POLITICA
Facturas apócrifas: ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una “asociación ilícita fiscal”

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encabezado por Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Esa causa previa había colocado bajo análisis el manejo financiero de la entidad que conduce Tapia y derivó en una serie de medidas judiciales y requerimientos de información sobre los movimientos económicos de la asociación.
En este nuevo escrito la que accedió Infobae de fuentes del caso, ARCA amplió el alcance de la investigación y agregó una hipótesis todavía más grave: la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios mediante facturación falsa.
La ampliación de denuncia, incorporada al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025 y sostiene que la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. Según el documento al que tuvo acceso Infobae, el organismo detectó un patrón de utilización sistemática de proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera y operativa”, que habrían sido utilizados para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía ser determinado.

En la denuncia, ARCA sostiene que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y afirma que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa.
El escrito identifica específicamente a Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los dirigentes más cercanos al titular de la asociación, como parte de la estructura investigada. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La ampliación de denuncia fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.
Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.
La investigación avanzó luego sobre un segundo grupo de compañías detectadas a partir de cruces de facturación electrónica. Allí aparecen Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según ARCA, muchas de esas sociedades integraban la base de contribuyentes “no confiables”.
El organismo sostiene que esas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y emitir comprobantes sin respaldo económico real. La denuncia describe sociedades sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera compatible con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También menciona la detección de estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.

Según la reconstrucción efectuada por ARCA, la maniobra funcionaba a través de varias etapas coordinadas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, esas firmas emitían facturas electrónicas que permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos eran realizados mediante transferencias y, sobre todo, cheques que circulaban a través de múltiples endosos sucesivos.
La denuncia considera que ese último tramo del circuito financiero era central para ocultar el recorrido real del dinero. ARCA sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. Según el organismo, esa modalidad permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
El expediente describe que muchos de los cheques emitidos por la AFA fueron endosados múltiples veces y terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales. Para reconstruir esos movimientos, ARCA solicitó información a distintas entidades financieras y a compañías privadas que habían recibido instrumentos originalmente vinculados a proveedores de la AFA.
En ese contexto, BLD SA informó que cheques emitidos originalmente a favor de Construcciones Far West SRL terminaron siendo utilizados para cancelar operaciones comerciales relacionadas con la compra de hacienda. También aparece mencionado Frigorífico Rioplatense, que declaró haber recibido cheques provenientes de proveedores vinculados a la AFA para cancelar ventas de carne vacuna.
Según ARCA, esos movimientos constituyen una “ruptura de la cadena de pagos” y representan un patrón típico de maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de los fondos. El organismo sostiene que el mecanismo utilizado impidió individualizar a los beneficiarios finales del dinero y permitió desdibujar completamente el origen de las operaciones.
La presentación judicial también describe inconsistencias severas en la actividad declarada por las firmas investigadas. Según el expediente, algunas sociedades emitían facturación por obras o servicios para los cuales no tenían infraestructura mínima ni capacidad operativa. Otras presentaban actividades económicas incompatibles con los montos facturados o directamente no registraban movimientos acordes con las operaciones declaradas.
ARCA concluyó que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”. El escrito sostiene que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos y encubrir a los verdaderos destinatarios de los pagos efectuados por la AFA.

La denuncia incluye además un detalle de los montos atribuidos a cada período fiscal. Entre los registros más elevados aparecen marzo de 2024 con $14.540.664,95; abril de 2024 con $11.930.157,82; mayo de 2024 con $13.396.603,51; junio de 2024 con $17.878.991,20; agosto de 2024 con $19.517.361,40; septiembre de 2024 con $15.612.972,69; octubre de 2024 con $16.268.997,80; noviembre de 2024 con $20.624.491,27; diciembre de 2024 con $17.343.321,94; enero de 2025 con $18.310.185,25; febrero de 2025 con $18.767.960,19 y marzo de 2025 con $19.237.147,44.
Para ARCA, esos montos superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de facturas falsas. El organismo sostiene que la conducta encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime la utilización de comprobantes apócrifos para ocultar operaciones y evadir tributos.
Sin embargo, la ampliación de denuncia incorpora un elemento todavía más delicado para la conducción de la AFA: el pedido formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. Según pudo saber Infobae, el escrito sostiene que la maniobra habría tenido continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
ARCA sostiene que las operaciones investigadas se extendieron durante varios ejercicios fiscales consecutivos y que la utilización de facturación apócrifa no constituyó un hecho aislado sino un mecanismo permanente dentro de la estructura económica analizada. El organismo remarca además que el delito de asociación ilícita fiscal puede configurarse aun cuando algunos de los delitos tributarios proyectados no lleguen a consumarse completamente, siempre que exista una organización estable orientada a cometerlos.
En ese contexto, el organismo encabezado por Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.
POLITICA
El Tribunal del Mar fijó la fecha para definir el fallo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas – Nexofin

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó el 28 de noviembre para notificar su fallo. El juez Maurice Kamga anunció la fecha al concluir las audiencias orales sobre las medidas cautelares solicitadas contra el Reino Unido.
La delegación nacional, encabezada por Mario Oyarzábal, exigió la paralización del emprendimiento energético Sea Lion. La presentación legal pretende congelar las perforaciones en la cuenca marina septentrional y frenar licencias comerciales hasta resolver la controversia.
Tribunal del Mar
Durante el debate técnico en Alemania, el especialista Marcelo Kohen fundamentó la plausibilidad de las objeciones ambientales argentinas. En contraposición, la letrada británica Amy Sander argumentó que el reclamo constituye un intento por discutir soberanía territorial.
El especialista Nico Schrijver alertó sobre los riesgos de derrames derivados de la operatoria de Navitas Petroleum. Por su parte, el representante inglés Guglielmo Verdirame desestimó la existencia de un peligro ambiental grave e inminente.
Finalmente, la comitiva liderada por Sally Langridge solicitó rechazar la solicitud cautelar impulsada por Buenos Aires. La resolución del organismo internacional definirá si las perforaciones pautadas para 2027 quedarán suspendidas temporalmente.
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Neuquén: tras la confirmación de la fecha de elecciones, comenzó el armado político de cara a 2027

La confirmación del calendario electoral en Neuquén puso en marcha el armado de las distintas fuerzas políticas que buscarán disputar el poder provincial en 2027. El gobernador Rolando Figueroa decidió adelantar los comicios al 14 de febrero y, aunque todavía no anunció formalmente su candidatura, en el escenario político neuquino dan prácticamente por descontado que buscará un nuevo mandato.
Del otro lado, La Libertad Avanza comienza a posicionar a la senadora nacional Nadia Márquez como una de sus principales cartas para disputar la gobernación. La dirigente libertaria cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y mantiene un vínculo estrecho con el núcleo de poder del oficialismo nacional.
Una muestra de esa cercanía se produjo semanas atrás, cuando el presidente Javier Milei viajó a Neuquén para participar de la inauguración de un templo evangélico conducido por la legisladora y su padre, Hugo Márquez.
La familia Márquez exhibió su capacidad de convocatoria dentro de la comunidad evangélica local, al reunir a más de mil fieles durante la inauguración del auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey.
El vínculo de la senadora con los hermanos Milei, particularmente con Karina, alimentó incluso las versiones sobre una eventual incorporación de Márquez a una fórmula presidencial para un nuevo mandato del actual jefe de Estado. Sin embargo, en Neuquén su nombre aparece asociado a la construcción de una alternativa libertaria para disputar el poder provincial, en un distrito donde La Libertad Avanza todavía debe consolidar una estructura política capaz de competir con el oficialismo.

En el entorno de Figueroa, en tanto, prevalece la confianza en la continuidad del proyecto provincial. Consideran que la figura del gobernador constituye el principal activo electoral de La Neuquinidad y que su eventual candidatura ordenaría al espacio oficialista de cara a los comicios.
Figueroa llegó al poder en 2023, después de protagonizar una elección histórica que puso fin a seis décadas de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que gobernó la provincia desde 1963.
Durante su gestión, el mandatario consiguió proyectar su figura más allá de las fronteras provinciales, en buena medida apalancado por el crecimiento de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que convirtió a Neuquén en el principal polo energético del país y permitió alcanzar registros récord de producción.
Los dirigentes y simpatizantes de La Neuquinidad, el espacio político que conduce Figueroa, aguardan ahora una definición formal sobre su intención de buscar la reelección. Por el momento, el gobernador mantiene una comunicación pública concentrada en la gestión y los anuncios oficiales, con escasas referencias a la estrategia electoral. Incluso la confirmación de la fecha de los comicios no tuvo repercusión en sus plataformas personales.
La interna del MPN y los sectores que buscan posicionarse
El escenario también abrió interrogantes sobre el futuro del Movimiento Popular Neuquino. En septiembre, las autoridades partidarias anunciaron que, por primera vez en 64 años, la fuerza no presentará candidatos propios para competir por la gobernación en 2027. Su presidente, Gabriel Álamo, incluso manifestó su acompañamiento al proyecto político de Figueroa.
Sin embargo, la decisión abrió un frente de conflicto interno. El ex gobernador Jorge Sobisch confrontó con la conducción partidaria y confirmó su intención de volver a competir por el Ejecutivo provincial, con el objetivo declarado de “recuperar el protagonismo del Movimiento Popular Neuquino”.
El ex mandatario justificó su regreso a la primera línea política en lo que considera un intento de debilitar al histórico partido provincial. También cuestionó la gestión de Figueroa, a la que le atribuyó falta de proyectos e impulso político.
Más espacios buscan disputar la gobernación
El sindicalismo neuquino también anticipó su participación en la contienda electoral a través de Más por Neuquén, el espacio que preside el secretario general de ATE y la CTA, Carlos Quintriqueo.
El dirigente adelantó que buscará presentar candidatos a intendentes y concejales en distintas localidades, además de ampliar la estructura partidaria mediante acuerdos con otros sectores políticos.
Quintriqueo aseguró que cuenta con el acompañamiento de simpatizantes provenientes de distintas fuerzas, entre ellas el MPN, una señal de que el armado sindical pretende trascender su base gremial y ganar volumen territorial.

A ese esquema se suma la diputada nacional Brenda Buchiniz, quien meses atrás anticipó su intención de disputar la gobernación con Cumplir con Neuquén, un espacio que también integra el exdiputado nacional Francisco Sánchez.
La legisladora, cercana a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presentó en septiembre su plataforma de gobierno, denominada “La Gran Transformación”, con la que busca instalar una alternativa política para competir por el Ejecutivo provincial, renovar la representación legislativa y disputar distintas intendencias.
El peronismo, por su parte, todavía no consigue resolver sus diferencias internas ni avanzar en la construcción de una candidatura de consenso. En ese escenario aparece mencionado, aunque todavía sin definiciones públicas sobre una eventual postulación, el ex secretario general de la Presidencia y ex senador nacional Oscar Parrilli.
Con el calendario electoral ya definido, Neuquén comenzó a transitar una etapa de reacomodamiento político. La eventual candidatura de Figueroa, la estrategia de La Libertad Avanza, la fractura interna del MPN y las dificultades del peronismo para encontrar una referencia común configuran un escenario en el que las distintas fuerzas empiezan a medir sus posibilidades y a negociar posiciones de cara a febrero de 2027.
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Condenaron a un agente de la Policía Federal que roció con gas pimienta a una nena de 10 años durante una marcha de jubilados

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue condenado este miércoles a un año y tres meses de prisión en suspenso por rociar con gas pimienta a una nena de 10 años y a su mamá durante una marcha de jubilados frente al Congreso. Además, recibió una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena.
Se trata del oficial principal Cristian Miguel Rivaldi, quien fue hallado culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. La sentencia fue informada por el abogado de la nena, Gregorio Dalbón, a través de sus redes sociales.
El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, en las inmediaciones del Congreso, cuando Carla Mariana Pegoraro y su hija Fabrizia estaban sentadas en la vía pública. Según se probó durante el juicio, ambas estaban de espaldas a los efectivos policiales y no se enfrentaban a las fuerzas de seguridad ni resistían ninguna orden.
Tras el ataque, la nena tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Lucía, especializado en oftalmología, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.
El juicio correccional comenzó y terminó este miércoles, bajo la conducción del juez federal Daniel Rafecas.
Durante su acusación, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que las imágenes del episodio permitían identificar a la nena y que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor del casco, una condición que ampliaba su campo de visión.
Además, señaló que el protocolo de actuación policial establece que los agentes deben utilizar la mínima fuerza necesaria y prestar especial atención cuando hay chicos, embarazadas y adultos mayores involucrados.
El hecho ocurrió durante una de las movilizaciones de jubilados frente al Congreso que estuvieron marcadas por los operativos de seguridad y los enfrentamientos con las fuerzas federales durante el gobierno de Javier Milei.
En ese momento, Patricia Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad y Alejandra Monteoliva, actual titular de esa cartera, se desempeñaba como secretaria de Seguridad.
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