El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una fuerte advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico sobre la Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de USD 1.000 millones.

Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), y se conocen en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio.

La cuestión adquirió además mayor sensibilidad política porque la declaración jurada patrimonial correspondiente al jefe de Gabinete todavía no fue presentada formalmente. El plazo original vencía el 30 de mayo, pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

En ese contexto, el staff técnico del FMI incorporó un diagnóstico institucional particularmente sensible para la Casa Rosada. Aunque el organismo respaldó con fuerza la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, el capítulo institucional del informe contiene cuestionamientos explícitos a los mecanismos de control del Estado argentino.

Observaciones del staff del FMI

“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostiene el documento. Y a continuación, el Fondo enumera una serie de observaciones concretas sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

La referencia a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los pasajes más sensibles políticamente dentro del documento del FMI, porque el informe fue redactado cuando ya llevaba semanas instalada la discusión pública sobre patrimonio, vuelos y mecanismos de transparencia alrededor de Adorni.

El señalamiento del organismo no quedó restringido únicamente a las declaraciones patrimoniales. El reporte también cuestiona los mecanismos estatales vinculados a incompatibilidades y conflictos de interés.

“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirma el texto.

La combinación de ambas observaciones —declaraciones patrimoniales con baja transparencia y conflictos de interés con controles débiles— constituye el núcleo político más delicado del Box 9 del informe técnico.

El documento forma parte del reporte Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, difundido por el staff después de que el Board del FMI confirmara la continuidad del programa económico argentino.

El jueves de la semana pasada, el directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. En ese comunicado oficial, el Fondo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por Milei.

Sin embargo, el documento técnico completo introdujo una dimensión institucional mucho más compleja. “A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, advierte el staff.

El organismo recuerda además que “Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International, y agrega que “otros indicadores señalan problemas persistentes”.

Críticas y recomendaciones institucionales

La advertencia del FMI aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno en materia de transparencia y control patrimonial. Las discusiones alrededor de los vuelos de Adorni, las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio y las controversias por la demora en la presentación de declaraciones juradas volvieron a poner en debate el funcionamiento de los sistemas de control estatal.

En ese escenario, el informe técnico del Fondo incorporó una crítica explícita a los mecanismos de verificación patrimonial de funcionarios públicos.

El staff no solamente menciona “retrasos en la publicación”, sino también “limitaciones en la verificación” y “aplicación desigual” de los regímenes patrimoniales. Es decir: para el FMI, el problema no es únicamente la demora temporal en la difusión de la información, sino también la capacidad del Estado para controlar efectivamente el contenido y cumplimiento de las declaraciones juradas.

El organismo además introduce un diagnóstico particularmente crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino.

“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostiene el reporte. El staff agrega que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.

Según el FMI, esa situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.

La formulación utilizada por el organismo es especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo. El staff no habla únicamente de problemas administrativos o burocráticos: menciona directamente “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.

Las observaciones aparecen en medio de un escenario de fuertes tensiones alrededor de la Justicia federal, con vacantes en tribunales clave, discusiones políticas por pliegos judiciales y el avance de múltiples causas de alto impacto.

El informe del FMI incorpora así una idea política central: para el organismo, la estabilización económica y la apertura de la economía no alcanzan por sí solas si no están acompañadas por mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.

De hecho, el propio Box 9 plantea una tensión conceptual. Por un lado, el Fondo elogia con fuerza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, reclama más capacidad institucional del Estado en materia de control y transparencia.

En el capítulo dedicado a las reformas recientes, el organismo sostiene que las medidas impulsadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.

El reporte destaca que “las medidas incluyeron la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de los programas sociales mediante la reducción de intermediarios, el levantamiento gradual de los controles cambiarios y de los múltiples tipos de cambio, y la derogación de numerosas regulaciones”.

Más adelante, el FMI agrega que “se simplificaron los procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se limitaron los sistemas de licencias y aprobaciones discrecionales, y se redujeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado asociados a riesgos de sobornos”.

El staff incluso sostiene que las reformas “incrementaron la competencia y orientaron el entorno regulatorio hacia un esquema más basado en reglas y de trato más equitativo”.

En otro tramo del Box 9, el organismo afirma que “estas reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción por parte de intereses sectoriales”.

La lógica conceptual del Fondo es clara: menos regulaciones, menos discrecionalidad administrativa y menos intermediación estatal reducen oportunidades de corrupción.

Pero el mismo informe plantea simultáneamente que siguen existiendo debilidades estructurales profundas en materia institucional.

Por eso, el staff incorpora además una serie de recomendaciones concretas para el Estado argentino.

Entre las prioridades mencionadas aparecen “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés”, “incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones” y “garantizar previsibilidad regulatoria”.

El documento incluso plantea que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse “mediante el fortalecimiento de la Ley de Ética Pública”.

La publicación del Box 9 adquiere relevancia política adicional porque aparece en uno de los momentos de mayor respaldo financiero y político del FMI hacia el Gobierno de Javier Milei.

En el resumen ejecutivo del reporte, el organismo sostuvo que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave”, entre ellos “la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral”.

También destacó que “las medidas para desregular y abrir la economía continuaron, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea”.

Sin embargo, el capítulo institucional dejó en claro que, para el FMI, la consolidación del programa argentino no dependerá únicamente del equilibrio fiscal o de la estabilidad monetaria.

En la mirada del organismo, el éxito de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos anticorrupción, mejorar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y reducir las sospechas de politización judicial que, según el propio staff, continúan afectando a la Argentina.

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El Tribunal Oral Federal 7 retomó hoy la indagatoria a Hilda Horovitz, la exmujer de Oscar Centeno, cuya declaración fue suspendida el martes pasado porque se descompensó en la sala de audiencias.

Horovitz tuvo que ser asistida por personal del SAME durante el interrogatorio sobre mensajes vinculados a reclamos económicos y de vivienda dirigidos a Miriam Quiroga y a Roberto Baratta. Tras esa situación, los jueces decidieron suspender la audiencia por cuestiones “humanitarias y de salud” de la testigo.

Durante el juicio se reprodujo un audio en el que le agradeció a la exsecretaria del expresidente Néstor Kirchner, en el que le agradeció por una salida con cena incluida, y otro en el que se escuchó preguntándole si pudo encontrarse con el exfuncionario del exMinisterio de Planificación Federal. Horovitz dijo que hablaba con ambos.

Las claves de las declaraciones de Hilda Horovitz

En su declaración del martes Horovitz ratificó que Centeno la usó como testaferro para la adquisición de bienes y que el remisero se quejaba de las “migajas” que recibía de Baratta.

La expareja de Centeno dijo: “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”. Dijo que cuando los encontró, hizo “como que abría las hojas, pasándolas” pero que no los leyó.

La mujer declaró: “Vi cuadernos cuando junté papeles que no tenían que ver con Baratta, eran todos de Centeno y se los di a Miriam Quiroga. Ella se los dio a Baratta y los hizo desaparecer».

Para hoy también estaba citada Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, pero presentó ante el TOF un certificado médico para fundamentar su imposibilidad de comparecer a declarar como testigo. Los jueces aún no resolvieron si volverán a citarla.

Quiroga, que se desempeñó en el área de Ceremonial de la Presidencia, es considerada una testigo de relevancia en el expediente. En la etapa de instrucción ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ya había declarado sobre supuestos movimientos de dinero en bolsos durante el kirchnerismo, vinculados en particular al fallecido exsecretario Daniel Muñoz.

En 2013, además, había realizado declaraciones públicas en las que relató traslados de fondos en aviones oficiales hacia la Patagonia.

El resto de los citados

Hoy están citados también los empresarios Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

El martes 2 de junio está programada la comparecencia del exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada nacional Mariana Zuvic.

Posteriormente, el 4 de junio se espera la declaración de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

El 9 de junio será el turno de Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos, mientras que el jueves 11 declararán Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.

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En las últimas audiencias se convocará a Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa-

Por último, la lista se completa con Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.

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