El Senado definió postergar la sesión prevista para esta semana hasta el próximo 4 de junio. Serán algunos días más para consensuar una agenda que estará marcada, principalmente, por definiciones judiciales. La Libertad Avanza logró dictamen para más de 70 pliegos destinados a cubrir cargos de jueces y fiscales en distintos puntos del país.

Sin embargo, pese al acompañamiento que varios obtuvieron por parte de la oposición dialoguista, sectores de la UCR y el PRO anticiparon que no respaldarán algunas postulaciones en el recinto. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, ya trasladó esas objeciones a la Casa Rosada e incluso puso el foco sobre un candidato en particular.

Se trata de Pablo Matkovic, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén. En 2017, Matkovic denunció a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los allanamientos realizados a la comunidad mapuche de Campo Maripe, en la zona de Vaca Muerta. En ese momento, el candidato se desempeñaba como defensor federal en la provincia.

Aunque no cuenta con el respaldo de Bullrich, el pliego de Matkovic reúne las firmas necesarias para ser tratado en la próxima sesión.

Otro de los nombres cuestionados por la jefa de los libertarios es Juan Manuel Mejuto, propuesto para integrar como juez de Cámara el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal. El rechazo del oficialismo, sectores de la UCR y el PRO responde a sus supuestos vínculos con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima. Durante su audiencia pública en el Senado, Mejuto negó esas acusaciones.

Los jueces que aún no lograron superar el filtro de la Comisión de Acuerdos —que encabeza el oficialista riojano Juan Carlos Pagotto— son Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, ambos postulados como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Las dudas entre algunos senadores apuntan a presuntos vínculos con las máximas autoridades de la AFA: su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. Ambos están siendo investigados en el fuero Penal Económico por una presunta evasión agravada y por una causa vinculada al uso de facturas falsas, iniciada a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA. El expediente está a cargo del juez Diego Amarante.

Otro de los pliegos que la Casa Rosada no habilita para su tratamiento en el recinto —pese a haber obtenido dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos— es el de María Verónica Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Según explican en reserva desde el oficialismo, el principal reparo es su vínculo familiar con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, causa que involucra al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para el otro postulante al mismo tribunal, Carlos Cuesta, no hay objeciones por parte del Gobierno y el oficialismo ya firmó su dictamen.

Más cargos con apellidos conocidos en la Justicia

Entre los más de 70 postulantes que el Senado prevé votar el próximo 4 de junio figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Fue nominado para ocupar un cargo como vocal en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Rosatti no obtuvo las mejores calificaciones en las evaluaciones técnicas sobre antecedentes, mérito e impugnaciones, aunque su postulación fue avalada por el Consejo de la Magistratura.

Durante su audiencia en la Cámara alta sostuvo: “Mi compromiso y mi desafío, en caso de acceder al cargo, es poner empeño para que la Justicia responda en tiempo oportuno, con la claridad suficiente y que el justiciable tenga resuelto el caso de la mejor manera”.

También figuran entre los postulantes Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga, entre otras causas, el caso $LIBRA. Frente a los senadores, la postulante afirmó:

“La impugnación no se hace por un cuestionamiento relativo a mi idoneidad ni tampoco a mi moral, ética o trayectoria, sino por mi vida privada y mi vínculo conyugal con otro magistrado que, casualmente, está a cargo del juzgado donde se investiga la causa $LIBRA”.

Lee también: En medio de la interna oficialista, Milei reunió a su gabinete y se mostró con su hermana y Santiago Caputo

Nuevas cámaras federales

El Senado también dejó en condiciones de llegar al recinto proyectos vinculados con la creación y reforma de cámaras federales. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Agustín Monteverde (LLA), impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer y agilizar el funcionamiento de la Justicia Federal.

Uno de los proyectos, presentado por el senador Maximiliano Abad (UCR), propone la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. La otra iniciativa apunta a reformar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y unifica propuestas de las senadoras Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

Estos dictámenes integrarán el temario que La Libertad Avanza buscará llevar al recinto el próximo 4 de junio. Allí también se sumará el proyecto de propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Antes, este martes, habrá una nueva reunión de la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Senado, Justicia, sesion

evitó saludar,May 25, 2025,25 de Mayo,Conforme a,25 de Mayo,,Un clásico del 25 de mayo. Una especialista en gastronomía reveló los ingredientes para el locro perfecto,,Previo al inicio de Tedeum. El momento en el que Milei se arrodilla para persignarse durante su ingreso a la Catedral,,A 200 km de la Capital. Comenzó la fiesta del producto que busca convertirse en la torta oficial nacional

Distintos sindicatos y organizaciones sociales planificaron para este martes al mediodía un “abrazo” a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Alsina al 400, en el barrio porteño de Monserrat, en defensa de Abel Furlán y otros dirigentes desplazados por la Justicia de la conducción del sindicato.

Allí, ese sector y sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) apuntan a reunir un número importante de manifestantes para que sirva como una demostración de fuerza luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la UOM, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

Una de las organizaciones que se movilizará ante la UOM es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo titular, Rodolfo Aguiar, señaló que “si no vamos a una huelga general, se quedan con los sindicatos” ya que, consideró, “tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios”.

Luego del “abrazo” al sindicato metalúrgico, los principales miembros del FRESU (además de la UOM y ATE, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 entidades) se reunirán para evaluar la posibilidad de definir medidas de fuerza contra el fallo judicial, aunque Aguiar ya anticipó su propuesta: “El único camino es la huelga general por tiempo indeterminado”.

En declaraciones periodísticas, Furlán afirmó que “cada vez que hubo proyectos de ajuste, apertura económica y destrucción del aparato productivo, se intentó disciplinar a la organización sindical más importante de la industria” y, en ese sentido, dijo que “hoy lo intentan en democracia por primera vez: pretenden desplazar a toda la conducción nacional elegida por los trabajadores en medio de una ofensiva contra los derechos laborales”.

“Es una vergüenza; es un fallo arbitrario, injusto y malintencionado”, resaltó el titular de la UOM, para quien “este no es un problema de dirigentes en una interna”. sino que “la dictadura y este gobierno atacan igual: intervienen a la UOM para destruir el salario”.

De esta forma, Furlán insistió en las críticas que ya había efectuado el viernes pasado, cuando denunció que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

En un duro comunicado de prensa, el dirigente repudió la intervención judicial dispuesta en el sindicato, calificándola como un “ataque al salario de los trabajadores” y resaltó que “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, hoy avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”.

La declaración oficial de Furlán, además, responsabilizó a la lista opositora, “derrotada en las elecciones” de la UOM Campana-Zárate, por recurrir a la vía judicial: “El sector interno derrotado en las elecciones continuó tratando de conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas. Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical”.

En su fallo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en la localidad bonaerense de Campana.

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

El fallo indicó que la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso y que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana, presentó una denuncia por irregularidades ante la Junta Electoral de esa seccional el 3 de marzo en la que reclamó pérdida de confianza en el proceso electoral y solicitó que la elección se realizara en una sola jornada, con recuentos provisorios al cierre de cada día.

De acuerdo con el expediente, la Junta Electoral seccional, alineada con Furlán, rechazó estos pedidos y optó por extender las elecciones a 3 jornadas, disponiendo que las urnas fueran custodiadas en la sede sindical bajo vigilancia de la propia Junta.

Según los jueces, no quedó probado que la Junta Electoral notificara formalmente a la Lista Naranja una respuesta fundamentada a su impugnación antes de la culminación de los comicios. El tribunal observó que la supuesta notificación presentada como prueba no resultó válida, ya que no hubo constancia fehaciente de su envío, ni tampoco se ofreció prueba informativa adicional por parte de las autoridades demandadas.

Entre los argumentos centrales, los camaristas remarcaron que la extensión de la elección durante 3 días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio.

El fallo consideró además que la custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”.

Por eso los camaristas dispusieron la intervención judicial de la UOM, tanto a nivel seccional como nacional, designando como interventor al Dr. Alberto Biglieri, y le otorgó un plazo de 180 días para convocar a nuevas elecciones bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión.

Abel Furlán,UOM,Unión Obrera Metalúrgica,sindicato,Argentina,política,elecciones,gremio,metalúrgicos