POLITICA
La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires Andrés Vázquez, el titular de la ARCA
Al solicitarle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.
La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore.
Según Rodriguez, el actual titular de ARCA desplegó para eso dos capas superpuestas de sociedades en la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí.
* La capa local: Vázquez manejó el patrimonio en la Argentina a través de Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados, que lo tiene a él como principal accionista, que opera desde un inmueble del propio Vázquez (y le paga un alquiler por eso), le prestó dinero para comprar departamentos y le compró los autos que él y su familia usan. Así, para la PIA escondió su operatoria local detrás de una sociedad pantalla. “Una pregunta se impone aquí”, se interrogó el fiscal Rodríguez en su dictamen. “¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?”.
* La capa offshore: Vázquez manejó el patrimonio en Miami a través de dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp) que controló a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited), con sus hijas como autoridades formales, aunque él se encargó de pagar los impuestos. Para los investigadores, esa superposición de estructuras es típica de esquemas diseñados para dificultar la identificación del beneficiario final, demostrando un “plus intencional” o malicia que supera el error administrativo. Y un dato simbólico que no pasó inadvertido para los investigadores: los nombres de las sociedades panameñas remiten al Club Atlético Huracán, del que Vázquez sería simpatizante y aportante. “Alcorta” alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio del club; “Pompeya”, al barrio que lo rodea.
Con esas dos capas societarias en funcionamiento, la PIA reconstruyó que Vázquez administró bienes en la Argentina y en Estados Unidos.
* En la Argentina, capítulo 1: Vázquez compró en octubre 2010 el 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, dentro de la torre Chateau Puerto Madero Residence; la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus dos hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. Lo escrituraron en 335.000 dólares, aunque para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. ¿Cómo lo financió? A través de un autopréstamo –“loan-back”– de Consultora San Andrés, la sociedad de Vázquez que le facturaba a Casino de Buenos Aires y le prestó dinero al propio Vázquez. No sólo eso: el funcionario también usó esa sociedad para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos VW Vento 2.0, un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium, configurando un uso instrumental de la sociedad para disimular incrementos patrimoniales no justificados.
* En Estados Unidos: Vázquez compró tres propiedades: el 9 de enero de 2013: con la sociedad panameña Alcorta Corp, la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por 710.000 dólares; el 10 de enero de 2013: también con Alcorta Corp, la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares; y el 20 de julio de 2015: con la también panameña Pompeya Group Corp, la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares. Pero más allá de la titularidad formal de esas sociedades, la PIA detectó que Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el “animus domini”, es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre esos bienes.
No sólo eso, el fiscal Rodríguez analizó las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la entonces AFIP correspondientes a 2012 y 2013 y detectó que mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario concretó inversiones por 1,1 millones de dólares, evidenciando una manifiesta falta de capacidad económica para justificar el origen de los fondos.
Poco menos de tres años después, en tanto, la sociedad panameña Alcorta Corp vendió el segundo de los inmuebles, el de la avenida Brickell 1060, por 350.000 dólares. Fue el 22 de marzo de 2018, y según los investigadores de la PIA, esa operación permitiría entender otros movimientos patrimoniales en la Argentina.
* En la Argentina, capítulo 2: el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, a un valor escriturado de 225.906 dólares. Es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado, lo que para la PIA fue una operación subvaluada. De hecho, la sociedad que le vendió a Vázquez el triplex, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). Es decir que, de ser real la operación, Acontec SRL perdió al venderlo entre 235.806 y 551.611 dólares. ¿Valor real de ese triplex? Cerca de 2,1 millones de dólares.
Los investigadores detectaron, incluso, un dato adicional que conecta las operaciones en Estados Unidos y la Argentina. ¿Cuál? El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado de colocación y estratificación de activos. Fue el Chateau Group. Y ambas compras se concretaron próximas a la finalización de las construcciones, “cuestión que ameritaría profundizar sobre la posible coincidencia”, remarcó el fiscal.
Apoyado en estos y otros datos, Rodríguez le pidió al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez porque “sin duda alguna” omitió declarar su patrimonio ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA). Y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la pesquisa a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos derivados de actos de corrupción.
“En conjunto”, planteó Rodríguez, “los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”.
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POLITICA
Integridad Republicana cuestionó el retiro del pliego de Michelli y advirtió sobre una posible actitud persecutoria
La asociación Integridad Republicana expresó este martes su “profunda preocupación” por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar del Senado el pliego de la doctora María Verónica Michelli, quien se encontraba postulada para ocupar un cargo de jueza federal.
La declaración se difundió en medio de la controversia generada por la decisión del presidente Javier Milei de retirar la candidatura de la magistrada, una medida que despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y jurídicos y que además derivó en gestos de respaldo institucional hacia Michelli.
En el comunicado, Integridad Republicana sostuvo que observa con inquietud el procedimiento adoptado por el Gobierno respecto de una postulación que ya se encontraba bajo análisis de la Cámara alta.
“Integridad Republicana expresa su profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”, señaló la entidad.
La organización también hizo referencia a las versiones periodísticas que circularon en torno a los motivos de la decisión presidencial. En ese sentido, indicó: “Conforme a muy serias sospechas de las que dan cuenta las informaciones periodísticas, el motivo de ese inusual proceder sería el parentesco que une a la doctora Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación de larga trayectoria y reconocido prestigio por sus investigaciones independientes respecto de todos los gobiernos”.
El caso adquirió especial relevancia luego de que trascendiera que Michelli mantiene un vínculo familiar con el periodista, quien publicó investigaciones sobre distintos asuntos de interés público vinculados al Gobierno.
La declaración también aludió a los antecedentes existentes en materia de retiro de pliegos judiciales. Según señaló la entidad, existen casos previos asociados a cambios de administración, aunque remarcó diferencias respecto de la situación actual.
“Si bien el retiro de pliegos ya enviados al Senado tiene antecedentes en casos de cambios de gobierno, en esta oportunidad la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”, afirmó Integridad Republicana.
La organización advirtió además sobre las implicancias institucionales que tendría una eventual confirmación de esas sospechas. “Si así fuera, se trataría de un hecho sumamente grave porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano”, expresó.
En el mismo párrafo, la entidad vinculó el episodio con la situación del periodismo y sostuvo que podría interpretarse como una nueva forma de presión sobre la actividad profesional de los comunicadores.
“Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”, indicó el documento.
Este miércoles se conoció que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibiera a Michelli en el Senado y le transmitió el respaldo institucional frente al pedido del Ejecutivo de retirar su pliego. El encuentro sumó un nuevo capítulo a la controversia política generada por el caso.
En el tramo final del comunicado, Integridad Republicana sostuvo que decisiones de esta naturaleza tienen consecuencias sobre la calidad institucional del país y sobre la confianza en el sistema judicial.
“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país”, afirmó la organización.
La entidad agregó que “la República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”.
El documento llevó las firmas de Carlos Negri, presidente de Integridad Republicana, y de Horacio Moavro, secretario de la entidad. También acompañaron la declaración Osvaldo Pérez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz y Marcela Campagnoli.
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POLITICA
Senado. El pliego de Michelli desató las peores sospechas y dejó a la conducción de Bullrich en su hora más crítica
Tras una semana de alto voltaje político, cargada de errores no forzados, el bloque libertario del Senado vive su hora más crítica. La sesión del último jueves volvió a exponer las feroces internas que atraviesan al gobierno de Javier Milei y dejó al descubierto el fuerte impacto que esas disputas pueden tener a futuro para el oficialismo en un Congreso que parecía haber vuelto a controlar tras el triunfo en las elecciones legislativas del año pasado.
“Hemos tocado fondo, más bajo no podemos caer, creo. Ahora sólo resta empezar a subir”, le dijo a , con un tenue dejo de optimismo, un senador oficialista que abandonaba, vencido, el Senado tras participar de la reunión de bloque convocada por la jefa de la bancada, Patricia Bullrich (Capital), después de terminada la sesión del jueves. Esta vez no hubo foto grupal en el recinto con la tropa sonriente por el deber cumplido.
En ese momento, la aprobación del pliego de María Verónica Michelli sobre tablas y a contramano de los deseos de Milei y de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, era una herida a flor de piel y una noticia que corría como reguero de pólvora mostrando un nuevo fracaso parlamentario del Gobierno.
Sin embargo, el encuentro post sesión, que duró apenas media hora, fue un juego de niños comparado con la que habían vivido los mismos protagonistas apenas 24 horas antes, cuando reproches y críticas contra Bullrich estuvieron a la orden del día. El sector ultra oficialista alineado con los mandatos de la jefa del partido tomó la iniciativa en sus quejas a la jefa de la bancada.
Las acusaciones de “personalista” y de estar jugando su propio partido y no el del proyecto del Presidente se repitieron en varias de las intervenciones que tuvo la reunión, en particular las de Nadia Márquez (Neuquén) y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos).
Algunos testigos del encuentro dicen que el debate fue a los gritos, otros aseguran que no fue tan así, que las duras imputaciones a la exministra de Seguridad fueron realizadas con vehemencia, pero manteniendo las formas.
La causa de la disputa fue la decisión de Bullrich de anunciar, el lunes último, que iba a hacer uso de su “objeción de conciencia” para no cumplir con el mandato del jefe del Estado, que había ordenado vetar a Michelli por el “pecado” de ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, quien publicó varias notas con detalles reveladores sobre la estafa conocida como caso $LIBRA.
El anuncio operó como una bomba política para todo el oficialismo, mucho más cuando se supo, al día siguiente, que en su conversación con Milei la jefa de la bancada había puesto su renuncia a disposición del jefe del Estado, tal como reveló .
Para el momento del desplante de Bullrich, el caso Michelli ya venía convertido en un compendio de errores no forzados. Primero, por la decisión del presidente de la Comisión de Acuerdos, el menemista y, por carácter transitivo, karinista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), de esconder el dictamen de la candidata, a pesar de que tenía las firmas necesarias, por pedido del Poder Ejecutivo.
La publicación en de la conducta de Pagotto y del malestar de los senadores que habían apoyado el pliego por el virtual secuestro de un documento público fue el detonante que puso al caso Michelli en la vidriera de la política nacional y abrió las puertas del infierno político para el oficialismo.
En algunos despachos libertarios apuntaron sus quejas a Bullrich por haber “armado mal” la Comisión de Acuerdos. Que la oposición dialoguista pudiera formar mayoría sin necesidad del oficialismo, como demostró el dictamen de Michelli, fue el ejemplo más palmario.
Otros, ubicaban el inicio del fiasco en la selección de los candidatos. “No necesitaban un aparato de inteligencia para esto, con buscar en Internet o preguntarle a Chat GPT podrían haberse enterado de quién era Michelli antes de enviar el diploma”, dijeron cerca de la conducción del bloque con la mira puesta en al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y en Karina Milei, que fue quien lo puso es ese sitial.
“Es fácil saber quién es el culpable. Después de cada quilombo hay que escuchar a la mañana siguiente cierto programa de radio: el que aparece ese día hablando en el estudio, ése es el ‘asesino’, el que necesita blanquearse. Después de la pelea por los tuits de la cuenta “periodista Rufus” apareció Martín Menem. Ahora, fue Mahiques el entrevistado. No falla”, comentó un senador oficialista, harto de la intoxicación provocada por la interna del Gobierno.
Si la semana empezó movida con la “objeción de conciencia” de Bullrich del lunes, las 24 horas previas a la sesión fueron a puro vértigo. Cuando parecía que todo se encarrilaba y que Michelli quedaba para otro momento, en Casa Rosada estallaron de odio cuando se enteraron que, según lo acordado por la jefa de la bancada ante sus pares del Senado, el tratamiento del pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, iba a quedar postergado para la próxima sesión.
La noticia activó las alarmas de la interna. En el “karinismo” comenzó a circular la peor sospecha: Bullrich y Caputo complotados en contra de los acuerdos sellados por Mahiques a pedido de la hermana presidencial.
La realidad, como siempre, es mucho más sencilla. Lo contó el peronista Fernando Salino (San Luis) durante la sesión y nadie lo desmintió.
Durante la reunión de labor parlamentaria del miércoles, Bullrich planteó que se traten todos los pliegos menos el de Michelli, cuyo dictamen el oficialismo aceptó presentar recién ese día. “No podemos dejarla sola a Michelli, va a quedar claro que la están dejando de lado”, planteó el misionero Martín Goerling, presidente del bloque Pro. “Bueno, tratemos 50 pliegos mañana y el resto con Michelli”, concedió la senadora libertaria.
Sin embargo, desde el peronismo exigieron saber la lista de los acuerdos que iban a entrar. Apremiada por la dinámica de la reunión, Bullrich dijo que tomaran la lista de órdenes del día, contaran cincuenta y ahí trazaran una línea; el resto pasaba para otro día. Así fue cómo el hijo de Rosatti había quedado afuera de la lista. El resto, las teorías conspirativas, fueron producto de la interna sin fin del oficialismo.
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POLITICA
Javier Milei viaja a Córdoba para observar ejercicios militares conjuntos con fuerzas de EE.UU.: los detalles de Daga Atlántica
Javier Milei viajará el miércoles a Córdoba para observar los ejercicios conjuntos que realizan las Fuerzas Armadas con tropas de operaciones especiales de Estados Unidos. En la Casa Rosada aseguran que se trata de una visita operativa a la etapa de ejecución de Daga Atlántica, el adiestramiento binacional autorizado por el DNU 264/2026.
El Presidente iría junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. También se espera la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y de otras autoridades estadounidenses vinculadas al despliegue militar.
En el Gobierno sostienen que el ejercicio pasó de la fase de planeamiento a una etapa de ejecución en terreno. En Nación aseguran que durante la actividad se utilizarán vehículos blindados Stryker, que forman parte de las capacidades militares que la Argentina viene negociando con Estados Unidos en el marco de la modernización de las Fuerzas Armadas.
Daga Atlántica fue autorizado para realizarse entre el 21 de abril y el 12 de junio en territorio argentino. El decreto habilitó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar en actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno.
Según el anexo oficial, el ejercicio involucra operaciones especiales y adiestramiento conjunto combinado. Del lado argentino participan unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Del lado estadounidense, el documento prevé hasta 50 efectivos, aeronaves de transporte, equipos tácticos, comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados, visión nocturna y equipamiento de combate.
En la Casa Rosada reconocen que hubo cambios en la preparación del ejercicio. Fuentes oficiales sostienen que el Pentágono redujo parte del presupuesto y la cantidad de personal que iba a enviar por la situación en Medio Oriente. En el Ejecutivo aseguran que esos ajustes no modifican el sentido de la actividad, que presentan como parte del entrenamiento bilateral y de la mejora de la interoperabilidad.
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La visita se inscribe en una agenda más amplia de acercamiento militar con Washington. En los últimos meses, el Gobierno autorizó el ejercicio Daga Atlántica, participó del PASSEX con el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, firmó cartas de intención con Estados Unidos en materia logística y tecnológica, y avanzó en programas para incorporar capacidades de patrullaje marítimo, drones y sistemas antidrones.
El decreto que habilitó Daga Atlántica también autorizó el PASSEX, realizado entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva argentina. En esa actividad participaron medios de la Armada Argentina y unidades estadounidenses, en un esquema de adiestramiento naval orientado a comunicaciones, evoluciones tácticas, defensa aérea y operaciones combinadas.
Presti también visitó el Pentágono en marzo para profundizar la cooperación militar con Estados Unidos. En esa agenda se conversó sobre la incorporación de helicópteros Black Hawk, el aumento de vehículos Stryker, la evolución del proyecto F-16, el rol de los P-3 Orion y la necesidad de consolidar capacidades navales para el control de recursos en el Atlántico Sur.
El vínculo se completa con la participación argentina en iniciativas de seguridad hemisférica impulsadas por Washington. Milei asistió en marzo a la cumbre Escudo de las Américas, organizada por Donald Trump en Miami, y el Gobierno evalúa qué aspectos de esa adhesión requieren tratamiento legislativo. En Balcarce 50 presentan ese movimiento como parte de una estrategia de alineamiento con socios occidentales y de ampliación de la cooperación en defensa.
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La actividad en Córdoba se dará en un contexto político sensible. La provincia sigue atravesada por la conmoción del caso Agostina Vega, que reactivó en la Casa Rosada la discusión por la reforma del Código Penal. En el Ejecutivo aseguran que el viaje de Milei tiene carácter operativo y está vinculado a la agenda de Defensa, pero admiten que el escenario local estará marcado por ese caso.
El viaje también coincidirá con la previa de la presentación de la declaración jurada de Adorni. En el Gobierno esperaban que el jefe de Gabinete la presentara esta semana, pero en su entorno ahora deslizan que podría dilatarse para la próxima. La Casa Rosada busca que esa documentación permita despejar dudas sobre su situación patrimonial y cerrar un frente de desgaste interno.
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