POLITICA
La interna libertaria: cómo escaló la guerra tuitera que Milei no quiere -o no puede- parar
Javier Milei dijo esta semana que si un marciano llegara a la Argentina y leyera el Boletín Oficial o las estadísticas públicas creería que el país está en camino a convertirse en una potencia. En cambio, si mirara la televisión o leyera los diarios pensaría que estamos en el peor de los infiernos. No se le ocurrió imaginar qué podría pasar por la cabeza del extraterrestre si se le diera por abrir X, el viejo Twitter: en ese ecosistema virtual se libra desde el último fin de semana una batalla descarnada entre partidarios del Presidente, plagada de insultos, amenazas y teorías conspirativas que tienen desorientado al Gobierno.
Es una interna de poder con códigos de un planeta ajeno a la política clásica. Mensajes cifrados con guiños a series fantásticas, ofensas por un retuit inoportuno, una caza de brujas digital contra los dueños de cuentas sociales con seudónimos y burlas a Milei en espacios creados para hacerle propaganda.
Detrás de todo late la disputa por espacios de poder entre Santiago Caputo y Karina Milei, a quien sus rivales atacan sin mencionarla y personalizan su furia en Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Lo que sigue es una cronología de la guerra tuitera que incomoda a Milei, incapaz por ahora de mediar ni de elegir bando y castigar a los perdedores.
Santiago Caputo declaró la guerra a Martín Menem el sábado poco antes de las 2 de la tarde. Escribió “qué gaga” y reprodujo un mensaje de la cuenta anónima @PeriodistaRufus que compartía una publicación con críticas al servicio de Flybondi y lo arrobaba.
La aerolínea es propiedad de Leonardo Scatturice, un hombre ligado a los servicios de inteligencia que es íntimo de Caputo. En el tuit, añadió una imagen en la que se ve que el enlace de la historia sobre Flybondi llevaba a Instagram y saltaba un mensaje que invitaba a seguir a Menem en esa red. Para los seguidores de Caputo, eso prueba que Menem se esconde detrás de @PeriodistaRufus, un usuario que posteaba mensajes muy agresivos contra todo el oficialismo. La cuenta fue cerrada esa misma tarde. “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, reaccionó Caputo, a las 6 de la tarde.
Los principales tuiteros de su sector inundan las redes de acusaciones, con la evidente misión de viralizar la pelea.
Un usuario anónimo le escribió a Caputo: “Sean hombres!! Encuentrense en la plaza de mayo y caguense bien a piñas loco”. El asesor ironizó: “Yo propuse tiros pero se sienten más cómodos con el chusmerio, las operaciones en prensa y pintarse las uñas”.
El domingo amaneció con una catarata de mensajes de los seguidores de Las Fuerzas del Cielo, liderados por el propagandista Daniel Parisini (Gordo Dan) y el legislador bonaerense Agustín Romo. Pedían la cabeza de Menem y difundían mensajes capturados de Rufus. El abogado Alejandro Sarubbi Benítez, streamer de Carajo, reprodujo un tuit en el que la cuenta anónima atribuida a Menem puso: “JBM”, las iniciales de Juan Bautista Mahíques, una semana antes de su designación como ministro de Justicia. Quería probar que el usuario anónimo tenía información privilegiada del sector de Karina Milei. La diputada Lilia Lemoine salió en defensa de Menem: “Ese tuit es falso”.
Por la noche, Milei buscó cambiar el eje de la discusión interna y emitió un largo mensaje de defensa de José Luis Espert, con insultos y acusaciones al periodismo.
Menem le envió el mismo domingo un mensaje por WhatsApp a los miembros del Gabinete para despegarse de las acusaciones de Caputo y su séquito. Se despegó de la cuenta Rufus y dijo: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvíó a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno. Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento”. Amplió que el link copiado de Instagram después parece atribuido a su nombre, pero que eso no implica ser el dueño de una cuenta que lo difundiera a posteriori. Atribuyó el escándalo a, primero, un “error involuntario” de su empleado y, después, “una canallada de algún mala leche”.
Los caputistas no creyeron las explicaciones. El tuitero Esteban Glavinich, alias TraductorTeAma, publicó una vieja entrevista de Menem en la que negaba tener community manager (CM) y decía que sus cuentas sociales las manejaba él.
El clima interno era tan turbio que se decidió postergar la reunión de mesa política, en la que Menem y Caputo debían verse las caras. El Gordo Dan siguió difundiendo capturas de supuestos chats ofensivos contra los hermanos Milei de la cuenta Rufus. Y por la tarde se permitió incluso reírse de Milei y su tuit sobre Espert. En su programa de streaming “La Misa”, el invitado Gabriel Palandri explicó que, a diferencia de lo que dijo Milei, Espert seguía complicado en sus causas judiciales por lavado de dinero. “Acá la versión medio Manaos fue Espert absuelto, Viva la libertad carajo y qué se yo”, dijo. Entre carcajadas generalizadas, le respondieron irónicamente: “Ah… bien habida es la plata”. Parisini se reía y se tapaba la cara.
El martes Milei aludió al fin al tema que revolucionaba a su tropa. “Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, dijo Milei en el canal de streaming Neura. Habló de un video de su funcionario Santiago Oría, que en teoría exculpa a Menem. No lo mostró. Pero en la misma declaración defendió a Caputo y dijo que para él es “como un hermano”. Su razonamiento quedó incompleto: ¿quién plantó o prefabricó la acusación a su juicio falsa contra Menem?
El mensaje de Milei no ordenó a los tuiteros caputistas. Parisini, que suele alardear de su obsecuencia al Presidente, desafió la explicación oficial: “Yo estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”. Reclamó que si Oría hizo un video lo publique.
En la madrugada del miércoles Caputo reaccionó al mensaje salomónico del Presidente con alusiones a la serie Juego de Tronos. “Puestos”, escribió a la 1.23. Una seguidora le respondió: “Valar Morghulis” y él replicó: “Valar Dohaeris, estimada. Valar Dohaeris”.
El intercambio alude a la contraseña ritual de los Hombres sin Rostro, una hermandad secreta de asesinos religiosos. Valar Morghulis significa “todos los hombres deben morir” y Valar Dohaeris, “todos deben servir”. Después el asesor volvió a tuitear en la misma clave: “Winter is coming”, la muletilla icónica de la serie, usada por la familia Stark. Los que ven venir el peligro antes que el resto, los que se preparan mientras los demás se enredan en intrigas palaciegas. La clave con que Caputo eligió presentarse ante los suyos.
La interpretación de los propios fue unívoca: hay que seguir en la trinchera.
La diputada Lemoine se convirtió en vocera oficiosa de Milei. En una entrevista con simpatizantes, cargó contra los caputistas con un argumento llamativo, ligado a su pasión por la cultura pop japonesa y el manga. Aludió a un viejo tuit de Rufus en el que su dueño decía estar enamorado de Lemoine y fantaseaba con ser su “Gojo Saturu libertario”.
“Hasta yo tuve que googlear de qué anime era el personaje. Es un personaje de Jujutsu Kaisen. Yo no vi Jujutsu Kaisen, perdóname. Me disculpo con el fandom. Si yo, que soy otaku, tuve que buscar a ver quién era ese personaje, ¿ustedes creen que Martín Menem sabe lo que es Jujutsu Kaisen? Con eso solo, yo ya sé que no es de él la cuenta”, sentenció la diputada que más tiempo comparte con los hermanos Milei.
El principal ideólogo de los libertarios, Agustín Laje, tomó partido en la noche del miércoles. “No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo molesta constatar que le están mintiendo al Presidente. No solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”, escribió. Es nada menos que el presidente de la Fundación Faro, think tank recaudador de La Libertad Avanza y uno de los divulgadores de la nueva derecha que más admira Milei.
El presidente de la Cámara de Diputados decidió poner la cara para defenderse. “Yo no le mentí a Milei”, dijo en una entrevista en radio Mitre. Insistió en desligarse de la cuenta Rufus: “No solamente es una falsedad absoluta (que sea dueño de esa cuenta), sino que vi circulando alguna que otra estupidez que decía que yo tenía un perro, una foto creada con IA con un perro. Es una estupidez absoluta”. Y no se fue sin dejar una advertencia a Caputo, aunque prefirió personalizarla en el Gordo Dan. “Le pido, por favor, no subestime al Presidente. Esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”.
La batalla continúa. Hasta el cierre de esta edición Milei no había conseguido imponer una tregua.
Twitter,batalla descarnada entre partidarios del Presidente,May 17, 2026,pic.twitter.com/eA5a3P2oDL,May 18, 2026,May 20, 2026,Martín Rodríguez Yebra,Santiago Caputo,Martín Menem,Javier Milei,Conforme a,Santiago Caputo,,»Le están mintiendo al Presidente». Agustín Laje y Ramiro Marra respaldaron las acusaciones del Gordo Dan a Martín Menem,,Desconfianza. El origen de la guerra entre Caputo y los Menem que detonó con una cuenta anónima en redes,,Acusaciones en redes. Martín Menem, sobre la interna en el Gobierno: “Yo no le mentí al Presidente”
La Corte Suprema de Justicia cerró una demanda por daño ambiental en la zona de Vaca Muerta que impulsó la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra un grupo de empresas.
Los demandados son YPF S.A. (absorbente de Astra CAPSA y de Apache Energía S.R.L. -antes Pioneer Natural Resource S.A.-); Pampa Energía (ex Petrobras Energía S.A. -absorbente de Petrolera Santa Fe S.R.L., Petrobras Argentina S.A. y Pecom Energía S.A.-); Pluspetrol Exploración y Producción S.A.; Chevron San Jorge S.R.L.; Medanito S.A. (antes Gas Medanito S.A.); Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa); CAPEX S.A.; Total Austral S.A.; Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR), Ingeniería SIMA S.A., Wintershall Energía S.A., Pan American Energy LLC Sucursal Argentina y Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. (absorbente de Petrolera Entre Lomas).
La causa involucró al Estado Nacional (Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y Secretaría de Energía) y a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.
El fallo subrayó que a lo largo del trámite de la causa, el máximo tribunal le advirtió a la actora sobre la “vaguedad e imprecisión” de su denuncia, pero hasta el momento no se aportaron datos concretos sobre el daño específico.
Es más, dijo la Corte, la entidad denunciante sólo se limitó a cuestionar de manera genérica la actividad hidrocarburífica “en cualquiera de sus formas”.
“La prueba ofrecida por la actora no persigue la corroboración de circunstancias fácticas, sino que pretende una investigación sobre las conjeturas formuladas en la demanda y sus ampliaciones, vinculadas al daño ambiental que presumiblemente generaría la actividad”, dijo la Corte.
Y señaló que la organización pretendía luego “incorporar eventualmente hechos relativos a daños ambientales colectivos de base interjurisdiccional luego de trabada la litis en la etapa de producción de la prueba, violando de ese modo el principio de congruencia, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, sostuvieron el juez Horacio Rosatti y los conjueces Silvina Andalaf Casiello (Rosario), Rocío Alcalá (Resistencia) y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (Salta).
“Propone como puntos periciales de ingeniería ambiental que se ‘determine el estado ambiental de suelos, acuíferos y cursos de agua en las áreas operadas por cada demandada’; que ese análisis ‘debe identificar cuáles focos de contaminación constituyen fuentes activas de degradación de [los] recursos interjurisdiccionales”, dijo la Corte sobre la ONG denunciante.
Indicó que quienes plantearon la demanda quieren “que se identifiquen los focos de contaminación y que se establezca la atribución causal del daño a la actividad de cada operadora”.
Para el máximo tribunal, esto “demuestra que la actora no se encuentra en condiciones de precisar alguna circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se habrían producido los hechos dañosos que denuncia y, menos aún, de atribuirles ni siquiera verosímilmente la interjurisdiccionalidad requerida en este proceso”.
Según su página web, Assupa es una ONG que ofrece “consultoría especializada para particulares individuos con problemas ambientales y legales, así como para empresas” que incluye “asesoramiento en convenios multimodales hidrocarburíferos, ofreciendo soluciones efectivas adaptadas a las necesidades”.
La entidad reclamó que se condenara a las empresas a realizar “todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados por la actividad que desarrollan hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, y para la reposición a su estado anterior de las extensas áreas desforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras y toda otra actividad que hubiera ocasionado la pérdida del manto vegetal, de modo tal de revertir el proceso de desertificación que ello habría causado”.
También a “constituir el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente” y a adoptar “todas las medidas necesarias para evitar, en lo sucesivo, esta clase de perjuicios y, subsidiariamente, obtener la reparación de daños y perjuicios colectivos de ese modo originados”.
Tras repasar el trámite de la causa -ante la Secretaría de Originarios de la Corte Suprema-, el fallo afirmó que la actora había sido instada a presentar estudios ambientales como prueba o alguna evidencia que demuestre “la verosímil afectación”.
Sin embargo, Assupa se limitó a sostener que “todos los suelos adyacentes a todos y cada uno de los pozos y locaciones, todas las aguas superficiales y subterráneas y el aire –existentes en la cuenca neuquina– estarían contaminados con algunas de las sustancias que utilizarían las demandadas en su actividad».
La ONG no precisó qué suelos o qué tramos de los cursos de agua estarían contaminados, y, en su caso, de qué modo se produciría la contaminación dentro y fuera del área de concesión de cada empresa. “Tampoco dimensionó la magnitud y gravedad de las alteraciones presuntamente producidas”, dijo la Corte.
Para el tribunal, “la estrategia asumida por la asociación demandante consistente en asociar el daño ambiental a la actividad hidrocarburífera en general, o de recurrir a la simple operación aritmética de sumar los pozos y superficies explotadas por cada empresa y agruparlas sobre la base de su sola condición de explotadores de petróleo, constituye un vano esfuerzo por intentar demostrar que la presumible contaminación producida supera las fronteras provinciales donde supuestamente se produjeron cada uno de los incidentes ambientales que fueron denunciados”.
“No se trata de la aplicación mecánica o literal de disposiciones de índole procesal, sino de preservar el amplísimo campo de acción que ha sido puesto en manos de la gestión pública provincial por los artículos 41, 121 y 124 de la Constitución Nacional, en materia de poder de policía ambiental y, en especial, de control y fiscalización de la actividad hidrocarburífera, y de prevención y recomposición de la contaminación, propósito perseguido con la decisión adoptada el 30 de diciembre de 2014”, se resaltó.
El fallo acotó que al tiempo de interponer la demanda, la actora “se encontraba en condiciones de requerir la información necesaria a las autoridades nacionales y provinciales responsables de administrar y suministrar la información ambiental”.
Y añadió: “Sobre la base del estándar de diligencia exigible a la asociación actora en orden a su carácter de constituir una organización tendiente a la defensa del medio ambiente, dicha entidad debería contar en su poder con esa información, pues de lo contrario no se entiende de qué manera podría cumplir seriamente con los objetivos de su creación consistentes, precisamente, en la defensa de los superficiarios de la región patagónica de conformidad con lo que surge de la copia de su estatuto social”.
“En definitiva, pese a que en más de una ocasión durante el prolongado trámite de la causa esta Corte advirtió a la parte actora acerca de la vaguedad e imprecisión de sus afirmaciones relativas a los hechos en los que pretende sustentar su demanda, cabe concluir que no se encuentran cumplidas las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente etapa procesal, debido a que no pudieron identificarse daños ambientales colectivos de carácter interjurisdiccional que remediar, presupuesto necesario para seguir adelante con un proceso de esta naturaleza”, se agregó.
Hernán Cappiello,Vaca Muerta,Conforme a,Vaca Muerta,,LN+. Horacio Marín dio nuevos detalles sobre la inversión de US$25.000 millones de YPF en Vaca Muerta,,Compró acciones de YPF por casi US$150 millones. El gurú de Wall Street Stanley Druckenmiller redobló su apuesta por Argentina,,Dato oficial. Desde la llegada de Milei hay 24.437 empresas menos y la caída ya supera a la de la pandemia
En una entrevista en Infobae al Mediodía, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró que el Gobierno “va a dejar a la Argentina en un lugar muy jodido”, y afirmó que el plan económico “está mal diseñado” si “cierran 25 mil industrias”. “Un récord, ni con Macri ni en la pandemia pasó esto”, definió.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía—integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—el funcionario insistió en que la situación económica está marcada por el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo, y golpea especialmente a la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de población afectada por la quita de subsidios.
“Este jueves bajaron la persiana 35 nuevas industrias”, subrayó Katopodis, al describir la crisis productiva. En su análisis, la política nacional de reducción de subsidios y liberalización de importaciones “definitivamente es tener la decisión de que la Argentina no tenga más industria nacional”. Y planteó que la avalancha de cierres de pymes ya se refleja en lo cotidiano: “Son empresas grandes y chicas, de empresas de treinta años y de hasta seis meses.”
Katopodis señaló que la ampliación del régimen de zonas frías que se aprobó durante el gobierno anterior, y que ahora busca restringirse, había permitido que seis millones de personas accedieran a tarifas a un precio menor. “Ahora seis millones de personas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, de San Luis y de La Pampa van a dejar de tener subsidios”, explicó.
El funcionario advirtió que la medida se toma “en las puertas del invierno”, lo que implica tarifas plenas “mucho más caras” a hogares y empresas. En este marco, enfatizó que el Gobierno “cierra las cuentas públicas a costa de cualquier cosa” y mientras “aumenta la morosidad y los ingresos reales están por debajo de la inflación”.
El rumbo económico
Katopodis afirmó que el actual modelo económico “rompe todos los días algo” y aseguró que la parálisis de la obra pública y la liberalización de importaciones “es un muy mal negocio para el país”. “La Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo en estos últimos tres años”, ilustró.
“Si cierran veinticinco mil industrias en la Argentina, un récord en el que ni con Macri ni en la pandemia pasó esto, el plan está mal diseñado”, definió.
Consultado sobre el respaldo al Gobierno, Katopodis reflexionó: “Hoy estamos en el 2026. Al gobierno se lo va a evaluar por los cuatro años (…). La gente va a sentir y va a hacer la cuenta: ¿estoy mejor o estoy peor?”. Y sostuvo que la oportunidad para revertir la situación existe, pero requiere “crear empleo, tener industria nacional y construir un sistema científico argentino que apunte le dé valor a lo que producimos”.
“¿Cómo vamos a disputar en este mundo tan competitivo, sin puertos, sin caminos, sin rutas, sin energía, sin logística? Bueno, nos están entregando, es un saqueo y nos están entregando”, lamentó, y advirtió que el esfuerzo social realizado en el marco del ajuste “tiene sabor a poco” si no genera resultados concretos para la mayoría.
En este marco, rechazó que la discusión central sea únicamente sobre el déficit o el equilibrio: “Me parece que hay que pensar en que la Argentina hay que reconstruirla casi de cero.”
Al analizar la situación fiscal de la provincia, Katopodis defendió la gestión de Axel Kicillof: “La provincia está viviendo con lo propio, no recibe un peso de nación y es más, lo que tendría que recibir por ley no lo está recibiendo.”
La propuesta fiscal del axelismo
En lo que respecta a la agenda política que promueven desde el espacio de Kicillof, Katopodis cuestionó que se le reduzcan los impuestos al sector de mayor poder adquisitivo del país.
“No tengo ninguna duda de que los multimillonarios de la Argentina no quieren financiar ninguna ruta, ningún puerto, la construcción de ninguna universidad ni de ningún hospital. Lo quiero discutir con cualquier empresario multimillonario de la Argentina”, señaló Katopodis.
En relación al modelo de incentivos para grandes empresas y el RIGI, advirtió: “Le dimos beneficios a tres o cuatro grupos económicos muy poderosos. Algunos dicen que esas inversiones ya estaban aseguradas.” En contraste, propuso que el entramado pyme industrial también reciba apoyo: “Que esa palanca además mueva un poquito la aguja de la pyme de San Martín. Hasta hace poco, cada vez que había un proyecto de inversión en Vaca Muerta, en mi ciudad, donde viven 500 mil habitantes, había más de cincuenta empresas que todos los días venían produciendo en la cadena de producción con la industria petrolera. Bueno, eso se cortó.”
Katopodis también se refirió a la interna del peronismo, de cara a la elecciones de 2027, y advirtió que “estamos todos bastante hartos”. “Axel tiene muy en claro que la mecha está corta, que tenemos que muy finos en el mensaje y fundamentalmente en la actitud. ¿Qué digo en la actitud? Actitudes genuinas, mucha ejemplaridad y laburar», contrastó.
En ese marco, respaldó la figura de Kicillof como un posible candidato presidencial y se mostró convencido de que “la gran tarea que tenemos es cómo conectamos, cómo volvemos a escuchar”, evitando centrarse en las disputas internas: “A ningún vecino lo convocamos desde la discusión de la táctica electoral.”
Sin embargo, aclaró: “Lo vamos a ver el año que viene. Dedicarnos a eso es dedicarnos a los problemas de los dirigentes, y los problemas están en la calle. El año que viene veremos que hacemos con los problemas de la dirigencia”.
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POLITICA
La Justicia sumó una nueva acusación contra el dueño de Sur Finanzas en la causa que involucra al club Banfield
El juez federal Luis Armella amplió la imputación contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. A pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el empresario también quedó acusado por presunta administración fraudulenta como partícipe necesario.
La nueva imputación se suma a los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita que ya pesaban sobre Vallejo en el expediente que investiga maniobras financieras vinculadas al Club Atlético Banfield. El empresario deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 26 de mayo junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
Según la acusación fiscal, Vallejo habría tenido un rol clave en el supuesto vaciamiento económico del club. El dictamen sostiene que aportó la estructura empresarial utilizada para concretar las maniobras investigadas, a través de firmas como Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., además de facilitar el movimiento de fondos que no habrían sido registrados formalmente.
Para la fiscalía, el financista no actuó de manera secundaria, sino que fue una pieza central para el funcionamiento del esquema. Por ese motivo, Incardona pidió que también responda por defraudación, bajo la figura de partícipe necesario.
Leé también: Sur Finanzas: citaron al tesorero de la Asociación Argentina de Tenis por su paso por un club de fútbol
Con esta ampliación, Vallejo enfrentará una acusación que combina tres delitos: asociación ilícita, lavado de activos agravado y administración fraudulenta.
El origen de la causa
La causa se originó tras una denuncia presentada por la empresa Auriga League S.A., que aseguró haberle otorgado a Banfield un préstamo de dos millones de euros que nunca fue cancelado. A partir de esa presentación, la Justicia comenzó a investigar un entramado de operaciones financieras que, según la fiscalía, se habría extendido entre 2020 y 2025.
En el expediente, Sur Finanzas aparece señalada como la estructura utilizada para captar fondos de clubes de fútbol con problemas económicos, otorgar préstamos con intereses considerados excesivos y canalizar luego los movimientos de dinero mediante distintas sociedades.
Entre las maniobras bajo investigación figuran descuentos de cheques con tasas elevadas, contratos de mutuo con intereses considerados usurarios, sistemas de pago administrados por la propia financiera y acuerdos de sponsoreo presuntamente simulados para justificar transferencias.
De acuerdo con la acusación, el volumen de dinero investigado por presunto lavado supera los US$108 millones. Además, ARCA denunció una presunta evasión del impuesto a los débitos y créditos por más de $3.300 millones.
Exdirectivos de Banfield bajo investigación
La causa también apunta contra exdirectivos de Banfield, entre ellos Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Oscar Tucker e Ignacio Javier Uzquiza. La fiscalía sostiene que la conducción de Banfield habría montado un mecanismo sistemático para desviar fondos de la institución.
Uno de los puntos centrales del expediente son dos contratos firmados en 2023 con Sur Finanzas por un total de un millón de dólares. Según la Justicia, ambos acuerdos establecían tasas mensuales de entre el 3% y el 4%, y consignaban que el dinero había sido entregado en efectivo, lo que dificultaba la trazabilidad bancaria.
Además, la fiscalía detectó que ingresos genuinos del club, como cuotas sociales y pagos vinculados a sponsoreos, habrían sido derivados a cuentas de un fideicomiso en lugar de ingresar directamente a las cuentas oficiales de la institución.
Chiqui Tapia, investigacion, asociación ilícita
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