POLITICA
Facturas apócrifas: ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una “asociación ilícita fiscal”
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encabezado por Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Esa causa previa había colocado bajo análisis el manejo financiero de la entidad que conduce Tapia y derivó en una serie de medidas judiciales y requerimientos de información sobre los movimientos económicos de la asociación.
En este nuevo escrito la que accedió Infobae de fuentes del caso, ARCA amplió el alcance de la investigación y agregó una hipótesis todavía más grave: la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios mediante facturación falsa.
La ampliación de denuncia, incorporada al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025 y sostiene que la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. Según el documento al que tuvo acceso Infobae, el organismo detectó un patrón de utilización sistemática de proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera y operativa”, que habrían sido utilizados para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía ser determinado.
En la denuncia, ARCA sostiene que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y afirma que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa.
El escrito identifica específicamente a Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los dirigentes más cercanos al titular de la asociación, como parte de la estructura investigada. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La ampliación de denuncia fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.
Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.
La investigación avanzó luego sobre un segundo grupo de compañías detectadas a partir de cruces de facturación electrónica. Allí aparecen Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según ARCA, muchas de esas sociedades integraban la base de contribuyentes “no confiables”.
El organismo sostiene que esas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y emitir comprobantes sin respaldo económico real. La denuncia describe sociedades sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera compatible con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También menciona la detección de estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.
Según la reconstrucción efectuada por ARCA, la maniobra funcionaba a través de varias etapas coordinadas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, esas firmas emitían facturas electrónicas que permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos eran realizados mediante transferencias y, sobre todo, cheques que circulaban a través de múltiples endosos sucesivos.
La denuncia considera que ese último tramo del circuito financiero era central para ocultar el recorrido real del dinero. ARCA sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. Según el organismo, esa modalidad permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
El expediente describe que muchos de los cheques emitidos por la AFA fueron endosados múltiples veces y terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales. Para reconstruir esos movimientos, ARCA solicitó información a distintas entidades financieras y a compañías privadas que habían recibido instrumentos originalmente vinculados a proveedores de la AFA.
En ese contexto, BLD SA informó que cheques emitidos originalmente a favor de Construcciones Far West SRL terminaron siendo utilizados para cancelar operaciones comerciales relacionadas con la compra de hacienda. También aparece mencionado Frigorífico Rioplatense, que declaró haber recibido cheques provenientes de proveedores vinculados a la AFA para cancelar ventas de carne vacuna.
Según ARCA, esos movimientos constituyen una “ruptura de la cadena de pagos” y representan un patrón típico de maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de los fondos. El organismo sostiene que el mecanismo utilizado impidió individualizar a los beneficiarios finales del dinero y permitió desdibujar completamente el origen de las operaciones.
La presentación judicial también describe inconsistencias severas en la actividad declarada por las firmas investigadas. Según el expediente, algunas sociedades emitían facturación por obras o servicios para los cuales no tenían infraestructura mínima ni capacidad operativa. Otras presentaban actividades económicas incompatibles con los montos facturados o directamente no registraban movimientos acordes con las operaciones declaradas.
ARCA concluyó que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”. El escrito sostiene que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos y encubrir a los verdaderos destinatarios de los pagos efectuados por la AFA.
La denuncia incluye además un detalle de los montos atribuidos a cada período fiscal. Entre los registros más elevados aparecen marzo de 2024 con $14.540.664,95; abril de 2024 con $11.930.157,82; mayo de 2024 con $13.396.603,51; junio de 2024 con $17.878.991,20; agosto de 2024 con $19.517.361,40; septiembre de 2024 con $15.612.972,69; octubre de 2024 con $16.268.997,80; noviembre de 2024 con $20.624.491,27; diciembre de 2024 con $17.343.321,94; enero de 2025 con $18.310.185,25; febrero de 2025 con $18.767.960,19 y marzo de 2025 con $19.237.147,44.
Para ARCA, esos montos superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de facturas falsas. El organismo sostiene que la conducta encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime la utilización de comprobantes apócrifos para ocultar operaciones y evadir tributos.
Sin embargo, la ampliación de denuncia incorpora un elemento todavía más delicado para la conducción de la AFA: el pedido formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. Según pudo saber Infobae, el escrito sostiene que la maniobra habría tenido continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
ARCA sostiene que las operaciones investigadas se extendieron durante varios ejercicios fiscales consecutivos y que la utilización de facturación apócrifa no constituyó un hecho aislado sino un mecanismo permanente dentro de la estructura económica analizada. El organismo remarca además que el delito de asociación ilícita fiscal puede configurarse aun cuando algunos de los delitos tributarios proyectados no lleguen a consumarse completamente, siempre que exista una organización estable orientada a cometerlos.
En ese contexto, el organismo encabezado por Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.
POLITICA
La Justicia investiga si Adorni hizo más compras para su casa del country y analiza chats entre su secretaria y el contratista Tabar
La Justicia puso la lupa sobre las conversaciones entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, la secretaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar si, además de una compra de colchones por más de $8 millones, se adquirieron otros elementos destinados a la casa del funcionario en el country Indio Cuá.
La investigación también avanzará con la citación de Kocsis como testigo y con el peritaje del teléfono celular del contratista.
La nueva línea de investigación surgió luego de que se comprobara que la factura de una compra realizada en junio de 2025 en Rosen The Store, por $8.183.303,25, fue emitida a nombre de Kocsis, que además habría pagado en efectivo.
La operación ya había quedado bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió información sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega y la documentación respaldatoria para establecer quién fue el destinatario final de los bienes.
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Ahora, la fiscalía también examina conversaciones entre Tabar y la secretaria del jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, Kocsis le enviaba fotografías al contratista de distintos productos vinculados con el equipamiento de una vivienda.
Entre los elementos sobre los que intercambiaron mensajes figuran colchones, un lavarropas, un lavavajillas y muebles para la casa. La investigación busca determinar si, además de los productos ya detectados, existieron otras compras relacionadas con el inmueble de Adorni en Indio Cuá.
La operación que ya fue identificada corresponde a la adquisición en Rosen The Store de tres colchones, almohadas, un edredón o cubrecamas y juegos de sábanas, por un total de $8.183.000.
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Las nuevas medidas se suman a una batería de pruebas ordenadas por Pollicita en la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En una resolución de cinco páginas, el fiscal dispuso distintos requerimientos para profundizar varias líneas de investigación patrimonial.
Entre ellas, pidió información sobre eventuales vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo documentación sobre designaciones, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
También solicitó una certificación amplia de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona, con el objetivo de obtener información sobre los hechos investigados, las personas involucradas y eventuales referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni (el padre del jefe de Gabinete) que pudieran tener relación con la pesquisa actual.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
La intención es determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que están bajo análisis en el expediente.
La investigación sobre las compras para la vivienda también se apoya en la declaración de Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la propiedad. A principios de mayo, el empresario declaró ante la Justicia que las obras costaron 245 mil dólares, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
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Según su testimonio ante la fiscalía, durante ese período se realizaron trabajos en distintos sectores de la propiedad de 400 metros cuadrados, incluyendo pisos, tareas en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado íntegramente por Adorni. Precisó que el pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo de 190 mil dólares a lo largo de 2025. El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó detalles sobre las personas que participaron en las obras.
Manuel Adorni
POLITICA
El gobernador de La Rioja impulsa una ley provincial para disputarle a San Juan tierras que se volvieron estratégicas
CÓRDOBA.- Dos meses después de haber puesto en duda la legitimidad de los límites entre La Rioja y San Juan vigentes desde 1968, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto para ratificar el rechazo histórico de esas fronteras y dejar abierta la puerta para nuevas acciones legales para reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina. Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, dijo que no puede una norma provincial alterar los límites.
Aunque el tema es de larga data, se reactualizó por el proyecto de cobre Vicuña, instalado en San Juan, pero que para abastecerse necesita pasar por La Rioja. En abril, la Justicia riojana suspendió por 30 días las operaciones y cerró caminos estratégicos en territorio riojano porque consideró que no se había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja.
Fue entonces cuando Quintela ratificó los cuestionamientos. Ahora, el proyecto de ley busca reafirmar la posición de que el acuerdo limítrofe firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue perjudicial para sus intereses territoriales.
Según el gobierno riojano, significó un “despojo” de áreas que históricamente le pertenecían y que hoy incluyen zonas de enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos.
El decreto-ley 18.004, de diciembre de 1968, fija los límites entre ambas provincias a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. Sin embargo, en 1973, la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado riojana a «impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses» de la provincia en las áreas en disputa.
A la discusión histórica se le suma una económica. En los últimos años, la cordillera sanjuanina se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero de la Argentina con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y, especialmente, el distrito Vicuña.
De hecho, las acciones que podría instrumentar la Fiscalía de Estado son para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en la zona de conflicto.
Orrego, cuando el conflicto se renovó, dio a conocer un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, dijo el gobernador, aunque en rigor se trató de una norma firmada por Onganía y por Guillermo Borda, por entonces ministro del Interior.
Ahora Orrego afirmó: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión”.
En 2021, Quintela había reclamado una participación riojana en las regalías del proyecto Josemaría; años después, cuestionó la pertenencia de zonas emblemáticas como el área de Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos del país.
En el proyecto de ley que impulsa, crea en la órbita legislativa una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tenga carácter permanente. La integrarán siete diputados provinciales, respetando la proporcionalidad política, y tendrá miembros consultivos como historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y especialistas en minería.
La comisión deberá sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar canales de diálogo directos con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación.
comunicado oficial,norma firmada por Onganía,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
El boom de Vaca Muerta pone en jaque a Añelo: la ciudad creció un 142% y la infraestructura no alcanza
La localidad de Añelo, ubicada en la provincia del Neuquén, en la Patagonia argentina enfrenta un fuerte crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, mientras la infraestructura urbana no logra acompañar ese proceso. El aumento de habitantes y la llegada de familias desde otras provincias exigen respuestas de los distintos niveles del Estado y del sector privado para ordenar la expansión de la localidad neuquina.
El intendente de la ciudad, Fernando Vanderette solicitó que las familias no se trasladen a la ciudad sin una oferta laboral confirmada. El jefe comunal sostuvo que la infraestructura actual no alcanza para absorber la llegada constante de nuevos habitantes y advirtió sobre las dificultades para brindar servicios esenciales.
María Delia Porta, investigadora del Estudio de Desarrollo Urbano Territorial del Área de Vaca Muerta del Laboratorio de Ideas Sostenibles, explicó en Infobae en Vivo que el fenómeno responde a un crecimiento demográfico acelerado que supera la capacidad de respuesta de la ciudad.
El crecimiento poblacional presiona sobre los servicios
Porta señaló que Añelo no nació con el desarrollo de Vaca Muerta. Recordó que la localidad existe desde fines del siglo XIX y que el cambio llegó con el auge de la explotación hidrocarburífera iniciado alrededor de 2012.
La investigadora indicó que la ciudad creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022. Además, estimó que recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población supera los 10.000 habitantes.
“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, afirmó.
Porta explicó que ese incremento también expandió la superficie urbana. Según describió, la ciudad avanzó de manera horizontal y aumentó la demanda sobre redes de gas, saneamiento, calles y equipamiento comunitario.
La especialista sostuvo que el crecimiento poblacional avanzó más rápido que las obras necesarias. “La población creció entre censos un 142%. La mancha crece de manera exponencial. No llegamos con la infraestructura”, expresó.
También detalló que Añelo registra un déficit habitacional estimado del 60%, con predominio de problemas vinculados a la calidad de las viviendas antes que a la falta de nuevas construcciones.
La planificación urbana aparece como un eje central
Porta remarcó que la ciudad todavía cuenta con oportunidades para ordenar su desarrollo. Indicó que el 50% de las parcelas permanecen sin construir y consideró que ese espacio permite completar la trama urbana antes de extenderla.
“Tal vez no tiene tanto sentido que la ciudad siga creciendo de forma horizontal, sino que hay muchas oportunidades para su completamiento”, sostuvo.
La investigadora afirmó que esos terrenos podrían albergar viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud y espacios verdes para mejorar la calidad urbana.
También planteó la necesidad de avanzar sobre un plan de ordenamiento territorial. Según explicó, ese instrumento permite definir hacia dónde crecer, qué sectores preservar y dónde localizar nuevas actividades productivas y de servicios. “Empecemos por un plan que ordene el territorio y que genere los acuerdos para entender para dónde y cómo tiene que crecer la ciudad”, afirmó.
Porta agregó que el municipio no puede afrontar ese desafío en soledad. Señaló que la provincia, la Nación y el sector privado deben coordinar políticas para responder a una demanda que involucra a toda la región de Vaca Muerta.
La migración y la calidad de vida forman parte del desafío
La especialista explicó que Añelo integra un sistema regional de ciudades y que parte de los trabajadores elige radicarse en Neuquén capital por su oferta educativa, sanitaria, recreativa y cultural. También destacó que muchas personas llegan a la localidad atraídas por las oportunidades vinculadas a la actividad petrolera, aunque no siempre consiguen empleo en ese sector.
Según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles, más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario. Porta señaló que esa situación genera un desajuste entre la demanda de mano de obra calificada y la oferta laboral disponible.
La investigadora indicó que una parte importante de la población encuentra trabajo en gastronomía, hotelería y otros servicios asociados a la industria hidrocarburífera.
Respecto del mensaje del intendente, sostuvo que resulta razonable frente al contexto actual. “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”, afirmó.
Porta consideró que el desarrollo futuro dependerá de la capacidad para ampliar la infraestructura, mejorar las viviendas y planificar el crecimiento urbano. También destacó la importancia de definir un modelo de ciudad que acompañe la expansión económica sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes.
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