La Cámara en lo Penal Económico rechazó por tercera vez un pedido del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la que lo investiga por evasión, junto a Claudio “Chiqui” Tapia y el consejo directivo de la organización rectora del fútbol.

El camarista Roberto Hornos volvió a confirmar al magistrado Amarante al frente de la investigación por retención indebida de aportes.

La estrategia de la defensa había sumado además una denuncia del abogado de la AFA Gregorio Dalbón contra el magistrado (ya archivada) y una presentación ante el Consejo de la Magistratura donde le pidieron su juicio político.

Ahora, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico consideró que no existen elementos objetivos que acrediten una enemistad, animosidad o aversión del magistrado hacia el dirigente, ni tampoco una pérdida de la imparcialidad con la que debe llevarse adelante la magistratura.

El fallo fue firmado por el camarista Hornos, que le impuso las costas a Toviggino.

La resolución es la tercera derrota consecutiva de Toviggino en su intento de apartar a Amarante del expediente que lo tiene procesado junto Chiqui Tapia. Las dos anteriores habían sido resueltas también por Hornos, que integra el tribunal junto a la jueza Carolina Robiglio.

En esta tercera presentación, el abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, alegó que el juez Amarante incurrió en una nueva manifestación de enemistad manifiesta al dar un “tratamiento diferenciado” a dos presentaciones llegadas el mismo día.

La primera es una denuncia de “forum shopping” que la defensa radicó ante el propio juzgado. La segunda, una ampliación de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes.

Mientras la presentación del organismo recaudador fue enviada al fiscal de manera inmediata, la presentación de la defensa, según dijo Rochetti, fue ignorada.

Ante un pedido de pronto despacho, el magistrado respondió con un escrito que Rocchetti calificó de irónico y oscuro.

Hornos no le dio la razón. Señaló que la pretensión de que una denuncia contra el propio juez tramite ante ese mismo juzgado “no se compadece con criterio de lógica procesal alguno”.

Y dijo que aun si pudiera discutirse la corrección del trámite otorgado a la ampliación de la ARCA, las partes cuentan con recursos específicos para impugnarlo. La recusación, subrayó, no puede convertirse en un mecanismo para desplazar al juez natural de la causa.

El juez Amarante procesó a Tapia y Toviggino en marzo de 2026 por la presunta retención indebida de $19.353 millones en aportes previsionales e impuestos nacionales no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El 11 de marzo, apenas terminada la indagatoria de Toviggino −que ingresó a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes rodeado de un operativo de seguridad y se retiró en una camioneta sin patente−, el abogado de la AFA Dalbón anunció que iba a denunciar al juez.

Radicada por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, la causa fue archivada por inexistencia del delito.

Dijo el abogado que Amarante habría impedido la salida del país de Tapia aun sabiendo que el presidente de la AFA tenía un rol en las gestiones para repatriar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

En mayo, el abogado también presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Amarante, a quien acusó de haber mantenido presuntas “coordinaciones extraprocesales” con funcionarios de ARCA en la causa AFA.

Hornos, que hoy firmó el rechazo de la tercera recusación, integra el tribunal que también deberá revisar los procesamientos dictados por Amarante.

La Sala D de la Cámara Civil, para no tener casi jueces, es bastante eficiente blindando a la AFA ante sus problemas judiciales. Lo viene haciendo desde 2024 y ahora, con los mismos jueces que entonces, volvió a solucionarle sus problemas.

Hay un solo camarista titular en la Sala D de la Cámara Civil. Es Gabriel Rolleri, designado por un decreto de Alberto Fernández, pero su nombre lo acercó a oídos de Cristina Kirchner un abogado cercano a la AFA.

Pertenece a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, cercana al peronismo. Allí están sus padrinos judiciales.

El Senado le prestó acuerdo con el mensaje PE N° 28/21, en el mismo lote en que también avaló la designación de Maximiliano Caia, el otro camarista que como suplente acompañó a Roleri en el voto de hoy y que lo viene acompañando en favor de la AFA desde 2024.

Esta vez -con un tercer voto del subrogante Juan Manuel Converset– la Sala D de la Cámara Civil evitó que la Inspección General de Justicia, que es el organismo que controla a las empresas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, pudiera analizar sus balances, que están cuestionados en la justicia penal por supuesta administración fraudulenta.

La solución para quitar del medio a la IGJ y prohibirle a sus veedores que controlen a la AFA fue reconocer el domicilio de la organización en un terreno baldío de Pilar, provincia de Buenos Aires, en jurisdicción de Axel Kicillof, y no del control de un organismo del gobierno nacional.

La AFA tiene su sede en la calle Viamonte 1366, como sabe todo el mundo que camina por la ciudad y pasa frente al edificio histórico cuyo capitel está adornado con el escudo de la organización e identificado con un cartel que dice Asociación del Fútbol Argentino, en grandes letras mayúsculas blancas.

El fallo de la sala D de la Cámara Civil se precipitó luego de que quedara firme la decisión para que sea la justicia en lo penal económico con el juzgado de Verónica Straccia, la que investigue el supuesto fraude en la AFA.

Antes de que sea la justicia penal la que pida los balances y empiece un largo peritaje, la Cámara Civil decidió sacarle esa posibilidad a los veedores de la IGJ, que en tres semanas podrían haber producido un informe que echara luz sobre las irregularidades denunciadas en los libros de la organización.

No había tiempo para que se completara la Sala D de la Cámara Civil con otro de los jueces titulares ya elegido. Es que a Rolleri lo acompañará como camarista —cuando el Senado le dé acuerdo y Javier Milei lo designe— Agustín Raúl Rubiero, exintegrante del tribunal de disciplina de la AFA, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y que llegó como candidato desde el lugar 22 de la lista de mérito en el concurso del Consejo de la Magistratura. Rubiero era fiscal laboral, no especialista en derecho civil.

Rolleri participó del Concurso N° 405, donde estaba en el puesto 12 del orden de mérito (con 157,25 puntos), y quedó en segundo lugar de la quinta terna. Es doctor de la UBA, subdirector del Posgrado en Derecho Sucesorio allí y profesor en esa universidad y en La Plata, Lomas, Palermo y la UCA, entre otras.

Su colega, subrogante en este fallo, fue Maximiliano Caia, que fue designado también pror decreto de Alberto Fernández. En el concurso 405 estaba en el segundo puesto en el orden de mérito (con 185,45 puntos), y era el primero de la segunda terna.

Viene de carrera del fuero y tiene actividad académica y numerosas publicaciones, Caia tiene la carrera judicial más larga dentro del tribunal; toda su trayectoria transcurrió en la Cámara Civil.

Converset es el único de los tres con presencia activa en redes sociales, donde se presenta como juez y docente. También expone su pertenencia a Independiente de Avellaneda.

La futura llegada de Rubiero a la Cámara Civil -donde fue propuesto por el ministro Mahiques, es mirada con lupa. Llegó desde la lista complementaria del concurso tras la renuncia de uno de los postulantes de la terna, Alejandro José Laje.

Rubiero había quedado en el puesto 22 del orden de mérito general del Concurso 405, en la lista complementaria con 134 puntos. Mahiques aprovechó la renuncia de Laje para colocar a Rubiero desde la lista complementaria. No consideró a los otros dos de la terna.

Los fallos de la polémica

Rubiero integró el Tribunal de Apelaciones de la AFA, que revisa las sanciones disciplinarias de la entidad desde diciembre de 2021.

El primer conflicto llegó a la Sala D después de que la IGJ, bajo la conducción de Daniel Vítolo, impugnara la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024, realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

Talleres de Córdoba —opositor a Tapia, presidido por Andrés Fassi— había presentado una denuncia ante la IGJ cuestionando la convocatoria para la renovación anticipada del mandato: Tapia intentaba reelegirse un año antes del vencimiento de su período.

La IGJ declaró la “irregularidad e ineficacia total” de la asamblea y limitó los puntos que se podían tratar; prohibió la reelección, la reforma estatutaria y la mudanza a la provincia de Buenos Aires.

La AFA ignoró la resolución y realizó la asamblea de todas formas: Tapia fue reelecto hasta 2028 con 44 votos sobre 45 posibles, con Pablo Toviggino como tesorero y Juan Román Riquelme como vicepresidente.

Rolleri y Caia otorgaron el recurso de apelación de la AFA con efecto suspensivo, lo que dejó en pie todo lo actuado en la asamblea mientras se resolvía el fondo.

Tres semanas después, la Sala D dictó el fallo de fondo donde declaró la nulidad de la resolución de la IGJ que invalidaba la asamblea y convalidó la reelección de Tapia hasta 2028.

El fallo sostuvo que la asamblea aprobó todo “por unanimidad del voto de los delegados” sin que ninguno de los presentes “estimara cercenado alguno de sus derechos”. Sobre Talleres, los camaristas calificaron sus argumentos como “meramente subjetivos” y señalaron que el club cordobés no había presentado lista de candidatos, por lo que sus objeciones constituían “una mera expectativa”.

La cuestión de si la AFA tenía derecho a adelantar las elecciones un año antes del vencimiento del mandato quedó sin respuesta.

Además, los descensos de la Liga Profesional fueron eliminados y la mudanza a Pilar fue convalidada como decisión asamblearia.

Ahora, a comienzos de mes, la misma sala dictó una medida cautelar para proteger los balances de la AFA y la Superliga. Frenaron la intimación de la IGJ para acceder a los libros del período 2022-2025.

La resolución de Caia, Converset y Rolleri llegó horas antes del inicio del Mundial. La cautelar bloqueó el acceso de los veedores a la documentación contable en un momento en que el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Gerchunoff, había detectado indicios graves: señaló que la posible falsedad de los balances “está funcionalmente conectada con una maniobra defraudatoria más amplia, consistente en una posible administración infiel de fondos pertenecientes a la AFA”, vinculada a la empresa estadounidense Tourprudenter LLC.

Gerchunoff advirtió además que el cambio de domicilio a Pilar no podía ser analizado “como un hecho aislado, sino como parte del mismo patrón de opacidad, fragmentación y resistencia a la fiscalización”.

Y así se llega al fallo de hoy, el definitivo, donde la Sala D anuló la Resolución Particular 140/2026 de la IGJ y la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 16 de marzo de 2026 por Mahiques, que había ordenado una intervención en grado de veeduría por 180 días hábiles.

El tribunal dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y declaró que el control de legalidad corresponde en adelante a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

El fallo calificó la actuación de la IGJ como “arbitraria”, extralimitada en sus competencias y afectada por “graves defectos de motivación”.

Señaló que la IGJ “desatendió palmariamente la oportuna decisión de este Tribunal” y que se colocó “por encima” de su par provincial. Blindaje total.