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Escándalo en la Armada: la Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes del personal naval

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En un nuevo escándalo que sacude a la Armada, la justicia federal investiga una denuncia sobre maniobras fraudulentas en la liquidación de haberes del personal, que comprendería manejos irregulares por unos $1600 millones.

El fraude habría sido advertido por una teniente de navío, que a la vez es contadora pública y desempeña tareas en el área de liquidación de sueldos del personal, explicaron fuentes navales a .

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Tras la conmoción interna y averiguaciones preliminares que se llevaron adelante dentro de la fuerza, la denuncia penal fue presentada finalmente por el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, en los tribunales de Comodoro Py. Aparecen involucradas en las maniobras unas 23 personas, entre militares en actividad y en situación de retiro, personal civil de planta permanente, contratados y jubilados. Incluso, figuran cuatro personas que no poseen vínculos laborales con la Armada.

Actividad oficial del jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, en su visita a ParaguayGaceta Ma

La denuncia se conoció días después de que el presidente Javier Milei girara un refuerzo presupuestario por $218.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, un viejo anhelo de la Armada, en medio de las tensiones del gobierno argentino con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas.

En la presentación judicial se afirma que el fraude alcanza los $938 millones, por maniobras realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, luego de que algunos de los beneficiados restituyeran $42,5 millones. Sin embargo, fuentes de la Armada indicaron a que $938 millones es la suma comprobada, pero que la investigación interna sigue su curso y el perjuicio sería mayor, por lo que se llega a la cifra estimada de $1600 millones.

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En la denuncia se menciona que entre las 23 personas beneficiadas con los pagos indebidos, la que mayores sumas percibió es la señora María del Carmen Prieto, quien cobró $152,2 millones en 46 acreditaciones. Es la cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista de la Armada, capitán de navío y contador Ariel Baltasar ATANASOFF,. quien en agosto fue relevado preventivamente de la fuerza. Su esposa es una de las cuatro personas que recibieron los pagos sin tener vínculos laborales con la Marina.

En la denuncia penal se indica que las otras tres personas sin relación con la fuerza naval que cobraron son Damián Andrés Santana ($99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones).

Las maniobras irregulares comprenderían la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, “cobros fantasma” mediante identidades fraguadas y suplementos con retornos. Incluso, en el edificio Libertad, sede de la Armada, trascendió que la teniente de navío que detectó el fraude habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara a sus superiores.

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La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.

El escándalo sorprendió al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, de visita oficial en Asunción, para asistir a la celebración del Día de la Armada local. Incluso, fue condecorado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien le entregó la Medalla al Mérito.

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, en la celebración del Día de la Armada, en mayo pasado, en la Base Naval de Puerto BelgranoX @FAArgentinas

Pagos en dólares

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Según la presentación judicial, para la liquidación de viáticos falsos por servicios en el exterior se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones de comisiones que no se realizaban. En algunos casos, las misiones existían, pero una vez que terminaban se continuaba realizando el pago pese a que no correspondía.

También se investiga si para los “cobros fantasma” se utilizaban números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza. En cuanto a los “suplementos con retorno”, se liquidaban asignaciones, como horas extras y y especialidades como buceo y otros ítems, a personal que no cumplía esas tareas, lo que obligaba a un retorno del 50% de lo cobrado, según trascendió.

La Armada informó oficialmente que ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”.

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“Constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación”, se indicó en el comunicado.

Además, la fuerza que conduce el almirante Romay aseguró que “la correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina”. Y agregó que “existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”.

El diario Ámbito Financiero reveló que “la cadena de complicidades se habría roto a partir de que una teniente se negara a recibir un suplemento del que debía devolver la mitad”

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Se estima que la Armada mantiene unos 35 oficiales en misiones estables en el exterior, a través de agregadurías navales y de defensa, a lo que se suma el personal que integra misiones de paz y de cooperación técnica en otros países, con roles específicos y relevos periódicos. También hay viajes transitorios por comisiones y adiestramientos.




Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a

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Se realizó la segunda edición de los premios Quorum a la Justicia: uno por uno, quiénes fueron los ganadores

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El auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA, colmado. Foto: Federico López Claro.
Julian Ercolini, Mariano Borinsky y Juan Manuel Culotta se saludan durante la entrega. Foto: Federico López Claro.

Los ganadores, uno por uno

  • Premio principal: Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Trayectoria Judicial Destacada: Juan Carlos Maqueda.
  • Revelación Judicial Joven: Agustina Comaschi.
  • Innovación en la Gestión Judicial: Julio Conte-Grand, procurador general de la Provincia de Buenos Aires.
  • Tribunal o Juzgado Destacado del Año: Juzgado Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini.
  • Excelencia en Educación Jurídica: Facultad de Derecho de la UBA.
  • Excelencia en Derecho Penal y Penal Económico: María Alejandra Mángano.
  • Excelencia en Derecho Administrativo: Juan Carlos Cassagne.
  • Excelencia en Derecho Laboral: Julio Armando Grisolia.
  • Excelencia en Derecho Civil y Comercial: Daniel Roque Vítolo.
  • Excelencia en Derecho Corporativo: Alexia Rosenthal.
  • Estudio Boutique del Año (empate): Estudio Grispo y Estudio Mariana Barbitta.
  • Mejor Proyecto Judicial impulsado por las Provincias: Centros Modelos de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones.
  • Excelencia en el Ministerio Público de la Defensa: Julieta Di Corleto.
  • Ministerio Público Fiscal Destacado: Franco Picardi.
  • Estudio Jurídico del Año: Marval O’Farrell Mairal (recibió Diego Krischcautzky).

Todas las menciones de honor de la noche

  • William Terra, fiscal de la Corte de San Pablo (Brasil).
  • María Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España.
  • George Hanks Jr., juez federal del Distrito Sur de Texas.
  • Fabricio Guariglia, por su trayectoria en la Corte Penal Internacional.
  • Giovanni Melillo, fiscal nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia.
  • Marcelo Mindlin, empresario y presidente del Museo del Holocausto en Buenos Aires.
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Tensión en Diputados: el Gobierno rechaza dividir el proyecto de Malvinas y envió a una funcionaria clave a defenderlo

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En un intento por avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, desembarcó este miércoles en el Congreso para defender la iniciativa oficialista ante los diputados en un plenario de comisiones. La presencia de la funcionaria se contraponía a la ausencia de otros miembros del Gobierno requeridos por los legisladores, como el canciller Pablo Quirno.

La exposición de Ibarzábal Murphy, ladera directa del asesor presidencial Santiago Caputo, buscó contener los reclamos de varios diputados que habían exigido la presencia de funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Quirno, para precisar los detalles del proyecto en la tercera jornada informativa en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

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“Este es un tema que nos convoca a todos y se trata de defender nuestra soberanía. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, planteó la titular de Legal y Técnica al comienzo de su exposición, lo que suscitó críticas por lo bajo, y no tanto, por parte de los bloques críticos. En ese momento, según pudo constatar , se elevó notoriamente la tensión en la sala.

Los diputados de UP, entre ellos Florencia CarignanoRicardo Pristupluk

Acto seguido, la funcionaria admitió que la iniciativa no está exenta de “fallas técnicas” y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones. En ese sentido, anticipó que el dictamen oficialista podría incorporar la creación de una comisión bicameral encargada de supervisar el Consejo de Seguridad Nacional, organismo que establece el proyecto y que estará integrado por representantes del Ejecutivo bajo la conducción del presidente Javier Milei.

De esta forma, según el Ejecutivo, se contemplaría “la coordinación de los tres poderes” en lo que refiere a los temas de seguridad nacional. Sin embargo, Ibarzábal Murphy ratificó que el Gobierno no dividirá el texto, como reclama el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez, mientras que otras bancadas como Provincias Unidas ya adelantaron que irán con un dictamen propio que solo reconoce el Título I de la iniciativa, que refiere a la defensa del territorio de Malvinas.

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La secretaria Legal y Técnica sostuvo que el proyecto forma parte de “una estrategia más integral” basada en tres pilares: “castigar a quienes explotan de manera ilegítima, incentivar a los involucrados para que cesen en esas conductas y dotar al Estado de herramientas para defenderse de esas amenazas externas”, según detalló.

De todas formas, desde la bancada peronista ya anticiparon que impulsarán una reformulación del Título I que reafirme su “compromiso con el reclamo de soberanía de Malvinas”, pero que incorpore modificaciones a la propuesta oficial.

El peronista rosarino Agustín Rossi, integrante de la bancada de UPRicardo Pristupluk

Sectores de la oposición tildaron la iniciativa de “engañosa” y “difusa” y acusaron al Gobierno de intentar “monopolizar el poder” a través de una nueva “ley ómnibus”.

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Facultades ampliadas

Cuestionan que solo 40 de sus 133 artículos estén directamente vinculados con Malvinas y advierten que el resto amplía las facultades del Ejecutivo para avanzar en reformas de fondo en materia de defensa, seguridad nacional e interior y política antiterrorista.

María Ibarzábal durante su exposición en el plenario de comisionesRicardo Pristupluk

“Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

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“Hay varios proyectos dentro de uno”, repitieron los legisladores de UP al tomar la palabra en el plenario. El debate quedó prácticamente concentrado en los cuestionamientos del PJ sobre distintos puntos del articulado, a los que atribuyen problemas de constitucionalidad y efectos sobre la concentración del poder y la libertad de expresión.

“Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, apuntó el diputado de UP Eduardo Valdés.

Noticia en desarrollo

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Delfina Galarza,Congreso Nacional,Malvinas,Conforme a

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Senado: cruce de Patricia Bullrich con una fiscal que intervino en el caso del policía Chocobar

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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo este miércoles un fuerte cruce con la candidata a fiscal general ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal Susana Marta Pernas, quien intervino en el caso del policía Luis Chocobar y solicitó penas mayores para el agente de seguridad. “Me deja grandes dudas su actuación”, señaló la porteña, mientras que la funcionaria judicial consideró “injusto” el planteo tras 50 años de carrera.

El intercambio se produjo este mediodía, durante una reunión de la comisión de Acuerdos, que no tuvo quorum y, por ende, no pudo avanzar con la firma de dictámenes. De hecho, ni siquiera se avanzó con el reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja), quien murió la semana pasada y comandaba el cuerpo legislativo encargado de analizar las propuestas judiciales. Esta situación no pasó desapercibida y generó malestar en algunos despachos de la Cámara alta.

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“Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas. Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y, cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”, ratificó esta tarde Bullrich en la red social X.

A pesar de un pliego enviado desde el propio Poder Ejecutivo, la presidenta de la bancada oficialista en la Cámara alta advirtió: “Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia. Por eso, aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”. Y sentenció: “Del lado de la gente, siempre”.

Cómo fue el cruce

Bullrich pidió “entender cómo piensa un fiscal en relación a un policía que estaba paseando y ve un turista que recibe nueve puñaladas” y que, a pesar de la pena -1 año- contra el agente de seguridad, “le manchan su carrera”.

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“¿A quién defiende? ¿A las víctimas? ¿Entiende el rol de la policía? ¿Quién va a defender a la sociedad si una fiscal va a la Corte e insiste en un aumento de la pena?“, preguntó la legisladora.

Por su parte, Pernas buscó ser prudente por un expediente aún en trámite, aclaró que no tiene “ningún problema con ninguna fuerza de seguridad” y que, durante su intervención, ratificó que el caso nunca fue considerado -según su visión- de “gatillo fácil”, pero que sí fue corroborado un “exceso”, lo cual fue validado por el tribunal interviniente.

“La doctrina tiene que cambiar o la Policía nunca va a tener respaldo”, arremetió Bullrich. Y le consultó: “¿Chocobar actuó como policía o delincuente?“. ”Yo no puedo decir que actuara como delincuente porque sería un homicidio por gatillo fácil y en ningún momento lo consideré“, replicó Pernas.

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El policía bonaerense Luis Chocobar (Paula Ribas)

Además, la fiscal reiteró la imposibilidad de ”eludir» la cuestión del “exceso” en el accionar del efectivo de seguridad y advirtió: “Parecería que se quiere juzgar una posición por un caso concreto. Me parece una total injusticia”.

“Injusticia sufrió Chocobar”, lanzó la senadora, y observó: “La Cámara bajó la pena y usted la subió. Fue injustamente condenado por haber salvado la vida de una persona”. “Él no lo salvó”, manifestó -sin dudar- la fiscal.

En agosto pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el ex policía enfrente un nuevo juicio oral, al confirmar lo dispuesto por la Cámara Nacional de Casación Penal.

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La decisión rechaza el recurso presentado por su abogado, Luis Jorge Cevasco, quien cuestionaba la constitucionalidad de volver a juzgar a su defendido. No obstante, el TSJ sostuvo que no se vulnera el principio que impide ser juzgado dos veces por la misma causa, dado que Chocobar no fue absuelto, sino condenado en primera instancia.

El expediente se originó tras los sucesos del 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, cuando Juan Pablo Kukoc y otro menor de edad -J.M.P.R.- intentaron robarle la cámara de fotos al turista estadounidense Frank Wolek, quien se resistió al robo, fue apuñalado y quedó malherido. Luego, el policía Chocobar salió a perseguir a los atacantes y, en ese contexto, disparó y mató al menor que había participado de los hechos.

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