Lo que menos necesita el Senado, a tres semanas del fin de las sesiones ordinarias, se aceleró: la -para nada discreta- puja entre la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y la secretaria general de la Casa Rosada, Karina Milei, atomizó aún más la agenda legislativa, que intenta mantenerse a flote. Esto ocurre en medio del temor de aliados que optan -sin dudar- por la interlocución de la porteña y esperan, ya hastiados, que la Casa Rosada cumpla con su palabra previo a firmar algunos dictámenes.

“Si la economía no mejora, eso se va a acrecentar. El juego siempre fue así en política, nada nuevo. Ahora, acá, la diferencia entre Patricia y Karina es que si Bullrich se compromete a algo, lo hace. No puedo decir lo mismo de Balcarce 50. Es exasperante”, reconoció a Infobae, con preocupación, un legislador cercano a ambos sectores.

Desde otra oficina pincelaron el panorama con lo ocurrido el miércoles último, cuando se firmó el despacho de la nueva ley de discapacidad. En ese sentido, señalaron a este medio: “Desde el Ejecutivo protegieron a -el titular de Diputados, Martín- Menem para que no perdiera y se le concedió casi todo a la oposición. Y lo disfrazaron de acuerdo. Acá, hasta horas antes del plenario, pedían cambiar el proyecto. Un delirio. ¿Así quieren que confiemos?”.

En paralelo, la hermana presidencial aterrizó en Diputados con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dos senadoras oficialistas. En principio, para dar un seminario de “formación”, entre otras cosas. Se mantuvo debajo del radar y recién, al día siguiente, flotaron pícaras operaciones.

Una de las dos legisladoras fue Nadia Márquez (Neuquén), rechazada todavía por dialoguistas tras querer adueñarse de la presidencia de la comisión de Acuerdos a horas de la muerte de su colega de bancada Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Hubo mensajes y llamados que, en la Cámara alta, prefieren no recordar. Generaron un fuerte desagrado.

El recelo sobre quien apalanca Karina Milei gatilla, incluso, disidencias dentro de la propia bancada en el Senado: de cara al Consejo de la Magistratura, hay oficialistas que miran con mejores ojos a la fueguina María Belén Monte de Oca, con correctas intervenciones en comisiones y recinto.

La Casa Rosada da por sentado que tendrá dos butacas ahí. Dos datos podrían no jugarle a favor: en el recambio de diciembre de 2023, La Libertad Avanza tenía 20 legisladores -el saltarín Luis Juez se sumó en febrero de 2024- y kirchneristas y peronistas, 22. Se pensaba 21, pero aún se encontraba dentro de ese espacio la tucumana Sandra Mendoza.

En tanto, días atrás, el cristinismo sumó al riojano Fernando Rejal para pasar a 22 -Mendoza ahora está en Convicción Federal- y los mileístas hoy son 21. Una batalla entre podólogos de avestruces que, después, dicen “defender” o “respetar” las instituciones. Ni hablar del tema reelecciones en el organismo que confecciona ternas de magistrados.

Con una semana próxima semi frenada en lo parlamentario por la visita papal y el feriado ya decretado por el día del personal legislativo -miércoles 11-, la mochila quedará cargada para las últimos 15 días de sesiones ordinarias. Se piensa en el jueves 19, el miércoles 25 -informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli-, y el jueves 26. La ley de discapacidad sería sancionada, en principio, en el primero de esos convites.

La desconexión de la Casa Rosada con dialoguistas se corrigió algo el viernes, con la aparición del dictamen de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con el 15% de venta de tierras a extranjeros que la oposición le impuso al karinismo y a Menem en Diputados. Lo más importante y para acercar lupa: la ansiedad del Ejecutivo en aprobar sólo los pliegos judiciales que le interesan se convirtió en una semilla que ya germinó y florecen consecuencias. Si no se envían ternas que exigieron bancadas -que suelen acompañar al Gobierno en el recinto-, desaparecerán rúbricas y se frenarán despachos. Justo, en una de las áreas que tiene para celebrar el mileísmo.

El gobierno de Axel Kicillof buscará, en el último tramo del año, aprobar el Presupuesto bonaerense 2027. Un proyecto que incluye también un pedido de deuda nominado en dólares que puede alcanzar un total de 1.000 millones de moneda extranjera, además de otros 500 millones de la misma denominación en emisión de Letras. De aprobarse, será el último presupuesto de la gestión del mandatario provincial. Una ley de leyes que proyecta un gasto total de 58,6 billones de pesos, con una inversión de capital de 4,05 billones. En diálogo con Infobae, el ministro de Economía, Pablo López, define los principales lineamientos y cuestiona a la administración de Javier Milei por el recorte de fondos durante los últimos tres años y la falta de autorización del ministro de Luis Caputo para la toma de créditos con organismos internacionales para financiar obras.

—Este es el último presupuesto de la gestión de Kicillof y usted, frente a legisladores, planteó que se dio en un marco de ajuste. ¿Es el presupuesto desable?

—La preocupación que tenemos es que estamos viendo una economía no solo bonaerense, sino a nivel nacional, a nivel país, que muestra una caída de actividad económica que es realmente preocupante. La información de agosto muestra una caída de actividad económica con relación a diciembre de casi el cuatro por ciento. Elaboramos un presupuesto en ese contexto. El año pasado, cuando elaboramos el presupuesto, presentamos un primer artículo que marcaba que los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, las familias, todo lo que hace a la economía bonaerense, se encuentran en una situación compleja y de emergencia, y eso no ha cambiado.

—¿Qué expectativa tiene sobre el tratamiento legislativo del Presupuesto y la Ley Impositiva?

—Poner una temporalidad es difícil, pero aspiro a que podamos tener un debate fructífero y que podamos contar con las leyes para el año que viene. Son herramientas básicas que necesita la provincia y el Poder Ejecutivo para poder gestionar en un contexto muy complejo.

—¿El Presupuesto 2027 incluye un fondo para recuperar deudas del Gobierno nacional?

—Sí, está incluido también. Creemos que es prudente y consistente con lo que venimos reclamando.

—¿Hubo avances en el reclamo por esos fondos?

—No hemos podido avanzar. El Gobierno nacional no ha avanzado con los fondos que adeuda a la provincia de Buenos Aires.

—¿A cuánto asciende esa deuda?

—Si hacés la cuenta completa, que incluye las deudas directas que tiene con la provincia y las obras interrumpidas, estamos arriba de los 20 billones de pesos. Son fondos que tienen que ver con destinos específicos de inversiones en la provincia de Buenos Aires, y en algún momento el Gobierno nacional tiene que dar cuenta de eso, porque son fondos que le corresponden a la Provincia.

—¿Qué pasó con la demanda ante la Corte Suprema por los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social?

—Tuvimos convocatoria de parte de la Corte Suprema. Tuvimos tres reuniones, pero no se pudo llegar a un consenso.

—¿El Gobierno nacional presentó una propuesta?

—No planteó ningún esquema que pueda dar un cauce a esto. No hizo ninguna propuesta, como la Corte inclusive pidió que hiciera. No hubo avances concretos.

—¿Qué nivel de endeudamiento prevé la ley de financiamiento?

—La ley de financiamiento prevé una autorización de endeudamiento equivalente a USD 1.000 millones.

—¿Para qué se utilizaría esa autorización?

—Con esa autorización, sumada a las fuentes de financiamiento de las que dispone la provincia hoy, al financiamiento mediante letras, al proveniente de organismos multilaterales de crédito y aparte de la autorización remanente de este año, estamos en condiciones de transitar el año que viene y cubrir necesidades.

—¿La autorización contempla la refinanciación de deuda?

—Tiene que ver con cubrir los vencimientos de deuda, tanto de intereses como de capital, y poder completar las inversiones de capital que tiene la provincia.

—¿Habrá un fondo para seguridad destinado a los municipios?

—Proyectamos, asociado a ese endeudamiento de USD 1.000 millones, un fondo destinado a los municipios específicamente para seguridad. Para que los municipios puedan disponer de recursos para atender necesidades vinculadas a la materia.

—¿El fondo depende de la toma de deuda?

—Está vinculado al financiamiento. En la medida en que la provincia se endeude, puede girar recursos a los municipios.

Financiamiento exterior

—¿La provincia obtuvo autorización para nuevos créditos de organismos multilaterales de parte del Gobierno nacional?

—No hemos tenido autorizaciones vinculadas a la posibilidad de tomar nuevos créditos con organismos multilaterales.

—¿Y qué autorizaciones obtuvo la provincia?

—Para el endeudamiento general, en el mercado local con bonos locales, que venimos utilizando este año.

—¿Qué organismos fueron considerados para proyectos específicos?

—Enviamos a Nación diferentes notas para que nos permitan trabajar con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en diferentes proyectos puntuales.

—¿Qué respuesta recibieron?

—No hemos tenido nunca esa autorización para poder hacerlo.

—¿A qué atribuye esa falta de autorización?

—No podría responder eso; habría que preguntarles a ellos. Lo cierto es que en estos tres años no hemos tenido posibilidad de iniciar ningún proyecto nuevo porque no hemos tenido el aval del Gobierno nacional, que es necesario para que los organismos puedan avanzar.

Un 2026 con conflictos salariales

—Ha sido un año complejo en términos económicos que se tradujo en algunas tensiones salariales. ¿Qué balance hace de las negociaciones salariales con los gremios?

—Para nosotros el espacio paritario es importantísimo y lo respetamos. Respetamos siempre las convocatorias para discusión paritaria y el diálogo permanente que tenemos con los gremios para buscar soluciones más allá de las cuestiones puntuales salariales.

—¿Qué lugar tuvo la situación económica de la provincia en esas conversaciones?

—Hemos hecho reuniones específicas para hablar de la situación económica y fiscal de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros fue importante haber podido tener siempre esos espacios.Hemos podido llegar a acuerdos siempre. Tuvieron que ver con asumir compromisos que podamos afrontar y con buscar que el poder adquisitivo siga el andar de los precios de la economía. Poder contribuir y ayudar para que se pueda ir manteniendo el poder adquisitivo.

—¿Cómo evalúa el esfuerzo de los trabajadores provinciales?

—Somos conscientes del esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo enorme para cerrar las paritarias y llevar las mejores propuestas salariales que están a nuestro alcance, en un contexto realmente complejo.

Política económica nacional

—¿Considera que el Gobierno nacional controló la inflación?

—Tenemos niveles de inflación que se han estancado.Este año tuvimos picos de incremento de precios que no son los deseables.

—¿Qué implica que la inflación se mantenga con una actividad económica baja?

—Si se mantiene en un nivel y no logra descender, con un nivel de actividad muy bajo, es una combinación muy compleja.

—¿La economía está en recesión?

—Claramente está entrando en una recesión, ha entrado ya en una recesión. El dato de septiembre seguramente lo confirmará.

—¿Qué indicadores observa la provincia?

—En los indicadores que vamos midiendo se ve eso. Hay destrucción de empleo, hay caída de ingresos y, en ese contexto, una inflación que se mantiene en un nivel que no es el deseable.

—¿Cómo impacta esa combinación?

—Es un combo difícil para la vida de los argentinos en general y de los bonaerenses en nuestro caso.

Impuestos provinciales

—¿Habrá cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos?

—Buscamos no incrementar la presión tributaria a ningún sector de la economía bonaerense y mantener en términos reales el valor de los tributos. En el caso de Ingresos Brutos no hay ningún incremento en ninguna alícuota.

—¿Qué cambios prevé el proyecto para las pequeñas y medianas empresas?

—Estamos actualizando el límite de facturación para aquellos que pueden acceder a las alícuotas reducidas. Las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de acceder a un beneficio si su facturación no llega a un determinado umbral.

—¿Cuál es el objetivo de esa actualización?

—Que quienes tienen el beneficio lo sigan teniendo.

—¿Habrá variaciones en los impuestos patrimoniales?

—No estamos planteando ninguna variación real para nadie. Seguimos con la misma lógica que establecimos para este año: el mantenimiento en términos reales de las cuotas de los impuestos.

—¿Se mantendrán beneficios para quienes paguen de forma anual?

—Va a haber beneficios el año que viene para quienes tengan la posibilidad de pagar anualmente, siempre para los que estén con todos los impuestos al día. Estamos manteniendo la misma tabla con las mismas alícuotas. La idea es seguir con la lógica que iniciamos este año del impuesto mensual, con diez cuotas mensuales.

—¿El Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento están abiertos a modificaciones?

—Es algo que veremos.

Pablo López,provincia de Buenos Aires,Ministerio de Economía bonaerense,gobierno provincial

Con el objetivo de evitar que el paso del tiempo sea una herramienta para garantizar la impunidad de quienes cometen delitos contra la integridad sexual, la senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de estos delitos cuando las víctimas sean menores de edad. La misma iniciativa también se debate en la Cámara de Diputados.

La propuesta alcanza, entre otros, a los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores, material de abuso sexual contra menores, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual.

También amplía los plazos generales de prescripción e incorpora como causal de suspensión que el imputado se encuentre prófugo o haya sido declarado en rebeldía. De esta manera, busca impedir que una persona pueda beneficiarse del tiempo que utiliza para escapar de la Justicia.

Con esta iniciativa, Bullrich plantea una revisión integral del régimen de prescripción penal para evitar que las demoras judiciales, las fugas o el mero transcurso del tiempo terminen favoreciendo a los responsables.

El proyecto también contempla casos como el de Yamila Segovia, que expusieron las limitaciones de la normativa vigente frente a imputados que permanecen prófugos durante años.

El caso de Yamila Segovia: 14 años prófugo y una causa declarada prescripta

Alberto Martín del Valle fue detenido en agosto luego de permanecer 14 años prófugo. Está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, hija de su entonces pareja, de quien era padrastro. Todo ocurrió en 2009 y tuvo como consecuencia el embarazo de la víctima.

El imputado, de 56 años, fue localizado en Florencio Varela después de una investigación y diversas tareas de inteligencia. Tenía un pedido de captura vigente desde 2012 por los abusos denunciados en Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.