Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño impuso este viernes nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro que frenaron los planes del presidente argentino, Javier Milei, de visitar al expresidente brasileño la semana próxima en su residencia de Brasilia.

En una decisión firmada este viernes, el juez Alexandre de Moraes suspendió por 30 días todos los derechos de visita de Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria humanitaria tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022— e impuso un veto estricto a cualquier encuentro de carácter “político-electoral” hasta que concluyan las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para octubre.

La resolución judicial no responde de manera directa a la petición formal que la defensa del exmandatario brasileño había presentado este mismo viernes para autorizar el ingreso de Milei y su comitiva -que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno-, la tarde del próximo sábado 25 de julio. Los abogados argumentaron ante el STF que se trataba de una “visita oficial” de un jefe de Estado extranjero, coordinada previamente con la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

El propio Milei había dicho en declaraciones radiales que pretendía realizar un “paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”.

Sin embargo, al dictar un endurecimiento general de las condiciones de detención, el fallo de Moraes se prepara para sepultar de antemano cualquier posibilidad de que la solicitud específica sobre el mandatario argentino prospere, dado que el nuevo marco legal prohíbe taxativamente las reuniones políticas.

La postura del magistrado apaga así el foco más caliente del viaje de Milei a Brasil, concebido para dar un fuerte respaldo político a la campaña de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario, coincidiendo con la convención partidaria del Partido Liberal (PL) en San Pablo que pretende oficializarlo como candidato al Planalto.

Las nuevas restricciones no se originaron como una reacción a la agenda de la comitiva argentina, sino como castigo a una violación de las medidas cautelares por parte del líder de la derecha brasileña.

La semana pasada, Bolsonaro utilizó a su hijo Flávio como “vocero” para difundir en redes sociales una “Carta a los brasileños”. En el texto, el exmandatario llamaba abiertamente a apoyar la precandidatura presidencial del senador, desafiando la prohibición expresa de utilizar las plataformas digitales por sí o a través de terceros.

Moraes calificó de “contradictoria” y “no plausible” la defensa de Bolsonaro, que alegaba desconocer que la carta sería publicada. “El texto comprueba claramente que pretendía comunicarse con sus seguidores”, señaló el juez en su fallo, recordando que el exjefe de Estado tiene sus derechos políticos suspendidos.

Para desarmar los reclamos de la defensa sobre una supuesta “incomunicación”, el magistrado incluyó una radiografía del día a día en la residencia. Precisó que, desde que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria en marzo pasado por razones de salud, Bolsonaro recibió 185 visitas, entre ellas 31 de sus hijos (18 de las cuales correspondieron al propio Flávio).

Moraes remarcó que la situación del líder de derecha, pese a la gravedad de los delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho, es “incomparablemente más benéfica” que la de las más de 705.000 personas recluidas en las cárceles físicas de Brasil.

“Los beneficios de su prisión domiciliaria humanitaria no pueden acarrear privilegios contrarios a la legislación”, sentenció el juez del STF.

Milei se involucra en la campaña

Según confiaron a fuentes de la presidencia argentina, la agenda de Milei se concentrará ahora exclusivamente en el motor económico del país. El presidente pretende llegar a San Pablo el viernes 24 para participar, el sábado 25, en el evento donde el PL oficializará la postulación presidencial del hijo del exmandatario.

En suelo paulista, Milei también busca un encuentro de alto contenido político con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura de Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De Freitas es el amplio favorito para reelegirse como gobernador paulista en los comicios regionales de octubre.

Con las puertas de la residencia bolsonarista cerradas por orden judicial en Brasilia, el presidente argentino se quedará sin la foto principal de su itinerario, en un escenario donde la justicia brasileña dejó en claro que no tolerará la importación de actos de campaña extranjeros en el cumplimiento de la condena penal.

Martín Irurzun juega sus últimas fichas antes de cumplir 75 años. El juez de la Sala II de la Cámara Federal, una de las figuras más influyentes de Comodoro Py durante las últimas tres décadas, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que trabaje el fin de semana y durante la feria judicial de invierno para que lo habilite a seguir en el cargo más allá de los 75 años, contrariamente a lo que dice la Constitución Nacional.

En la Corte, el pedido del juez fue recibido por un secretario que transmitió que el recurso estaba en el tribunal. Una respuesta formal. Pero en la Corte nada se va a mover en estas vacaciones, con lo que el magistrado está más cerca de la jubilación que de permanecer en el cargo.

De todos modos, el juez presentó una demanda de fondo en la justicia contencioso administrativo federal contra el Estado Nacional para que declare la nulidad del párrafo tercero del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento, con acuerdo del Senado, para permanecer en sus cargos una vez cumplidos los 75 años.

La presentación, con el patrocinio de los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, se suma a la medida cautelar ya rechazada en primera instancia y en Cámara con la cual el camarista pugna por permanecer en el cargo.

El camarista cumple 75 años el 18 de julio y la Justicia está en plena feria de invierno. Por eso pidió la habilitación de días y horas inhábiles para que la Corte resuelva este fin de semana y de la propia feria judicial para que la cautelar se resuelva antes del vencimiento del plazo.

Mientras tanto, analiza solicitar una licencia cuando termine el receso invernal, un recurso para ganar tiempo sin resignar el cargo. Pero en su propio entorno reconocen que la suerte está echada: salvo una decisión judicial de último momento, el domingo a las 0 horas Irurzun dejará de ser camarista federal.

La demanda reedita la discusión entre los precedentes Fayt y Schiffrin de la Corte.

El planteo central es que la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional de 1994, no habilitó a la Convención Constituyente a fijar un límite etario para los jueces, y solo le permitió avanzar sobre los mecanismos de designación y remoción de magistrados.

Al incorporar la cláusula de los 75 años, sostiene la presentación, la Convención se excedió de sus competencias y cometió un acto “nulo, de nulidad absoluta”, en los términos del artículo 6° de la propia ley declarativa.

Argumenta Irurzun que agrede la garantía de inamovilidad y el carácter vitalicio del cargo, y “deviene atentatorio de la independencia del Poder Judicial”.

El escrito no ignora que la Corte Suprema ya convalidó la cláusula en el caso Schiffrin, cuando revirtió la doctrina del caso Fayt.

Pero sostiene que ese estándar “se ha extinguido” porque los jueces hoy no son los mismos, pues la salida de Juan Carlos Maqueda cambió las mayorías.

Irurzun se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a todo ministro de la Corte que haya intervenido como convencional constituyente en 1994 y aprobado el precepto impugnado.

Alude al presidente de la Corte Horacio Rosatti, convencional en Santa Fe hace 32 años y autor de uno de los votos de la mayoría en Schiffrin.

Con una Corte de tres miembros, un eventual apartamiento de Rosatti dejaría el caso en manos de Ricardo Lorenzetti, que votó por la validez de la cláusula en 2017 y de Carlos Rosenkrantz, el único disidente del caso Schiffrin.

Entonces el máximo tribunal debería llamar a conjueces para resolver. Toda una arquitectura judicial que difícilmente se puede poner en marcha en horas, y mucho menos en la feria judicial.

Irurzun llegó a la Cámara Federal en 1994, presidió la Sala II y su jubilación abre una vacante sensible en el tribunal de apelaciones que revisa todas las causas de corrupción, un espacio que el Gobierno ansía ocupar con un candidato afín.