Dos periodistas argentinos, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, permanecen detenidos en Bengasi, Libia, desde el 24 de mayo, cuando fuerzas del este del país interceptaron una delegación de la caravana humanitaria Global Sumud Maghreb cerca de Sirte mientras el grupo intentaba negociar el paso hacia Gaza.

La Cancillería Argentina confirmó la situación este viernes y aseguró que trabaja con embajadas aliadas y organismos internacionales para lograr su liberación, en medio de una presión opositora y una concentración frente al Palacio San Martín que reclamó respuestas al gobierno.

Giménez y Aguilera se desempeñan como directores de investigación del medio especializado NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe) y se sumaron a la misión como parte del equipo internacional de salud y acompañamiento. La caravana, integrada por más de 200 activistas de distintas nacionalidades, partió a comienzos de mayo desde Mauritania, atravesó Argelia, Túnez y el oeste libio, y transportaba ambulancias, insumos médicos, alimentos y materiales de reconstrucción. Junto con los dos argentinos fueron retenidas otras ocho personas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.

La delegación detenida —diez activistas en total— se había adelantado al grueso del convoy para negociar el paso en un puesto de control militar en Sirte, ciudad ubicada en la línea divisoria entre el este y el oeste libio. Según el comunicado de Global Sumud, el último contacto con el grupo se produjo a las 3:22 de la tarde del martes. Las fuerzas de seguridad del este de Libia, dependientes de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (FAAL) del mariscal Jalifa Haftar, los retuvieron por ingresar a la zona de seguridad 5+5 —un área en disputa establecida en el acuerdo de cese al fuego de octubre de 2020— “sin completar los procedimientos legales”, según declararon las propias autoridades locales.

La situación de Libia explica en parte la gravedad del episodio. El país carece de un gobierno unificado desde la caída de Muamar Gadafi en 2011 y se divide entre el Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli, reconocido internacionalmente, y el Gobierno de Estabilidad Nacional en el este, respaldado por Haftar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advierte de manera reiterada sobre la fragilidad del país y la proliferación de grupos armados que controlan distintas porciones del territorio.

La Cancillería informó que, a través de la Embajada Argentina en Túnez —con competencia concurrente en Libia—, solicitó el 26 de mayo cooperación consular a la Embajada de Italia en Libia, dada la presencia diplomática italiana en Bengasi. Este viernes, el cónsul italiano pudo visitar a los nacionales italianos detenidos, pero las autoridades locales le negaron el acceso a los ciudadanos argentinos. El diplomático solicitó además una mejora en las condiciones de detención, pedido que las fuerzas de seguridad respondieron de forma positiva, según el comunicado oficial. La Cancillería también coordina acciones con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La presión política escaló este viernes en Buenos Aires desde distintos sectores de la oposición. El diputado y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, exigió la liberación de los dos periodistas y anunció la presentación de un proyecto de interpelación al canciller Pablo Quirno ante la Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). “El ministro de Relaciones Exteriores debe intervenir inmediatamente para proteger la integridad de los ciudadanos argentinos y garantizar su vida”, sostuvo Yasky, quien reclamó que Quirno informe “qué gestión diplomática concreta, visible y verificable realizó y realiza el gobierno argentino”.

En su publicación, Yasky describió la detención como un “secuestro” a manos de “militares israelíes”, una caracterización que difiere de la versión oficial de la Cancillería y de la información de medios internacionales como Middle East Eye y El País, que atribuyen la retención a fuerzas leales a Haftar.

En la misma línea, el dirigente peronista y ex embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, reclamó la liberación de los dos connacionales y cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno. “Es increíble, es vergonzosa y repugnante la indiferencia en el accionar de la Cancillería Argentina, que debería actuar en respeto de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país”, escribió Raimundi en sus redes sociales.

De forma paralela, una concentración frente a la Cancillería Argentina reunió este viernes a manifestantes que reclamaron la liberación de Giménez y Aguilera.

El Gobierno argentino reconoció en su comunicado que no cuenta con información confirmada sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso. A esa incertidumbre se suma un cese de actividades de la administración local libia por festividades religiosas, lo que posterga la toma de definiciones. La Cancillería subrayó que presta asistencia consular a los connacionales “inclusive frente a acciones imprudentes y temerarias como las que llevan adelante algunas personas y organizaciones”.

El convoy principal anunció el jueves su decisión de regresar a sus países de origen tras el bloqueo de las autoridades del este de Libia y la negativa de Egipto de permitir el ingreso terrestre de activistas extranjeros. La iniciativa integra la Global Sumud Flotilla, una campaña civil más amplia que también intentó llegar a Gaza por mar.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo en Mar del Plata y volvió a lanzar duras críticas contra el presidente Javier Milei. “El verdadero riesgo es el Riesgo Milei”, afirmó al cuestionar el impacto de las políticas económicas nacionales sobre el empleo y la producción.

El encuentro se realizó en el hotel Intersur 13 de Julio y fue organizado por el Ministerio de Trabajo bonaerense junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante dos jornadas participaron representantes sindicales, empresarios, académicos y funcionarios para debatir sobre el futuro del trabajo y la generación de empleo formal.

Entre los principales dirigentes sindicales que participaron del congreso, estuvieron el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; el diputado nacional Hugo Moyano, hijo del histórico líder de Camioneros. La cúpula de la central obrera es parte del apoyo que reúne el gobernador bonaerense rumbo al 2027 electoral.

En su discurso de cierre, Kicillof aseguró: “ya cerraron 24 mil empresas y se perdieron medio millón de puestos de trabajo”. Según sostuvo, “los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que no generan empleo, mientras caen la industria, el comercio y la construcción”.

Además, acusó a la administración libertaria de impulsar “un modelo precarizador” y afirmó que “destruir el trabajo formal y los ingresos no son errores de cálculo, sino piezas centrales del programa económico”.

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El mandatario provincial también apuntó contra la apertura económica y la política industrial de la Casa Rosada. “A contramano del mundo, tenemos un Presidente que está rematando la industria nacional y los recursos estratégicos”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, destacó la convocatoria del congreso y señaló que participaron representantes de todas las provincias. “Fue un Congreso federal, no unitario”, afirmó.

En ese marco también sesionó por primera vez el Consejo Bonaerense del Trabajo, un espacio institucional que reúne a representantes de los 135 municipios, cámaras empresariales y centrales obreras para discutir políticas públicas vinculadas al empleo.

Sobre el cierre, Kicillof reivindicó el rol del movimiento obrero y del empresariado nacional. “No hay proyecto de país sin participación popular, industria, educación y empleo”, expresó. Y concluyó: “Gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo”.

Del acto participaron ministros del gabinete bonaerense, dirigentes sindicales, legisladores e intendentes peronistas de distintos municipios de la provincia.

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