La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encabezado por Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.

La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Esa causa previa había colocado bajo análisis el manejo financiero de la entidad que conduce Tapia y derivó en una serie de medidas judiciales y requerimientos de información sobre los movimientos económicos de la asociación.

En este nuevo escrito la que accedió Infobae de fuentes del caso, ARCA amplió el alcance de la investigación y agregó una hipótesis todavía más grave: la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios mediante facturación falsa.

La ampliación de denuncia, incorporada al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025 y sostiene que la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. Según el documento al que tuvo acceso Infobae, el organismo detectó un patrón de utilización sistemática de proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera y operativa”, que habrían sido utilizados para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía ser determinado.

En la denuncia, ARCA sostiene que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y afirma que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa.

El escrito identifica específicamente a Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los dirigentes más cercanos al titular de la asociación, como parte de la estructura investigada. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La ampliación de denuncia fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.

Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.

La investigación avanzó luego sobre un segundo grupo de compañías detectadas a partir de cruces de facturación electrónica. Allí aparecen Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según ARCA, muchas de esas sociedades integraban la base de contribuyentes “no confiables”.

El organismo sostiene que esas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y emitir comprobantes sin respaldo económico real. La denuncia describe sociedades sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera compatible con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También menciona la detección de estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.

Según la reconstrucción efectuada por ARCA, la maniobra funcionaba a través de varias etapas coordinadas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, esas firmas emitían facturas electrónicas que permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos eran realizados mediante transferencias y, sobre todo, cheques que circulaban a través de múltiples endosos sucesivos.

La denuncia considera que ese último tramo del circuito financiero era central para ocultar el recorrido real del dinero. ARCA sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. Según el organismo, esa modalidad permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.

El expediente describe que muchos de los cheques emitidos por la AFA fueron endosados múltiples veces y terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales. Para reconstruir esos movimientos, ARCA solicitó información a distintas entidades financieras y a compañías privadas que habían recibido instrumentos originalmente vinculados a proveedores de la AFA.

En ese contexto, BLD SA informó que cheques emitidos originalmente a favor de Construcciones Far West SRL terminaron siendo utilizados para cancelar operaciones comerciales relacionadas con la compra de hacienda. También aparece mencionado Frigorífico Rioplatense, que declaró haber recibido cheques provenientes de proveedores vinculados a la AFA para cancelar ventas de carne vacuna.

Según ARCA, esos movimientos constituyen una “ruptura de la cadena de pagos” y representan un patrón típico de maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de los fondos. El organismo sostiene que el mecanismo utilizado impidió individualizar a los beneficiarios finales del dinero y permitió desdibujar completamente el origen de las operaciones.

La presentación judicial también describe inconsistencias severas en la actividad declarada por las firmas investigadas. Según el expediente, algunas sociedades emitían facturación por obras o servicios para los cuales no tenían infraestructura mínima ni capacidad operativa. Otras presentaban actividades económicas incompatibles con los montos facturados o directamente no registraban movimientos acordes con las operaciones declaradas.

ARCA concluyó que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”. El escrito sostiene que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos y encubrir a los verdaderos destinatarios de los pagos efectuados por la AFA.

La denuncia incluye además un detalle de los montos atribuidos a cada período fiscal. Entre los registros más elevados aparecen marzo de 2024 con $14.540.664,95; abril de 2024 con $11.930.157,82; mayo de 2024 con $13.396.603,51; junio de 2024 con $17.878.991,20; agosto de 2024 con $19.517.361,40; septiembre de 2024 con $15.612.972,69; octubre de 2024 con $16.268.997,80; noviembre de 2024 con $20.624.491,27; diciembre de 2024 con $17.343.321,94; enero de 2025 con $18.310.185,25; febrero de 2025 con $18.767.960,19 y marzo de 2025 con $19.237.147,44.

Para ARCA, esos montos superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de facturas falsas. El organismo sostiene que la conducta encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime la utilización de comprobantes apócrifos para ocultar operaciones y evadir tributos.

Sin embargo, la ampliación de denuncia incorpora un elemento todavía más delicado para la conducción de la AFA: el pedido formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. Según pudo saber Infobae, el escrito sostiene que la maniobra habría tenido continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.

ARCA sostiene que las operaciones investigadas se extendieron durante varios ejercicios fiscales consecutivos y que la utilización de facturación apócrifa no constituyó un hecho aislado sino un mecanismo permanente dentro de la estructura económica analizada. El organismo remarca además que el delito de asociación ilícita fiscal puede configurarse aun cuando algunos de los delitos tributarios proyectados no lleguen a consumarse completamente, siempre que exista una organización estable orientada a cometerlos.

En ese contexto, el organismo encabezado por Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.