POLITICA
En su primer día con la nueva conformación, la Cámara Federal confirmó la exclusión de los inversores de $LIBRA como querellantes
Con una resolución que los afectados daban por descontada, la Cámara Federal porteña confirmó hoy la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que habían reclamado ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron tras la compra del criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promovido por el presidente Javier Milei en redes sociales.
Con la firma de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara sostuvo que los damnificados no lograron acreditar la existencia de un ardid durante el desarrollo de la investigación, ni una afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a comprar el token y que permitiera establecer un perjuicio directo derivado de un delito.
La resolución fue dictada este viernes por la Sala I de la Cámara, en el marco de un incidente promovido por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli. Los camaristas confirmaron en todos sus términos la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, que había hecho lugar a la excepción por falta de acción y había apartado del rol de querellantes a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.
“Hicieron los deberes bien hechos”, ironizó uno de los afectados ante la consulta de , tras recordar los esfuerzos de la Casa Rosada por reconfigurar la Cámara Federal porteña. “Esperemos que la Cámara de Casación se comporte de otro modo”, afirmó.
El fallo de Llorens y Bertuzzi, en tanto, no se pronuncia sobre la responsabilidad penal de las personas investigadas ni cierra la pesquisa sobre el lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA. La discusión quedó circunscrita a determinar si los cinco inversores tenían legitimación suficiente para intervenir en el expediente como acusadores particulares.
Para los jueces, esa condición exige demostrar un interés “directo, inmediato y personal” derivado del hecho investigado. Y, para establecer si existe ese perjuicio directo, consideraron necesario examinar de manera preliminar si los hechos denunciados pueden ser encuadrados en una maniobra penalmente relevante.
Los recurrentes habían cuestionado precisamente ese criterio. Sostuvieron que el juez de primera instancia había avanzado indebidamente sobre el fondo del caso al considerar que los hechos podían estar vinculados con la volatilidad propia de las denominadas “memecoins”, en lugar de una estafa. También argumentaron que la prueba reunida permitía sostener la existencia de una maniobra defraudatoria y que ya habían obtenido anteriormente el reconocimiento de su condición de querellantes.
Uno de los principales argumentos de los inversores fue que exigirles acreditar la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para las operaciones constituía un requisito prácticamente imposible de cumplir debido a las características de los criptoactivos y de las plataformas empleadas. También cuestionaron que se analizara el origen de los fondos utilizados para adquirir $LIBRA como condición para acreditar su condición de víctimas.
La Cámara, sin embargo, consideró que esas cuestiones eran secundarias frente a un problema previo: ninguno de los apelantes había logrado demostrar cuál fue el engaño concreto que determinó su decisión de comprar el token.
Según los jueces, los inversores describieron una sucesión de acontecimientos vinculados con el lanzamiento, la difusión pública del activo y su posterior caída, pero no identificaron “la falsedad concreta” que los habría inducido a efectuar la disposición patrimonial. Tampoco, sostuvo el tribunal, pudieron establecer el nexo entre esa supuesta maniobra y la operación mediante la cual cada uno habría sufrido el perjuicio económico.
Llorens y Bertuzzi pusieron así el acento en la diferencia entre una pérdida producida por la caída de un activo de alto riesgo y un desapoderamiento provocado mediante un engaño penalmente relevante. En ese sentido, señalaron que las expresiones utilizadas para describir la operatoria —como “calidad simulada”, “insider trading”, “lavado de prestigio” o “rug pull”— no alcanzaban, por sí mismas, para demostrar la existencia de un ardid típico aplicado al caso concreto.
La Cámara también consideró las características específicas de la tecnología blockchain. Según el fallo, la comercialización del activo se produjo en un entorno en el que las operaciones quedan registradas de manera inmutable, circunstancia que, a criterio de los camaristas, permite a quienes intervienen en ese mercado evaluar el nivel de riesgo y la posibilidad de fuertes fluctuaciones en la cotización.
La resolución también rechazó el argumento de los inversores según el cual su anterior reconocimiento como querellantes constituía una cuestión de cosa juzgada. La Cámara recordó que aquella decisión había sido adoptada en una etapa inicial de la investigación, con los elementos disponibles en ese momento, y sostuvo que se trató de una resolución provisoria que no genera los efectos de una cosa juzgada material.
Llorens y Bertuzzi destacaron que una investigación penal puede modificar sus hipótesis a medida que incorpora nueva evidencia. En este caso, afirmaron que el avance de la pesquisa produjo un “debilitamiento” de la teoría inicial que sostenía que los inversores habían sido víctimas de un plan organizado desde ámbitos vinculados con el Gobierno y con desarrolladores de criptoactivos.
La Cámara contrapuso esa hipótesis con otra, según la cual los inversores habrían realizado compras en un mercado no regulado, utilizando un instrumento caracterizado por su elevada volatilidad y exposición al riesgo. A partir de la prueba incorporada hasta ahora, los jueces consideraron que esta segunda explicación había adquirido mayor peso frente a la evidencia disponible sobre los elementos necesarios para sostener una hipótesis de estafa.
En ese marco, el tribunal sostuvo que las medidas cautelares adoptadas al comienzo de la investigación tampoco impedían revisar la situación procesal de los inversores. Explicó que esas decisiones tienen carácter provisional y que las conclusiones alcanzadas durante el avance de una causa pueden modificar las apreciaciones iniciales.
Los apelantes también habían invocado los derechos reconocidos a las víctimas. Pero la Cámara respondió que esas garantías no modificaban la cuestión porque, para ejercerlas en carácter de querellante, primero debía acreditarse un perjuicio directo derivado del hecho investigado. A criterio del tribunal, ese requisito no se encontraba reunido en el estado actual del expediente.
El fallo recordó además que la propia Sala II de la Cámara Federal, cuando había intervenido al comienzo de la investigación y reconocido inicialmente el rol de querellantes, había advertido que el avance de la pesquisa podía eventualmente llevar a revisar esa decisión. En aquella oportunidad había destacado la novedad y complejidad técnica de la operatoria y la necesidad de obtener información especializada sobre la adquisición de los tokens y la trazabilidad del dinero.
La resolución de este viernes que firmaron Llorens y Bertuzzi no implica, por lo tanto, el cierre de la investigación sobre $LIBRA ni una definición sobre la existencia o inexistencia de un delito. La Cámara se limitó a resolver la legitimación procesal de los cinco inversores que habían apelado su exclusión.
En definitiva, los camaristas confirmaron el criterio del juez de primera instancia y concluyeron que quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos asociados con una operación realizada en un mercado caracterizado por su volatilidad y ausencia de regulación financiera. Para el tribunal, las pérdidas patrimoniales invocadas por los apelantes no permiten, en el actual estado de la causa, atribuirles la condición procesal de víctimas directas de una maniobra delictiva.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
El Gobierno acordó con los aliados restituir los límites a la venta de tierras para blindar el DNU 70/23
El oficialismo acordó con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros y logró dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre. La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23.
El plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales tuvo lugar apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que el presidente Milei firmó al inicio de su gestión. El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.
El mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.
“Los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente de La Libertad Avanza.
El inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.
La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora da marcha atrás: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firme un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda). En caso de ser aprobado con la reciente modificación por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.
La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras el último fallo de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Marcha Federal Universitaria: gremios, organizaciones sociales y partidos se movilizan contra el gobierno de Milei
La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores, sumó el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos, que se movilizarán este jueves al Congreso mientras la oposición intentará abrir una sesión especial en Diputados para tratar una serie de proyectos que el oficialismo busca frenar.
El reclamo por la educación pública, una causa que reúne apoyos más allá de las diferencias partidarias, volverá a representar un desafío político para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una nueva resolución judicial en su contra.
La movilización, que se prevé que será nuevamente multitudinaria, tendrá como escenario central la Plaza de los Dos Congresos, donde confluirán las columnas universitarias con sindicatos y organizaciones que también reclamarán el rechazo del DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas a la situación de las personas con discapacidad.
La disputa por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a las becas. La sanción se sumó a las resoluciones judiciales que obligan al Gobierno a aplicar una ley que Milei vetó y que el Congreso ratificó.
Quiénes se suman a la quinta Marcha Federal Universitaria
La movilización convocada por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de universidades públicas contará además con la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones políticas y sociales. Entre ellas estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Las primeras concentraciones universitarias en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a las 12.30 y la convocatoria principal será desde las 13 en Plaza Houssay. Las columnas marcharán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto. También habrá manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.
El Movimiento Evita y la UTEP anunciaron que se concentrarán desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos para exigir el rechazo del DNU 70/2023 y acompañar los reclamos por el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
Libres del Sur convocó desde las 13 para reclamar que el Congreso avance con medidas contra lo que considera “tasas de interés abusivas” y las “prácticas de cobranza ilegales”. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también exigió el cumplimiento de la legislación universitaria y de discapacidad.
El SUTNA, por su parte, concentrará a las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con reclamos en defensa de la educación pública y la industria nacional. ATE convocó a un paro de 24 horas y a movilizarse al Congreso, mientras el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.
La marcha coincidirá con el intento opositor de sesionar en Diputados
Mientras las organizaciones se concentren frente al Congreso, los bloques opositores intentarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial que incluye el rechazo del DNU 70/2023 y proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
“En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23”, afirmó el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo.
En la Casa Rosada sostienen que la oposición todavía no cuenta con el quórum y trabajan con bloques aliados para impedir que comience el debate. La convocatoria de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos coincidirá así con una negociación parlamentaria en la que el oficialismo busca evitar que avancen iniciativas contrarias a su agenda.
POLITICA
El Gobierno deberá pagar una multa de $100 mil diarios por el incumplimiento del financiamiento universitario – Nexofin
El juez federal Martín Cormick impuso sanciones económicas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida responde al incumplimiento de la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, el fallo obliga al Gobierno a garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
Ante la falta de ejecución, Cormick hizo efectivo el apercibimiento y dispuso “la aplicación de astreintes diarias al funcionario”. El pedido fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional para presionar el pago.
Diego Santilli, jefe de Gabinete
La norma prevé una recomposición del 40,25% para compensar la inflación registrada hasta julio de 2025. Sin embargo, el magistrado consideró que las autoridades nacionales no acreditaron el cumplimiento total de las obligaciones requeridas.
La sanción judicial coincide con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. Los manifestantes reclamarán el jueves el cumplimiento de la ley durante la jornada de protestas en todo el país.
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