POLITICA
El Senado avanza con otros pliegos judiciales mientras espera la definición de Javier Milei por la jueza Michelli
Mientras la Cámara alta tendrá audiencias para cubrir las vacantes en la justicia, los senadores miran muy de cerca qué decisión tomará Javier Milei sobre el futuro de la jueza María Verónica Michelli.
“Ya no depende de nosotros”, señaló Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza, uno de los senadores que votó a favor de Michelli este jueves para que integre el Juzgado Federal Número 3 de La Plata.
Mientras que, el también oficialista Pablo Cervi justificó: “El acuerdo del Senado habilita el nombramiento, pero no reemplaza el acto del Poder Ejecutivo”.
El senador Bartolomé Abdala recordó que “normalizar la justicia” fue uno de los compromisos de campaña del oficialismo y argumentó: “Se dio un paso importante nombrando 73 jueces en lugares que venían vacantes desde hace años. En esos juzgados se trabajaba con jueces subrogantes. La tarea de la justicia era suplantada por algún secretario y avalada por los jueces”.
Sobre el futuro de la designación de la jueza María Verónica Michelli remarcó que, “bancamos al presidente”.
En esa misma línea se expresó el ministro de Justicia este viernes, en declaraciones a Radio Mitre. Juan Bautista Mahiques aseguró que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de la jueza Michelli: “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”.
La realidad es que el Senado nombró en la sesión de este jueves a 74 magistrados, el oficialismo, mayoritariamente, no avaló al pliego de María Verónica Michelli.
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Desde el Colegio Público de la Abogacía, que encabeza Alejandra García, ya habían señalado: “El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión. En la última década, el retiro indiscriminado de pliegos por parte de los sucesivos titulares del PE ha dilatado más de lo aceptable el llenado de las vacantes judiciales, cuyo número continúa en una situación crítica, pese a los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Justicia de la Nación”.
La postura de la oposición
El aval al pliego de la jueza Michelli con 44 votos afirmativos y 18 negativos se logró con el acompañamiento de las bancadas de la oposición, además de sumar algún voto libertario y la abstención de la senadora Patricia Bullrich.
Desde el bloque de convicción Federal, su presidenta, Carolina Moisés señaló: “María Verónica Michelli logró el acuerdo de todo el Cuerpo, garantizando de esta forma la independencia de este Senado ante los caprichos del Presidente Javier Milei y protegiendo a quienes hoy se ven afectados en sus derechos por la prepotencia de algunos funcionarios. Vamos a cuidar que en todo el proceso de selección de Jueces se cumpla con la transparencia y ejercicio de las leyes vigentes”.
Los próximos pasos: el futuro de un juez para la reforma laboral que impulsó el Gobierno
La Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, ya anunció para el martes la presencia de siete candidatos a ocupar cargos en la justicia. Entre ellos el de Víctor Pesino para que continúe siendo vocal de la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
El juez fue quien avaló la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei, suspendiendo la medida cautelar que frenaba 82 artículos de la reforma y además anuló las elecciones en el gremio metalúrgico de la UOM, desplazando al peronista Abel Furlán y nombrando una intervención. El Poder Ejecutivo le pide al Senado extender su designación por cinco años mas ya que esta por cumplir los 75 años y debería alejarse de la justicia.
Abel Furlán ya se reunió con el interbloque Justicialista que lidera José Mayans y pidió no avalar el nuevo nombramiento del juez.
Nuevas Cámaras Federales en Mar del Plata y en Tucumán
En el marco de la Reforma a la justicia federal, el Senado aprobó con amplia mayoría la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, lo que permite su funcionamiento dividido en dos salas. La iniciativa fue impulsada por los senadores Beatriz Ávila (bloque Independencia), Sandra Mendoza y Guillermo Andrada (Convicción Federal).
La Cámara Federal de Tucumán tiene jurisdicción sobre las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, donde residen más de tres millones de argentinos. Su competencia abarca causas de gran relevancia institucional vinculadas al fuero federal, por lo que la creciente demanda judicial hacía necesaria una adecuación de su estructura para mejorar su capacidad de respuesta.
La senadora Beatriz Ávila le dijo a TN que esta reforma “responde a una necesidad concreta de nuestra región y constituye un paso fundamental para modernizar el funcionamiento de la Justicia Federal, permitiendo agilizar los procesos, reducir demoras y brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos. Cuando la Justicia funciona mejor, quienes se benefician son los vecinos que esperan una resolución oportuna de sus causas”.
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Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad logró que se sancione la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: “Es una gran noticia para los bonaerenses. Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”.
Abad planteó que gran parte de las causas que llegan a la Cámara están vinculadas a temas previsionales y de salud: “Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces. Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”.
Según datos que mostró el senador, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra apelaciones de ocho juzgados federales y tiene jurisdicción sobre cerca del 40% del territorio bonaerense. Mientras que en sus primeros años de funcionamiento recibía alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 esa cifra alcanzó los 8900 casos, un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.
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POLITICA
El respaldo de Trump a Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”
Javier Milei volvió a recibir un respaldo público de Donald Trump durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, la alianza sobre seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. En plena cumbre realizada en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense destacó a su par argentino al recordar sus triunfos electorales.
“Tuvimos una gran victoria en la Argentina… bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump durante su discurso ante los mandatarios de la región, mientras dirigía la mirada hacia Milei. El republicano repasaba una serie de victorias políticas de aliados latinoamericanos cuando hizo esa referencia al presidente argentino.
El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los 15 países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Aunque la Casa Blanca había previsto una participación más extensa, el mandatario estadounidense permaneció unos 14 minutos en la reunión.
Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de alto rango. La presencia de ese equipo reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna a la estrategia hemisférica.
POLITICA
ADEPA advierte sobre posibles impactos negativos para la libertad de prensa en el proyecto de ley de soberanía
La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.
El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.
Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.
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POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para cobrar un impuesto a las transferencias internacionales de capital
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, un mecanismo para cobrar una alícuota del 3% y destinar los fondos a obras en provincias y municipios, salud, discapacidad, educación, jubilaciones y el PAMI.
La iniciativa de Máximo Kirchner establece que se aplicará la alícuota del 3% propuesta a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”, según se informó en un comunicado. En caso de que la transferencia sea hacia un destino “de baja o nula tributación”, se adicionará un 2% a la alícuota.
El destino de los fondos recaudados será repartido, según el proyecto, en un “60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10% [para] salud y discapacidad; 10% [para] educación; 10% [para] jubilaciones y pensiones; 10% [para] medicamentos y atención médica de PAMI”.
Con el nuevo impuesto, Máximo Kirchner asegura que se recaudarán, al menos, 2,89 billones de pesos. Ese monto, se especificó en el comunicado del diputado, “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital”. Como un fundamento del proyecto, se sostiene que, entre 2023 y 2025, “las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— cayeron un 72,8%”.
La iniciativa no “incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, (siempre que los activos permanezcan en la Argentina)”, se aclaró sobre el proyecto.
En el comunicado, se emparentó la iniciativa con el “Aporte Solidario y Extraordinario” (conocido como impuesto a la riqueza), aprobado en el gobierno de Alberto Fernández por impulso de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados.
El anuncio de la iniciativa coincide con el inicio de una gira del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por Estados Unidos, que incluye reuniones con fondos de inversión y empresas de aquel país. Máximo y Cristina Kirchner mantienen una dura interna con el gobernador.
Esa interna sumó otro capítulo, de escala bonaerense, este martes, cuando el senador provincial Emmanuel González Santalla (dirigente de La Cámpora en Avellaneda), le reclamó a Kicillof que ponga en funcionamiento una ley que limita el uso de teléfonos celulares en las escuelas. “En la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia, por unanimidad en las dos Cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra [por la directora general de Cultura y Educación, Flavia] Terigi se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente”, dijo Santalla en su cuenta de la red social Instagram.
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