EL CALAFATE.- La Justicia Federal de Caleta Olivia dictó el sobreseimiento de Juan Carlos Molina, apoderado de la Fundación Valdocco y actual diputado nacional por el kirchnerismo en Santa Cruz, en la causa que los investigaba por el presunto delito de trata de personas. La denuncia había sido presentada por el gobierno provincial por presuntos hechos que involucraban a la entidad en Cañadón Seco.

La resolución, que también alcanza a Ana Valeria Gómez, determinó que el hecho denunciado “no se cometió”, despejando así las sospechas más graves que pesaban sobre el extitular de la Sedronar y actual diputado nacional.

La génesis del conflicto se remonta a una denuncia conjunta presentada en octubre pasado por las ministras de Desarrollo Social y Educación de Santa Cruz, Luisa Cárdenas (que luego renunció) e Iris Rasgido, quienes habían alertado sobre un “entramado de captación” y traslado irregular de menores —mayormente de comunidades Wichi— desde El Chaco hacia el predio rural “Casa Pibes de la Patagonia”, ubicado en Cañadón Seco, Santa Cruz. Según la acusación original, los jóvenes eran retenidos con fines de explotación institucional y política en un ambiente carente de infraestructura básica.

Sin embargo, tras meses de instrucción, el juez Marcelo Vázquez, subrogante del juzgado de Caleta Olivia, concluyó que la permanencia de los niños en la fundación tiene una finalidad estrictamente asistencial. “No se extraen indicadores de trata de menores con fines de explotación; pues todas las constancias de la causa señalan, de manera unívoca, que aquellos no han sufrido vulneración alguna en sus derechos”, señaló el juez; y argumentó que los traslados se realizaban al amparo de un Acuerdo Marco de Cooperación Mutua entre la Provincia del Chaco, la Provincia de Santa Cruz y la Fundación Valdocco.

El actual diputado nacional Molina celebró la noticia del fallo favorable: “Queda claro que los hechos que denunciaron no existieron, que solo fue una persecución política, y que no hubo ninguna situación de vulneración de derechos”, afirmó a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en las que es muy activo.

“Queremos transmitir a las familias de Santa Cruz y Chaco, que son parte de nuestra comunidad porque son parte de nuestras casas, que no nos quedaremos de brazos cruzados hasta que se restablezcan cada uno de los derechos que el gobierno provincial viene pisoteando”, sostuvo el sacerdote. Insistió en que la denuncia tuvo fines electorales, en tanto que terminó un mensaje y agregó: “Es muy bueno que la verdad empiece a conocerse. Que Dios los perdone”.

El alivio para Molina en el fuero federal no significa el cierre definitivo de sus frentes judiciales. El juez Vázquez se declaró incompetente para seguir entendiendo en las denuncias por defraudación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos. Según el tribunal, al estar involucrados exclusivamente fondos del erario de Santa Cruz y no detectarse afectación de recursos nacionales, la investigación debe continuar en la justicia ordinaria.

Actualmente, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos mantiene bajo la lupa las presuntas irregularidades en el manejo de subsidios para comedores y el pago de haberes docentes. La sospecha de la fiscalía provincial apunta a que la fundación habría “inflado” las nóminas de beneficiarios para obtener transferencias indebidas del estado santacruceño.

La Fundación Valdocco fue creada en Santa Cruz por Molina hace más de 20 años como un centro de recuperación terapéutica y con fines educativos para jóvenes en contexto de riesgo y marginalidad. Comenzó con un fuerte financiamiento estatal y donaciones. A partir de allí fue creciendo hasta fundar sedes en El Calafate, Chaco y hasta en Haití.

A finales de 2024, tras el cambio de color político en Santa Cruz, el gobierno provincial de Claudio Vidal denunció a la fundación por el manejo de fondos y luego, en un cruce de información entre las dos provincias, descubrieron el doble cobro de sueldos simultáneos de personal en ambas jurisdicciones. A finales del año pasado, el gobierno chaqueño suspendió los aportes públicos a la fundación, en el marco de una causa que investiga el pago de salarios a docentes que no prestarían servicios efectivos y otros que percibirían doble remuneración, una en Chaco y otra en Santa Cruz.

La Justicia provincial de Chaco falló a favor de la fundación, pero en la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia revocó el amparo, cuestionando que la Fundación no acreditó ni acompañó con documentación respaldatoria los cargos docentes y detalló que solo aportaron papeles sobre siete maestros y cuestionó que la institución se arrogara la representación de la comunidad wichi.

La respuesta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) a los dichos de Federico Sturzenegger sobre el conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó un nuevo capítulo a la disputa entre el Gobierno y el sector científico, en un contexto atravesado por despidos, cuestionamientos técnicos y medidas gremiales.

La presidenta del organismo, Carla Gulizia, rechazó de manera enfática las afirmaciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y sostuvo que el diagnóstico oficial sobre el funcionamiento del SMN es incorrecto. “Todo lo que dice el ministro se puede replicar punto por punto: son falacias y barbaridades”, afirmó durante su paso por Blender, y consideró que los argumentos difundidos buscan “justificar los despidos” en el organismo. Según planteó, las declaraciones oficiales contribuyen indirectamente a visibilizar “la importancia que tiene la meteorología en la sociedad” y el impacto de las medidas adoptadas.

En ese sentido, Gulizia cuestionó la descripción del sistema de observación meteorológica realizada por Sturzenegger y defendió el carácter técnico y complejo del trabajo que se realiza en el SMN. Explicó que las estaciones —más de 120 en todo el país— operan bajo estándares internacionales definidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y requieren tanto tecnología como intervención humana. “No estamos aislados del mundo, hay regulaciones internacionales y compromisos asumidos”, subrayó.

Además, remarcó que el organismo contaba con un proceso de modernización en marcha antes del cambio de gestión. Según detalló, existía una licitación financiada por el Banco Mundial para incorporar estaciones automáticas y avanzar en una transición gradual que combinara sistemas automatizados con observación humana, en línea con las exigencias internacionales. Ese proceso, indicó, fue interrumpido por el actual gobierno.

“La transición no se hace de un día para el otro”, explicó, y precisó que las normas internacionales requieren un período de superposición entre sistemas —de al menos dos años y hasta cinco en algunos parámetros— para garantizar la continuidad de las series históricas. En esa línea, cuestionó la idea de reemplazar de manera inmediata el trabajo humano por tecnología: “Las estaciones automáticas no sustituyen completamente la observación humana, la complementan”.

La titular del Centro también defendió el nivel tecnológico alcanzado por el SMN en los últimos años. Como ejemplo, mencionó a “Clementina”, la supercomputadora del organismo, que —según indicó— se encuentra entre las más importantes del mundo en su tipo. A su vez, destacó el sistema de alertas tempranas, al que calificó como “un ejemplo en la región” por su eficacia.

El pronunciamiento se suma a la respuesta previa del sindicato ATE-SMN, que había cuestionado los datos difundidos por el ministro y señalado inconsistencias en cifras sobre personal, estaciones y capacidades técnicas del organismo. En ese comunicado, el gremio advirtió que el enfoque oficial “mezcla desinformación y simplificaciones” y alertó sobre el impacto que podrían tener los recortes en un servicio considerado crítico para la seguridad de la población.

El enfrentamiento se da en el marco de una reestructuración impulsada por el Gobierno que incluyó el despido de 140 trabajadores y la posibilidad de nuevas desvinculaciones. La medida derivó en protestas y en la convocatoria a un paro por parte de los empleados del SMN, inicialmente previsto para el viernes y luego reprogramado para el jueves 30 de abril tras advertencias oficiales sobre su legalidad.

Desde el Gobierno, Sturzenegger había defendido la necesidad de modernizar el organismo y reducir costos. En un extenso mensaje en redes sociales, cuestionó la estructura actual del SMN, al señalar que mantiene métodos de recolección de datos “manuales” y una dotación de personal que, a su criterio, podría reducirse significativamente mediante la incorporación de tecnología.

En contraste, desde el Centro Argentino de Meteorólogos insisten en que la discusión no debe plantearse en términos de ajuste, sino de fortalecimiento del sistema. “Modernizar es necesario, pero no implica destruir capacidades ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia”, sentenció Gulizia.

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) es una asociación fundada el 11 de julio de 1969 que reúne a profesionales de la meteorología y disciplinas afines. Su principal objetivo es promover el desarrollo científico y económico de la actividad, además de brindar apoyo a iniciativas de sus socios orientadas a mejorar tanto los aspectos técnicos como científicos del sector.

En ese marco, la entidad impulsa el fortalecimiento institucional de la disciplina en el país y trabaja para la sanción de una ley profesional de meteorología que regule la actividad. A través de sus miembros, el CAM también actúa como referente y asesor de instituciones nacionales e internacionales en temas vinculados al área.

El organismo integra espacios de cooperación internacional como la Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología (FLISMET) y el Foro Internacional de Sociedades de Meteorología (IFMS). Actualmente, su sede funciona en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, en el edificio Cero + Infinito de Ciudad Universitaria, en la ciudad de Buenos Aires.