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La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires Andrés Vázquez, el titular de la ARCA

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Al solicitarle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.

La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore.

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Según Rodriguez, el actual titular de ARCA desplegó para eso dos capas superpuestas de sociedades en la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí.

* La capa local: Vázquez manejó el patrimonio en la Argentina a través de Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados, que lo tiene a él como principal accionista, que opera desde un inmueble del propio Vázquez (y le paga un alquiler por eso), le prestó dinero para comprar departamentos y le compró los autos que él y su familia usan. Así, para la PIA escondió su operatoria local detrás de una sociedad pantalla. “Una pregunta se impone aquí”, se interrogó el fiscal Rodríguez en su dictamen. “¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?”.

* La capa offshore: Vázquez manejó el patrimonio en Miami a través de dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp) que controló a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited), con sus hijas como autoridades formales, aunque él se encargó de pagar los impuestos. Para los investigadores, esa superposición de estructuras es típica de esquemas diseñados para dificultar la identificación del beneficiario final, demostrando un “plus intencional” o malicia que supera el error administrativo. Y un dato simbólico que no pasó inadvertido para los investigadores: los nombres de las sociedades panameñas remiten al Club Atlético Huracán, del que Vázquez sería simpatizante y aportante. “Alcorta” alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio del club; “Pompeya”, al barrio que lo rodea.

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Con esas dos capas societarias en funcionamiento, la PIA reconstruyó que Vázquez administró bienes en la Argentina y en Estados Unidos.

* En la Argentina, capítulo 1: Vázquez compró en octubre 2010 el 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, dentro de la torre Chateau Puerto Madero Residence; la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus dos hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. Lo escrituraron en 335.000 dólares, aunque para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. ¿Cómo lo financió? A través de un autopréstamo –“loan-back”– de Consultora San Andrés, la sociedad de Vázquez que le facturaba a Casino de Buenos Aires y le prestó dinero al propio Vázquez. No sólo eso: el funcionario también usó esa sociedad para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos VW Vento 2.0, un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium, configurando un uso instrumental de la sociedad para disimular incrementos patrimoniales no justificados.

Vázquez compró en octubre 2010 el 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, dentro de la torre Chateau Puerto Madero Residence

* En Estados Unidos: Vázquez compró tres propiedades: el 9 de enero de 2013: con la sociedad panameña Alcorta Corp, la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por 710.000 dólares; el 10 de enero de 2013: también con Alcorta Corp, la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares; y el 20 de julio de 2015: con la también panameña Pompeya Group Corp, la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares. Pero más allá de la titularidad formal de esas sociedades, la PIA detectó que Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el “animus domini”, es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre esos bienes.

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El complejo Icon Brickell, en Miami, donde compró un departamento Andrés Vázquez, jefe de la DGI del gobierno de Milei

No sólo eso, el fiscal Rodríguez analizó las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la entonces AFIP correspondientes a 2012 y 2013 y detectó que mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario concretó inversiones por 1,1 millones de dólares, evidenciando una manifiesta falta de capacidad económica para justificar el origen de los fondos.

Poco menos de tres años después, en tanto, la sociedad panameña Alcorta Corp vendió el segundo de los inmuebles, el de la avenida Brickell 1060, por 350.000 dólares. Fue el 22 de marzo de 2018, y según los investigadores de la PIA, esa operación permitiría entender otros movimientos patrimoniales en la Argentina.

* En la Argentina, capítulo 2: el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, a un valor escriturado de 225.906 dólares. Es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado, lo que para la PIA fue una operación subvaluada. De hecho, la sociedad que le vendió a Vázquez el triplex, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). Es decir que, de ser real la operación, Acontec SRL perdió al venderlo entre 235.806 y 551.611 dólares. ¿Valor real de ese triplex? Cerca de 2,1 millones de dólares.

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Los Molinos Building, en Azucena Villaflor 350, otra de las propiedades que habría comprado el titular de la ARCA

Los investigadores detectaron, incluso, un dato adicional que conecta las operaciones en Estados Unidos y la Argentina. ¿Cuál? El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado de colocación y estratificación de activos. Fue el Chateau Group. Y ambas compras se concretaron próximas a la finalización de las construcciones, “cuestión que ameritaría profundizar sobre la posible coincidencia”, remarcó el fiscal.

Apoyado en estos y otros datos, Rodríguez le pidió al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez porque “sin duda alguna” omitió declarar su patrimonio ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA). Y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la pesquisa a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos derivados de actos de corrupción.

“En conjunto”, planteó Rodríguez, “los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”.

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El juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá definir si cita a indagatoria al titular de la ARCA, Andrés VázquezEnrique Garcia Medina



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Tras el contundente reclamo de la AMIA, el Gobierno prometió colaborar con la causa pero no tiene en carpeta nuevas medidas

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Este 32° aniversario del Atentado a la AMIA se escuchó uno de los discursos más contundentes en relación al avance de la causa judicial y a la necesidad de realizar mayores esfuerzos gubernamentales. Lo realizó el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, quien sentenció que “el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia”.

En primera fila estaba el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes no hablaron durante el acto y se limitaron a escuchar las palabras de Armoza, quien hacia el final del discurso reconoció la voluntad de la actual administración de condenar a organizaciones terroristas.

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“En medio de esta ola de cinismo global, celebramos y valoramos la postura de la República Argentina, liderada por el Gobierno Nacional, de ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia, manifestando su apoyo expreso al Estado de Israel en este momento tan delicado, y habiendo declarado también a Hamás como organización terrorista”, afirmó.

Aunque fue elogioso, Armoza hizo énfasis en varios pedidos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, donde el oficialismo de La Libertad Avanza tiene margen para accionar.

Por la parte ejecutiva, pidió “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. Asimismo, solicitó que se “aceleren las designaciones al respecto para cubrir todos los cargos que se encuentran vacantes”. Para el lado del Congreso, pidió el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo, aunque sin explicar qué tipo de políticas públicas.

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El Presidente escucha el discurso del titular de la AMIA

Nos pareció bien que haga las demandas que haya considerado pertinentes. Creo que desde AMIA y desde toda la comunidad judía saben que en esta gestión encuentran un apoyo sustancial”, afirmó un importante funcionario de la Casa Rosada.

Infobae se contactó con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, para pedir sus opiniones acerca del pedido por refuerzos en la Triple Frontera, pero no recibió respuestas hasta la publicación del artículo.

Al respecto de la aceleración de pliegos judiciales, el Ministerio de Justicia prevé seguir con el envío de pliegos luego del receso invernal que va a tener el Congreso por estas dos semanas. Se espera que la propuesta de acuerdos por las diferentes vacantes que hay sea algo menor que en los últimos meses. Esto es por la importancia y la magnitud de los cargos que se van a proponer. La Casa Rosada comenzó mandando pliegos de juzgados menos atravesados por la política y prevé seguir avanzando con los más complejos en los próximos meses, aunque de manera más dosificada. “Las vacantes se van a cubrir”, afirman.

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En cuanto a los aspectos legislativos, en el oficialismo se sinceran y afirman que no hay proyectos en materia de lucha contra el terrorismo por el momento, aunque eso no significa que se puedan comenzar a elaborar nuevas propuestas. “Sacamos la Ley de Juicio en Ausencia. Más no podemos hacer por el momento. Entendemos si creen que no tuvo los resultados esperados, pero hay buena predisposición de nuestro lado”, afirmó una importantísima voz del oficialismo.

La ministra de Seguridad Alejndra Monteoliva estuvo presente en el acto

Una de las figuras del Gobierno que estuvo presente en el acto dio ante Infobae su opinión sobre el discurso de Armoza: “Juicio en ausencia no puede nacer mal. Es una nueva institución y se deben tomar recaudos. Pero es un avance importantísimo”.

En todo el arco del oficialismo evitaron pronunciarse sobre las consideraciones que el titular de la institución realizó sobre los jueces y fiscales aludidos, aunque algunos de ellos reconocieron la lentitud y “la falta de justicia” que rodea a la Causa AMIA.

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En uno de los fragmentos exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

La comunidad judía muestra las fotos de las víctimas del ataque a la AMIA

Quien estaba en el acto mientras era aludido era Barroetaveña, quien hace días logró una medida cautelar para poder participar de las elecciones y renovar su mandato en el Consejo de la Magistratura.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. Quien fue mencionado por haber realizado un aporte “nulo” a la investigación fue el fiscal Julio Miranda, cotitular de Basso en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA). También fue citado el responsable del Área de Análisis de la Unidad, el fiscal general Pablo Ouviña.

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Revocaron el sobreseimiento de Espinoza y ordenaron que enfrente un juicio oral por abuso sexual

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La Cámara Nacional de Casación Penal revocó hoy el sobreseimiento del intendente de La Matanza Fernando Espinoza y ordenó que enfrente un juicio oral, que deberá realizarse “a la mayor brevedad”, acusado de haber abusado sexualmente de una exsecretaria suya.

La decisión la tomaron los camaristas Horacio Días y Alberto Huarte Petite, que sostuvieron que fue arbitraria la decisión de apartar a la denunciante, Melody Rakauskas, de la causa porque ella no tenía abogado. Al apartarla, la causa se quedó sin impulso porque la fiscalía había pedido el sobreseimiento de Espinoza y solo la querellante promovía la investigación.

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Espinosa fue sobreseído, en un primer momento, por falta de pruebas. La fiscal del caso, Mónica Cuñarro, entendió que no había elementos para sostener la acusación y el fiscal ante la Cámara, Mauricio Viera, se pronunció luego en el mismo sentido.

Pero además, la jueza Inés Cantisani, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió quitarle el rol de querellante a Rakauskas porque incumplió en presentar abogados en los plazos requeridos y responder a las notificaciones judiciales y policiales. Así, Espinosa fue sobreseído por falta de acción penal.

El nuevo abogado de la denunciante, Ignacio Fernando Barrios, argumentó que ella nunca abandonó la querella ni desistió de la causa. “Lo que existió fue una falta transitoria de patrocinio letrado, frente a la cual ella pidió expresamente un plazo, manifestó su voluntad de continuar y reclamó la realización del juicio”, dijo el abogado.

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La Justicia recibió un informe sobre el patrimonio de Adorni con inconsistencias y la fiscalía ya trabaja en un pedido de explicaciones

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La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) entregó a la Justicia un informe técnico sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El estudio, según supo TN, señala la existencia de “inconsistencias” y ahora la fiscalía trabaja en darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial.

El informe, según pudo saber TN, es de carácter técnico y no establece una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial. Su contenido marca inconsistencias que deberán ser analizadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien terminará de definir los próximos pasos de la investigación.

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La elaboración del estudio había sido solicitada por Pollicita para reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. El objetivo era contar con elementos suficientes para determinar si existía algún desbalance que amerite un pedido de explicaciones adicionales antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.

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Ahora, el análisis queda en manos de Pollicita. La fiscalía deberá determinar qué aspectos concretos deben ser aclarados y cómo se formulará el eventual pedido de explicaciones patrimoniales.

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La reconstrucción solicitada por el fiscal contempló un análisis individual de Adorni y Angeletti y otro consolidado del grupo familiar. Entre otros puntos, la DAFI debía establecer la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada ejercicio investigado.

También debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental y diferenciarlos de transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

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Uno de los objetivos centrales era reconstruir las entradas y salidas de dinero y vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos. Para evitar duplicaciones, el fiscal había pedido depurar las operaciones que no representaran nuevas fuentes o aplicaciones de fondos, como las transferencias internas o las conversiones de moneda.

El informe también debía comparar las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus eventuales rectificaciones. En particular, se buscó identificar cambios en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución del patrimonio.

Otro de los puntos considerados fue la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Además, debía contrastar esa información con las declaraciones juradas patrimoniales y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la causa.

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Adorni renunció a su cargo a fines de junio. (Foto: Reuters)

El análisis de las criptomonedas aparece como uno de los aspectos sensibles de la investigación debido a los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. La elaboración del informe técnico había sufrido demoras por la incorporación de nuevos estudios vinculados con ese punto.

La investigación también contempla la revisión del costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas. En los casos de préstamos, mutuos u otras fuentes de financiamiento, el fiscal había pedido que se analizara la capacidad económica involucrada y que se señalaran eventuales diferencias entre los instrumentos, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.

Como cierre del análisis, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo era confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.

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A partir de ese cruce, el informe debía permitir identificar las partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y las disponibilidades acreditadas, presentaran respaldo incompleto, hubieran cambiado de explicación entre distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito es una de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni y continúa en etapa de instrucción. En paralelo, también se tramita un expediente relacionado con el viaje a Punta del Este que realizó durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. En esa investigación se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.

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Manuel Adorni

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