POLITICA
Javier Milei participa del acto a 32 años del atentado a la AMIA

El presidente Javier Milei participa este viernes del acto por el aniversario número 32 del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio porteño de Once, donde fueron asesinadas 85 personas.
El evento se da en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye cierres al tránsito de las calles Pasteur, Azcuénaga y Uriburu, entre las avenidas Córdoba y Corrientes.
El mandatario, visiblemente emocionado, llegó acompañado de su hermana, Karina Milei, y uno de sus hombres de mayor confianza, Mario Suli. Con su habitual gorra negra, Suli quedó ubicado a unos pasos.
Detrás del mandatario se desplegaba una cuadra repleta de gente, que a las 9.53 escuchó la sirena que sonó, como desde hace 31 años, para marcar el comienzo del acto en reclamo de justicia. Todo bajo un silencio sepulcral y los carteles con los rostros y nombres de cada una de las 85 víctimas, la menor de ellas Sebastián Barreiro, de cinco años.
Junto al Presidente están también en el evento el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, los ministros Mario Lugones [Salud], Alejandra Monteoliva [Seguridad] y Carlos Presti [Defensa]. A ellos se suman el embajador estadounidense Peter Lamelas, y los diputados Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet.
Otros de los asistentes son el juez Mariano Borinsky, que trató el expediente de AMIA, y el extitular del área de Derechos Humanos en tiempos macristas, Claudio Avruj.
Milei había confirmado días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633, donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del ataque.
Al arribar al lugar Bullrich habló con LN+: “Es un día para recordar la tristeza y también la rebeldía frente al terrorismo. Esto está siendo juzgado y es un paso trascendental en la historia de fallidos que tuvo este juicio, se va a llegar a la verdad». Tras ello, remarcó sobre la presencia del libertario: “Es muy bueno que venga el Presidente, han venido pocos”.
Desde que asumió en Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei asistió a todos los actos de conmemoración. Al igual que en esas ocasiones, fue ubicado en las primeras filas, entre familiares de las víctimas y autoridades de la AMIA y de la DAIA, muy cerca del embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Seal.
El operativo de seguridad combina la presencia de miembros de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) y Casa Militar, el órgano mixto de civiles y uniformados, que se encarga de la custodia presidencial, según pudo saber .
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POLITICA
A 32 años del atentado, el presidente de AMIA apuntó contra la Justicia y pidió reforzar la seguridad en la Triple Frontera ante la amenaza iraní

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezó este viernes el acto central por el 32° aniversario del atentado contra la mutual y pronunció un discurso marcado por fuertes cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, reclamos para avanzar con el juicio en ausencia y un pedido al Gobierno para reforzar la seguridad en la Triple Frontera frente a la amenaza del terrorismo. Los planteos fueron formulados ante el presidente Javier Milei, quien asistió a la ceremonia acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Durante la ceremonia realizada en Pasteur 633, Armoza aseguró que “luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos”, aunque advirtió que “nos dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar”. También dedicó sus primeras palabras a los familiares y sobrevivientes del ataque. “Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo”.
Milei y Karina Milei siguieron la ceremonia desde las primeras filas, junto a funcionarios nacionales, dirigentes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado. El Presidente encabezó la comitiva oficial que asistió al homenaje realizado en Pasteur 633, donde a las 9:53 sonó la sirena que recordó el momento exacto de la explosión del 18 de julio de 1994.
Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dirigido al estado de la investigación. “En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó. Luego agregó que la institución mantiene “encendida” la búsqueda de respuestas frente a “una injusticia que nos quema por dentro”.
En ese contexto, reclamó que el Congreso sancione legislación específica para combatir el terrorismo. “Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan”, sostuvo.
Armoza también exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.
Además, cuestionó el desempeño del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa. “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, manifestó. También recordó que el Juzgado Federal N° 6 permanece desde hace seis años sin un magistrado titular y reclamó cubrir las vacantes judiciales.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. “¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?”, preguntó. Además, sostuvo que el aporte del fiscal Miranda “ha sido absolutamente nulo” y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que designe funcionarios “idóneos”.
En otro tramo del discurso, Armoza afirmó que “la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida” y aseguró que la Justicia argentina determinó que el atentado “se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán”. Agregó que “detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah”, y reclamó a Interpol mantener vigentes las notificaciones rojas contra los acusados.
En materia de seguridad, pidió al Gobierno nacional “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. “La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, sostuvo. También convocó a Brasil a declarar a Hezbollah como organización terrorista y afirmó que “la colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos”.
Finalmente, reclamó acelerar el análisis de la documentación vinculada a la antigua SIDE, sostuvo que todavía existen “toneladas de papeles” pendientes de revisión y pidió a la Corte Suprema revocar la absolución de Carlos Telleldín al considerar que existe “prueba contundente y acumulada” que lo vincula con la conexión local del atentado.
POLITICA
The Guardian pidió que el Reino Unido reabra negociaciones con Argentina por las Malvinas: “No pueden ser británicas para siempre”

La aparición de una bandera que clamaba que “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos de la selección argentina, tras la victoria por 2 a 1 a Inglaterra en semifinales, volvió a poner sobre la mesa la discusión por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Aunque algunos medios internacionales tildaron el gesto de “arrogante”, el diario británico The Guardian pidió al Reino Unido que reabra las negociaciones.
“No pueden ser británicas para siempre”, planteó el periodista y columnista Simon Jenkins, luego de que ofreciera un repaso histórico sobre los territorios que alguna vez fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la corona.
De hecho, entre los hitos más recientes mencionó el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar. Así, la disposición para eliminar el histórico enrejado no solo representó la desaparición de la frontera física, sino el fin de otra discusión diplomática que se extendió por varias décadas.
Apenas 24 horas habían transcurrido de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, cuando el reclamo por la soberanía de Malvinas resurgió en plena celebración del Mundial 2026. “Pero, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“, cuestionó el columnista del medio británico.
“Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”, criticó.
Bajo el punto de vista de The Guardian, la ferviente defensa de los gobiernos británicos por el control de las islas estaría íntimamente ligada a la inyección de popularidad que la victoria en la Guerra de Malvinas (1982) le brindó a la administración encabezada por la ex primera ministra Margaret Thatcher.
De la misma manera, consideraron que las políticas de protección también estarían relacionadas “con el hecho de que los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o Diego García (islas que supieron responder al gobierno británico), eran británicos blancos”.
Sin embargo, el columnista británico desempolvó los archivos históricos para mencionar que durante la década de los ‘70 el Reino Unido se encontraba en medio de negociaciones para transferir la soberanía de las islas al gobierno argentino. Un movimiento que, en paralelo, fue impulsado por las Naciones Unidas (ONU) en los ex imperios francés, portugués y español.

Según reconstruye el artículo de The Guardian, para 1971 se había establecido un acuerdo para que los habitantes de las islas pudieran viajar hacia el territorio continental y hacer uso de los hospitales, tiendas y otros servicios. “Gradualmente, los isleños estaban formando lazos cercanos con sus vecinos costeros”, destacaron.
“La problemática no era por una cuestión histórica -un argumento eterno-, sino por un sentido común geográfico”, señaló el periodista británico respecto de la predisposición que mostraba por aquel entonces la administración del Reino Unido. La búsqueda por ahorrar dinero también impulsó esa postura, tras indicar que las islas se encontraban expuestas y sin defensas.
En este sentido, reiteró: “Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas”. Sin embargo, reprochó que el atropello por parte de las fuerzas militares argentinas en 1982 no solo desató el enfrentamiento armado, sino que generó un quiebre en las negociaciones en curso.
“Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras”, analizó el artículo, tras hacer mención a los esfuerzos de los Estados Unidos y Perú de que ambas naciones bajaran las armas.

A pesar de esto, el columnista de The Guardian cuestionó que “lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años”.
“La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”, señaló.
De la misma manera, Jenkins consideró que los resultados del referéndum realizado en 2013 sobre el tema, en donde 99,8% de un total de 1517 participantes votaron por permanecer anexados como parte del gobierno británico, no eran suficiente justificativo.
“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”, analizó, tras plantear que “sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”.
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POLITICA
La Justicia avanza contra una casa de cambio que movió millones de dólares de un secretario de Kirchner

Doce años después de iniciada la investigación, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por el delito de lavado de activos agravado mediante una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos a sociedades en Panamá y cuentas bancarias en Andorra.
La Cámara Federal consideró que existen pruebas suficientes para sostener que los cambistas involucrados manejaron una cartera de al menos US$138 millones de sus clientes. Entre ellos, el círculo íntimo de uno de los secretarios privados de la familia Kirchner, Daniel Muñoz, que terminó por adquirir inmuebles en Miami y en el otrora hotel Plaza de Nueva York, e involucrados en maniobras de narcotráfico que formaron parte del operativo “Carbón Blanco”.
El tribunal también ordenó embargos por $10.000 millones contra cada uno de los procesados en la investigación que comenzó con una denuncia del Banco Central (BCRA) e impulsó la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica y otros delitos complejos de Mar del Plata, con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
En su resolución, la Cámara consideró acreditado que Jonestur operó como mucho más que una casa de cambio. También prestó servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero y gestión de carteras, y fugó fondos al exterior mediante sociedades constituidas en Panamá hacia cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Los procesamientos confirmados recayeron sobre los máximos responsables de Jonestutr -Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro-, quienes quedaron a un paso de afrontar un juicio oral “por haber tomado intervención en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y haberse cometido de forma organizada”.
La Cámara también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento de otros acusados -entre ellos, los directivos de Transcambio- y estimó que no hay evidencias suficientes para confirmar que integraron una asociación ilícita, tal como sostuvo el juez federal, Santiago Inchausti, al procesarlos, decisión que el Ministerio Público apelará ante la Casación Penal.
La operatoria bajo sospecha benefició, entre otros, al círculo íntimo de Daniel Muñoz, quien movió decenas de millones de dólares sin declarar. Según la investigación, su pareja, Carolina Pochetti, y uno de sus testaferros, Sergio Todisco recurrieron a esas estructuras financieras para triangular y reciclar fondos que terminaron en sociedades offshore para luego volcarse en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos.
La causa se inició en 2014 a partir de una presentación del BCRA por posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a sitios que operaban como “cuevas financieras” en la ciudad de Mar del Plata. La denuncia quedó radicada ante la justicia federal de esa ciudad e incluyó allanamientos en locales comerciales, oficinas paralelas y domicilios particulares. También se analizaron elementos tecnológicos, documentación secuestrada y registros vinculados con la operatoria financiera desplegada por el grupo investigado.
El intento de hacer caer la causa
Pronto afrontó, sin embargo, obstáculos y demoras en los tribunales, que se sumaron a los planteos de las defensas para cerrar el expediente. En ese sentido, la Cámara Federal marplatense llegó a disponer en un fallo anterior el apartamiento del juez Inchausti, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación, pero la Casación revirtió la anulación y forzó la reapertura del expediente, en tanto que la Corte Suprema restableció a Inchausti al frente de la investigación judicial.
Con el expediente otra vez en sus manos, Inchausti avanzó contra los directivos de Jonestur y Transcambio en septiembre pasado. En total, procesó a 29 imputados; entre ellos, a miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro -señalado como nexo clave entre ambas organizaciones-. También, al comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, imputado por encubrimiento agravado porque omitió denunciar las maniobras.
Inchausti también libró una rogatoria internacional a Andorra para inmovilizar activos detectados en cuentas en la BPA de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que en 2023, en Andorra, directivos de Jonestur —entre ellos Rigano y Seret— celebraron un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. A pesar de ello, en la entidad andorrana permanecen congelados cerca de 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar.
La investigación requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados -muchos de ellos patrocinados por los letrados Pedro Bove, Julián Vespa y otros profesionales- y cooperación internacional. Y para Inchausti, “quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente”, configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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