyecto frustrado (y frustrante) en el que se embarcó, con la esperanza de un cambio de rumbo y un despegue del país, que no se produjo y que los devolvió al pasado. Podría ser la reposición de un holograma peligroso. Nada peor que una funesta profecía autocumplida.

Por el contrario, los argumentos fantasmales solo sirvieron paradójicamente para aceitar los motores de los gobernadores (¿ex?)macristas, que en defensa propia y de sus intereses territoriales presionaron al fundador del ahora casi extinto partido amarillo para anunciar en el momento y de la forma que se lo hizo el apoyo a la suspensión de las PASO. Otra expresión de debilidad compartida entre macristas y mileístas.

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En tiempos mejores del macrismo habría sido impensable que el estratega Marcos Peña hubiera aprobado una comunicación tan delatora y tan escasamente precavida. Se publicó cuando aún ni siquiera se conocía el texto final del proyecto oficialista y todavía estaba vigente la intención de incluir en él las listas colectoras. Tanto que algunos altísimos dirigentes amarillos, en comunicaciones off the record, decían que apoyarían esa herramienta si era solo para los comicios del año próximo, a pesar de que durante el gobierno de Macri se la había derogado por considerarla engañosa para los electores. Lo dejaron por escrito. Hay pruebas.

Sin firmas de autoridades, gobernadores ni legisladores partidarios, el documento amarillo buscó maquillar la rendición con un primer párrafo en el que adhería a la inclusión de la ficha limpia en el proyecto de reforma.

Son muchos los dirigentes amarillos que no soportarían que se los expusiera a su propio archivo: cuando esta reforma se presentó, abundaron las críticas de los dirigentes macristas por la inclusión de la prohibición de candidatearse a quienes tuvieran una condena penal por corrupción, ratificada en segunda instancia.

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Lo consideraban una trampa para lograr el apoyo a otras reformas que sí le importaban o eran de conveniencia del Gobierno. Los avalaba el argumento de que el oficialismo había hecho fracasar hace dos años el proyecto de ficha limpia que los diputados de Pro, con Silvia Lospenato la cabeza, habían impulsado.

Tan incómodos y tan poco unánime fue la resolución que no solo el presidente del bloque macrista de senadores Martín Goerling Lara, en un ejemplo de honestidad intelectual y, al mismo tiempo, de disciplina partidaria, dijo públicamente que no estaba de acuerdo con la decisión de apoyar la reforma, pero que la apoyaría. No era el único que opinaba eso, aunque lo demás no lo dijeran ante un micrófono, a excepción del descolocado precandidato presidencial Hernán Lacunza.

Triunfo de gobernadores

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Las dificultades para defender el repentino y poco debatido cambio de posición de los pocos dirigentes que salieron a hacerlo, expuso la flaqueza de las convicciones y la fortaleza de las necesidades macristas, expresadas e impuestas, sobre todo, por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes ya habían sellado un preacuerdo, en función de sus intereses, con el exmacrista y ahora neokarinista jefe de Gabinete, Diego Santilli. El justificativo central de “evitar que vuelva el pasado kirchnerista”, en consonancia con el Gobierno, fue un fiel reflejo de la indigencia argumentativa de los otrora principistas del republicanismo, la transparencia, la previsibilidad y el respeto por las reglas de juego.

“Mauricio no tiene un diagnóstico claro de lo que está pasando, está un poco perdido, así que no fue tan difícil convencerlo”, dijo con un crudeza uno de los asistentes a la reunión virtual en la que Pro se rindió a los deseos del Gobierno.

El urgido apoyo hace que ahora muchos legisladores nacionales amarillos a los que el año próximo se les vence el mandato se vean más colgados de un pincel que en algún escalón de las listas de candidatos. La integración de una alianza con La Libertad Avanza con la que las autoridades de Pro se esperanzan es todavía una expresión de deseos, que el gesto de buena voluntad no garantiza.

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La reedición de una coalición antikirchnerista como eje aglutinador no parece una propuesta superadora. Apenas una convergencia de necesitados en defensa propia, primero, y luego de un proyecto sobre el que los socios tienen notables diferencias de fondo y de forma.

En ese contexto, la imagen desafiante de Patricia Bullrich, en defensa de sus convicciones y en contraste con prácticas y políticas de su presidente (de la Nación y del partido que ahora integra) adquiere más relevancia y expone más a sus excorreligionarios amarillos. A pesar de que muchos crean que de esta manera la autónoma dirigente tiene menos caminos para intentar una nueva carrera presidencial.

Bullrich sigue incomodando al mileísmo duro y sobre todo a la guardiana de la fortaleza, Karina Milei. Mucho más cuando algunos colaboradores de la senadora le refriegan en público que los sondeos “le dan iguales mejores números a ella que a Milei en una segunda vuelta”, como validan ya varias encuestas de opinión pública.

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Suficiente para que Milei se viera obligado a decir públicamente “cómo me voy a pelear con Patricia, si es mi socia política”, para agregar luego que los que quieren a la senadora como candidata son integrantes del “circulo rojo”. Los mismos a los que acusa de integrar “el club de los devaluadores”. Los mismos (o casi) que hasta hace nada lo apoyaban incondicionalmente a él.

Milei difícilmente guarde entre sus mejores recuerdos la entrevista con Eduardo Feinmann de anteanoche en la que dijo eso sobre Bullrich. Sobre todo, el antológico final, que merece no ser spoileado.

Los enredos en lo que se embarcó para seguir insistiendo en que es una falacia que “hay gente que no llega a fin de mes” para terminar admitiendo que existen argentinos que padecen privaciones, lejos de acercarlo a la sociedad parecen mostrarlo más ajeno a las tribulaciones mayoritarias.

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La discusión semántica sobre una expresión popular demasiado antigua por parte del más alto funcionario político de la Nación, que, al mismo tiempo, exige que se acepten (y toleren) como metáforas expresiones brutales suyas, solo puede ampliar la brecha con muchos ciudadanos.

Son esos que, en una proporción mayoritaria, a pesar de sus esfuerzos y buena voluntad personal padecen el presente y alimentan dudas sobre el futuro. Como si Milei hubiera olvidado que la generación de expectativas fue su gran capital político, que lo llevo a la Presidencia y le permitió ganar las elecciones de medio término.

La pelea con esas realidades parece reubicarlo en las antípodas de lo que generó el Papa en su visita al país. Más cuando el Presidente, sin nombrarlo pero de forma inequívoca, no tardó en salir a refutarle algunos de sus postulados, en lugar de apegarse a los (pocos) guiños que le envió León XIV, cuya popularidad entre los argentinos no admite dudas.

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De todas maneras, Milei siempre puede contar con una ayudita del perokirchnerismo. El acto por el Día de la Militancia, con el que Sergio Massa escenificó la toma del PJ, que le cedió el cristicamporismo, no pareció un canto al futuro. El video de un ficticio diálogo con Juan Perón, realizado con inteligencia artificial, destilaba aroma a naftalina, a pesar del (ab)uso de las nuevas tecnologías.

Esa percepción aumentaba cuando se reparaba en los asistentes al encuentro cupular, donde la militancia brillaba por su ausencia. Y alcanzó el grotesco en el momento en el que el excandidato a presidente se levantó e hizo levantar a los presentes para seguir cantando de pie cuando la marcha peronista llegó al verso que invoca a la “gran masa del pueblo”. No se refería a su apellido, obviamente, pero la homofonía habilitó su picardía, con la que no se privó de sacar alguna ventajita en su condición de anfitrión.

Corrupción al tope

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Mientras tanto, la política puede encontrar un llamado de atención en un dato que revelan varias encuestas y relevamientos de redes sociales realizados tras la visita papal.

El politólogo Federico Zapata, director de la consultora Escenario, afirmó que en el último sondeo realizado la corrupción trepó al primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos.

“El Papa alimentó la moralización de la política”, señaló Zapata. En ese contexto celebran Bullrich, Axel Kicillof y Myriam Bregman, los tres dirigentes con aspiraciones presidenciales cuya imagen es menos asociada a la corrupción.

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A Milei, Massa y Macri les queda, por ahora, aferrarse y celebrar el triunfo de las debilidades. Algo es algo. Aunque sea efímero y líquido.



Claudio Jacquelin,LA NACION,Política

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Con un beneficio al kirchnerismo, Villarruel designó a los senadores para el Consejo de la Magistratura – Nexofin

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La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el decreto que designa a los cuatro senadores ante el Consejo de la Magistratura. La resolución adjudicó dos bancas al peronismo, una a La Libertad Avanza y la restante a la Unión Cívica Radical, frustrando el reclamo de Karina Milei por un segundo lugar oficialista.

Los elegidos por el bloque justicialista son Florencia López y Eduardo de Pedro, acompañados como suplentes por Sergio Uñac y Martín Soria. Por el oficialismo asumirá Nadia Márquez junto a Gonzalo Guzmán Coraita, mientras que el radicalismo estará representado por Maximiliano Abad y Eduardo Vischi.

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Cristina Kirchner eligió a un diputado de Massa para representar al peronismo en el Consejo de la Magistratura

La medida se sustentó en un dictamen técnico elaborado por el secretario parlamentario Agustín Giustinian tras la reunión de Labor Parlamentaria.

El documento oficial precisó que “el Bloque Justicialista contaba con veintidós (22) integrantes, el Bloque La Libertad Avanza con veintiuno (21) y el Bloque Unión Cívica Radical con diez (10)”.

La normativa establece que corresponden dos lugares al espacio de mayor representación legislativa y uno para cada minoría siguiente. En el organismo conducido por Horacio Rosatti, los consejeros participan en los concursos para designar magistrados judiciales en todo el país.

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Esta definición contrasta con la parálisis en la Cámara de Diputados, donde Martín Menem todavía no resolvió las nominaciones correspondientes.

La entrada Con un beneficio al kirchnerismo, Villarruel designó a los senadores para el Consejo de la Magistratura se publicó primero en Nexofin.

Consejo de la Magistratura,Karina Milei,kirchnerismo,VICTORIA VILLARRUEL

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