El Ministerio de Capital Humano presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman y otras cuatro personas identificadas durante la toma de la Secretaría de Educación. La protesta había sido encabezada por un grupo de estudiantes universitarios en reclamo por la Ley de Financiamiento.

Según confirmaron a TN fuentes oficiales, Hagman -legislador vinculado al Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois– es mencionado en la denuncia que presentó la cartera por instrucción de la ministra Sandra Pettovello.

“Se va a ir hasta las últimas consecuencias”, remarcaron a este medio desde el Ejecutivo. Este miércoles, el Ministerio había tildado la de “violenta” y acusó “daños al patrimonio público”, además de anunciar que realizaría una presentación judicial “a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.

Por su parte, los estudiantes protagonistas aseguraron que se trató de una medida “pacífica” para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas Progresar y otros puntos ante la falta de respuesta del Gobierno. La protesta inició como una sentada frente al Palacio Pizzurno, pero luego escaló a una ocupación del hall central de la Secretaría para exigir una reunión con su titular, Carlos Torrendell. Fue en ese contexto que Hagman fue visto acompañando a los estudiantes que se agruparon fuera del edificio.

“No participé de la protesta ni entré al edificio en ningún momento. Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes y que los estaban amenazando dentro del edificio”, aseguró el diputado en sus redes, desmintiendo cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido.

“Está nombrado, él dice que estaba afuera. La Justicia determinará el nivel de participación que tuvo. El Gobierno dice que fue parte, que estuvo ahí”, sostuvieron desde el Ejecutivo.

El propio Javier Milei se hizo eco de la noticia y apuntó contra Hagman y los estudiantes que encabezaron la protesta. “Esto es lo que tenemos en frente. Y después hay que bancarse que nos vengan a limar los imbéciles cobardes de los buenos modales que ante estos eventos se orinan los pantalones”, cuestionó.

El legislador de Unión por la Patria elevó la apuesta y replicó: “Sos un miserable que se caga en el derecho a la educación, incumplís la ley y estás rematando los recursos de nuestro país. Vas a pasar a la historia en la lista de los presidentes de los que la gente solo se acuerda con vergüenza”.

Un conflicto que alimenta tensiones antes de una nueva Marcha Federal Universitaria

Este nuevo cruce del Gobierno con la oposición y un sector de la militancia universitaria calentó la previa de cara a la próxima Marcha Federal convocada para el jueves 15 de octubre. Los rectores de las principales casas de estudio del país llamaron a movilizarse para reclamar por la aplicación de la ley pendiente y la inclusión de esos fondos en el Presupuesto 2027.

“La marcha es una marcha política opositora. Las universidades están controladas por partidos políticos y quieren desestabilizar al Gobierno”, acusó este jueves en diálogo con TN el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y agregó: “Vamos a ver que son todas militancias”.

Horas antes, el funcionario había acusado a los estudiantes que lideraron la toma del Palacio Pizzurno de querer “iniciar un París en Buenos Aires”, en relación a las multitudinarias marchas en la capital de Francia encabezadas por alumnos de secundaria.

“Viven en una fantasía revolucionaria, lo único que hicieron fue agredir a gente que estaba trabajando. Pretenden generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno. Son partidos opositores. Porque los estudiantes están en su casa, estudiando, yendo a trabajar, no un miércoles, en medio de la lluvia, asaltando un edificio público”, cuestionó en una entrevista con Radio Mitre.

El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.

La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.

El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.

La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.

En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.

En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.

Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.

El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.

La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.