Víctor Pesino, el juez de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que falló en favor de la reforma laboral de Javier Milei, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años, edad máxima que la Constitución Nacional establece para que los jueces se jubilen, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.

Pesino logró el aval del Presidente, que envió su pliego al Senado un día después del fallo que suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral, lo que motivó todo tipo de suspicacias y fuertes críticas de la oposición y la CGT.

El 9 de junio, a su vez, acudió al Senado para defender su pliego, que luego de un acalorado debate por las críticas que le realizaron los senadores peronistas, logró dictamen con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados.

Pero los ecos del caso Adorni impusieron un freno en la actividad del Senado y el pliego de Pesino no llegó al recinto. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa una sesión en la Cámara alta el próximo jueves 16, antes que el receso invernal convierta en un páramo el Congreso.

Ante el riesgo de que esa sesión no se realice, el camarista decidió presentarse en la Justicia para obtener una cautelar que frene el cese en sus funciones y “le ordene al Ministerio de Justicia de la Nación que se abstenga de comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación la vacancia del cargo” que actualmente ocupa, hasta “que finalicen las sesiones ordinarias de este 2026″ en el Senado, según el escrito al que accedió .

Además, el juez indicó que reclamará la inconstitucionalidad del inciso 4º del artículo 99 de la Constitución Nacional −que fija el límite de los 75 años− y de un artículo de la resolución 226/2024 del Ministerio de Justicia que ordena abrir la vacancia de un cargo judicial cuando se alcanza la edad máxima.

En su presentación, Pesino relata las reuniones que mantuvo con el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio y con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el trámite de su pliego en el Senado, que quedó en condiciones de ser tratado en la sesión del 25 de junio pasado.

El camarista evita mencionar que el oficialismo dejó caer esa sesión para evitar la interpelación de Manuel Adorni. “Razones políticas no justiciables, y ajenas totalmente a quien suscribe”, comenta con decoro. E insiste: “Desde ese entonces no hubo más sesiones. Y siempre por cuestiones políticas ajenas a mí”.

Acto seguido, Pesino sostiene que no objeta la validez del límite de los 75 años que impone la Constitución, pero ataca al inciso 4 del artículo 99. “Carece de toda precisión instrumental o de autoejecutabilidad procesal pues no fija plazos ni términos de anticipación para que el magistrado solicite el nuevo acuerdo, no regula plazos de remisión del pliego por parte del Poder Ejecutivo, y no contempla las consecuencias jurídicas o la situación de revista del juez ante el silencio del Senado de la Nación o ante la imposibilidad material de sesionar por razones ajenas a la idoneidad del magistrado”, argumentó.

Pesino también se diferenció de los precedentes en los que la Corte ya ratificó los 75 años como límite de edad: los casos de los camaristas Leopoldo Schiffrin, de 2017, y de Ana María Figueroa, de 2023.

El antecedente Figueroa

La Corte Suprema fijó un claro precedente ante la jueza de la Casación Penal que intentó conservar su cargo más allá de la edad límite y tuvo un fuerte apoyo del kirchnerismo, que pretendía mantenerla en el máximo tribunal penal.

Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para entonces, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza pasó la instancia de las entrevistas personales. Pero el Senado nunca consiguió reunirse para votar su pliego.

El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, a la espera del acuerdo del Senado.

Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.

La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir el acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento.

Resistencia del kirchnerismo

El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el kirchnerismo. En el Senado, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.

El martes 3 de octubre, Alberto Fernández nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.

En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que había en el tribunal, con jueces suplentes.

Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.

Eso no ocurrió. Pero sí la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei en las elecciones presidenciales. Poco antes de la salida de Cristina Kirchner del Senado, el 25 de noviembre de 2023, Figueroa finalmente pidió jubilarse.

Dos mujeres que fueron despedidas del Astillero Río Santiago, planta naval que administra la Provincia de Buenos Aires, se encadenaron a las rejas de la Gobernación bonaerense, en La Plata, para pedirle al gobernador Axel Kicillof ser reincorporadas a sus puestos de trabajo.

Vestidas con camperas del astillero, Verónica Giraldi y Victoria Lago, se ataron al enrejado de la Gobernación, en Calle 6, entre 51 y 53. Respaldadas por partidos del Frente de Izquierda-Unidad, agrupaciones feministas y estudiantiles, se manifestaron para llevarle su reclamo por la reincorporación directamente al gobernador Kicillof.

Giraldi y Lago sostienen que fueron despedidas “de manera discriminatoria luego de atravesar situaciones de violencia de género”. El Astillero Río Santiago tiene al frente una conducción interina a cargo de Gonzalo Ibendahl, gerente general. Su presidente era Pedro Wasiejko (un dirigente gremial que fue secretario general del gremio del neumático), quien renunció en agosto del año pasado; su reemplazo aún no está designado.

Según puntualizaron las organizaciones que apoyan la protesta, en un comunicado al inicio de las manifestaciones (la primera fue el 19 de junio, frente a la Gobernación), las mujeres “son trabajadoras de planta permanente del astillero y llevan años atravesando las consecuencias de haber sido víctimas de violencia de género por parte de sus exparejas”. Giraldi fue despedida el 3 de junio; Lago, en enero.

“El Astillero Río Santiago es un establecimiento estatal dependiente de la Provincia de Buenos Aires, con histórico y abrumador predominio masculino. Estos despidos ponen en evidencia que en la fábrica no hubo una adecuación real de los protocolos a las problemáticas que afectan específicamente a las mujeres trabajadoras. Al momento de concretar los despidos, la empresa no contempló su situación ni activó los mecanismos institucionales de protección, acompañamiento y contención con los que cuenta formalmente”, argumentaron las organizaciones que respaldan a Giraldi y Lago.

Hace una semana, las dos trabajadoras despedidas habían protagonizado otra protesta en La Plata, con el objetivo de ser recibidas por la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Según se informó en un comunicado, solo consiguieron que las recibieran otras funcionarias, que les dijeron que “el ministerio no tiene competencia para actuar”. Tras esa protesta, en una asamblea definieron hacer un acampe, que concretaron este miércoles y que derivó en el encadenamiento de Giraldi y Lago.

“Las trabajadoras sostienen que, si la Provincia despide, dejando sin sustento a mujeres que atravesaron por situaciones graves de violencia de género, y el ministerio no puede hacer nada, los dichos del gobierno provincial en defensa de los derechos de las mujeres son solo frases vacías y una pose. No tomar acciones concretas muestra que hay doble discurso”, advirtieron el miércoles pasado los manifestantes.