La Secretaría de Transporte, que conduce Mariano Plencovich, se reunirá este jueves a las 11 con las cámaras de transporte de jurisdicción nacional, en la continuidad de una serie de encuentros que vienen llevándose a cabo cada 15 días para discutir cuestiones del sector como subsidios y tarifas, según pudo saber de fuentes oficiales.

En la antesala de esa cita, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes de colectivos, envió una carta el martes último a ese organismo para solicitar un aumento salarial en el sector, lo que podría complejizar la negociación en ese ámbito.

La reunión estaba planificada hace 15 días, dado que desde abril último la Secretaría de Transporte viene manteniendo encuentros con las cámaras empresarias para discutir temas de la actividad como la “reestructuración del sistema, el aumento del gasoil y las deudas con el sector”, entre otros puntos. La última cita había sido el 27 de mayo.

Se trata de “mesas de trabajo” impulsadas por el organismo para definir “mano a mano” las distintas cuestiones plasmadas en el menú.

En el medio, la UTA, el gremio que conduce Roberto Fernández, envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para pedir que la Secretaría de Transporte intercediera ante las cámaras por el reclamo de un aumento salarial, dado que los empresarios “se niegan”, según denuncia el sindicato.

Aunque el órgano natural de negociación para el gremio es la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, los empresarios se inclinan por resolver el planteo ante la Secretaría de Transporte, de modo tal de destrabar así el resto de los puntos.

“Se tratará el tema para encontrarle la solución lo antes posible”, indicaron fuentes oficiales ante la consulta de . De no alcanzarse un acuerdo, la situación podría derivar en un nuevo paro de la UTA.

Las medidas con los subsidios

Tras la última reunión, la Secretaría de Transporte aprobó un nuevo procedimiento para la distribución de compensaciones tarifarias destinadas a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esa medida, publicada en el Boletín Oficial el 29 de mayo, estableció un mecanismo de subsidios “enfocado en la demanda e incorpora indicadores asociados a la calidad, regularidad y consistencia operativa de los servicios, contemplando variables vinculadas al cumplimiento de frecuencias, kilómetros recorridos, antigüedad de flota, modalidades de cobro y parámetros operativos de las líneas”.

El Gobierno buscó así promover que “las empresas que mantengan niveles adecuados de operación y prestación puedan acceder a la compensación correspondiente, fortaleciendo un modelo que prioriza el cumplimiento efectivo del servicio y la mejora continua del sistema”.

El conflicto se remonta a abril, cuando ante la falta de respuesta oficial a un pedido de mayores subsidios o aumentos de tarifas, los colectivos del AMBA redujeron la frecuencia del servicios, una decisión que derivó en complejidades de todo tipo para los trabajadores que se trasladan en colectivo por el conurbano y que vieron frustrada la posibilidad de llegar a tiempo a sus responsabilidades.

Tras la primera negociación, las partes acordaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales, lo que elevará el boleto mínimo del colectivo -esto es, hasta 3 kilómetros- a $742,84 a mediados de julio.

A eso se sumó la reciente decisión del Gobierno de derogar el fondo de compensaciones económicas destinado a las empresas de transporte automotor de pasajeros que cubren el costo de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer, por lo que el derecho a la gratuidad para esos grupos deberá ser garantizado por las compañías.

Clima caldeado

Fuentes sindicales señalaron ante que hay un “clima de guerra” en la UTA ante la “rebeldía de los empresarios a hacer los aportes” necesarios para cubrir las demandas salariales.

En lo político, la UTA se mueve aislada de la CGT y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a gremios del transporte terrestre, marítimo, aéreo y portuario.

Mientras intenta salir del agujero en el que se metió con el caso de Manuel Adorni y despejar el clima de internas que atraviesa al Gabinete, el Gobierno logró este miércoles aplacar la disputa con las universidades por el ajuste presupuestario, un frente de conflicto que se abrió hace más de dos años y que le provocó un costo político excesivamente alto a Javier Milei.

El acuerdo que firmó la cartera de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, con los rectores y representantes gremiales de las casas de estudios trajo cierto alivio en la Casa Rosada. Por un lado, Milei ensayó un giro pragmático: dejó de lado su discurso intransigente en materia fiscal y abrió la billetera para descomprimir la presión callejera en un momento complicado de su gestión.

Semanas atrás, se habían reactivado las protestas, con medidas de fuerza de docentes y toma de colegios en reclamo de mejoras salariales y en rechazo del ajuste. Y en el Gabinete temían una escalada de la conflictividad social por el accionar de los sindicatos más radicalizados del sector. Son momentos en que Milei lidia con un creciente malhumor social, según indican la mayoría de las encuestas, por la pérdida del poder adquisitivo y el lento repunte de la economía. En ese contexto, la tregua con las universidades se había convertido en una necesidad imperiosa.

A su vez, los colaboradores del Presidente esperan que el convenio firmado con los rectores y sindicatos les permita ganar tiempo y evitar un eventual revés judicial en la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si deja firme o no la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas, prevista en la ley de financiamiento universitario.

Desde los tribunales le habían mandado señales al Gobierno de que los jueces del máximo tribunal aguardaban que emergiera una solución política para el conflicto universitario. Por esa razón, los funcionarios oficiales olfateaban que la Corte no estaba dispuesta a zanjar el tema y, peor aún, se disponía a fallar en contra de los intereses del Ejecutivo si no existía una solución acordada.

“Lo de la Corte puede ser eterno, pero necesitábamos cerrar la etapa del conflicto en las calles y garantizar que haya clases”, señalan fuentes al tanto de las negociaciones que llevó adelante el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, un funcionario que orbita cerca de la tropa de tuiteros de Santiago Caputo. Álvarez fue el interlocutor de Milei y Petovello en las tratativas con Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario (CIN).

En un comunicado, el CIN resaltó que “la actualización salarial y presupuestaria” acordada con el Gobierno representa “un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”. Buscaron dejar en claro que, pese al entendimiento con Milei, continuarán reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificaron que mantendrán la demanda judicial contra el Gobierno.

En el arranque de la negociación había trascendido que los funcionarios nacionales exigían el retiro de la denuncia para dar el aumento. Finalmente, esa cláusula fue excluida del acta del acuerdo. Se conformaron con incluir como condición que las universidades nacionales deberán rendir los “fondos asignados”. “Vamos a reforzar el área de fiscalización”, dicen en el Gobierno. Hasta anoche, el Presidente solo había reposteado un mensaje en “X” de un tuitero libertario en el que destacaba la labor de Caputo y Álvarez en el acuerdo.

En el Gabinete de Milei están satisfechos, pero no hay ánimo de celebración. Saben que consiguieron una mini-tregua. “Esperemos que ahora se dejen auditar”, chicanearon. Hoy se acordó un aumento salarial del 24,33% -21,33% para junio y un 3% adicional en octubre- y un incremento de los fondos destinados para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. Pero la discusión paritaria se reabrirá en septiembre, contemplando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Además, rectores y gremios continuarán presionando por una recomposición salarial por el desfasaje del 2024.

Álvarez consiguió una partida del Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, de alrededor de 800.000 millones de pesos para sellar el trato con los rectores. El costo fiscal de aplicar la ley de financiamiento universitario sería mucho mayor. Según estimaciones, la normativa aprobada en el Congreso implicaría un desembolso de unos $2,5 billones y los $3,6 billones – 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI)-.

En definitiva, la administración de los libertarios necesitaba terminar con un conflicto que arrancó el 23 de abril de 2024 con una masiva marcha en rechazo del recorte presupuestario a las universidades y en favor de la educación pública. Esa fue la primera gran movilización que enfrentó Milei. El conflicto escaló y la oposición llevó los reclamos al Congreso, donde logró aprobar leyes para exigir el incremento de los fondos destinados a las universidades.

El año pasado, el Presidente pagó un costo altísimo cuando vetó por segundo año consecutivo una norma orientada a incrementar el presupuesto universitario. Ambas cámaras del Congreso rechazaron esa decisión y dejaron firme la ley, en una dura derrota para el oficialismo. Milei supo reaccionar con furia ante las ofensivas opositoras para reforzar los fondos destinados a la educación o mejorar los salarios del personal médico y empleados del Hospital Garrahan. Lo interpretaba como un ataque al corazón de su programa económico: el equilibrio fiscal.