POLITICA
“Es solamente un acto formal, el presidente tiene que designar” a Michelli como jueza, dijo Juan Carlos Maqueda
El abogado Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema, sostuvo este sábado que la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 3 de La Plata, ya quedó resuelta en términos constitucionales y que la negativa del presidente Javier Milei a firmar el decreto final sería un acto sin sustento en ese procedimiento.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este viernes que el presidente Milei no está obligado a firmar el decreto de nombramiento de Michelli. Explicó que “cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará” y remarcó que “el Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”.
Por su parte, Maqueda, en una entrevista con Radio con Vos, afirmó que, después de la intervención del Consejo de la Magistratura, la selección presidencial y la aprobación del Senado, “es solamente un acto formal. El presidente tiene que designarla”.
El ex juez remarcó además que el pliego de Michelli fue aprobado por el Senado con 44 votos, aun cuando ya eran conocidos los cuestionamientos del Presidente. Para Maqueda, ese dato vuelve más grave cualquier intento de frenar ahora la designación, porque el Congreso ya convalidó el nombramiento con la mayoría exigida.
Maqueda describió el último paso pendiente como un trámite administrativo y no como una instancia discrecional abierta. “El presidente tiene que firmar un decreto, que es el último paso, pero eso no está establecido en la Constitución. Eso es un mandamiento administrativo”, dijo.
También planteó una derivación institucional si Milei no firma. “Si no lo firma, para mí el Senado está en condiciones de pedirle cuentas al presidente”, dijo Maqueda a Radio con Vos, al señalar que la Cámara alta ya prestó acuerdo y que, a su entender, se cumplieron todos los pasos previstos para la designación.
Maqueda dijo que Milei no puede revertir una candidata que él mismo eligió
El núcleo del planteo del ex integrante de la Corte está puesto en la secuencia constitucional del proceso. Según explicó, el Consejo de la Magistratura elevó una terna, el Presidente eligió a Michelli entre esos nombres y luego el Senado aprobó el pliego.
A partir de esa reconstrucción, Maqueda cuestionó que la Casa Rosada pretenda retroceder sobre una decisión ya adoptada por el propio Ejecutivo. “Si el presidente cuando tuvo la oportunidad la eligió a ella teniendo tres personas para elegir, hoy no puede alegar su propia torpeza y volver atrás”, dijo.
El ex juez también usó una definición política para describir la obligación presidencial en este tramo final. “Yo creo que el presidente tiene que actuar con razonabilidad en este sentido. O sea, no se puede dejar llevar por caprichos”, afirmó.
“Este sistema de amor y odio, odio y amor, no es sano ni siquiera para las relaciones personales, mucho menos para las relaciones políticas. Y mucho menos cuando está la institucionalidad”, dijo Maqueda al mismo medio.
El ex juez calificó como “grave” el caso por su impacto político y judicial
Maqueda insistió en que la controversia no se limita a una discusión técnica sobre la firma de un decreto. Señaló que el caso “es un tema grave” no solo por el tema “constitucional”, sino también “desde lo político y desde lo judicial”.
Para sostener esa afirmación, repasó el recorrido de la candidata dentro del sistema: concurso, examen, entrevistas, paso por el Consejo de la Magistratura, selección presidencial, tratamiento en la Comisión de Acuerdos y aprobación final del Senado. En su lectura, cada una de esas instancias ya agotó las verificaciones exigidas para el cargo.
Cuando le preguntaron si, en ese marco, Michelli ya debía ser considerada jueza, Maqueda respondió sin matices. “Para mí, sí”, dijo. Ante la repregunta sobre si la firma de Milei era un trámite, respondió: “Es un trámite. Y lo tiene que hacer”.
Otro de los puntos más duros de la entrevista fue la lectura política que hizo Maqueda sobre el motivo del bloqueo. Rechazó que el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon pueda ser usado como argumento para objetar su nombramiento.
“No se le puede cuestionar a la jueza porque el marido es funcionario judicial, es magistrado”, dijo primero sobre otro de los señalamientos mencionados durante la entrevista. Luego fue más directo sobre el caso de Alconada Mon: “Lo que se está haciendo contra la cuñada por parte del presidente de la Nación, por un capricho del presidente de la Nación, por dejarse llevar por los impulsos de amor y odio”.
En ese tramo, Maqueda formuló la crítica más severa al Presidente. “Le está haciendo pagar a la cuñada de Hugo Alconada Mon, que es un excelente periodista de investigación, el vínculo familiar. Es una cosa que… es un delito no tipificado el delito de ser cuñada”, consideró.
El ex ministro de la Corte también defendió el rol del periodismo frente al poder. “¿Cuál es el delito que cometió Alconada Mon? ¿Haber investigado al poder? Si esa es la función y la obligación del periodista. Es incomodar al poder”, afirmó.
Para Maqueda, el estilo de Milei afecta a la Justicia
Consultado sobre cuánto favorece o perjudica a la Justicia un presidente con las características de Milei, Maqueda respondió: “Yo creo que mucho. Yo creo que mucho”.
Después precisó: “Cuando el presidente no tiene en cuenta la Constitución y participa o quiere participar de las causas en trámite, y opina sobre las causas en trámite y se manifiesta sobre las decisiones que toman otros poderes del Estado, me parece que eso es malo para la justicia”, dijo.
Esa mirada estuvo acompañada por otra objeción al tono presidencial frente a la prensa. “La crítica es natural. Ahora, la descalificación no es natural. Y el presidente cae en la descalificación permanentemente”, sostuvo Maqueda en la misma entrevista.
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POLITICA
Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
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POLITICA
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
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