POLITICA
El contador de Bailaque reveló que el exjuez le pidió “emprolijar” su DDJJ porque no podía justificar la compra de dos inmuebles
El exjuez federal Marcelo Bailaque, que actualmente se encuentra detenido en su casa y enfrenta tres causas judiciales, quedó contra las cuerdas esta semana, luego de que su amigo y contador personal Gabriel Mizzau se presentara como arrepentido en la causa que lo que al exmagistrado como principal acusado. Mizzau no sólo era quien le llevaba las cuentas personales al juez, sino también al jefe narco Esteban Alvarado, a quien Bailaque debía investigar.
Lo más peligroso para el exmagistrado es que Mizzau conoce sus finanzas, sus inversiones y su crecimiento patrimonial. El desafío de los fiscales es determinar si Bailaque cobró dinero del narco Esteban Alvarado y dónde pueden haberse invertido esos fondos. Mizzau es clave para escarbar en el posible crecimiento patrimonial que tuvo el exjuez a costa de la “protección” que le daba al capo narco rosarino.
Mizzau declaró en tres oportunidades durante los últimos meses, según señalaron fuentes judiciales. Lo que pudieron sacar en limpio de las extensas charlas con el contador es que entre 2014 y 2015 Bailaque compró dos propiedades. Una la habría puesto a nombre de su pareja. Y convocó a su contador personal para que tratara de “emprolijar” su declaración jurada, porque con sus ingresos en blanco no podía justificar esa compra. Mizzau se habría encargado de esa tarea, pero a la par -según admitió en su declaración- recibía de parte de Bailaque información calificada del expediente que lo tenía a Alvarado como principal sospechoso, en ese momento, de liderar una organización narco.
Mizzau tenía contacto con Rosa Capuano, la entonces pareja de Alvarado, que era la que estaba encargada de llevar adelante el blanqueo del dinero del narco, a través de la creación de empresas de transporte, como Santino, Sagrado Corazón de María y Toia. Esa tarea la realizaba el contador, cuya firma figura -según comprobó – cuando publicó el 11 de junio de 2024 que Mizzau tenía como clientes al juez y al jefe narco.
Al plegarse a la figura del arrepentido y aceptar su culpabilidad, la causa queda con un solo implicado sin firmar estos acuerdos: el exjuez Bailaque, que espera que se defina la fecha del juicio oral que deberá afrontar en soledad.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, en la audiencia de esta semana.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014 en adelante. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales el jefe criminal pretendía blanquear su economía. Acumuló una fortuna a partir de que Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primera condena contra Alvarado fue en el fuero provincial, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reseñaran toda la red de violencia y de distribución de droga que tenía montada el narco rosarino desde hacía más de una década.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas. Todo eso, mientras le llevaba al mismo tiempo las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota publicada por en 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura, que ya había abierto un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. En paralelo, los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de ese año se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por noventa días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros. Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Acorralado, el exmagistrado presentó su renuncia en junio de 2025. El gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en quebrarse. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. El objetivo era extorsionarlo: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los amigos del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado permitió el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra -Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau-, el cerco sobre Bailaque se cierra. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, que supera las 200 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina, que fue asesinado en diciembre de ese año. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Esa pasividad fue clave para que Alvarado consolidara su poder criminal. En esos nueve años en que la Justicia federal no avanzó contra él, Alvarado acumuló una fortuna, controló el negocio del narcotráfico en Rosario y dejó un tendal de asesinatos.
Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial y su carrera criminal estaba en ruinas, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas. El hombre que durante años operó en la zona gris donde convergían la justicia y el narcotráfico ahora habla. Lo que diga tiene el potencial de revelar ramificaciones que exceden la figura de Bailaque e iluminan un sistema de funcionamiento que contaminó durante años a la justicia federal de Rosario.
El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio. La causa que empezó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco terminó exponiendo una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
se presentara como arrepentido,Germán de los Santos,Conforme a
POLITICA
Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de Mar del Plata debido a la creciente inseguridad en la ciudad
Guillemo Montenegro tiene todo preparado para volver a la intendencia de General Pueyrredón, cuya principal ciudad es Mar del Plata, actualmente gobernada por Agustín Neme, quien asumió en diciembre de 2025 cuando Montenegro se tomó licencia para ir al Senado bonaerense, banca que ganó en las elecciones provinciales, que fueron desdobladas de las nacionales y tuvo muchos nombres de peso en la contienda.
Según pudo saber Infobae, el dirigente iniciará el trámite el lunes para que sea tratado en la sesión del próximo martes. Allí, como ocurrió en tantas otras oportunidades, el senador pedirá que se apruebe su licencia, algo que descuenta. Luego de eso, deberá realizarse el mismo proceso en el Concejo Deliberante de Mar del Plata para que le acepten retornar. Por el armado político que construyó, Montenegro no tendrá problemas en lograrlo.
Los motivos detrás de la decisión están claros. El primero es la creciente inseguridad que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, pero que en el último tiempo golpeó a Mar del Plata, algo que le valió ser noticia en varios medios locales y nacionales. Las preocupaciones por lo que ocurre en todo el territorio bonaerense llegaron hasta el gobierno nacional, que en la última reunión de mesa política incluyó a la ministra Alejandra Monteoliva y dijo que había una “escalada en inseguridad”.
Guillermo Montenegro fue ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri y sonó fuertemente para asumir en la cartera nacional cuando Patricia Bullrich se fue al Senado. Sin embargo, esa negociación no prosperó. Pero el dirigente tiene experiencia en la materia y reconoce que es él quien debe asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo, sobre todo por su espalda para coordinar tareas con las fuerzas federales.
En el último tiempo, Mar del Plata registró una seguidilla de hechos delictivos que incluyó entraderas, casos de robos de infraestructura urbana y episodios de violencia. Estos, ocurridos en distintos barrios y bajo distintas modalidades, volvieron a encender el reclamo por la seguridad en la ciudad.
Uno de los hechos más recientes fue una entradera en el barrio Divino Rostro. Cinco hombres con el rostro cubierto irrumpieron en una vivienda de la calle Matheu al 1600, redujeron a la familia y escaparon con cerca de $20 millones, además de una suma en dólares.
También se investiga a una banda acusada de robar cables subterráneos en distintos puntos de Mar del Plata. La Justicia Federal acumuló más de diez denuncias sobre una organización que llegaba desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), actuaba de madrugada con vehículos de carga, generadores y ropa similar a la de una empresa de telefonía, y se retiraba de la ciudad a las pocas horas.
El otro motivo es político, aunque todo está conectado. El ex fiscal cree que si la situación de la inseguridad sigue escalando, el riesgo de perder la intendencia frente al kirchnerismo crecerá a la par. Cerca suyo repiten que hay que defender el modelo de ciudad creado todos estos años y que la mejor manera es con Montenegro en el territorio.
El recorrido
En noviembre de 2025, el entonces intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, solicitó una licencia con vigencia desde el 10 de diciembre para asumir la banca de senador bonaerense que obtuvo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
La conducción municipal quedó de forma interina en manos del concejal Agustín Neme, dirigente de su confianza. Desde el entorno del jefe comunal habían señalado que la gestión mantendría su orientación y que no se trataba de una transición definitiva.
La decisión de pedir licencia, en lugar de presentar una renuncia, dejó abierta la posibilidad de que Montenegro retomara la intendencia de Mar del Plata, algo que finalmente ocurrirá ahora. El dirigente había llegado al Senado provincial tras participar de la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza.
Ni la primera reforma laboral de la gestión de Javier Milei, incluida en 16 apartados de la ley Bases de julio de 2024, ni los 218 artículos de la denominada ley de modernización laboral, de marzo de 2026, resultaron ser por ahora suficiente atractivo para los creadores de empleo. Las estadísticas oficiales así lo reflejan.
Desde la entrada en vigencia de la ley Bases, se destruyeron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra los fondos de los aportes jubilatorios de los trabajadores. En el mismo período, la tasa de asalariados pasó del 36,4% al 37,9% (alrededor de 100.000 asalariados no registrados más), un dato que fue celebrado por el Presidente a pesar de que se trata de trabajadores sin derechos ni aportes a la seguridad social, y con salarios muchas veces más bajos que los establecidos por convenio.
Detrás de la euforia de Milei, que habló de medio millón de nuevos trabajadores, surge un dato alarmante: se disparó la tasa de informalidad, que incluye al total de ocupados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 pasó del 41,4% al 45%. Solo en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide el Indec, representa unos 574.000 ocupados informales más en tan solo dos años. La mayoría de ellos son cuentapropistas.
Por su parte, desde la entrada en vigencia de la denominada ley de modernización laboral, se destruyeron 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del SIPA. Los asalariados no registrados se mantuvieron relativamente sin variaciones, pero la informalidad sobre el total de ocupados pasó del 44,2% al 45%. A estas cifras, habría que añadirles otros números oficiales: desde el inicio de la gestión libertaria bajaron sus persianas 31.342 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas (pymes), y hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos de los registrados en todo 2025. Los PPC facilitan las suspensiones y abren la posibilidad de rebajar salarios e indemnizar a menor costo. En la Justicia avanzan a paso lento dos causas en las que se investigan firmas adulteradas en los procesos de PPC. Se trata de casos denunciados por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada y de los que se sospecha de una maniobra que incluiría a funcionarios, empresarios y gremialistas.
El panorama se vuelve aún más sombrío en las puertas de una recesión económica, con salarios contenidos e inflación en alza.
En diciembre de 2023, la tasa de desocupación era del 5,7% y hoy está en 7,9%, según los datos del segundo trimestre de 2026 relevados por el Indec. Milei relativizó la medición en LN+. “Subió la desocupación: 7,9 o 7,8. Bueno, no son números sustancialmente distintos a los que teníamos en 2023. Si se toma el promedio histórico, la desocupación argentina es de 9,8%, con lo cual tampoco tenemos un problema”, dijo. El “promedio histórico” al que hizo referencia incluye el período de hiperinflación de Raúl Alfonsín y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%.
De la guadaña no se salvaron ni siquiera la minería y los hidrocarburos, sectores estrella del modelo libertario, que perdieron 7613 puestos de trabajo de acuerdo con un informe publicado hace dos semanas en Clarín.
Polémica con el fondo para las indemnizaciones
Si bien el Presidente minimiza las cifras de empleo, en el horizonte no muy lejano podrían empeorar. A partir de noviembre se pone en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva ley laboral para financiar los despidos del sector privado a costa de los aportes del sistema previsional. El fondo se nutrirá del aporte mensual del 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y del 2,5% para palas pequeñas y medianas (pymes). Ese dinero estará bajo la administración de un banco o sociedad de bolsa, según elija cada empleador, y solo podrá utilizarse para pagar indemnizaciones. Al dinero para afrontar los eventuales despidos se podrá acceder recién después de los primeros seis meses de aportes. Es decir, se apuesta a tener un monto importante acumulado en base a los aportes y a los intereses que generen en el sistema financiero. La fecha para las primeras desvinculaciones financiadas por el FAL coincidirá inevitablemente con la campaña electoral.
Se estima que el FAL recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales. Será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Ambos funcionarios fueron los que le abrieron las puertas para que las jubilaciones, becas y asignaciones familiares que paga la Anses puedan cobrarse por billeteras virtuales, terreno fértil para que sus beneficiarios caigan en préstamos que después se hacen imposibles de afrontar. Así lo reflejan los relevamientos sobre los índices de morosidad.
La oposición advirtió que el FAL desfinanciará al sistema de seguridad social. De acuerdo al proyecto de Presupuesto Nacional 2027, su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $ 4.363.550.000.000, equivalente a 2833 millones de dólares al tipo de cambio actual. Un grupo de 12 diputados del PJ presentó ayer un proyecto de ley para intentar su derogación. “La mal llamada Ley de Modernización Laboral repite, con otro nombre, la lógica de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los años noventa. El FAL constituye un sistema perverso: con los recursos de la seguridad social se pretende financiar las indemnizaciones por despido en el sector privado. Los únicos perjudicados son los trabajadores y jubilados en beneficio del sector financiero identificado con las políticas del actual gobierno libertario”, argumenta la iniciativa opositora.
Hay preocupación entre gobernadores de provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses, a cargo hoy de Guillermo Arancibia, quien ingresó a la gestión libertaria de la mano de Osvaldo Giordano, actualmente asesor en las sombras de Pettovello a pesar de haber sido uno de los primeros funcionarios en ser eyectado por Milei, en febrero de 2024.
Patricia Bullrich, la defensora de la reforma laboral en el Senado, se refirió el jueves ante empresarios al nuevo fondo para las indemnizaciones. “FAL, un nombre un poquito violento”, rompió el hielo, provocando carcajadas en el auditorio. Según expuso la jefa del bloque libertario, la Argentina conserva un régimen pensado para un mundo laboral que ya no existe. Dijo que hay seis millones de trabajadores formales, cuatro millones de monotributistas y entre 40% y 45% de informalidad. “El sistema no va más”, lanzó. Transcurrió poco tiempo desde el último verano, cuando fue ella la principal impulsora de la ley de modernización laboral, que tiene 218 artículos, entre ellos algunos dedicados a los trabajadores de plataforma. Para la normativa, ese universo de personas, que ya supera el millón, no son considerados trabajadores. “No hay vínculo laboral”, dijo seco y tajante Julio Cordero, secretario de Trabajo, cuando explicó este punto. Otro punto gris de la reforma.
El estancamiento del empleo registrado acumula 15 años de parálisis y la crisis amenaza con ser estructural. Abre un inmenso interrogante el impacto que podría ocasionar la inteligencia artificial en el corto plazo. Ante el desafío y las potenciales amenazas existenciales que plantean los avances tecnológicos, Milei promocionó estos días por el mundo a la Argentina como un refugio sin reglas para la IA. Hasta habilitó un proyecto de ley para crear “empresas no humanas”.
Esta crisis en el empleo impactó también de lleno en los gremios. El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común frente al desafío que plantean la tecnología y un gobierno que los amenazó con quitarles sus cajas y privilegios.
Tal vez el reflejo de esa desorientación haya sido el que mostró Luis Barrionuevo, un histórico en el ajedrez sindical. El jefe gastronómico, de 84 años, se autofinanció un documental que es una suerte de biografía y que tuvo recientemente su avant-première en un cine de Palermo. En casi 90 minutos, hizo un repaso selectivo de su trayectoria política-sindical con omisiones sorprendentes (desde evitar la corrupción menemista a no mostrar nunca a Hugo Moyano ni a Graciela Camaño, su exesposa). Barrionuevo, que está enfrentado hoy en la Justicia con el gobierno al cual apoyó en las elecciones, se animó al menos a improvisar en la industria audiovisual ante la necesidad de dejar una huella que trascienda a su paso por Gastronómicos. Narcisismo, un poder oxidado y nostalgia de un tiempo que ya no es. Metáfora de un sindicalismo que asiste azorado al deterioro del mercado laboral.
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Juicio por la causa Cuadernos: mostraron fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner en su casa de El Calafate
En el juicio por la causa Cuadernos, mostraron fotos de las cajas fuertes de la expresidenta Cristina Kirchner en su casa de El Calafate, Santa Cruz. Las imágenes se exhibieron por pedido de la fiscal, Fabiana León. Son del allanamiento a la finca de la expresidenta, que se hizo en 2018.
Se trata de imágenes presentadas por el Ministerio Público Fiscal por la declaración testimonial del excomisario de la Policía Federal Argentina, Adrián Lotocki, que estuvo a cargo de esos operativos.
Los procedimientos se hicieron el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal, Claudio Bonadio (que murió en 2020) y del fiscal, Carlos Stornelli, por la causa Cuadernos.
En la audiencia se mostraron fotos de dos cajas fuertes abiertas, una en un estante arriba de un perchero con ropa, que estaba vacía, y otra en un estante a la altura de piso, con libros y cuadernos dentro.
Las fotos se exhibieron con la declaración de Lotocki, que en ese entonces era jefe de la delegación Río Gallegos de la PFA. El excomisario dijo que por pedido de Bonadio tenía la orden de “revisar todo el lugar”, que tiene tres plantas, un subsuelo y varios ambientes.
Lotocki declaró: “Había un ambiente antes de subir al primer piso que nos llamó la atención que era una puerta pequeña que tenía como un contramarco”. Se trata de la puerta de una bóveda que se ubicaba en la planta baja, cerca de la escalera que iba al primer piso.
Dijo que la puerta “era muy gruesa” y que de allí “se secuestraron elementos de interés para la causa. La puerta se abrió por orden del juzgado y había mucha documentación y cosas de valor”, declaró. Consultado sobre si en ese lugar había una puerta blindada, el excomisario dijo que “aparentemente sí”.
Mencionó que Gendarmería usó “herramientas especiales” para abrirla y que adentro encontraron varios elementos de valor como biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta que San Martín escribió a Bernardo O’Higgins, y que todo “se secuestró todo por orden del juzgado”.
Además, según el acta del operativo, detectaron que en un ambiente del subsuelo, en un lugar que funciona como “pequeño depósito que guarda objetos personales, regalos institucionales, algunos objetos de valor y documentación varia”, pudo haber tenido “un uso distinto al actual”.
El acta indicó que el ambiente habría tenido cambios “en su marco y puerta de acceso, tanto sea en dimensiones como en materiales, siendo los actuales madera aglomerada y puerta de madera tipo placa con apertura hacia el exterior del pasillo”. Gendarmería rompió un revestimiento que cubría el marco de una puerta diferente a la que cerraba el lugar.
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