Después de aterrizar en la Argentina tras su paso por Nueva York, Javier Milei inició los preparativos para una nueva gira internacional en París para encabezar la segunda edición de la Argentina Week. Acompañado de buena parte de sus ministros, una docena de gobernadores y una partida de empresarios, el Presidente buscará mostrar el respaldo del círculo rojo nacional para ratificar el rumbo de su gestión y atraer a potenciales inversores globales.

El foro en suelo francés, diseñado por la Embajada argentina en París que conduce Ian Sielecki y la Presidencia de la Nación, se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en “la ciudad de las luces”. La partida del mandatario sería el martes por la noche.

Será una nueva aparición del Presidente en la arena internacional luego de su paso por Estados Unidos, donde reforzó la ofensiva diplomática por Malvinas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantuvo encuentros con aliados -como el secretario de Estado Marco Rubio o el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu- y defendió el modelo de su gestión ante empresarios e inversores.

En este caso, Milei viajará con una comitiva mayor que incluirá a la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Según pudo saber este medio, también confirmaron su presencia doce gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz)

Su participación resulta particularmente relevante en un contexto donde la Casa Rosada busca negociar con las provincias los votos para el Presupuesto 2027 y el resto de la agenda legislativa que busca impulsar en los próximos meses. A su vez, es una oportunidad de mostrar ante inversores globales estabilidad política interna en la previa de un año electoral, con las habituales repercusiones sobre los mercados que esto implica.

El Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según confirmaron a TN funcionarios involucrados en el expediente.

La decisión apunta contra la intimación que dictó el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11. El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.

En el Gobierno todavía analizan si pedirán que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que abriría una discusión específica sobre si la intimación continúa produciendo efectos mientras interviene la Cámara. “Estamos estudiando el tema”, explican en despachos oficiales. La decisión sobre ese punto todavía no está tomada.

La posición de fondo de la Casa Rosada es distinta a la del juez. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que así lo informó y acreditó ante la Justicia. Ese argumento será uno de los ejes de la presentación contra la nueva resolución.

La apelación no reabre, sin embargo, la discusión sobre la cautelar original, que ya quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.

La medida fue confirmada posteriormente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno llevó luego el planteo a la Corte Suprema, que el 25 de junio rechazó el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esa manera, la cautelar quedó firme mientras continúa pendiente la resolución sobre el fondo de la causa.

El litigio principal apunta contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero subordinó su ejecución a la definición de las fuentes necesarias para afrontar el gasto. La causa de fondo, en la que las universidades cuestionan la constitucionalidad del decreto 759/2025, todavía no tiene sentencia definitiva. Mientras tanto, la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario está firme y ahora se discute su cumplimiento.

El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

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En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

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Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

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