POLITICA
“Es una causa justa”: Milei volvió a respaldar a Israel en la previa de un nuevo viaje a ese país
El presidente Javier Milei ratificó su respaldo al Estado de Israel en la previa de un nuevo viaje a ese país, al afirmar que la causa de esa nación es “justa”, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.
“Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”, expresó Milei en una entrevista con el medio israelí Canal 14 difundida este jueves.
El mandatario planteó que, desde su punto de vista, “la causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago”, aclaró.
También dijo haberse sentido “conmovido” por haber sido invitado a encender una antorcha en la celebración por la creación del Estado de Israel que se celebrará el martes 21 de abril, en lo que fue considerado por el Canal 14 como un “evento histórico” por tratarse de la primera vez que un mandatario extranjero interviene de esa manera en la festividad.
Nuevo viaje a Israel
Milei estará en Israel el martes 21 para participar de las celebraciones por el aniversario número 78 de la creación del Estado judío, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. La visita se producirá en medio de la tensión y los bombardeos en Medio Oriente.
También se espera en esa celebración la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien por su parte anunció este jueves el alto el fuego entre Israel y el Líbano, en una tregua que, según aclaró el mandatario republicano, comenzará a regir a partir de este mismo jueves a las 18.
En este contexto de tensión, Milei concretará un nuevo viaje a Israel que, según está previsto, se extenderá desde el 19 al 22 de abril.
Desde el inicio de su mandato, Milei sostuvo una relación estrecha con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Visitó en enero de 2024 los territorios del sur israelí donde el grupo Hamas atacó el 7 de octubre de 2023 y, en su segunda incursión, a mediados del año pasado, habló ante el parlamento.
El 17 de marzo pasado, el Presidente asistió a la conmemoración del aniversario número 34 del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, donde ratificó que “la Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo”.
Días más tarde, el Gobierno escaló en su conflicto diplomático con Irán y definió a la Guardia Revolucionaria iraní como “organización terrorista”. Ante la respuesta de ese país, que amenazó con represalias al Presidente, el Estado argentino expulsó al encargado de Negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
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POLITICA
Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada
Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.
La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.
Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.
La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.
Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.
Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.
“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.
En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.
El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.
Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.
Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.
Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.
La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.
Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.
El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.
Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.
El martes, la Corte Suprema rechazó la demanda de los veteranos de Malvinas que buscaban mantener vigente la ley de tierras. Aclaró expresamente que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de su derogación, sino sobre una cuestión procesal: quienes demandaron no podían demandar. El resultado es que ya no rige el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros.
El episodio cifra buena parte de nuestros problemas institucionales. Las reglas que nos hemos dado para controlar al poder se nos desbordan frente a la persistencia de su abuso por parte de los presidentes argentinos y la pasividad del Congreso que debería controlarlo. La razón formal que dio la Corte para rechazar la demanda es consistente con su jurisprudencia, pero tal vez no capture las necesidades de este tiempo. Intentaré brindar cinco reflexiones breves acerca de la relación entre este fallo y el ejercicio del poder en la Argentina.
1. Al César lo que es del César. La Corte no derogó la ley de tierras. Javier Milei derogó la Ley de Tierras, de un plumazo, en un DNU ómnibus, junto con tantas otras leyes que habían sido sancionadas por amplias mayorías de varios Congresos. La opinión pública, abrumada por un decreto kilométrico, no reaccionó en ese momento como lo haría cuando el asunto ganó visibilidad. La Cámara de Diputados se negó a tratar el DNU y lo dejó vigente, al menos hasta ahora. El Senado sí lo rechazó, pero es gracias al mismo Senado que eso no alcanza: la Ley 26.122, de 2006, exige que ambas cámaras rechacen un DNU para que este caiga. Los que presentan proyectos para reformar esta ley siendo oposición, los olvidan siendo oficialismo.
2. Quién custodia a los custodios. La Corte no supo, no pudo o no quiso poner un límite a esta práctica consolidada. El tribunal mantiene en esta materia una ambigüedad desesperante: desde el fallo Verrocchi, de 1999, hasta hace poco en Cencosud, ha sido categórico al invalidar DNUs de presidentes en pantuflas. La lección es que a un presidente en ejercicio no se lo molesta mientras está ocupado gobernando por DNU. Milei tomó nota: no firmó solamente el DNU 70 (el más extenso de la historia, por lejos), sino que firmó casi un DNU por semana. Tomó deuda por DNU. Permitió el ingreso de tropas por DNU. Puso en venta la ciudadanía argentina por DNU (el 366/25, que la Cámara Electoral ya declaró nulo y que también la Corte tiene a resolver). Todo abiertamente inconstitucional. Y aquí no ha pasado nada.
3. Mientras el lobo no está. Desde la Corte Suprema se escuchan voces que afirman buscar que la política solucione sus problemas por sí sola. Suena razonable hasta que se ve cómo ha funcionado. Los juegos, si es que la política es uno, tienen reglas, y si los jugadores las incumplen, ya no están jugando. Que la política resuelva sus conflictos sola cuando un sector está abusando de su poder equivale a pedirle a un equipo que haga goles cuando los rivales se robaron la pelota. Si la intervención de la Corte ha de tener algún sentido, es precisamente el de asegurar que las reglas de la política se respeten. Recién cuando ello ocurre es que se justifica la deferencia hacia sus resultados. Pensemos, si no, lo que ocurrió en este caso: con el fallo, quedó vigente una derogación que había sido rechazada por el Senado dos veces (al repudiar el DNU 70 y al negarse a siquiera morigerar la ley de tierras). Paradójico: al dejar jugar a la política, se mantuvo vigente lo que la política había rechazado.
4. Cancha inclinada. La Corte rechazó la demanda afirmando que los excombatientes carecían de legitimación procesal (es decir, de conexión concreta con el asunto). En esto, no innovó, sino que mantuvo una línea jurisprudencial histórica (aunque con notables excepciones, como la que permitió a una agrupación católica impedir la venta de la “pastilla del día después” o a una asociación de abogados cuestionar la conformación del Consejo de la Magistratura). A esta limitación se le atribuye una virtud democrática: al exigir una afectación concreta, dice la doctrina tradicional, se impide trasladar cualquier disputa política a la Justicia.
Sin embargo, a pesar de esta apariencia aséptica, conviene recordar que en la época actual esta doctrina tradicional sobre legitimación procesal termina por inclinar la cancha en favor de gobiernos desreguladores. Es sencillo de entender. Cuando el Estado regula una actividad, los costos caen sobre personas específicas que podrán cuestionarlos judicialmente. En cambio, cuando se desregula, se distribuyen a toda la población, sin que nadie pueda tener una afectación lo suficientemente directa para quejarse.
La Ley de Tierras es el ejemplo perfecto: bajo la ortodoxia actual, alguien a quien la ley impida vender su tierra a extranjeros sin dudas podría recurrir a un juez. La ley se vuelve cuestionable, su derogación no. Lo mismo pasa con los impuestos. Si a alguien le suben los impuestos, podrá reclamar, ¿pero quién podrá quejarse de que a otro no le cobren, aunque sea, por ejemplo, con una expansión por decreto de un blanqueo a parientes de funcionarios? Por supuesto, la baja de la recaudación afectará a todo el resto, y particularmente a los sectores más vulnerables, pero a ellos la Corte los mandará con sus planteos al Congreso, donde también les cuesta entrar. A quienes se les cobre un impuesto a las grandes fortunas, en cambio, se los escuchará con atención, a pesar de que son también quienes tienen mayor acceso al Congreso. Mateo 25:29: al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará.
5. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Corte Suprema tradicionalmente ha buscado ampliar su ámbito de discrecionalidad, y el Congreso la ha ayudado en esa tarea. Desde hace mucho, la Corte elige qué causas falla (si quiere, puede simplemente negarse a expedirse sobre cualquier tema) y cuándo lo hace (no tiene plazos ni agenda). Lo que no puede es evitar las consecuencias: con semejante poder, la Corte eligió fallar esta causa y fallarla ahora, semanas después de que la derogación de la ley de tierras fracasara en el Senado pero antes de expedirse sobre el fondo del DNU 70. Habrá tenido sus motivos. Lo que acaso permanezca como enseñanza es que limitar la discrecionalidad de la Corte, paradójicamente, pueda legitimarla: removería las sospechas recurrentes, aunque no siempre justificadas, sobre por qué elige fallar en tal o cual momento y concentraría la atención sobre el contenido de sus decisiones. Tal vez sea hora de hacerlo.
Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)
Sebastián Guidi,LA NACION,Política
POLITICA
Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion
La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.
La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.
Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.
La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.
En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.
Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.
La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.
El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.
Sea Lion,islas Malvinas,océano Atlántico,plataforma petrolera
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