POLITICA
Ley de glaciares: convocan a protestar frente al Congreso por el recorte en las audiencias públicas

La reforma de la ley de glaciares desembarca hoy en Diputados envuelta en polémica. Las audiencias públicas, para las que se anotaron más de 100.000 inscriptos, arrancarán bajo un esquema acotado: el oficialismo dispuso que solo los primeros anotados por provincia podrán exponer ante los legisladores.
El recorte activó la reacción de organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La cita será a las 17, frente al Congreso.
Adhirieron a la movilización diferentes espacios de la oposición, como parte del PJ, la Izquierda, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. También, representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, cuya participación fue coordinada por el espacio Patria Grande, del diputado Juan Grabois.
Según pudo saber , la convocatoria está nucleada en la denominada campaña “La Ley de Glaciares No Se Toca”, que reúne a movimientos socioambientales de las provincias y la Ciudad.
El debate por los ajustes en la ley de glaciares se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente. Las audiencias públicas son el paso previo a que los legisladores debatan el detalle de la reforma en comisiones. El último filtro es el recinto.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado, aprobado por 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. La iniciativa contó en esa ocasión con el apoyo de ocho radicales, un referente de Pro, los aliados provinciales de Javier Milei y dos referentes del PJ: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Es decir, fracturó a la oposición, algo que podría volver a ocurrir en este nuevo debate. A diferencia de Diputados, en el Senado no se realizaron audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía.
Para administrar los tiempos de discusión, Mayoraz y Peluc definieron dos audiencias públicas: una presencial este miércoles y otra virtual al día siguiente. Ambas con nueve horas de debate, desde las 10 hasta las 19. Habrá casi 200 oradores por jornada, sólo aquellos que “se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción”. Al resto, señalaron en el oficialismo, se les informó que no vayan. Argumentaron que este procedimiento “garantizará la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal”.
Para el resto de los anotados, los libertarios definieron que podrán enviar un escrito o video de no más de cinco minutos a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. “Las presentaciones en video quedarán registradas para su registro permanente”, aseguraron Peluc y Mayoraz.
Esta dinámica enfureció a la oposición y a las organizaciones socioambientales, que reclamaron ampliar las jornadas de discusión. Pero el oficialismo se negó a modificar su esquema.
Una medida cautelar fue impulsada el jueves en la Justicia por organizaciones ambientalistas para “readecuar el cronograma” de las audiencias para garantizar la participación “oral y efectiva” de todas las personas inscriptas. Subraya que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos incompatibles con los estándares más elementales de participación pública”. Por último, piden designar veedores que supervisen el desarrollo del debate. Recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Podría haber novedades el mismo miércoles o jueves, informaron a .
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cargó contra el oficialismo por el manejo de la audiencia pública: “Nos preocupa el manoseo de la democracia. Miles de personas se inscribieron, dejaron sus datos y estaban dispuestas a participar, pero de forma arbitraria los presidentes de comisión y Martín Menem resolvieron elegir a dedo a apenas 300 expositores: menos del 0,3%”.
“Ni siquiera ampliaron el cronograma -advirtió-. Hay mucha gente muy activa que hoy está profundamente decepcionada. Creemos que esto viola el reglamento, el Acuerdo de Escazú y los mecanismos constitucionales de participación, además de la Ley General del Ambiente.”
Viale anticipó una posible judicialización. “Vamos a ir igual, con una silla, a esperar nuestro turno en la puerta”, lanzó. Y cerró con una crítica al diseño del proceso: “Había alternativas razonables, como extender los plazos o llevar audiencias a las provincias. Pero eligieron el camino exprés, como si fuera un trámite”.
Mayoraz salió a responder los cuestionamientos desde su cuenta de X. Sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”. Según él, no se dispusieron restricciones a la participación. Por el contrario, defendió que se trató de “un mecanismo de máxima apertura”: “Cualquier ciudadano, desde cualquier rincón del país, puede hacer llegar su posición por escrito o en formato audiovisual”. Cerró con una chicana: “¿Dónde está la restricción? No existe. Puro relato”.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
ley de glaciares,pic.twitter.com/CwFHI4G2kt,March 23, 2026,March 20, 2026,Conforme a
POLITICA
Un exsecretario de Energía instó a YPF a explorar en la zona aledaña a las Malvinas: “Si dejás el mar vacío, lo ocupa otro”

“Si dejás el mar vacío, lo ocupa otro”, afirmó Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de la presidencia de Raúl Alfonsín. El actual presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi instó a la petrolera de bandera YPF a que retome la exploración offshore y ejerza la soberanía sobre la plataforma continental argentina y el Atlántico Sur, incluida la zona aledaña a las Islas Malvinas donde se explota el yacimiento Sea Lion.
El exfuncionario disertó sobre producción, empleo, matriz energética e industria en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), durante un encuentro del Foro Encuentro Reformista.
En materia energética, el especialista recordó el Plan Houston −impulsado durante la presidencia de Alfonsín− y la construcción de la red de gasoductos que permitió alcanzar el autoabastecimiento por tres décadas. Contrapuso ese modelo con las privatizaciones de los años noventa (como la venta de YPF y Gas del Estado) y reclamó que la petrolera de bandera retome la exploración offshore, en consonancia con el legado de Enrique Mosconi.
Lapeña cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sugirió evaluar la rentabilidad real de las empresas beneficiadas de manera previa al otorgamiento de beneficios fiscales extraordinarios.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del presidente de la UCR Capital, Hernán Rossi, quien remarcó que las dificultades del presente exigen fortalecer la militancia, la planificación y la organización partidaria para construir una alternativa nacional competitiva. Del encuentro también participó la vicepresidenta la UCR, Inés Parry.
Durante su exposición, Lapeña partió de un diagnóstico institucional: citó el artículo 38 de la Constitución Nacional −que define a los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”− y advirtió sobre el debilitamiento de estas estructuras frente al auge de liderazgos personalistas. Cuestionó el riesgo de que la UCR se reduzca a “una federación de partidos provinciales” sin un proyecto común, y criticó la ausencia de políticas de Estado en un escenario signado por un Poder Ejecutivo que se autodefine anarcocapitalista y delega la regulación económica.
Asimismo, Lapeña señaló la falta de políticas públicas en otros sectores estratégicos. Mencionó la crisis de la industria láctea −graficada en el declive de SanCor− a pesar del potencial productivo nacional, y la pérdida de competitividad de cuencas tradicionales como Comodoro Rivadavia, desde donde se registró la emigración de decenas de miles de trabajadores hacia yacimientos como Vaca Muerta ante lo que señaló como la falta de una política hidrocarburífera integral.
Frente a este escenario, Lapeña remarcó que el primer paso requiere de la voluntad política para redactar un programa de desarrollo nacional sujeto a continuas correcciones. Propuso relanzar la exploración en el Atlántico Sur con YPF como eje articulador, fomentar la industrialización de los hidrocarburos (combustibles, fertilizantes y petroquímica con valor agregado) en lugar de reprimarizar las exportaciones y consolidar acuerdos políticos duraderos entre fuerzas afines, en línea con la tradición institucional del alfonsinismo, para dar continuidad a las políticas de Estado.
Al referirse al contexto internacional, citó el crecimiento económico de China para destacar la efectividad de la planificación estatal a largo plazo y la integración entre educación e industria. Aclaró que la enseñanza no radica en replicar un modelo político no democrático, sino en comprender que el desarrollo sostenible exige planificación, programas claros y dirigencia comprometida a sostenerlos en el tiempo.
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Hugo Moyano volvió a firmar un acuerdo salarial alineado con la pauta del Gobierno, que regirá durante 6 meses

Tal como sucedió en la paritaria 2025, Hugo Moyano firmó este mediodía con las cámaras un aumento salarial con vigencia semestral que está por debajo de la inflación prevista: consiste en una mejora del 6,6% para el período septiembre 2026-febrero 2027.
Ese 6,6% se pagará en cuatro tramos (1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y noviembre, 1,6% en diciembre y enero y 1,5% en febrero) y, además, se acordó una suma fija no remunerativa de 18 mil pesos por abonarse en septiembre y el bono anual a partir de enero en cuatro cuotas de 300 mil pesos.
De esa forma, el líder del Sindicato de Camioneros volvió a dar una señal de alineamiento con la pauta salarial del Gobierno, ya que el Ministerio de Economía incentiva los aumentos por debajo de la inflación (menores al 2% mensual) y con vigencia por períodos más extensos.
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Malvinas: las razones del desplante del Gobierno a los libertarios fueguinos durante la visita a la base naval de Ushuaia

El viernes pasado en Ushuaia el termómetro llegó a un máximo de solo cuatro grados. El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno estaban en Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se montará la nueva Base Naval Integrada, que tiene un avance incipiente y que el gobierno de Javier Milei dice querer terminar.
La avanzada nacional se diseñó en pocos días. Pero como la Casa Rosada en materia Malvinas está tan preocupada por la retórica, los detalles del arribo sureño tuvieron tanta atención al punto que -para no entorpecer la línea de que esta es “una causa nacional”– el Gobierno no tuvo problemas en desairar a un grupo de senadores y diputados propios.
Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) de Tierra del Fuego llegaron hasta Ushuaia desde Buenos Aires con la comitiva oficial en la que viajaron Quirno y Presti, pero los dejaron plantados en una locación de la Armada en la Base Naval Ushuaia, impedidos de participar de la actividad por la que se gestó el viaje, o sea, la visita al predio de la nueva Base Naval Integrada.
“Nos quedamos esperando como unos boludos”, dicen que se escuchó entre la comitiva de libertarios, que no sabía hasta ahí que la orden de dejarlos había venido de arriba.
Cuentan fuentes al tanto que la medida que se tomó desde el Gobierno fue en pos de mantener el discurso de “unidad nacional” que pidió el Presidente en la cadena nacional. “Si iban los legisladores se iba a armar quilombo sin sentido”, resumió una fuente oficialista. Otra acotó: “Es una causa nacional, no partidaria. Lo tienen que entender”.
Los detalles del viaje a Ushuaia se terminaron de delimitar en la reunión de mesa política de la semana pasada. Ahí apareció el primer veto para la travesía de los legisladores, a los que algunos en el oficialismo acusan de haberse subido al viaje y otros aseguran que fueron invitados por Defensa.
Dicen fuentes al tanto que uno de los más enérgicos en frustrar la visita de los diputados y senadores junto a Quirno y Presti fue el asesor Santiago Caputo, que se habría encargado en persona de indicarle a Defensa que a la base integrada los legisladores no iban. Caputo fue el principal ideólogo de la avanzada de Malvinas del Gobierno y el que diseñó que Milei hiciera en su discurso un llamado a la unidad nacional.
Otras fuentes afirman que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también desalentó la foto de los legisladores en la futura base y que existía un arreglo en el ala política mileísta de no subirlos. Presti también habría estado alineado finalmente ante esa orden. “Los bajaron”, afirmaron voces de Rosada.
Así, los senadores Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, y los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, desembarcaron en Ushuaia junto a la comitiva nacional y quedaron en la Base Naval Ushuaia. Allí esperaron que Quirno y Presti fueran a la Casa de Gobierno a reunirse con el gobernador opositor Gustavo Melella y que volvieran a buscarlos para ir a la recorrida por la Base Naval Integrada.
Pero -cuentan fuentes que conocen lo que pasó- el grupo de diputados y senadores fueguinos vio cómo pasaba el tiempo y todo se dilataba. Se dieron cuenta de que a la base integrada con Quirno y Presti no iban a ir en el momento en que aparecieron públicamente las fotos de la reunión entre los funcionarios nacionales y Melella, mientras ellos continuaban a la espera, y después los retratos de los ministros en el predio de la mismísima base integrada.
A la vez que una parte del Gobierno los acusó de querer apropiarse de una actividad que no les correspondía, quienes hablaron con los legisladores aseguran que pretendían instruirse sobre las nuevas medidas vinculadas a la soberanía, de las que no los participaron.
Más allá de eso, los diputados y senadores se atuvieron al verticalismo y evitaron preguntas sobre por qué nunca los pasaron a buscar. No sabían que fue una orden que salió desde la Casa Rosada. A Quirno y a Presti recién los volvieron a ver en el almuerzo que se hizo una vez que los ministros volvieron de su recorrida nevada.
Malvinas,Paula Rossi,Conforme a
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