El gobierno de Javier Milei salió a respaldar a Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP) tras conocerse el pedido de indagatoria desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por haber ocultado a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.

“Vázquez ya fue sobreseído en esa causa. No hay nada nuevo”, aseguraron a cerca del asesor presidencial Santiago Caputo, de indudable influencia sobre la conducción del ente recaudador. Según la misma fuente, la denuncia motorizada por los diputados de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, refiere “al mismo tema por el que ya fue sobreseído”, por lo cual relativizaron el pedido del titular de la PIA, Sergio Rodríguez.

“Esa denuncia no tramita en la PIA. Tramita en el juzgado de (Marcelo) Martínez de Giorgi, que no tomó ninguna medida ni lo llamó a indagatoria a Vázquez. Es un pedido de la PIA que el juzgado puede desestimar”, agregaron desde el Gobierno, a modo de defensa. El juez federal Martínez de Giorgi tiene en sus manos la causa de la criptomoneda $LIBRA, que preocupa a la Casa Rosada. Y su esposa, Ana María Cristina Juan, ingresará en una próxima lista enviada por el Poder Ejecutivo al Senado para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.

El propio Caputo salió ayer a cuestionar la nota de dando cuenta del pedido de la PIA. “Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria “confundiendo” un pedido de citación de un organismo donde no tramita la denuncia con una citación efectiva del juzgado”, escribió Caputo. Y pidió al autor de la nota, Hugo Alconada Mon, y al diputado Ferraro: “Si quieren gobernar el país podrían probar ganando las elecciones en vez de operar funcionarios para intentar dañar al gobierno”, destacó.

En su pedido, el fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado -y procesado- por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde Arca afirmaron a este diario que no tenían comentarios para hacer sobre estas novedades judiciales.

“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”, sostuvo.

El Gobierno, en tanto, aduce que Vázquez fue sobreseído por el mismo delito de omisión. Desde el oficialismo remiten a una causa iniciada en 2007, cuando la Justicia accedió a un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Allí figuraba el nombre de Vázquez −que era director de la AFIP− junto con el de su hermana Silvia, y comenzaron a ser investigados por la presunta existencia de dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo (de frustrada candidatura para integrar la Corte Suprema) ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos.

Anoche, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo despidió al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la ARCA.

“Por ahora, no”. Fue esa la respuesta de un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, que, por tercer día hábil consecutivo, impide el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Sin dar mayores explicaciones, desde Balcarce 50 evitaron dar precisiones sobre el plazo de finalización de la medida, que incluye la baja de las acreditaciones de todos los medios y de la huella digital que día a día permite el ingreso de los periodistas acreditados a la sala de prensa y a las instalaciones de la sede de gobierno.

El jueves pasado, y sin aviso previo, el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas. Adujo, en un primer momento, la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal llevada a cabo por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. La medida se sostuvo sin cambios desde el jueves.

Mientras los acreditados debieron recurrir a bares cercanos para poder continuar sus tareas laborales, comenzó una extensa serie de repudios, que incluyó distintos partidos y dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA y Fopea, y representantes de la sociedad civil. El viernes pasado, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y estuvo hoy junto a los periodistas en la Plaza de Mayo para escenificar su respaldo al reclamo a la prensa para poder ingresar a desempeñar su tarea.

“Tenemos que buscar caminos para dialogar, y visibilizar la situación, dimensionar su gravedad y buscar soluciones”, dijo Lozano, a unos metros de la reja que separa la Plaza de Mayo de la Casa Rosada. También propuso “poner fin a los discursos de odio y promover la cultura del encuentro, como pedía el Papa Francisco”. En relación a los medios acreditados, el religioso afirmó que su labor “sirve para informar a la sociedad, que tiene derecho a conocer los actos de gobierno”.

En el comunicado conocido hoy, el Episcopado se había pronunciado de modo similar. “Los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno, de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940. Reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar —fuente de sustento para sus familias—, a la libre expresión y a la información a la sociedad. A su vez, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias”, expresó la Pastoral Social en un comunicado.

En el texto también se aclara que durante la reunión “se coincidió en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes (…) Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento”, finaliza el comunicado.

El diario Ámbito Financiero presentó en las últimas horas un amparo para revocar la medida gubernamental, que recayó en el juzgado contencioso a cargo de Lara Correa.

Desde el Gobierno, en tanto, las señales apuntan a la continuidad de la medida, inédita desde la recuperación de la democracia, en 1983. En su cuenta de X, el presidente Milei reposteó un mensaje del usuario Alan Wentinck, en el que afirmó: “Los argentinos no necesitan una “sala de prensa” en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios. De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X”, sostuvo.

Tanto en ese como en otros posteos, distintos referentes y medios libertarios abundaron en críticas hacia la periodista Luciana Geuna, de TN, que en su programa sostuvo que las filmaciones que dieron pie a la denuncia penal en su contra, emitidas en el programa que conduce, tuvieron “autorización” previa de integrantes del Gobierno.

Entretanto, y en una Casa Rosada con poco movimiento de funcionarios, está prevista para las 14 la reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. El Presidente, en tanto, participará por la noche de la cena de la Fundación Libertad.