“Por ahora, no”. Fue esa la respuesta de un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, que, por tercer día hábil consecutivo, impide el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Sin dar mayores explicaciones, desde Balcarce 50 evitaron dar precisiones sobre el plazo de finalización de la medida, que incluye la baja de las acreditaciones de todos los medios y de la huella digital que día a día permite el ingreso de los periodistas acreditados a la sala de prensa y a las instalaciones de la sede de gobierno.

El jueves pasado, y sin aviso previo, el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas. Adujo, en un primer momento, la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal llevada a cabo por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. La medida se sostuvo sin cambios desde el jueves.

Mientras los acreditados debieron recurrir a bares cercanos para poder continuar sus tareas laborales, comenzó una extensa serie de repudios, que incluyó distintos partidos y dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA y Fopea, y representantes de la sociedad civil. El viernes pasado, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y estuvo hoy junto a los periodistas en la Plaza de Mayo para escenificar su respaldo al reclamo a la prensa para poder ingresar a desempeñar su tarea.

“Tenemos que buscar caminos para dialogar, y visibilizar la situación, dimensionar su gravedad y buscar soluciones”, dijo Lozano, a unos metros de la reja que separa la Plaza de Mayo de la Casa Rosada. También propuso “poner fin a los discursos de odio y promover la cultura del encuentro, como pedía el Papa Francisco”. En relación a los medios acreditados, el religioso afirmó que su labor “sirve para informar a la sociedad, que tiene derecho a conocer los actos de gobierno”.

En el comunicado conocido hoy, el Episcopado se había pronunciado de modo similar. “Los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno, de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940. Reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar —fuente de sustento para sus familias—, a la libre expresión y a la información a la sociedad. A su vez, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias”, expresó la Pastoral Social en un comunicado.

En el texto también se aclara que durante la reunión “se coincidió en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes (…) Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento”, finaliza el comunicado.

El diario Ámbito Financiero presentó en las últimas horas un amparo para revocar la medida gubernamental, que recayó en el juzgado contencioso a cargo de Lara Correa.

Desde el Gobierno, en tanto, las señales apuntan a la continuidad de la medida, inédita desde la recuperación de la democracia, en 1983. En su cuenta de X, el presidente Milei reposteó un mensaje del usuario Alan Wentinck, en el que afirmó: “Los argentinos no necesitan una “sala de prensa” en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios. De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X”, sostuvo.

Tanto en ese como en otros posteos, distintos referentes y medios libertarios abundaron en críticas hacia la periodista Luciana Geuna, de TN, que en su programa sostuvo que las filmaciones que dieron pie a la denuncia penal en su contra, emitidas en el programa que conduce, tuvieron “autorización” previa de integrantes del Gobierno.

Entretanto, y en una Casa Rosada con poco movimiento de funcionarios, está prevista para las 14 la reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. El Presidente, en tanto, participará por la noche de la cena de la Fundación Libertad.

CÓRDOBA.- Las finanzas provinciales caminan por el borde del precipicio. El interés de la Casa Rosada de sacar la reforma política, que incluye la derogación de las elecciones PASO y la ficha limpia, abrió una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores que, incluso, comenzó días antes de que Javier Milei enviara el proyecto al Congreso. El menú de los reclamos provinciales no varía: envío de recursos para que puedan cubrir demandas que reciben por el corte de programas nacionales e infraestructura. La manta corta de sus recursos implica, en la mayoría de los distritos, menos obras y desaceleración del ritmo de ejecución.

La rigidez del gasto provincial es importante: sueldos, transferencias a municipios y seguridad social (en el caso de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus cajas de jubilaciones) comprometen alrededor del 80% de sus recursos. La colocación de deuda -tanto en dólares como en pesos- registró un impulso a fin del año pasado, pero está lejos de alcanzar la “revolución” en el arreglo de rutas que, en noviembre pasado, proyectó el entrerriano Rogelio Frigerio al plantear que la baja del riesgo país permitiría a las provincias conseguir asistencia financiera, con el aval de la Nación. Coincidió esa frase con la flexibilización de la firma de garantías por parte del Ministerio de Economía.

Desde entonces salieron al mercado internacional Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y, en los últimos días, Chubut; en dólares los vencimientos de todas suman unos US$2300 millones este año. En pesos, en lo que va del 2026, colocaron Chaco, Buenos Aires y Mendoza (en el 2025 además de esas mismas fueron Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Córdoba).

Hace unos días la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que las provincias deben afrontar un “perfil de vencimientos de deuda internacional exigente, que requerirá del acceso a diversas fuentes de financiamiento”. Remarcó el empeoramiento del frente fiscal de los distritos. Aunque ningún gobernador lo acepta, economistas que siguen las finanzas provinciales encienden alarmas de que se use financiamiento para gastos corrientes y no solo para repago de deuda u obras.

Hasta abril solo 17 jurisdicciones presentaron la ejecución presupuestaria completa del 2025 y solo cuatro sostuvieron el superávit financiero. El consolidado marca un rojo de 2%, según datos de Politikon Chaco. Falta Buenos Aires, por ejemplo, con lo que el resultado general claramente no mejorará.

Es en ese contexto en el que algunos gobernadores recibieron llamadas de funcionarios nacionales y líderes libertarios en el Congreso para “tantearlos” respecto a su posición para la reforma política. Al ser una ley electoral, el oficialismo necesita la mitad más uno de los votos con lo que las alianzas son ineludibles. “La Casa Rosada ya usó parte del crédito que tenía desde las legislativas con la reforma laboral. Hay promesas que, de nuevo, no se cumplieron”, ironizó ante un mandatario norteño.

Un colega de la región centro sostuvo que ya no es cuestión de que apelen a la “voluntad” de los gobernadores, que el problema es directamente de recursos. La mayoría no comparte, por el momento, el optimismo nacional de que los próximos meses serán los mejores en décadas.

El habitual interlocutor con los gobernadores, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió la semana pasada con el chaqueño Leandro Zdero. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

También esos funcionarios se encontraron hace unos días con otros aliados electorales, como Frigerio y Alfredo Cornejo. La estrategia de cara al próximo año electoral estuvo presente.

Entre esas promesas que mencionan está el mantenimiento de rutas. Hace unos días, Nación estableció por decreto un nuevo marco para la gestión de vías nacionales: nueve provincias (a las que se pueden incorporar otras) tienen la posibilidad de operar, mantener y concesionar tramos mediante peajes. Es una redefinición del papel del Estado central la infraestructura vial; no traspasa el dominio sino que a través de convenios con Vialidad Nacional -aprobados por Economía- pueden licitar.

“Todo dependerá de la capacidad de cada distrito -dijeron a desde la Cámara Argentina de la Construcción-. Hoy son pocas las que están ejecutando obras y la mayoría con ritmo más lento que antes. Buenos Aires, que tiene el plan más importante, está parada; las del norte, con pocos fondos disponibles, hacen casi nada. Están las que se quejan porque llevan un año de tratativas con Nación para traspasos, y no hay avances”.

Un análisis de Marcelo Capello, economista y vicepresidente de Ieral de la Fundación Mediterránea, da cuenta de que en 2023 la inversión del consolidado provincial alcanzó 1,8% del PIB, del que 1,4% fue Inversión Real Directa (IRD) y el resto transferencias de capital a municipios. En el 2024 cayó 34% real interanual y quedó en 1,2% del Producto, cifra que se mantuvo hasta el tercer trimestre del año pasado.

Con los datos publicados por 17 provincias (sin contar Buenos Aires), la inversión pública cayó 33% en 2024, en valores constantes, y subió un 17% el año pasado que fue electoral. Las mayores alzas reales en 2025 se dieron en Río Negro (96%), San Juan (81%), Neuquén (81%) y Entre Ríos (72%), mientras que las mayores caídas ocurrieron en Chubut (-41%), Corrientes (-17%) y Catamarca (-12%).

Tomando esas 17 jurisdicciones, respecto a 2023 sólo se expandió la inversión pública en Neuquén (37%), Santa Fe (22%), Río Negro (14%), Santa Fe y CABA (6%), bajando en mayor medida en Chaco (-73%), La Rioja (-72%) y Santa Cruz (-71%).

“Seguramente este año, con la caída que se observa en las transferencias automáticas de Nación, habrá un ajuste de la inversión pública del que, quizá, sólo queden excluidas algunas de las provincias que emitieron deuda”, añadió Capello.