Este 32° aniversario del Atentado a la AMIA se escuchó uno de los discursos más contundentes en relación al avance de la causa judicial y a la necesidad de realizar mayores esfuerzos gubernamentales. Lo realizó el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, quien sentenció que “el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia”.

En primera fila estaba el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes no hablaron durante el acto y se limitaron a escuchar las palabras de Armoza, quien hacia el final del discurso reconoció la voluntad de la actual administración de condenar a organizaciones terroristas.

“En medio de esta ola de cinismo global, celebramos y valoramos la postura de la República Argentina, liderada por el Gobierno Nacional, de ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia, manifestando su apoyo expreso al Estado de Israel en este momento tan delicado, y habiendo declarado también a Hamás como organización terrorista”, afirmó.

Aunque fue elogioso, Armoza hizo énfasis en varios pedidos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, donde el oficialismo de La Libertad Avanza tiene margen para accionar.

Por la parte ejecutiva, pidió “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. Asimismo, solicitó que se “aceleren las designaciones al respecto para cubrir todos los cargos que se encuentran vacantes”. Para el lado del Congreso, pidió el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo, aunque sin explicar qué tipo de políticas públicas.

“Nos pareció bien que haga las demandas que haya considerado pertinentes. Creo que desde AMIA y desde toda la comunidad judía saben que en esta gestión encuentran un apoyo sustancial”, afirmó un importante funcionario de la Casa Rosada.

Infobae se contactó con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, para pedir sus opiniones acerca del pedido por refuerzos en la Triple Frontera, pero no recibió respuestas hasta la publicación del artículo.

Al respecto de la aceleración de pliegos judiciales, el Ministerio de Justicia prevé seguir con el envío de pliegos luego del receso invernal que va a tener el Congreso por estas dos semanas. Se espera que la propuesta de acuerdos por las diferentes vacantes que hay sea algo menor que en los últimos meses. Esto es por la importancia y la magnitud de los cargos que se van a proponer. La Casa Rosada comenzó mandando pliegos de juzgados menos atravesados por la política y prevé seguir avanzando con los más complejos en los próximos meses, aunque de manera más dosificada. “Las vacantes se van a cubrir”, afirman.

En cuanto a los aspectos legislativos, en el oficialismo se sinceran y afirman que no hay proyectos en materia de lucha contra el terrorismo por el momento, aunque eso no significa que se puedan comenzar a elaborar nuevas propuestas. “Sacamos la Ley de Juicio en Ausencia. Más no podemos hacer por el momento. Entendemos si creen que no tuvo los resultados esperados, pero hay buena predisposición de nuestro lado”, afirmó una importantísima voz del oficialismo.

Una de las figuras del Gobierno que estuvo presente en el acto dio ante Infobae su opinión sobre el discurso de Armoza: “Juicio en ausencia no puede nacer mal. Es una nueva institución y se deben tomar recaudos. Pero es un avance importantísimo”.

En todo el arco del oficialismo evitaron pronunciarse sobre las consideraciones que el titular de la institución realizó sobre los jueces y fiscales aludidos, aunque algunos de ellos reconocieron la lentitud y “la falta de justicia” que rodea a la Causa AMIA.

En uno de los fragmentos exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Quien estaba en el acto mientras era aludido era Barroetaveña, quien hace días logró una medida cautelar para poder participar de las elecciones y renovar su mandato en el Consejo de la Magistratura.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. Quien fue mencionado por haber realizado un aporte “nulo” a la investigación fue el fiscal Julio Miranda, cotitular de Basso en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA). También fue citado el responsable del Área de Análisis de la Unidad, el fiscal general Pablo Ouviña.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) entregó a la Justicia un informe técnico sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El estudio, según supo TN, señala la existencia de “inconsistencias” y ahora la fiscalía trabaja en darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial.

El informe, según pudo saber TN, es de carácter técnico y no establece una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial. Su contenido marca inconsistencias que deberán ser analizadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien terminará de definir los próximos pasos de la investigación.

La elaboración del estudio había sido solicitada por Pollicita para reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. El objetivo era contar con elementos suficientes para determinar si existía algún desbalance que amerite un pedido de explicaciones adicionales antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.

Leé también: El Gobierno confirmó que mantendrá la custodia a Manuel Adorni: los motivos

Ahora, el análisis queda en manos de Pollicita. La fiscalía deberá determinar qué aspectos concretos deben ser aclarados y cómo se formulará el eventual pedido de explicaciones patrimoniales.

La reconstrucción solicitada por el fiscal contempló un análisis individual de Adorni y Angeletti y otro consolidado del grupo familiar. Entre otros puntos, la DAFI debía establecer la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada ejercicio investigado.

También debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental y diferenciarlos de transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

Leé también: Caso Insaurralde: las inspecciones oculares en las casas fueron negativas y la Justicia avanza con las tasaciones

Uno de los objetivos centrales era reconstruir las entradas y salidas de dinero y vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos. Para evitar duplicaciones, el fiscal había pedido depurar las operaciones que no representaran nuevas fuentes o aplicaciones de fondos, como las transferencias internas o las conversiones de moneda.

El informe también debía comparar las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus eventuales rectificaciones. En particular, se buscó identificar cambios en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución del patrimonio.

Otro de los puntos considerados fue la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Además, debía contrastar esa información con las declaraciones juradas patrimoniales y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la causa.

El análisis de las criptomonedas aparece como uno de los aspectos sensibles de la investigación debido a los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. La elaboración del informe técnico había sufrido demoras por la incorporación de nuevos estudios vinculados con ese punto.

La investigación también contempla la revisión del costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas. En los casos de préstamos, mutuos u otras fuentes de financiamiento, el fiscal había pedido que se analizara la capacidad económica involucrada y que se señalaran eventuales diferencias entre los instrumentos, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.

Como cierre del análisis, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo era confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.

Leé también: La Justicia ordenó reabrir la investigación contra Fernando Espinoza y que vaya a juicio por presunto abuso sexual

A partir de ese cruce, el informe debía permitir identificar las partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y las disponibilidades acreditadas, presentaran respaldo incompleto, hubieran cambiado de explicación entre distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito es una de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni y continúa en etapa de instrucción. En paralelo, también se tramita un expediente relacionado con el viaje a Punta del Este que realizó durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. En esa investigación se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.

Manuel Adorni

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó nuevamente bajo la lupa judicial después de que la Cámara Nacional de Casación revocara su sobreseimiento y ordenara que se realice “a la mayor brevedad” un juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas por presunto abuso sexual.

La decisión, tomada por mayoría en la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, dejó sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero, había separado a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

El tribunal de alzada cuestionó como “arbitraria” la decisión del tribunal de primera instancia de apartar a la denunciante del proceso por no tener abogado.

“A mi ver, la inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, explicó uno de los camaristas.

En disidencia fue la votación de Jantus que detalló que el apartamiento de la denunciante no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

La causa se originó a partir de la denuncia de una exfuncionaria municipal, quien acusó a Espinoza de haberla abusado en su despacho. El expediente había sido cerrado por falta de pruebas, pero la Cámara consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un tribunal.

Fernando Espinoza