El sagaz Pancho Aricó solía decir, con cierta melancolía: “Llegamos al poder con la expectativa de que lo vamos a cambiar, pero después es el poder el que nos cambia a nosotros”. Javier Milei podría suscribir esa afirmación. Su ascenso en la vida pública y, en especial, la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, se desplegó al amparo de una consigna: terminar con la casta. Sin embargo, al cabo de un poco más de dos años de ejercicio del gobierno, ya se ha configurado una casta de Milei.

Es decir, una colección de políticos enriquecidos, empresarios prebendarios, influencers favorecidos y jueces adherentes, que respira al calor del poder libertario. Sólo queda afuera de ese club el 5% del periodismo, al que el Presidente rescata del resto por su decencia. Nada que sorprenda. La Libertad Avanza se ha convertido en oficialismo, metamorfosis que se proyecta sobre la percepción de la vida material.

Según el último estudio de Hugo Haime, 42% de los consultados imputa los problemas económicos al equipo de Milei, 33% se lo sigue atribuyendo al kirchnerismo, y 22% a ambos por igual. Por algo los italianos inventaron la expresión “piove, ¡governo ladro!”. Hasta la lluvia es culpa del que manda.

La encarnación más expresiva de esta transformación es la peripecia de Manuel Adorni. Habituado a levantar el dedo impugnando al poder establecido en cualquiera de sus formas, hoy todo el mundo estará mirando si es capaz de justificar su expansión patrimonial con una contabilidad aceptable. El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron la inscripción en un régimen impositivo especial para simplificar la información que deben exhibir. Ese régimen, cuya protección reclamaron a última hora, lleva la denominación irónica de “inocencia fiscal” y exime a sus beneficiarios de tener que dar precisiones sobre su patrimonio inicial ni final.

El caso Adorni está sirviendo de excusa para que muchos observadores adviertan por primera vez algunos rasgos insólitos de esa legislación aprobada en el último diciembre. Entre otros, estar redactada a medida de casos como el del jefe de Gabinete. Sin ir más lejos, Martín Lousteau especuló anteayer, en una entrevista en la plataforma Cenital, que Adorni la usaría para salir del brete. Dos horas después Adorni le daba la razón.

Más allá de esos pormenores, lo que hay que tener en cuenta es que hoy, cuando la pareja presente sus números, lo que estará en cuestión no es si las cuentas están bien o mal hechas. Adorni ha realizado exhibiciones olímpicas de torpeza, pero hay que suponer que no se dejará traicionar por las matemáticas. Por lo tanto, hoy no será relevante saber si esa contabilidad es correcta. Habrá que ver si es creíble. En otras palabras: lo que se sabrá hoy es qué nivel de aprecio o menosprecio tiene el Gobierno por la inteligencia de los argentinos.

Otra cuestión a resolver es si la declaración jurada que, como es probable, será admitida por la DGI, servirá como argumento para que el juez Ariel Lijo exima al jefe de Gabinete de un procesamiento. Porque, al ser Adorni funcionario público, está obligado a una justificación más estricta de los bienes adquiridos desde que ingresó al Gobierno. Y, sobre todo, a demostrar el origen de los fondos con que los adquirió. Lijo conoce como nadie estos problemas. Sabio el “Mago” Caputo, que no tiene esas pesadillas. Decide operaciones multimillonarias pero nunca quiso que lo nombren en la planta del Estado. Cuánto que aprender.

Queda por despejar otra incógnita, radicada en la Justicia. Qué uso dieron los Adorni a la custodia policial que tienen asignada. ¿Le hicieron prestar servicios domésticos? Es una pregunta típica cuando se refiere a ejemplares de la casta. Hace juego con otra: ¿cómo pagó el funcionario público aquel vuelo en jet privado? Si hubo o no un delito a raíz de los trabajos requeridos a los vigilantes de Adorni es un interrogante que debe resolver la jueza Eugenia Capuchetti. No hay por qué dudar de la independencia de la magistrada.

Más allá de que intenten presionarla allegados que militan en distintas facciones del oficialismo. Por un lado, Silvia Majdalani, amiga de Daniel Angelici, socio de Darío Wasserman, el presidente del Banco Nación y esposo de la ascendente Pilar Ramírez, la legisladora a quien Karina Milei está evaluando como candidata a jefa de Gobierno porteño. La señorita Milei es la principal protectora de Adorni, a pesar de las versiones que aseguran que está pensando en su reemplazo. Del otro lado pesa la amistad de Capuchetti con el diputado Cristian Ritondo, aliado y beneficiario, en su calidad de próspero desarrollador de Pinamar, de Santiago Caputo, “Mago del Kremlin”, hermano postizo del Presidente y principal adversario de su hermana. Una lucha fratricida en el antiguo “Triángulo de Hierro”, que se traslada a los tribunales con tironeos sobre los jueces.

Esta proyección sobre la Justicia hace que muchos funcionarios esperen con ansiedad el resultado del viaje que harán juntos a París el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez Lijo. Mahiques es funcionario por decisión de Karina Milei. Lijo está próximo al “Mago” y controla dos expedientes que mortifican a la secretaria general: Adorni y Andis. Sobre este segundo caso, el de los negociados con servicios para personas con discapacidad, las sospechas son ecuménicas. Diego Spagnuolo habló de coimas que cobrarían Karina Milei y los primos Menem. Pero después aparecieron los Calvete, Miguel Angel, su hija Ornella, y su yerno Javier Cardini, próximo a Santiago y a Francisco Caputo. Ornella Calvete y Javier Cardini revistaban en Economía a las órdenes de Luis “Toto” Caputo. No se salva nadie.

¿Mahiques conseguirá, a la orilla del Sena, una tregua con Lijo? ¿O sólo pactará su propia situación? Él y Lijo quieren ser procuradores, es decir, jefes de los fiscales. Si se produce un armisticio, no está claro si será dentro de la interna del gabinete o dentro de la corporación Comodoro Py.

Hasta ahora no hay señales de concordia. En especial desde que estalló el escándalo de Facundo Leal en territorio que domina el joven Caputo. Leal fue directivo de Arsat, la empresa de tendido de fibra óptica del Estado, y del Orsna, el ente que regula los aeropuertos. Al investigar materiales robados de Arsat en un depósito perteneciente a Diego Padilla, de la empresa Argentina Logistics Services, la Justicia llegó a un departamento y una casa de Leal. Uno de los interrogantes que se formulan en el tribunal del juez de San Isidro, Lino Mirabelli, es quién relacionó a Leal con Padilla.

Los hallazgos en esos domicilios del exfuncionario fueron escandalosos. Más de dos millones de dólares en efectivo, drogas de distinto tipo, una balanza para pesar esas drogas y un equipo de tecnología para el espionaje. La sofisticación de esos dispositivos electrónicos llamó la atención. ¿Los puede comprar un particular o sólo se venden al Estado? ¿Si es así, cómo se adquirieron? Estas preguntas refuerzan la hipótesis de que Leal trabajaba para la SIDE, que está también en la órbita de Santiago Caputo.

Más allá de estas responsabilidades, hay una legión en estado de pánico en estas horas. La componen aquellos que, en algún momento de los últimos años, mantuvieron alguna reunión más o menos reservada con Leal. La tecnología que él atesoraba en su departamento de Palermo indica que no sólo tomaba recaudos para aislarse de eventuales interferencias en sus conversaciones. También le gustaba grabar y hasta filmar a sus interlocutores. ¿Dónde estarán esos registros? ¿Qué hará con ellos la Justicia? Leal se ha vuelto radiactivo.

Esta vinculación del exfuncionario con las actividades de Inteligencia tal vez arroje una luz retrospectiva sobre el misterioso viaje de Laura Belén Arrieta en el avión del empresario Leonardo Scatturice. Se trata de aquel vuelo que no fue inspeccionado por la Aduana. ¿Arrieta traía aparatos ligados al espionaje? La pregunta es pertinente porque Scatturice está muy próximo a la SIDE: su empresa Global Tactic fue contratada en tiempos de Sergio Neiffert. Tal vez sea sólo una fantasía y Arrieta sólo traía, como afirman sus amigos, ropa comprada en los Estados Unidos. Más de diez valijas de ropa. Dichosa ella.

Aun así, sigue siendo un misterio quién dio la orden telefónica a la agente de Aduana que cedió el paso a Arrieta sin revisar el equipaje. ¿Fue Leal? El juez Pablo Yadarola todavía no pudo identificar a esa persona. Alega problemas tecnológicos. Tal vez los resuelva Mirabelli, mirando el teléfono de Leal. Aunque hay un camino más sencillo para Yadarola: citar a la funcionaria de la Aduana y pedirle que diga, bajo juramento, con quién habló por teléfono en aquella oportunidad. “Cómo no se nos ocurrió”.

Yadarola es íntimo amigo del dirigente radical y vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, cercanísimo a Scatturice y, por lo tanto, al “Mago” Caputo. Pero Yadarola es también íntimo amigo del ministro Mahiques, protegido de Karina Milei. Otro juez tupacamarizado por la interna libertaria.

La tormentosa aparición de Leal, ex titular del Orsna, llegó en un momento muy inoportuno: cuando Aeropuertos Argentina, de Eduardo Eurnekian, entraba en la fase final de discusión de una prórroga del contrato de concesión. El argumento de la compañía es que la ecuación económica prevista en ese convenio no se cumplió, ocasionándole un perjuicio. Esa tesis fue formulada por primera vez en la pandemia, cuando se extendió el plazo del contrato hasta 2038. Como la fórmula seguiría sin alcanzar el equilibrio, Aeropuertos Argentina reclama una nueva prolongación de la concesión hasta más allá de 2060.

El primer inconveniente de esta negociación es que buena parte de la documentación en la que se sostiene lleva la firma de Leal. Es un detalle. Los ejecutivos del Orsna arguyen que la cuestión pasó ya por cinco presidentes de la entidad. La segunda dificultad es que, tal como afirman algunos funcionarios del Gobierno, María Ibarzábal, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, tiene varios reparos para acordar lo que pretende la compañía de Eurnekian. Al parecer, la rigurosa Ibarzábal no acepta esta coartada: “Aprovechemos el Mundial, que nadie se da cuenta”. Llegó el Mundial y las tratativas siguen sin resolverse. Y, encima, el escándalo de Leal.

La cautela de Ibarzábal es razonable. Se trata de conceder la explotación de los aeropuertos por varias décadas más, sin que medie licitación, al empresario que fue empleador del Presidente. Para un gobierno que sostiene que entre una jueza y su cuñado periodista media un conflicto de intereses, es un problema de primera magnitud.

Ibarzábal pertenece a las filas más estrechas del “Mago” Caputo. Pero Noelia Ruiz, también. Se autodenomina “la killer de Santi”. Es la presidenta del Orsna, y estaría dispuesta a acelerar la firma del convenio. En la empresa de Eurnekian son, sin embargo, escépticos. Dejan trascender que hay todavía mucho por discutir.

Ruiz debe administrar hoy una ciénaga, herencia del problemático Leal. Sin ir más lejos, el lunes desvinculó nada menos que al gerente de Administración de su organismo, Juan Antonio Álvarez. Este funcionario había sido antes gerente de Compras y Contrataciones de Arsat. Siempre leal a Leal. Hasta que encontró a “la killer”.

Es interesante advertir la circulación de estos funcionarios por distintas áreas del organigrama oficial. Como si prestaran servicios específicos a requerimientos de sus jefes. Vaya a saber cuáles eran. Porque Leal tuvo una enorme influencia en toda el área de Transportes. Se había constituido en la sombra del secretario Raúl Pierrini. Mendocino como Leal, es el vicepresidente de Independiente Rivadavia, que preside Daniel Vila, el socio de José Luis Manzano. Sin embargo, Pierrini llegó al área de Transportes de la mano de Juan Pazo, socio del ministro Luis “Toto” Caputo, ex secretario de Coordinación de Economía y extitular de ARCA. Pazo fue superintendente de Seguros de Mauricio Macri. Y Pierrini es el titular de la aseguradora Triunfo. En la actividad privada, Caputo y Pazo colocaban bonos en la cartera de Triunfo. Pazo, además, administra el fondo ganadero Invernea, que entre otras operaciones de marketing auspicia a Nicanor Santilli, hijo del ministro del Interior y entusiasta corredor automovilístico. Caputo y sus amigos son viejos conocidos de la familia Santilli. Paseo Gigena. Sin embargo, Pierrini no se alejó del Gobierno por ninguna de estas relaciones. Lo echaron junto a Leal cuando descubrieron que ambos habían viajado a Ibiza en un avión atribuido al controvertido Pablo Toviggino.

Desde Transportes, Pierrini controló algunas contrataciones que beneficiaron a Scatturice. En una de ellas se adjudicó el negocio de la extensión de fibra óptica y la instalación de cámaras de seguridad en estaciones ferroviarias. Cuando comenzó a organizarse esta concesión Scatturice negaba querer participar. Pero, de pronto, todo cambió. Un par de empresarios que querían competir habrían recibido del “Mago” Caputo esta indicación: “Esto lo maneja Leo, desde Miami”. “Habrá que viajar a Miami”, reflexionaron esos inversores. Así lo hicieron. Todo resuelto.

Hay que reconocer que Scatturice “se lleva la marca” de una fila larguísima de empresarios. Se van a conocer sus identidades el día que se sepa quienes son los aportantes de la Fundación Faro. Un órgano recaudatorio que controla el “Mago” con su hermano Francisco y que, como informó Hugo Alconada Mon, recaudó sólo en 2024 alrededor de 5000 millones de pesos. Sale carísima la batalla cultural. Hay que elogiar el espíritu republicano del gobierno de Milei, porque la información se conoce, en realidad se ignora, por una auditoría de la Inspección General de Justicia, que depende del ministro Mahiques y, por lo tanto, de Karina Milei. ¿O este nuevo escándalo también “es la historia de Caín, que sigue matando a Abel”? El “Mago” debe estar intrigado. De pronto su terreno se convirtió en un campo minado. ¿Habrá otro “Mago”?

La casta de Milei prospera en el área de ferrocarriles. El 30 de abril pasado, Augusto Marini, dueño de la empresa Motora, se quedó con un contrato de provisión de repuestos para locomotoras. No hubo licitación gracias a una providencial declaración de emergencia ferroviaria. Marini es el titular del canal de streaming Blender, de orientación peronista, y de Carajo, la plataforma libertaria. En esta última es socio de Daniel Parisini, el famoso Gordo Dan. Marini tiene una relación estrechísima con la familia Rovira, que reina en Misiones. Quedó de manifiesto hace un par de veranos, cuando el socio de Parisini organizó una mega fiesta en Punta del Este. La entrada estaba decorada por una Ferrari y un Porsche, ambos colorados. Y en el interior se había previsto espacio para un VIP en el que, escondido detrás de un bosque de botellas de Dom Perignon, asomaba Carlos Rovira, el exgobernador misionero. Parecía el dueño de casa.

Sería un error suponer que Marini tiene adscripciones facciosas. Así como, a lo Groucho Marx, puede tener plataformas de streaming de distinto color, obtiene concesiones de distinta procedencia. Pasado mañana la Ciudad de Buenos Aires le estaría por adjudicar una señal de TV en un concurso destinado a recibir cuestionamientos por la falta de antecedentes en comparación con algunos competidores. Nada que demore a Jorge Macri quien, en el afán por competir con Milei, o por ofrecerse a Milei, quiere mostrar una privatización mientras la TV Pública y Radio Nacional aun siguen siendo del Estado.

El área de Transportes, donde hacen sus negocios Marini y Scatturice, es manejada por Santiago Caputo con la misma lógica que el área de Telecomunicaciones, que contiene a Arsat. El “Mago” adoptó llave en mano a las logias que habían trabajado para Sergio Massa. Las incorporó con las mismas virtudes y, sobre todo, con los mismos vicios. En el manejo de los trenes dejó por un tiempo a Adrián Luque, que había sido responsable del área jurídica de la empresa. Luque estaba subordinado al opulento Fabián Carballo, un empresario que explota “saladitas”, es decir, ferias que se extienden en terrenos ferroviarios, a ambos márgenes de las vías que atraviesan el conurbano. Carballo, y sobre todo su helicóptero, estuvieron cerca de Massa. Pero él también contribuyó a formar las listas de La Libertad Avanza en José C. Paz. Llegó a la tienda libertaria gracias a Carlos Romo, quien fue uno de sus socios. Es el padre de Agustín Romo, presidente del bloque libertario de diputados de la Legislatura bonaerense, hasta que lo reemplazó Karina Milei. Romo, influencer ferroviario, es uno de los tuiteros del “Mago” Caputo. Igual que Gordo Dan, el socio de Marini. Tenía razón Aricó. Hasta las Fuerzas del Cielo se hicieron casta.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó esta noche en diálogo con LN+ que presentó su declaración jurada. En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque antes, la forma de escapar de la vieja política, era ahorrar en negro», sostuvo.

“La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, explicó Adorni.

El jefe de ministros agregó: “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

Sin embargo, en marzo, Adorni había dicho que tenía todo declarado. “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”, afirmó en una conferencia de prensa.

En medio de la denuncia en su contra y de la demora en presentar su declaración para explicar su crecimiento patrimonial, algo que exigió la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el funcionario se adhirió hoy al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal, algo que podría simplificarle problemas tributarios pero no lo exime de dar una rendición de cuentas ante la Justicia.

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