La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores, sumó el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos, que se movilizarán este jueves al Congreso mientras la oposición intentará abrir una sesión especial en Diputados para tratar una serie de proyectos que el oficialismo busca frenar.

El reclamo por la educación pública, una causa que reúne apoyos más allá de las diferencias partidarias, volverá a representar un desafío político para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una nueva resolución judicial en su contra.

La movilización, que se prevé que será nuevamente multitudinaria, tendrá como escenario central la Plaza de los Dos Congresos, donde confluirán las columnas universitarias con sindicatos y organizaciones que también reclamarán el rechazo del DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas a la situación de las personas con discapacidad.

La disputa por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a las becas. La sanción se sumó a las resoluciones judiciales que obligan al Gobierno a aplicar una ley que Milei vetó y que el Congreso ratificó.

Quiénes se suman a la quinta Marcha Federal Universitaria

La movilización convocada por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de universidades públicas contará además con la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones políticas y sociales. Entre ellas estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Las primeras concentraciones universitarias en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a las 12.30 y la convocatoria principal será desde las 13 en Plaza Houssay. Las columnas marcharán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto. También habrá manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.

El Movimiento Evita y la UTEP anunciaron que se concentrarán desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos para exigir el rechazo del DNU 70/2023 y acompañar los reclamos por el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

Libres del Sur convocó desde las 13 para reclamar que el Congreso avance con medidas contra lo que considera “tasas de interés abusivas” y las “prácticas de cobranza ilegales”. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también exigió el cumplimiento de la legislación universitaria y de discapacidad.

El SUTNA, por su parte, concentrará a las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con reclamos en defensa de la educación pública y la industria nacional. ATE convocó a un paro de 24 horas y a movilizarse al Congreso, mientras el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.

La marcha coincidirá con el intento opositor de sesionar en Diputados

Mientras las organizaciones se concentren frente al Congreso, los bloques opositores intentarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial que incluye el rechazo del DNU 70/2023 y proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

“En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23”, afirmó el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo.

En la Casa Rosada sostienen que la oposición todavía no cuenta con el quórum y trabajan con bloques aliados para impedir que comience el debate. La convocatoria de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos coincidirá así con una negociación parlamentaria en la que el oficialismo busca evitar que avancen iniciativas contrarias a su agenda.

El juez federal Martín Cormick impuso sanciones económicas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida responde al incumplimiento de la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, el fallo obliga al Gobierno a garantizar los fondos para las becas estudiantiles.

Ante la falta de ejecución, Cormick hizo efectivo el apercibimiento y dispuso “la aplicación de astreintes diarias al funcionario”. El pedido fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional para presionar el pago.

La norma prevé una recomposición del 40,25% para compensar la inflación registrada hasta julio de 2025. Sin embargo, el magistrado consideró que las autoridades nacionales no acreditaron el cumplimiento total de las obligaciones requeridas.

La sanción judicial coincide con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. Los manifestantes reclamarán el jueves el cumplimiento de la ley durante la jornada de protestas en todo el país.

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El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con los aliados para blindar el DNU 70/2023, que la oposición se dispuso intentar voltear hoy. Y, después de largas conversaciones en simultáneo con los diálogos por la reforma politica, aún no logra confiarse por completo de sus posibilidades de éxito. Depende del apoyo, siempre endeble, de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito y se ataja.

De hecho, ayer tanto en la Casa Rosada como en Diputados supeditaban la mayor parte de las runiones y actividades que no fueran estrictamente necesarias a que haya o no sesión. Por caso, hoy tocaría la reunión quincenal de la mesa “interpartidaria“ entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Pero no se sabrá si tiene lugar o no hasta tanto el Gobierno tenga asegurado que no habrá sesión. Y así con todos los encuentros y actividades previstas por el ala política, una señal de la preocupación que impera en el oficialismo a pesar de los intentos de mostrar puro optimismo.

El Gobierno atraviesa hoy una jornada de definiciones en Diputados. La oposición busca reunir quórum para una sesión que rechace el DNU 70/23, que contiene la derogación de la Ley de Tierras, y el oficialismo apuesta a que sus aliados no completen el número. Hace dos semanas, emprendió una cruzada para dar de baja el embate más reciente y más fuerte de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros bloques contra el decreto.

Una alta fuente libertaria calculó en un 80 por ciento las chances de que la oposición no logre convocar la sesión. Pero aclaró que no ponen las manos en el fuego: la cuenta depende de que se confirmen los apoyos que todavía están en el aire.

Esa incertidumbre se ve en la agenda. La reunión con el PRO, que se hace cada 15 días y que la semana pasada se había suspendido por un viaje de Fernando de Andreis, está sujeta a esa confirmación. En ella participan siempre Diego Santilli y Cristian Ritondo, y no es la única pendiente. Hasta anoche, la única confirmada era la del gobernador Marcelo Orrego con Santilli, por la tarde.

Javier Milei viajó a Estados Unidos, pero sigue de cerca el tema y está preocupado. Karina Milei no iba a acompañarlo, aunque el Presidente le pidió que fuera. Con ambos afuera, la gestión de los apoyos quedó en manos de Santilli y de los Menem.

Mientras tanto, la defensa del DNU se trasladó a las redes. Diputados del bloque que conduce Gabriel Bornoroni se grabaron en videos con alertas a la sociedad sobre las consecuencias de derogar el decreto, entre ellas, la ley de alquileres. Milei retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, en defensa del DNU.

Del otro lado, la oposición eligió un tono festivo. Una campaña online invita “a sesionar el jueves 15” con una estética de cumpleaños, con globos y un payaso de traje y maletín. Allí, se pide a los ciudadanos que les escriban a los diputados para que den quórum y se apunta, además del rechazo al DNU 70/23, a aliviar a las familias endeudadas y prorrogar la emergencia en Discapacidad. Ciudad Futura, parte del bloque de Unión por la Patria, forma parte de esa ofensiva.

La discusión por el DNU se superpone con la agenda legislativa que el oficialismo se propuso para las próximas semanas. La reforma política está prevista para fines de este mes y el Presupuesto para fines de noviembre. Ambos dependen de los mismos aliados que hoy se necesitan para evitar el quórum.

Esos aliados no terminan de alinearse. Las gestiones conjuntas por la visita del Papa y por la inseguridad no alcanzan para acercar a La Libertad Avanza (LLA) y al PRO.

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