INTERNACIONAL
‘Furious’, la serie que se atreve a mirar después del abuso con un incómodo relato
En la temporada televisiva de 2026, Furious —la serie de Hulu y Disney+ creada por Elizabeth Meriwether— irrumpe en el panorama del thriller psicológico con una propuesta que desafía las convenciones del género: revela la identidad de la asesina en el primer episodio y apostar, en cambio, por diseccionar las ruinas que el abuso seual a menores deja como huella psicológica. Basada de manera libre en la película Black Widow (1987) de Bob Rafelson, trasciende rápidamente su punto de partida para convertirse en algo más difícil de clasificar y más difícil aún de olvidar.
Al descartar el suspenso procedimental del “quién lo hizo”, Meriwether libera al relato de su obligación más cómoda. La atención se desplaza hacia el “por qué” y, sobre todo, hacia las fisuras institucionales que permiten que hombres acomodados operen con impunidad durante décadas. Catherine (Lola Petticrew), la asesina, y Alice Black (Emmy Rossum), la agente del FBI que la persigue, comparten un origen común: ambas fueron víctimas de abusos severos durante su infancia. Sus vidas adultas son, cada una a su manera, la continuación de esa violencia por otros medios.
La serie postula algo incómodo con una claridad perturbadora: exigir a las sobrevivientes que sean simpáticas, compasivas e inofensivas constituye una extensión del abuso institucional. Catherine dirige su furia hacia afuera, asesinando metódicamente a los hombres que integraron la red que la victimizó. Alice la dirige hacia adentro, castigándose por un pasado del que no es culpable. La diferencia entre la representante de la ley y la asesina serial no radica en su constitución ética, sino en la dirección de su rabia acumulada.
El trauma sin espectáculo
Una de las decisiones creativas más resonantes de la producción es su negativa absoluta a mostrar los abusos del pasado. No hay un solo flashback de las violencias sexuales que moldean a los personajes. Meriwether y Rossum han explicado en varias entrevistas que nada en la serie es gratuito: el horror se narra a través de sus consecuencias, no de su espectáculo.
El peso recae en la actuación y en una puesta en escena que traduce el trauma a lenguaje visual. Alice abraza su propio cuerpo en la soledad de su departamento, pierde el hilo de sus palabras en momentos inesperados, rechaza con pánico un objeto tan mundano como una pera que su hermana le ofrece. Son señales de un sistema nervioso que sigue respondiendo a una amenaza que ya no está presente pero que el cuerpo aún no ha podido archivar. La serie conecta con el principio psiquiátrico de que el trauma no es un evento pasado sino una entidad que reside en el cuerpo y emerge de maneras impredecibles.
Esa misma filosofía organiza la gramática visual del relato. La directora de fotografía utiliza barreras arquitectónicas —marcos de puertas, pilares, divisiones— para representar los muros psicológicos que los personajes construyen. Los planos se amplían cuando la violencia ocurre en defensa propia, generando una distancia que impide el voyeurismo. Los espejos fracturados y los encuadres opresivos traducen visualmente los ataques de pánico y la percepción distorsionada de la protagonista.
La serie no elude las conexiones con el clima cultural de la última década. Las redes de explotación infantil, los millonarios intocables y el silencio cómplice de las instituciones articulan una denuncia que la crítica ha leído en clave del universo que reveló el caso Jeffrey Epstein, aunque la producción evita cualquier referencia explícita a figuras reales.
Furious consiguió renovación para una segunda temporada apenas cuatro días antes de emitir su final, respaldada por un incremento del 40% en visualizaciones semana a semana y un índice de aprobación del 98% en Rotten Tomatoes. El episodio de cierre, Hart Island, deja a Alice en posesión de una lista encriptada de usuarios del material de abuso y habiendo cometido ella misma un asesinato premeditado. La cacería ha terminado; la metamorfosis, apenas comienza.
Lo que la serie deja instalado no es una respuesta sino una incomodidad productiva: la sociedad destina todos sus recursos punitivos a la mujer que responde con violencia a su trauma, mientras los arquitectos originales del abuso continúan operando bajo la protección de los procedimientos que ellos mismos diseñaron.
INTERNACIONAL
El Observatorio Cubano de Conflictos registra presiones a reclusos mediante la negación de medicamentos
Negar medicamentos a reclusos para forzarlos a colaborar con las autoridades o a aceptar el exilio a cambio de su libertad: esa es una de las prácticas que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en Cuba durante octubre.
El hallazgo forma parte de un informe mensual que describe un país atravesado por la inseguridad, los cortes de electricidad y agua, y la represión contra la disidencia.
El OCC registró 85 actos represivos durante octubre, entre los que se destacaron el confinamiento en celdas de castigo, la incomunicación y las presiones gubernamentales para que presos políticos acepten salir de la isla como condición para recuperar su libertad.
La organización relevó además 542 protestas, denuncias y expresiones críticas en el país, encabezadas por tercer mes consecutivo por la inseguridad ciudadana, en un contexto de apagones prolongados y escasez de agua potable que afecta a millones de cubanos.
La inseguridad ciudadana lidera las denuncias por tercer mes consecutivo
El balance de octubre reunió 119 eventos vinculados a la inseguridad, 104 relacionados con los servicios públicos y 88 catalogados como desafíos al Estado policial, de los cuales 24 fueron protestas presenciales.
Matanzas concentró el mayor número de denuncias por inseguridad, con 30 eventos, seguida de La Habana, con 22.
“Los robos, los asaltos, los homicidios y otros hechos violentos reflejan el creciente deterioro de la seguridad de los ciudadanos cubanos”, declaró a Martí Noticias Oscar Casanella, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El especialista precisó que entre los casos registrados figuran muertes por hechos violentos, incluidos feminicidios.
El total de eventos relevados cayó 18.25% respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 663. Sin embargo, el observatorio advirtió que esa baja no implica una mejora en las condiciones de vida de la población.
El informe distingue este registro detallado de un conteo histórico con metodología propia, que se mantuvo casi sin variaciones: 1,143 incidencias en octubre frente a 1,147 en septiembre. Ambas series corresponden a universos distintos y no deben sumarse entre sí.
Apagones y falta de agua provocaron cacerolazos en varias provincias
Casanella explicó a la emisora que los cortes eléctricos, la falta de agua potable y la acumulación de basura golpean de forma simultánea a numerosas comunidades y deterioran la calidad de vida de sus habitantes.
Los apagones derivaron en cacerolazos en Cabañas y en el municipio artemiseño de Mariel los días 9 y 14 de octubre. También hubo manifestaciones en Santa Rita y Jiguaní, y una protesta en La Habana, donde vecinos cerraron la Avenida de Boyeros con contenedores de basura el 30 de octubre.
Según cifras reconocidas por las autoridades y recogidas por el observatorio, unos 2.5 millones de cubanos sufrían interrupciones del suministro de agua durante octubre, de las cuales el 88% se atribuyó a problemas eléctricos.
La única categoría del registro detallado que aumentó respecto a septiembre fue la de alimentación, inflación y agricultura, con 63 eventos, siete más que el mes previo.
Reclusos políticos denuncian aislamiento y presiones para exiliarse
Casanella denunció ante Martí Noticias que la negación de medicamentos y tratamientos médicos a personas encarceladas, incluso cuando sus familiares intentan hacérselos llegar, se utiliza “como mecanismo para doblegarlos”. En el caso de los presos políticos, el investigador sostuvo que estas restricciones forman parte de las presiones para obtener su colaboración o forzar su salida del país.
Entre los casos documentados por el observatorio figura el de Carlos Alain Abrahantes Valdés, enviado a una celda de castigo en la prisión Kilo 7, en Camagüey, donde habría permanecido incomunicado y sin medicamentos básicos.
El reporte también menciona a Saylí Navarro Álvarez, quien afrontaba problemas digestivos sin diagnóstico adecuado en la prisión La Bellotex, en Matanzas. Por separado, recoge las denuncias de Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García sobre presiones para aceptar el exilio como condición para salir de prisión.
La organización aclaró que no en todos los casos es posible establecer que la privación de tratamiento médico responda a una orden política puntual. No obstante, remarcó que el aislamiento, las carencias médicas y las restricciones de visitas agravan la vulnerabilidad de los reclusos y de sus familias.
La crisis eléctrica se agrava en los primeros días de noviembre
El deterioro del sistema energético que documentó el observatorio durante octubre no se detuvo con el cambio de mes. Según datos de la Unión Eléctrica difundidos por CiberCuba, portal de noticias cubano, Cuba inició noviembre con una afectación prevista de 1.965 megavatios (MW) en el horario pico, con apenas 958 MW disponibles frente a una demanda de 2.850 MW.
El cierre del 31 de octubre ya había marcado 2.022 MW de afectación, uno de varios días del mes con impactos superiores a los 2.000 MW. Entre las causas, CiberCuba citó averías en varias unidades termoeléctricas y la salida de servicio de la planta Energas Varadero por falta de lubricante.
El país acumula ocho desconexiones totales del sistema eléctrico nacional en lo que va de 2026, de acuerdo con el mismo portal.
A la crisis energética se suma el peso del encarcelamiento político. Según datos divulgados por Cubalex, organización de derechos humanos, 679 presos políticos permanecen en Cuba, de los cuales 205 residen en La Habana, la provincia con mayor concentración de casos del país.
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El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide (Defensa CD) documentó 137 violaciones a la libertad religiosa en septiembre y denunció que el pastor Alián López Rodríguez ha sufrido citaciones, detenciones, vigilancia y restricciones para asistir a presos en Cabaiguán, Sancti Spíritus.
Según los datos difundidos por la organización, el régimen cubano persiguió, hostigó o detuvo de forma arbitraria a 90 personas por motivos religiosos, entre ellas 35 mujeres y 55 hombres. El reporte ubicó 50 de esos casos en La Habana, 24 en Villa Clara y 16 en Pinar del Río.
El testimonio de Alián, líder de la Iglesia Apostólica y Profética Tabernáculo de la Promesa, describe una sucesión de presiones contra él, su familia y miembros de la congregación que dirige desde 2014 en el municipio de Cabaiguán.
Alián sostuvo que agentes de la Seguridad del Estado lo convocaron mediante llamadas telefónicas bajo el argumento de una entrevista vinculada con asuntos migratorios. Dijo que se negó a asistir sin una citación escrita y que, más tarde, seis motocicletas con agentes fueron a su vivienda para trasladarlo a Sancti Spíritus.
“Me amenazaron de que me iban a meter un delito por desobediencia”, afirmó el pastor en el testimonio recogido por Defensa CD. Según su relato, los agentes le dijeron que las citaciones verbales tenían validez y le advirtieron que podrían iniciar un proceso penal en su contra.
La iglesia realizó una actividad pública y el pastor fue detenido
El religioso relató que su iglesia organizó un ayuno de 40 días y que, al finalizarlo, los feligreses realizaron una marcha y una oración pública en el paseo de Cabaiguán. Durante la actividad llevaron banderas cubanas y blancas, y expresaron peticiones por un cambio en el país, el fin de la corrupción, la violencia y la intimidación.
Alián aseguró que agentes vestidos de civil y funcionarios locales interrumpieron el acto y lo trasladaron a una unidad policial. Según su versión, integrantes de la congregación siguieron el vehículo y exigieron información sobre su paradero.
El pastor afirmó que uno de sus hijos, de 16 años, fue maltratado durante el operativo. “Lo tomaron por los pelos y por las orejas”, denunció al describir el episodio.
Tras su liberación, dijo que volvió a ser detenido y llevado a una dependencia de la Seguridad del Estado en Sancti Spíritus. Allí, según su testimonio, le exigieron que publicara una retractación en Facebook sobre la actividad religiosa. López Rodríguez sostuvo que rechazó esa petición.
“Nos dijeron que si nosotros no íbamos a irnos del país, que nos fuéramos tranquilos, que no querían hacernos daño ni meternos presos”, relató. El pastor respondió que no había cometido delito alguno y que su actividad se limitaba al ejercicio de su fe y a la defensa de personas encarceladas.
Restricciones para asistir a presos y a sus familias
El líder religioso aseguró que la presión en su contra se intensificó por su labor de acompañamiento a reclusos y familiares de presos, incluidos dos presos políticos a los que su iglesia ayuda con recursos propios.
Alián visitó a familiares de Jonathan David Muir Burgos, al activista Guillermo del Sol Pérez durante una huelga de hambre y a otras personas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021. También afirmó que ofreció apoyo emocional, oración y ayuda material a internos y a sus familias.
El pastor dijo que las autoridades le prohibieron acercarse a la prisión provincial Ñico Morejón y que lo amenazaron con encarcelarlo si volvía a permanecer en los alrededores del centro penitenciario. Además, afirmó que, desde la prohibición, solo puede mantener contacto con algunos presos a través de llamadas, cartas o familiares.
Alián aseguró que él y su familia permanecen bajo vigilancia y que agentes de la Seguridad del Estado impulsaron una campaña para desacreditarlo ante vecinos y otros líderes religiosos. Según dijo, personas vinculadas a la Seguridad del Estado lo acusaron de recibir financiamiento de Estados Unidos y de utilizar la iglesia como cobertura.
El pastor también sostuvo que recibió información sobre un supuesto plan para fabricar una causa penal en su contra. “Cualquier cosa que nos pueda pasar como pastores, a mí, a mi familia o a mi hijo, tendrán que asumir la responsabilidad”, afirmó.
El pastor aseguró que continuará al frente de su congregación y mantuvo su denuncia contra el régimen. “Queremos una Cuba libre y una Cuba de paz”, expresó.
Defensa CD advirtió además sobre un presunto patrón en el que agentes del régimen se presentarían como miembros de otros grupos de fe para provocar tensiones entre distintas comunidades religiosas.
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INTERNACIONAL
Battleground Dem touts bipartisan record, but can’t name single issue she’d work with Trump on
A Democratic Senate candidate in Minnesota touted her bipartisan record Sunday but could not name a single issue she would work with President Donald Trump on, instead accusing his administration of «continued grift.»
The exchange came as Lt. Gov. Peggy Flanagan, Minnesota’s Democratic Senate nominee, campaigns against Republican Michele Tafoya in a race Republicans see as a rare opportunity to flip a traditionally blue state. Flanagan’s answer underscored the sharply partisan nature of the Minnesota race, where she has cast Tafoya as a rubber stamp for Trump and pledged to oppose the administration at nearly every turn.
«I just want to be really clear that I’ve got a long track record of working with folks on the other side of the aisle,» Flanagan told Fox News’ Bill Melugin when asked if there were any policies she could see herself working with Trump on. Flanagan pointed to her work at the Children’s Defense Fund–Minnesota and her time in the Minnesota Legislature, where she served alongside a Republican majority and helped pass bipartisan legislation, as evidence of her ability to work across the aisle.
«I think that, you know, that proves that I have the ability to work with folks,» she continued.
PEGGY FLANAGAN DEMANDS EXPANDING THE SUPREME COURT AND ABOLIHING ICE
Flanagan’s bipartisan pitch comes against the backdrop of a campaign built around opposing Trump’s agenda. She has called for dismantling ICE, passing Medicare for All, and reversing the administration’s Medicaid and SNAP cuts, while accusing Trump of using the presidency to enrich himself.
«Right now, I’m deeply concerned about the Trump administration, the continued grift, making money hand over fist directly from the Oval Office,» she continued in her response to Melugin on whether she would work with Trump on anything.
The Democratic Senate candidate went on to tell Melugin that what she has been «hearing» on the campaign trail is that voters want someone who will be a «check» on Trump, not his ally.
«They’re interested in whether people are going to be a check on this guy, and roll back some of the devastating cuts and impacts on Minnesota,» Flanagan concluded in her answer about working with Trump. «That’s the place I’m going to start.»
Flanagan is facing Republican Michele Tafoya, a former NFL sideline reporter who has turned the race into a referendum on the massive fraud scandal that unfolded under the Walz administration. Tafoya has argued that Flanagan, who served as Walz’s No. 2 as lieutenant governor, should share responsibility for the scandal, while also tying her opponent to progressive positions, including Medicare for All and dismantling ICE.
MN SENATE CANDIDATE RIPPED FOR BLAMING WALZ FOR FRAUD DESPITE BEING HIS #2: ‘KNOWS SHE’S COOKED’
The race has become unexpectedly competitive after Tafoya narrowed the gap in Minnesota, prompting to shift its rating from «Likely Democrat» to «Lean Democrat.»
«The more that Minnesotans learn about me and my opponent and see what my opponent has failed to do over the last eight years alongside [Democratic Gov.] Tim Walz, they’re understanding Minnesota needs change. We need fresh ideas, we need an independent thinker and they’re jumping on board,» Tafoya said in a Digital interview.
Flanagan has repeatedly tied Tafoya to Trump, whose approval ratings are well underwater in Minnesota.
«Michele Tafoya is all in for Donald Trump — and he’s all in for her,» Flanagan said last month in a social media post.
But Tafoya appears to be putting some daylight between herself and Trump, as she highlights her support for abortion rights.
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«I’m a pro-choice Republican not afraid to stand up to my party,» Tafoya says in a new campaign commercial. «When Trump is right, I will work with him. When he is wrong, I will stand up for Minnesota.»
While the ad drew opposition from some Republicans, including Mercedes Schlapp, a senior fellow at the Conservative Political Action Conference, Trump subsequently signaled support for Tafoya at an Ohio rally he headlined.
«You have to vote for Michele Tafoya, who’s a very respected person,» the president said.
Digital’s Paul Steinhauser contributed to this report.
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