POLITICA
Guerra, Inteligencia Artificial y educación: el análisis de Grabois sobre la encíclica del Papa León XIV
El referente social y diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, presentó su lectura de Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV, publicada este lunes y dedicada a la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial (IA). El documento, firmado el 15 de mayo —135.° aniversario de la Rerum Novarum de León XIII— fue presentado en persona por el pontífice en el Vaticano, un gesto sin precedentes en la historia papal.
Grabois organizó su análisis en torno a tres ejes simbólicos que, a su juicio, iluminan el sentido profundo del texto: el nombre del papa, el título de la encíclica y una metáfora bíblica que atraviesa el documento. Lejos de ser un tratado técnico sobre algoritmos o sistemas de cómputo, Magnifica Humanitas se ocupa del ser humano —hombre, mujer, niños y niñas— ante la transformación que la revolución digital ya impone en la vida cotidiana.
El primero de esos símbolos remite a la historia de la doctrina social de la Iglesia. Al elegir el nombre León XIV, el papa Robert Prevost estableció un vínculo directo con León XIII, quien en 1891 respondió a las condiciones de explotación de la primera Revolución Industrial con la Rerum Novarum, cuyo subtítulo era “Sobre la situación de la clase trabajadora”. Grabois evocó la película de Charles Chaplin para retratar aquella época: jornadas de dieciséis horas, ausencia de salario justo, falta de vivienda y prohibición de organizarse sindicalmente. La encíclica de entonces fue una crítica a la revolución técnica sin revolución humana. La de ahora, señaló Grabois, busca hacer algo en paralelo ante las “cosas nuevas” —rerum novarum— del siglo XXI, con la IA como fenómeno central.
El segundo símbolo es el título mismo. Magnifica Humanitas remite al Magnificat, la oración de María en la que la grandeza de Dios se manifiesta en el enaltecimiento de los humildes y en el freno a quienes ostentan el poder. Para Grabois, esa referencia encierra una intención crítica frente a los actores que concentran el poder tecnológico: “poderes que pueden ser estatales, pero sobre todo supraestatales o paraestatales, que han concentrado un poder pocas veces visto para influir en nuestra conducta, nuestros deseos y para realizar un extractivismo de nuestra personalidad más íntima”, afirmó. La encíclica, en ese sentido, describe la tecnología como algo que “no es neutral, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”.
La tercera clave simbólica es una metáfora bíblica que León XIV despliega a lo largo del texto: la contraposición entre la torre de Babel y la reconstrucción de los muros de Jerusalén por Nehemías. La torre representa la soberbia que construye para dominar, sin reparar en los trabajadores que la levantan —presumiblemente esclavos, apuntó Grabois— ni en los peligros que esa construcción entraña para la humanidad. Los muros de Nehemías, en cambio, se distribuyen entre familias, se levantan de forma comunitaria y no separan: cuidan. “Hay que ver cómo estás construyendo, qué estás construyendo”, resumió Grabois al parafrasear al pontífice, y trasladó esa imagen a realidades concretas: cooperativas, viviendas sociales, organización barrial, reforma agraria.
Esa idea de construcción comunitaria se conecta, en la lectura de Grabois, con el capítulo cuarto de la encíclica, dedicado a custodiar lo humano en la transformación digital. León XIV identifica allí tres dimensiones bajo amenaza. La primera es la verdad: el papa advierte sobre formas de desinformación que ya superan la mera posverdad. La segunda es la dignidad del trabajo: el texto señala el riesgo de desempleo masivo y denuncia “varias formas de servidumbre directamente ligadas a la economía digital”. La tercera es la libertad: el pontífice alerta sobre la dependencia de los dispositivos digitales y su incidencia en la autonomía de las personas.
Sobre la concentración del poder tecnológico, la encíclica es explícita al afirmar que “no sirve una IA más moral si esa moral la deciden unos pocos” y que el criterio rector no puede ser el lucro, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Grabois interpretó ese pasaje como una llamada a recuperar la regulación pública sobre la IA, algo que el propio texto exige al señalar que “es necesario establecer marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios y una política que no renuncie a su tarea”.
El análisis de Grabois también se detuvo en los cinco principios de la doctrina social de la Iglesia que la encíclica reactualiza: bien común, destino universal de los bienes, solidaridad, subsidiariedad y justicia social. Al referirse a la subsidiariedad, el dirigente social defendió las mediaciones colectivas —sindicatos, movimientos populares, organizaciones de base— frente al uso del término “intermediación” como descalificación. La encíclica respalda esa postura al sostener que la comunidad organizada tiene un valor intrínseco allí donde el mercado no llega y el Estado no está.
Sobre la guerra y la IA, Grabois señaló que León XIV condena la posibilidad de delegar decisiones letales a sistemas autónomos y declara que la teoría de la “guerra justa” ha quedado obsoleta. La encíclica afirma que “no es lícito confiar decisiones letales o de otro modo irreversibles a sistemas artificiales” y reclama un marco internacional para frenar la carrera armamentística tecnológica.
La educación digital ocupa también un espacio propio en el documento. El papa propone educar en el “ayuno de la IA” y llama a las escuelas a ser espacios de relaciones que la tecnología no puede proporcionar. Grabois retomó ese punto para exigir políticas públicas de educación digital integral que aborden fenómenos como el grooming, las apuestas en línea de menores y la adicción a las pantallas, y advirtió que la ausencia de esas políticas genera, en palabras de la encíclica, un daño permanente en la libertad de los más jóvenes.
POLITICA
La Justicia investiga si el departamento de la vecina de Cristina Kirchner se compró con plata de la UOM
La Justicia busca determinar de dónde salió el dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Una de las hipótesis que se analiza es si los fondos utilizados para adquirir el inmueble pudieron tener origen en la UOM, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial que lo confirme.
El foco está puesto en la relación entre Calle, el sindicato metalúrgico y USEM S.A., la empresa que firmó en 2023 un convenio con la UOM. Dos años después, en agosto de 2025, Calle compró el departamento.
La defensa de Calle aseguró que la propiedad fue adquirida “con recursos propios” y que tenía previsto destinarla a una fundación. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por TN, esa explicación no terminó de despejar las dudas de los investigadores.
“La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, sostuvo una fuente judicial. Y agregó: “No dio detalle alguno sobre la fundación que usaría esa unidad”.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el que el líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por actos de sabotaje e . Según confirmó su abogado defensor, Gustavo Franquet, el cómputo de la pena se realiza desde junio de 2025, momento en que el lonko fue detenido en El Bolsón.
En juicio abreviado, el acuerdo de condena se alcanzó tras una propuesta realizada por la fiscalía de Bariloche y semanas de negociaciones entre las partes, en las que intervino activamente el propio Jones Huala.
Como parte del convenio, el Ministerio Público Fiscal dejó sin efecto los recursos y apelaciones con los que buscaba restituir al condenado al penal de máxima seguridad de Rawson, asegurando su permanencia en la Unidad 14 de Esquel. A esa cárcel chubutense fue trasladado Jones Huala a principios de julio de este año.
El punto central de la discusión radicó en la calificación legal de los hechos.
Hasta último momento, la fiscalía buscó que Jones Huala asumiera su responsabilidad bajo el artículo 210 bis del Código Penal (asociación ilícita para poner en peligro la Constitución Nacional o de estructura militar), con lo cual ofrecía una pena de 5 años y medio o la alternativa de ir a un juicio oral con una escala penal de entre 5 y 20 años de prisión.
Bajo esa acusación, la fiscalía también intentaba probar supuestas “ramificaciones internacionales” entre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Argentina.
Tanto Jones Huala como sus defensores rechazaron categóricamente esa figura. Finalmente, la acusación se readecuó al artículo 213 bis del Código Penal –que sanciona la mera pertenencia a una organización transitoria o permanente destinada a imponer sus ideas por la fuerza– conjuntamente con la apología del delito (artículo 213), acusación que dio origen a la causa a partir de la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía incendiaria en una biblioteca de Bariloche.
De este modo, el dirigente mapuche asumió exclusivamente aquello que sostuvo públicamente de forma constante: que la RAM existió y que él fue integrante de la organización, sin que el acuerdo incluyera arrepentimientos, solicitudes de disculpas ni calificaciones adicionales.
Desde la Gremial de Abogados emitieron duros cuestionamientos al sistema judicial argentino y argumentaron las razones que llevaron a la aceptación de la condena.
A la hora de fundamentar la decisión de evitar el juicio oral por la imputación más grave, advirtieron sobre el riesgo de enfrentar penas considerablemente más altas: “No estábamos en condiciones de decirle, y no le dijimos: ‘Jugate 10 o 12 o 15 años de tu vida a que podés ganar el juicio’”.
A lo largo del proceso, la defensa venía denunciando la falta de imparcialidad en el fuero federal, remarcando que “las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad”.
Finalmente, respecto a la postura adoptada por el líder mapuche en la causa, concluyeron: “Facundo siempre aceptó y asumió ser de la RAM, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste”.
En febrero de 2025, Jones Huala presentó su libro en una biblioteca de Bariloche y reivindicó los sabotajes mapuches. Además de subrayar que la RAM existe y “es el sector más autonomista del movimiento mapuche”, Jones Huala afirmó que reivindica la liberación nacional “e incluso la lucha armada”.
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POLITICA
Un abogado ambientalista anticipó embargos contra Sea Lion en Malvinas: “Sin financiamiento no hay proyecto”
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las compañías Rockhopper y Navitas. En paralelo, Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y anticipó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto.
El planteo combina cuestiones ambientales y de soberanía. “Presentamos esta acción de tutela ambiental, que junta las dos cosas: soberanía y ambiente”, explicó Viale al describir una presentación que, según señaló, fue preparada durante varios meses.
El proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla además la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Para Viale, la escala del emprendimiento hace que la discusión no se limite a las compañías petroleras. “Las empresas petroleras no lo hacen solas, tienen bancos, aseguradoras, etcétera”, sostuvo. Desde esa perspectiva, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el esquema económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
La cautelar que frenó el avance de Sea Lion
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para Viale, esa decisión permite avanzar sobre el fondo de la controversia porque impide que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.
El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.
La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.
Embargos, bancos y mercados internacionales
El siguiente paso de la estrategia, según anticipó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados con las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que nosotros estamos preparando es el camino de los embargos”, señaló.
El abogado explicó que una eventual ejecución de esas medidas debería contemplar que buena parte de la estructura empresarial se encuentra fuera de la Argentina. En ese sentido, destacó que la jueza dispuso la notificación de las empresas por vía postal, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Convención de La Haya.
La estrategia también apunta a los mercados financieros. Rockhopper tiene presencia en Londres y Viale sostuvo que el planteo podría extenderse a otras plazas donde existan valores vinculados con las empresas. “Después nosotros vamos a pedir que se ordene a bolsas del mundo”, anticipó.
Según explicó, la intención es que las entidades financieras conozcan la existencia de la resolución argentina y puedan evaluar sus efectos sobre las operaciones relacionadas con el proyecto.
La organización, agregó, cuenta con cooperación internacional de entidades especializadas en rastrear estructuras societarias, accionistas y fuentes de financiamiento.
El rol de Navitas y la dimensión económica del proyecto
Durante la entrevista, Viale señaló que Navitas concentra el 65% de la participación vinculada con Sea Lion. También diferenció a la empresa del Estado de Israel, aunque sostuvo que existen vínculos entre algunos de sus ejecutivos y el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Más allá de esa discusión, el abogado puso el foco en la dimensión económica del emprendimiento. Según planteó, una explotación de la escala prevista para Sea Lion puede modificar la situación financiera de las islas y generar incentivos para profundizar su desarrollo hidrocarburífero.
“Haría que las islas por primera vez sean superavitarias. Hasta ahora son, entre comillas, deficitarias del Reino Unido”, afirmó.
Viale también señaló que la actividad petrolera no es el único frente que analizan. Mencionó permisos de pesca otorgados a empresas españolas y sostuvo que podrían impulsarse acciones judiciales similares sobre esa actividad.
El impacto ambiental y el antecedente de Mar del Plata
Uno de los principales argumentos de la presentación es el posible impacto de una explotación offshore sobre el ecosistema marino. Viale advirtió que un eventual derrame podría trascender el área específica de perforación y afectar tanto la pesca como distintos ecosistemas de la costa argentina.
“Un derrame como los hay en todos los offshore del mundo podría afectar incluso la costa argentina, la pesca argentina o los ecosistemas de la ballena franca austral”, sostuvo.
El abogado recordó además la experiencia de su organización contra un proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata, donde, según señaló, consiguieron una medida cautelar que mantuvo paralizado el desarrollo durante dos años.
Ese antecedente forma parte del marco desde el cual plantearon la acción contra Sea Lion, aunque en este caso la discusión incorpora desde el inicio la cuestión de soberanía junto con los argumentos ambientales.
Para Viale, el expediente también se inscribe en una discusión más amplia sobre la continuidad de los proyectos de combustibles fósiles. “El mundo tiene que salir de los combustibles fósiles y además está yendo para ahí”, sostuvo.
Mientras avanzan la causa de Río Grande y la investigación abierta en Comodoro Py, la estrategia judicial apunta ahora a determinar quiénes integran la estructura económica del proyecto y hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de la cautelar sobre las empresas, sus activos y quienes participan de su financiamiento.
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