La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió hoy dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley de “modernización laboral” que aprobó el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado.

El fallo de Marra Giménez, al que tuvo acceso , significa un nuevo revés para la Confederación General del Trabajo (CGT) en su intento de frenar la ley en los tribunales por considerar que algunos artículos son inconstitucionales.

La jueza Marra Giménez ya había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la ley de reforma laborala pedido de la CGT. Se le solicita además al juzgado laboral que intervino la remisión de todos los expedientes vinculados para que tramiten juntos como un proceso colectivo.

Marra Giménez consideró que suspender 81 artículos por una medida precautoria es un “claro abuso”, ya que la complejidad de los temas requiere un análisis profundo que solo debe darse en la sentencia definitiva, que está aún pendiente y que podría recaer en la Corte Suprema de Justicia. Los artículos suspendidos anularon normas vinculadas a la antigüedad laboral, indemnizaciones, mediación, subcontratación, régimen de vacaciones, período de pruebas, entre otros puntos.

La Cámara del Trabajo revocó de manera suspensiva la suspensión de los artículos y les volvió a dar vigencia. Ese fallo estuvo a cargo de los jueces laborales Dora González y Víctor Pesino, a quien al día siguiente de la medida el Gobierno lo impulsó para que continúe en el cargo por cinco años más a pesar de tener edad para jubilarse. La CGT recusó a esos dos camaristas, que también fueron blanco de las críticas de la oposición. El senador Mariano Recalde (PJ) y la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) denunciaron “un intercambio de favores” entre el juez y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Con la decisión de Marra Giménez no quedaron vigentes ninguna de las medidas judiciales que habían frenado parte de la ley. Ahora resta que se resuelva el fondo del planteo de la CGT, que es el pedido de inconstitucionalidad de la ley.

Interviene en el caso Marra Giménez después de que la Cámara Federal (Sala IV) resolviera que la causa debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en el Laboral, algo que fue objetado por la CGT. La jueza desestimó un pedido de la CGT para apartarla del caso. El argumento fue que, al tratarse de un proceso sumarísimo, la ley procesal prohíbe este tipo de planteos para evitar demoras, y dijo, además, que no había causas para ser desplazada.

La CGT entiende que debe ser la Cámara del Trabajo la que resuelva porque señala que “como a nadie le resultaría atendible llevar un auto para arreglar a un carpintero, o a un oftalmólogo para atender una fractura, una causa laboral debe ser resuelta por especialistas”. Un dirigente de la CGT añadió en diálogo con : “El fuero laboral está próximo a desparecer y será absorbido por la Justicia porteña. No nos queda otra que seguir peleando en el Contencioso Administrativo. Tenemos esperanzas en poder revertir allí parte de la ley”.

La CGT puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Por ahora, la jueza Marra Giménez deberá decidir si la ley es constitucional o no.

El 17 de abril pasado, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó el recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. Ayer, la Corte Suprema rechazó el per saltum y el máximo tribunal espera que la definición se resuelva en las instancias inferiores. Sucedería en el Contencioso Administrativo, aunque es probable que el expediente tenga su destino final en la Corte.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, insistió ayer con su postura de no ofrecer explicaciones públicas acerca de su situación patrimonial, con el argumento de que eso podría “obstruir” la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Los constitucionalistas consultados por , sin embargo, advierten al unísono que no existe ningún impedimento legal para que el funcionario aclare su situación y van más allá al sostener que debería hacerlo, en función de la ley de ética pública.

Para el catedrático Osvaldo Sammartino, lo dicho por Adorni ayer en su entrevista con Neura es un “disparate jurídico mayúsculo”.

“No sería una interferencia judicial en ningún caso, pero, además, tratándose del jefe de Gabinete, es su deber, ante las serias sospechas de corrupción que han trascendido, brindar públicamente toda la información de la que disponga”, sostiene. “No se trata acá de hechos de su vida privada. Lo que está en tela de juicio es si se sirvió de su función para usar en su provecho recursos públicos o recibir dádivas”, agrega.

Su colega Daniel Sabsay coincide: “No implica entorpecimiento alguno al proceso. Por el contrario, sería importante que se exprese. Ello, por el bien de las instituciones”.

Andrés Gil Domínguez comparte la opinión: “Desde el punto de vista constitucional y convencional, esto es, aplicando la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y en el marco del pleno ejercicio del derecho de defensa, no existe ningún tipo de impedimento constitucional, convencional ni legal que a él le impida realizar todo tipo de manifestaciones para defenderse y para aclarar la situación”, afirma.

“Por el otro lado de la moneda -sigue-, él, como funcionario público, sobre la base de la ley de ética pública y de las obligaciones emergentes de la Constitución por el cargo que ostenta, que ejerce con responsabilidad política ante el Congreso, tiene la obligación de dar todas las explicaciones para esclarecer este hecho”.

Pedro Caminos, catedrático de Derecho Constitucional, resalta por su parte que las declaraciones juradas de los funcionarios son de carácter público. “Una vez presentadas a la Oficina Anticorrupción, cualquier ciudadano puede acceder a ellas, l artículo 10 de la ley 25.188 de ética pública. La existencia de una causa judicial sobre el funcionario no suprime el carácter público de la declaración”, explica.

Caminos sugiere que Adorni podría estar refiriéndose al artículo 109 de la Constitución, que establece que el Presidente no puede arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni restablecer las fenecidas.

“Eso no quiere decir que una persona sujeta a una causa judicial -especialmente si es un ministro- no pueda explicar su situación patrimonial al público: primero, porque explicar la situación patrimonial no interfiere con la actuación de la Justicia y, en el caso de un ministro, porque esa explicación viene exigida por los principios de publicidad y de responsabilidad de los gobernantes”, señala.

Su colega Juan Vicente Sola, en tanto, subraya que al funcionario lo asiste el derecho a guardar silencio, una estrategia judicial válida de principio a fin. “Es uno de los derechos constitucionales claros y más antiguos. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. El jefe de Gabinete puede, en su estrategia de defensa, considerar que no debe opinar públicamente sobre el tema, ya que podría perjudicarlo. Este argumento podrá ser políticamente mal considerado, pero es constitucionalmente válido. Más aún, creo que es una estrategia aceptable en una defensa penal”, afirma.

El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra sostiene la misma postura: “El primer interesado en aclarar su situación tiene que ser él. Y no dejar que el estado de incertidumbre que existe respecto de estos sucesos siga menoscabando la confianza de la ciudadanía en sus funcionarios”, dice. “No advierto cómo eso podría constituir un entorpecimiento a la labor de la Justicia”, sostiene.

La explicación

El jefe de Gabinete justificó su silencio al sostener que cualquier declaración pública que realice sobre el tema podría ser interpretada como una intención deliberada de interferir o presionar sobre la Justicia.

Aseguró que su postura responde a una línea de conducta general del Gobierno respecto a las causas judiciales. Aludió al caso de la agencia Andis y también a $LIBRA, aunque omitió que Juan Bautista Mahiques, en una de sus intervenciones públicas como ministro de Justicia, relativizó los resultados de una pericia clave en esa causa.

En línea con casi todos sus colegas, el constitucionalista Pablo Manili destaca que Adorni está “obligado” a dar explicaciones sobre su patrimonio y que “obstruir” una causa judicial significa “destruir pruebas, apretar testigos, pero no dar explicaciones”.

Desde el mismo ángulo, Sammartino agrega: “Lo que sí es una interferencia grave en una causa, si se confirma, es el intento de Adorni de presionar a su contratista antes de la declaración testimonial de este, como parece surgir de chats que el periodismo ha difundido”.

En el expediente judicial, junto con los gastos de la familia Adorni, figuran varios contactos entre el jefe de Gabinete y Matías Tabar, el contratista que realizó remodelaciones en la casa de Indio Cua y trabajos de carpintería para el departamento de Caballito.

Varios de esos contactos se corresponden con el período de los trabajos, pero otros son inmediatamente anteriores a la declaración testimonial de Tabar. A través de ellos, Adorni habría intentado influir en la testimonial del contratista, entienden los investigadores.

El juez Ariel Lijo mandó a peritar el teléfono de Tabar, que bajo juramento y en sede oficial dijo haber cobrado del funcionario un total de 245 mil dólares en negro.