INTERNACIONAL
Estados Unidos aprobó ventas de armamento militar por USD 8.600 millones a sus aliado de Medio Oriente
La administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó ventas militares por más de USD 8.600 millones a sus aliados de Medio Oriente. Israel, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos figuran entre los países beneficiados por estas transacciones, anunciadas por el Departamento de Estado el viernes.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, determinó que existía una emergencia que requería la aprobación inmediata de las ventas, por lo que quedaron exentas de los procedimientos habituales de revisión por parte del Congreso.
Entre las operaciones autorizadas se encuentra la venta a Qatar de servicios de reabastecimiento de defensa aérea y antimisiles Patriot por USD 4.010 millones, además de sistemas avanzados de armas de precisión (APKWS) por USD 992,4 millones.
El permiso para Kuwait incluyó un sistema integrado de mando de batalla por USD 2.500 millones, mientras que Israel recibió autorización para adquirir sistemas APKWS valorados en USD 992,4 millones. Los Emiratos Árabes Unidos podrán acceder también a APKWS por USD 147,6 millones.
El Departamento de Estado especificó que BAE Systems (BAES.L) es el contratista principal en las ventas de APKWS a Qatar, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. RTX (RTX.N) y Lockheed Martin (LMT.N) lideran los contratos para el sistema de mando de batalla a Kuwait y el sistema Patriot a Qatar. Northrop Grumman (NOC.N) figura como contratista principal en la venta a Kuwait.
En paralelo, la agencia de telecomunicaciones de la ONU condenó los ataques de Irán contra la infraestructura de telecomunicaciones en Medio Oriente desde el inicio de la guerra. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) indicó que mantiene una supervisión sobre las consecuencias de estos incidentes.
El Consejo de Cooperación del Golfo, con el respaldo de Jordania, presentó una demanda ante la UIT por los ataques dirigidos a las redes de comunicaciones en Bahréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.
La aprobación de las ventas de armamento coincide con el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, que suma nueve semanas desde su inicio y más de tres semanas de un alto el fuego. Las negociaciones, pausadas por las exigencias de Teherán, no vislumbran un final concreto del conflicto.
Desde Estados Unidos, el inquilino de la Casa Blanca expresó el viernes su insatisfacción con la nueva propuesta de Irán para iniciar negociaciones de paz con Washington, en un contexto marcado por el estancamiento de las conversaciones y la vigencia de un alto el fuego desde hace varias semanas.
“En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, afirmó Trump ante periodistas, aunque reconoció que el régimen iraní “ha hecho avances” en las conversaciones con Estados Unidos. El mandatario también admitió no estar seguro de que Irán pueda cumplir con los requisitos solicitados por su administración.
Consultado sobre la posibilidad de enviar una nueva delegación a Pakistán para reanudar conversaciones, luego de la cancelación del viaje la semana pasada, Trump respondió: “Sentimos un gran respeto por Pakistán e Islamabad, y un enorme respeto por el primer ministro y el mariscal de campo. Están colaborando con nosotros. Siguen colaborando con nosotros”.
El presidente añadió que, a pesar de la distancia, su administración “está haciendo todo lo posible en cuanto a negociaciones en este momento”, en referencia a las comunicaciones telefónicas sostenidas entre las partes.
Luego, durante un discurso en Florida, Trump atribuyó a los bombarderos B-2 la interrupción del programa nuclear iraní antes de que Teherán pudiera desarrollar un arma atómica. “Si no hubiéramos hecho eso, habrían tenido un arma nuclear. Israel habría quedado destruido. El Medio Oriente habría quedado destruido. Creo que Europa también”, afirmó.
A su vez, describió a Irán como una potencia militar desmantelada. Según sus palabras, el país no dispone de armada, fuerza aérea, equipos antiaéreos, radar ni liderazgo operativo: “Sus líderes han desaparecido. El primer grupo, el segundo grupo, Khamenei, todos se han ido”.
El conflicto comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que respondió con ataques propios contra Israel y estados del Golfo con bases estadounidenses.
(Con información de Reuters)
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INTERNACIONAL
A prisión, exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá, acusado de peculado
Mientras se encontraba en una zona de playa de la provincia de Coclé, a unas 2 horas de la ciudad de Panamá, el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue detenido por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
La detención de Oliva, quien fungió como director de la AIG de 2019-2024, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo, fue ordenada por un juez de garantía y volvió a poner el foco sobre un organismo estatal clave en la estructura tecnológica del país.
La AIG tuvo a su cargo áreas sensibles de modernización administrativa y gestión pública.
El caso de Oliva quedó ligado a presuntos hechos de corrupción dentro de una dependencia con peso en la operación institucional panameña.
La Contraloría General de la República determinó un presunto incremento patrimonial de Oliva por más de $937,000.
Fuentes judiciales indicaron que la acusación incluyó peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
Esa combinación colocó el expediente en un plano mayor que el de una irregularidad administrativa aislada, porque apuntó a un posible esquema delictivo articulado desde el Estado.
Oliva ya cumplía una medida cautelar de reporte periódico los 14 y 28 de cada mes, así como un impedimento de salida del país, luego de que en septiembre del 2025 se le formularan cargos por peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la gestión de la plataforma Vale Digital, que luego pasó a llamarse Listo Wallet, implementada por el gobierno durante la cuarentena total por el Covid-19 para entregar subsidios a trabajadores, según el diario Critica.
En 2020 el gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industrias y la AIG anunció el inicio del plan piloto en la primera abarrotería de la ciudad capital para cambiar el Vale Digital, apoyo económico entregado a los panameños suspendidos de sus plazas laborales y afectados por la pandemia ocasionada por el Coronavirus o Covid-19.
En esa oportunidad, Oliva señaló que “el inicio de este plan piloto para canjear el Vale Digital en las abarroterías le permite al ciudadano estar más cerca de sus hogares sin necesidad de tener que trasladarse en transporte público o tener que asistir a grandes concentraciones en supermercados. De igual manera, les permite a los negocios pequeños ingresar a nuevos medios de pagos digitales”.
Pero, ante los constantes tropiezos de esta plataforma, se creó Listo Wallet en 2022 para que los usuarios del Vale Digital y el PASE-U recibieran sus pagos.
Al año siguiente, en octubre, Luis Oliva presentó su renuncia irrevocable a la entidad, para aspirar a una fallida candidatura a diputado.
A finales del 2023 el exadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute, presentó una denuncia por la cesión indebida de los derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma Vale Digital, de acuerdo con medios de prensa.
La denuncia de Stoute, presentada ante el Ministerio Público, fue ignorada por la Presidencia de la República y por el entonces contralor, Gerardo Solís.
Stoute fue separado del cargo que ocupaba en febrero del 2024.
La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, es la entidad que lidera la transformación digital del Estado panameño, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuir la brecha de desigualdad e incrementar la competitividad del país, se lee en su página web.
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President Donald Trump is turning foreign-influence laws that once ensnared figures in his own orbit toward left-wing activist networks accused of benefiting from overseas money and support.
Once seldom enforced criminally, FARA became a more prominent tool at the DOJ after 2016, including in cases involving several figures in Trump’s orbit as well as some prominent Democrats. Now, legal experts say that FARA and other laws dealing with foreign influence are emerging as a potential weapon in Trump’s campaign against left-wing activist networks.
«Unfortunately, it seems clear that the Biden administration went overboard and tried to use FARA as a political weapon against allies and supporters of President Trump instead of concentrating on real national security threats and those acting on behalf of foreign governments and principals without disclosing it as required by the law,» Hans von Spakovsky, senior legal fellow at Advancing American Freedom, a think tank founded by former Vice President Mike Pence, told Fox News Digital.
TRUMP, DEMOCRATS LOCKED IN ENDLESS CYCLES OF PAYBACK AFTER COMEY INDICTMENT AND TARGETING PRESIDENT’S ENEMIES’
The Trump administration has increased scrutiny on organizations it perceives as politically biased and misusing U.S. taxpayer dollars. (Getty Images)
FARA requires people acting in the United States on behalf of foreign governments or political parties to disclose their relationships, activities and funding to the Justice Department. While the law has been on the books for decades, criminal prosecutions related to it have become more common from 2016 onwards, engendering resentment among conservatives who feel they were unfairly targeted by the Justice Department.
«Prior to the Mueller gang and the deep state using it against Paul Manafort and Michael Flynn, FARA was rarely, if ever used for criminal purposes,» Judicial Watch President Tom Fitton told Fox News Digital. «It was seen as a paperwork issue … anti-Trump fanaticism turned it into a weapon to put people in jail.»
FARA prosecutions were relatively rare prior to the first Trump administration, with only seven criminal cases being prosecuted between 1966 and 2015. In 2018 alone, however, the Department of Justice charged more than 20 individuals and entities with FARA violations.
FEDS SUBPOENA HASAN PIKER, MEDEA BENJAMIN OVER CUBA TRIPS
Deputy Attorney General Todd Blanche speaks as Attorney General Pam Bondi and President Donald Trump listen during a press conference with FBI Director Kash Patel in the Oval Office of the White House on Oct. 15, 2025, in Washington, D.C. (Kevin Dietsch/Getty Images)
During the first Trump administration and the Biden administration, many of those targeted by the Department of Justice for undisclosed links to foreign governments were viewed as close allies of Trump.
Paul Manafort, Trump’s 2016 campaign chair and a long-time GOP consultant, for instance, pleaded guilty to conspiracy to defraud the United States in 2018 in connection with his activity as an unregistered foreign agent for Ukraine.
Michael Flynn separately came under scrutiny for his firm’s work tied to Turkish interests, while his criminal plea involved false statements to the FBI about conversations with Russia’s ambassador. Flynn’s business partner was convicted of acting as an undisclosed agent of Turkey, though the conviction was eventually overturned and the investigation was dropped by the Justice Department.
Conservatives were not exclusively targeted during the last two administrations, however.
Rep. Henry Cuellar, a Texas Democrat, Sen. Bob Menendez, a Democrat from New Jersey, and Linda Sun, a former Democratic staffer, all faced foreign influence investigations under the Biden administration.
TAX COMMITTEE REPUBLICANS PRESS FOR TREASURY CRACKDOWN ON NONPROFITS PROMOTING FRAUD, ‘ANTI-AMERICAN’ HATE
President Donald Trump holds a note handed to him by Secretary of State Marco Rubio during a roundtable on antifa at the White House in Washington, D.C., on Oct. 8, 2025. (Evelyn Hockstein/Reuters)
The pattern of right-wing politicos getting caught up in alleged foreign influence schemes continued into the Biden administration, with Rudy Giuliani, GOP megadonor Stephen Wynn and Trump associate Tom Barrack all being investigated for foreign ties.
Former Attorney General Pam Bondi wound down FARA enforcement upon taking office in 2025, narrowing prosecutions to activities resembling traditional espionage, citing the law’s purported weaponization under President Joe Biden. Fitton characterized this as a «reversion to the norm.»
In a departure from the prior two administrations, Spakovsky told Fox News Digital that the Trump administration is working to «implement a comprehensive national security strategy that integrates FARA as a tool,» citing a national security memo issued by the president in 2025.
NSPM-7, the memo referenced by Spakovsky, is a Trump administration directive ordering federal agencies to investigate and disrupt alleged networks behind domestic terrorism and organized political violence. It specifically directs the Department of Justice to scrutinize foreign ties and investigate possible FARA violations in order to investigate advocacy groups, nonprofits, donors and activists linked to alleged political violence.
Some groups on the right and left have criticized the memo for potentially targeting constitutionally protected expression. The ACLU, for instance, argued that it could chill free speech since the document explicitly calls out «anti-Americanism, anti-capitalism and anti-Christianity» as dangers to the United States.
FOREIGN BILLIONAIRES FUNNEL $2.6B TO US ADVOCACY GROUPS TO INFLUENCE POLICY, WATCHDOG REPORT CLAIMS
Former National Security Advisor Michael Flynn looked on before President Donald Trump delivered remarks at the Department of Justice on March 14, 2025, in Washington, D.C. Trump was expected to outline steps his administration would take to address what he described as the «weaponization» of the department. (Andrew Harnik/Getty Images)
Spakovsky, however, argued that the memo simply implements changes that were recommended by career civil servants during the Obama administration.
«When looking at the directive, another important point on FARA is to go back to a very revealing report issued by DOJ’s Inspector General in 2016 in which it criticized DOJ’s lack of enforcement of FARA, including during the Obama administration,» he said. «It recommended that DOJ develop a comprehensive enforcement strategy that was integrated with DOJ’s overall national security efforts … This relatively new directive seems to be an effort to do exactly what the DOJ IG recommended ten years ago – implement a comprehensive national security strategy that integrates FARA as a tool.»
Though FARA is seen by many as the obvious mechanism to address foreign influence, if it is indeed being exerted on American activists, some legal experts are skeptical about relying on it alone.
«FARA is a powerful tool. It’s just a difficult tool to use,» Jason Torchinsky, a partner at the law firm Holtzman Vogel, told Fox News Digital. «It is a powerful tool, but there are other tools they can use too.»
Torchinsky pointed to the recent investigation into Twitch streamer Hasan Piker and Code PINK co-founder Medea Benjamin, initiated by the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control, as an example of this.
TOP GOP SENATOR CALLS OUT CODE PINK, THE PEOPLE’S FORUM ALLEGEDLY PUSHING CCP PROPAGANDA IN US
Rep. Henry Cuellar, D-Texas, was accused of accepting more than $500,000 in bribes from an Azerbaijan-owned energy company and a Mexican bank. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc)
«If these guys literally are shipping things to Cuba in violation of sanctions, that’s pretty easy,» he said. «You don’t have to prove any intent … OFAC sanctions are just such an easy crime to prosecute, because it’s like, you did X, I have evidence you did X, and it was prohibited … it’s a really nice sort of cut and dry criminal case.»
Trying to bring FARA charges into the mix, according to Torchinsky, could lead to unnecessary complications.
Torchinsky, who specializes in government ethics laws, noted that prosecuting violations of FARA often proves problematic as defendants can sometimes credibly claim their actions are protected by the First Amendment. Other options, he said, may be more attractive to prosecutors attempting to address foreign political influence.
Heritage Foundation senior legal fellow Zack Smith, added that prosecutors need to prove that those accused of violating FARA knew they were breaking the law at the time of their conduct, which he called «a very high standard.»
BIDEN DOJ WEAPONIZED FACE ACT AGAINST PRO-LIFE AMERICANS, 882-REPORT ALLEGES
U.S. Acting Attorney General Todd Blanche and former Attorney General Pam Bondi spoke with the media in the Capitol in Washington, D.C., on March 18, 2026. Bondi and Blanche briefed the House Committee on Oversight and Government Reform privately about the Epstein files. (Heather Diehl/Getty Images)
«The IRS has tools that allow them to revoke the nonprofit status of nonprofits that are acting illegally,» Torchinsky continued. «There’s a concept in internal revenue law called the illegality doctrine. The idea is that you can’t set up and operate as a nonprofit, something that’s illegal.»
Nonprofit organizations accused of providing material aid to foreign terrorist organizations, for instance, could be prosecuted by the administration without the Justice Department having to prove that they acted as unregistered foreign agents.
«Criminal statutes like wire fraud, bank fraud, those types of statutes could come into play, particularly if those carrying out these foreign influence operations are receiving cash or payments or some other type of compensation for taking part in these operations,» Smith added.
‘RIOT INC.’: TRUMP LAUNCHES ‘WHOLE-OF-GOVERNMENT’ PUSH TO EXPOSE ANTIFA FUNDING NETWORKS, DARK MONEY SOURCES
President Donald Trump attends an event in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., on May 21, 2026. (Jacquelyn Martin/AP)
Some, however, see FARA as an indispensable tool in fighting foreign influence.
«I look forward to a quiet life outside of politics. With a fire-pit and beehives,» Rep. Anna Paulina Luna, a Republican from Florida, posted to X on Wednesday. «Until then I am going to make it my mission to get the FARA office back up and running. The political divide in this country is a foreign op from multiple countries and it’s sad.»
WHAT TO KNOW ABOUT TUESDAY’S HOUSE HEARING ON FOREIGN INFLUENCE IN AMERICAN NONPROFITS: ‘FOLLOW THE MONEY’
President Donald Trump delivers remarks during a Memorial Day ceremony at Arlington National Cemetery in Arlington, Va., on May 25, 2026. (Kevin Dietsch/Getty Images)
Torchinsky noted that the presidential national security memo laid out some laws other than FARA that the administration could use to target foreign-backed political agitators.
«You can go after these folks, particularly these entities that are engaged in violence,» he said. «They’ve got conspiracy against rights, solicitation of a crime or violence, money laundering, funding terrorist acts or facilitating terrorism, arson offenses, RICO, and fraud against the United States.»
«For example, organizing protests and violence at companies that are in the F-35 supply chain, like Palestinian groups are doing, is potentially a solicitation of acts of violence,» Torchinsky added.
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«Now, I suspect this is the beginning of a larger conversation over FARA, whether it needs to be revised, how it needs to be revised, what this regime will look like going forward to combat foreign influence in the United States,» Smith, the Heritage fellow, said. «But fundamentally, there should be broad agreement that foreign influence, particularly foreign influence directed at influencing our elections, our political discourse, is very problematic. Appropriate action should be taken to combat it.»
The Department of Justice, Treasury Department, and Code PINK did not respond to requests for comment when reached by Fox News Digital.
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INTERNACIONAL
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