Sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo de 2026, la Ley de Modernización Laboral (27.802) flexibiliza las contrataciones, extiende el periodo de prueba, modifica las indemnizaciones y regula el derecho a huelga en Argentina. Sus ejes:

• Despidos e indemnizaciones. Se mantiene un sueldo por año de antigüedad, pero la base de cálculo excluye aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales, y se topea en tres salarios promedio del convenio (con un piso del 67%). La indemnización pasa a ser la “única reparación”: cobrarla cierra cualquier reclamo civil posterior, salvo delitos penales. Los convenios podrán reemplazar el sistema por un fondo de cese.
• Fondo de Asistencia Laboral. Desde junio de 2026, cada empleador aporta 1% (grandes empresas) o 2,5% (Pymes) de la masa salarial a una cuenta administrada por entidades privadas, para financiar despidos. A cambio recibe una reducción equivalente de contribuciones patronales.
• Relación de dependencia. Se debilita la presunción de contrato laboral: si hay facturas o pagos bancarizados, no se presume empleo, ni siquiera a efectos previsionales. Los repartidores y choferes de apps quedan definidos como prestadores independientes, fuera de la ley laboral. La solidaridad entre empresas de un mismo grupo solo procede si hubo fraude.

• Jornada y vacaciones. Se habilitan bancos de horas y francos compensatorios pactados por escrito. Las vacaciones pueden otorgarse entre octubre y abril, fraccionadas en tramos de al menos siete días.
• Huelga y sindicatos. Los servicios esenciales deben garantizar 75% de prestación; una lista amplia de actividades “de importancia trascendental” (transporte, bancos, alimentos, hotelería, industria continua) exige 50%. Las asambleas requieren autorización del empleador y no se pagan. Bloqueos y tomas se tipifican como infracciones muy graves, y la reincidencia puede costar la personería gremial. Los aportes convencionales a sindicatos se topean en 2%.
• Convenios colectivos. La ultraactividad se limita a cláusulas normativas y el convenio de ámbito menor (por empresa) prevalece sobre el de actividad.
• Justicia laboral. Los juicios porteños se transfieren a la Ciudad, los jueces quedan obligados a seguir la Corte Suprema, las costas se topean en 25% y las deudas se actualizan por IPC más 3% anual.

• Otros. Blanqueo laboral con condonación de al menos 70% de deudas, contribuciones reducidas para nuevas contrataciones, incentivos a inversiones pymes y quita de impuestos internos a seguros, celulares y automotores. Se derogan, entre otras, las leyes de teletrabajo, viajantes de comercio y estatuto del periodista.

Para profundizar más sobre la reforma laboral, se puede acceder a la colección de Google Pinpoint elaborada por sobre el tema, que además de incluir el texto completo de la ley, incluye información, audios e infografrías de cómo fue el proceso desde que el Gobierno impulsó el proyecto hasta que fue aprobado, análisis de nuestros especialistas, y editoriales.

Durante los últimos años, una serie de investigaciones periodísticas y judiciales comenzó a reconstruir cómo se administraron algunos de los principales negocios comerciales vinculados al fútbol argentino. Contratos internacionales, derechos de televisación, patrocinadores, partidos amistosos, intermediarios privados y movimientos de fondos entre distintos países forman parte de un entramado que hoy es analizado por la Justicia y distintos organismos de control.

La cobertura conocida como AFAgate reúne ese rompecabezas a partir de expedientes judiciales, documentos comerciales, registros societarios, movimientos bancarios y testimonios. El objetivo de la investigación es explicar cómo funcionó el circuito financiero detrás de algunos de los negocios más importantes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino y por qué diversas operaciones despertaron sospechas de posibles irregularidades.

Entre los ejes de la investigación aparecieron los contratos firmados para comercializar los activos internacionales del fútbol argentino, el rol de empresas intermediarias radicadas en el exterior, los mecanismos utilizados para canalizar ingresos provenientes de auspicios, amistosos y derechos comerciales, y el posterior destino de parte de esos fondos.

La documentación también analizó la utilización de sociedades constituidas fuera del país, las transferencias entre distintas jurisdicciones, la compra de bienes de alto valor y la existencia de estructuras societarias que hoy son objeto de investigación para determinar si fueron utilizadas para ocultar beneficiarios finales o dificultar el seguimiento del dinero.

Otro de los aspectos abordados es la relación entre las operaciones comerciales y las distintas causas abiertas en la Argentina. Las investigaciones buscan establecer si existieron posibles maniobras de lavado de activos, evasión tributaria, administración fraudulenta, desvío de fondos u otras figuras penales. A su vez, distintos organismos públicos, denuncias particulares y presentaciones ante entidades deportivas internacionales dieron origen a expedientes que actualmente tramitan en diferentes fueros judiciales.

Se reconstruyó el contexto en el que se desarrollaron estas operaciones, se analizó el crecimiento económico de la AFA durante los últimos años y se presentaron las distintas posiciones alrededor del caso. Mientras los investigadores intentan determinar la legalidad de los movimientos financieros, la conducción de la entidad rechazó una y otra vez las acusaciones y sostiene que todas las contrataciones se realizaron dentro del marco legal y que la institución logró sanear sus cuentas y fortalecer sus ingresos.

Del otro lado posan la lupa sobre cómo funciona el negocio económico que rodea al fútbol argentino y cuáles son las preguntas que todavía buscan respuesta.

Archivos de consulta

Como complemento de esta cobertura, algunas piezas del material, como imágenes, videos, documentos, contratos y registros societarios, están disponibles en una colección de Google Pinpoint. La plataforma, desarrollada por Google como parte de Google Journalist Studio, es una herramienta gratuita de inteligencia artificial pensada para periodistas, investigadores y académicos. Permite explorar grandes volúmenes de información, realizar búsquedas por nombres, fechas, organizaciones o palabras clave y localizar rápidamente datos relevantes dentro de cientos de miles de documentos, facilitando la verificación y el análisis de la evidencia reunida durante la investigación.

El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso y que apunta a modificar reglas históricas en sectores sensibles de la economía.

Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario. También prevé ajustes en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.

Se busca, en líneas generales, reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas.

Pero el texto contiene un título final, el 10, donde hace un pedido sensible. Solicita al Congreso seis meses de facultades delegadas para avanzar con nuevas desregulaciones por decreto.

El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y por estas horas permanece “en revisión”. Según pudo saber , espera la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviado al Congreso.

Son cambios que anticipan debates acalorados. El oficialismo acumula iniciativas ideadas por el equipo de Sturzenegger en el Congreso por falta de avales. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión del Senado. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica; ni la nueva Ley General de Sociedades, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.

Facultades delegadas

El Poder Ejecutivo propone declarar la emergencia administrativa y de competencia por seis meses para quedar habilitado a modificar o derogar normas que, a su criterio, restrinjan la competencia o generen barreras de entrada en distintos mercados. Entre otras cuestiones, podría avanzar sobre regímenes de precios mínimos o máximos, cupos, beneficios sectoriales, monopolios legales y otras regulaciones que el Gobierno considera obsoletas o perjudiciales. A cambio, deberá remitir al Congreso un informe trimestral con las medidas adoptadas.

El objetivo implícito es acelerar la eliminación de regulaciones sin necesidad de impulsar una ley para cada modificación. Se trata de un esquema similar al que el Gobierno buscó durante la sanción de la Ley Bases, aunque en esta oportunidad circunscripto a la agenda de desregulación económica.

Medicamentos, libros y garrafas

Uno de los capítulos más sensibles tiene que ver con los medicamentos. El Gobierno insiste con flexibilizar el régimen de comercialización para permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas. También amplía la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio.

Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica.

Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23, pero quedaron parcialmente suspendidos por medidas cautelares impulsadas por entidades farmacéuticas. Ahora el oficialismo busca darles respaldo legal mediante una ley.

El anteproyecto también deroga el régimen de precio uniforme para los libros. De aprobarse, cada librería podrá fijar libremente el valor de venta de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente. En el Ministerio de Desregulación sostienen que la medida favorecerá la competencia entre comercios y reducirá los precios para los consumidores.

En la misma línea, la iniciativa modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir sobre los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de las garrafas. Su participación quedaría limitada a los controles vinculados con la seguridad técnica.

Cambios en el sistema financiero

El proyecto incorpora además una actualización de los regímenes de prendas y warrants, con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.

Entre las principales novedades, habilita expresamente la utilización de activos virtuales -como criptomonedas- como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales y crea un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país. También digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo.

En el Gobierno consideran que estas modificaciones facilitarán el acceso al financiamiento y reducirán los costos administrativos de las operaciones.

Campos, barcos e inmobiliarias

El paquete también alcanza al sector agropecuario. El anteproyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, que establece plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.

Otro de los capítulos centrales es la navegación y el cabotaje. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que habilitaba una mayor apertura del transporte fluvial a embarcaciones extranjeras.

La propuesta permite que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia en el país. En la Casa Rosada sostienen que la medida reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones.

En paralelo, el proyecto incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que los actuales requisitos constituyen barreras de entrada que restringen la competencia y encarecen las operaciones. Esto permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.

Vino, traductores y cooperativas

El anteproyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dejaría de controlar las distintas etapas del proceso de elaboración para concentrarse exclusivamente en verificar que el producto final sea genuino y apto para el consumo. Además, dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyos recursos y funciones pasarían al INV. La Coviar se encarga, entre otras cosas, de gestionar un plan vitivinícola, promover el enoturismo, mejorar la producción sostenible y posicionar los vinos argentinos en el mundo.

Otra modificación elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Esa exigencia quedaría reservada para los casos que determine la reglamentación.

Por último, el proyecto incorpora cambios tributarios para las cooperativas. Elimina la exención plena del impuesto a las ganancias y establece que si una cooperativa tiene excedentes por más de $500 millones anuales, deberá pagar Ganancias.