POLITICA
Habló la concejala agredida en Villa Gesell: “Esto es bien del modelo kirchnerista en su fase final”
En una entrevista exclusiva, Clarisa Armando, concejala del PRO y principal agredida durante la última sesión del Consejo Deliberante de Villa Gesell, brindó su testimonio sobre el violento episodio que se desató tras el rechazo del presupuesto municipal por parte de la oposición.
Durante el programa Infobae al Regreso, conducido por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Armando describió: “La violencia que vivimos en el día de ayer, en el marco de la votación del presupuesto, fue inédita para nuestra ciudad”.
La concejala detalló que la agresión fue tanto verbal como física: “Nos agredieron abiertamente, amenazándonos con frases como: ‘Te vamos a ir a buscar, no vas a poder caminar libre por las calles’”. Armando contó que asistió a una compañera de bloque descompensada cuando recibió los golpes más fuertes, y remarcó: “No solo nos agredieron a nosotros, también al personal de salud que vino a asistir”.
Un presupuesto polémico y la reacción del oficialismo
Armando explicó que el presupuesto rechazado “tenía un aumento que duplicaba el del año anterior, superando la inflación de los últimos tres años en un 50%” y “llevaba un aumento de tasas encubierto que llegaba al 80%”. Además, denunció la creación de seis nuevas direcciones, cada una con al menos 30 empleados: “El intendente Barrera perdió la votación y recurrieron a la fuerza, amedrentando y pegando”.
La dirigente del PRO señaló que la violencia respondió a la pérdida de poder del oficialismo local: “Esto es bien del modelo kirchnerista en su fase final. Cuando empiezan a perder poder, buscan amedrentar y presionar”.
Identidad de los agresores y crisis en Villa Gesell
Consultada sobre los responsables, Armando fue enfática: “Los agresores son integrantes de la Comisión del Sindicato Municipal y del Sindicato de Camioneros. No son personas desconocidas, sabemos exactamente quiénes son y a quiénes representan”.
La concejala también denunció la degradación social y económica de Villa Gesell: “En 2015 teníamos tres mil comercios habilitados, hoy no llegamos a los dos mil”. Agregó que el Tribunal de Cuentas detectó “900 empleados municipales declarados que no aparecen”.
Al finalizar, Armando agradeció el respaldo recibido: “Quiero agradecerle a todos los que nos bancaron y se preocuparon por lo que pasó en mi ciudad”.
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POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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POLITICA
La visita del Papa forzó al Gobierno y a la Iglesia a retomar gestos y dejar las diferencias en un segundo plano
Acuerdos en objetivos institucionales y fuertes tensiones en el terreno social. En esa doble lógica se explica hoy la relación entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia, que llevaron adelante un trabajo de acercamiento, en medio de las diferencias, para lograr la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Esa tarea de cooperación, en la que la Santa Sede tuvo una participación decisiva, no impidió que 48 horas después del anuncio volvieran a salir a la luz las diferencias por la crisis social. El viernes, en un duro mensaje en la misa por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, golpeó en el corazón del ideario libertario, al advertir que “la libertad económica no puede ser absoluta”, además de exigir respuestas para los pobres y los endeudados. Es uno de los tres obispos argentinos que recibirá y acompañará a León XIV en su diócesis.
Las palabras de García Cuerva fueron, quizás, un anticipo de que el mensaje que traerá León XIV en su visita de tres días a la Argentina –del 8 al 11 de noviembre- estará en plena sintonía con la agenda que se referencia con la justicia social y un papel más activo del Estado frente a las desigualdades y el desorden de la economía. Claves y definiciones de una Iglesia cercana a los pobres, como legado del pontificado de Francisco.
Las discrepancias por las políticas sociales derivaron en los últimos años en una relación de frialdad entre la Casa Rosada y la Iglesia argentina. El distanciamiento se reflejó en el hecho inédito de que el Presidente nunca recibió a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina que asumió en noviembre de 2024, encabezada por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, mientras el líder libertario no ponía reparos para compartir encuentros y oraciones con pastores evangélicos en el palacio de gobierno.
“Hay que separar el objetivo institucional de alcanzar coincidencias para lograr la venida del Papa de las naturales disidencias que pueden surgir por las políticas en el área social”, explicó a un vocero del Episcopado que siguió de cerca las instancias de diálogo que afianzaron el reciente acercamiento.
El propio arzobispo Colombo declaró a que la Iglesia “no puede renunciar al ministerio profético de dar cuenta de cuando las cosas no están bien, dañan el tejido social o se vulneran los derechos fundamentales”, en relación con la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y la crisis de la educación. Y aseguró: “Lo que tenga que decir, el Papa lo va a decir, sin ningún ánimo agresivo y ofensivo”.
Acercamiento silencioso
Desde hace casi tres meses vienen trabajando en reserva la Santa Sede, el Episcopado y el gobierno argentino para lograr el objetivo del viaje del Papa.
Las cabezas de este acercamiento fueron el canciller Pablo Quirno y el arzobispo Colombo, que como presidente del Episcopado ha “inspirado y fortalecido” el interés de que la visita del Santo Padre sea un trabajo conjunto con el Estado.
Pero los brazos ejecutores, que consumieron horas de reuniones y trabajo en común, fueron el secretario de Cuto y Civilización de La Nación, Agustín Caulo, conocedor del paño católico, quien viajó al Vaticano, y –por el lado de la Iglesia- el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro; el subsecretario general, el padre Matías Tarico, y el padre Máximo Jurcinovic, con especial experiencia en el área de comunicación. Se sumaron a los encuentros representantes de las tres diócesis argentinas que recorrerá el Santo Padre: Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El objetivo del viaje del Papa a la Argentina forzó al Gobierno y a la Iglesia a trabajar en función de un objetivo común. El Vaticano hizo un aporte institucional el 14 de mayo con la designación del nuevo nuncio apostólico, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, de la misma nacionalidad que León XIV y de reconocida cintura diplomática, en virtud de su experiencia como observador de la Santa Sede en organismos internacionales.
Banach llegó a Buenos Aires el 22 de julio y en los primeros días tuvo una reunión con el ministro Quirno en la Cancillería y presentó sus cartas credenciales al Presidente, que en los momentos preliminares de la confirmación de la visita controló sus apariciones y se manejó con prudencia y cautela.
A fines de junio había llegado la “primera avanzada” del Vaticano para evaluar in situ la posible llegada del papa León XIV, un pontífice que por su anterior recorrido como superior mundial de la Orden de San Agustín visitó más de 40 países. A esta altura, ninguna geografía ni sistema político lo puede sorprender. Se espera que en las próximas semanas se produzca un nuevo desembarco de funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Dicasterio para la Comunicación.
Iniciativas similares se llevaron adelante simultáneamente en Uruguay y en Perú, los otros países que recibirán al Santo Padre en noviembre.
El trabajo silencioso
En el vínculo entre el gobierno de Milei y la Iglesia existen mesas de diálogo informales en distintos niveles. “En unos temas hay respuestas y en otras no”, admiten fuentes eclesiásticas, que ubican la crisis de los jubilados y del sector de la discapacidad como temas de fuerte preocupación en la Iglesia.
“Puede haber diferencias sobre temas específicos y situaciones coyunturales. Pero prevalece el compromiso de sostener un trabajo en equipo y el deseo compartido de que se pueda recibir al Papa lo mejor posible”, evaluó otra fuente eclesiástica, que admite la coexistencia de visiones encontradas en el terreno social.
Si bien el cronograma puede sufrir modificaciones, se dejó de lado la idea de que el Papa viajara a Santiago del Estero, la diócesis que había recibido una reparación histórica por decisión de Francisco, que la designó sede primada, por ser la más antigua del actual territorio argentino.
El camino que hasta ahora se transitó en reserva, cuidando que los detalles no trascendieran, es solo el primer paso de una empresa gigantesca, definen en la Iglesia. Ahora viene un trabajo de alta complejidad contrarreloj y contra el calendario. Se espera que la Santa Sede y la propia Iglesia argentina aporten su expertise y se confía en el compromiso de miles de voluntarios, como fue reconocido en la organización de la reciente visita de León XIV a España.
“Es un camino que se venía recorriendo y solo ahora se puede empezar a trabajar públicamente”, confiaron en la Iglesia a .
Tareas pendientes
Faltan 92 días para la llegada del pontífice y el trabajo está lejos de haber terminado. “La Santa Sede pone los estándares y revisa todo”, confió una fuente eclesiástica. Se refería, por ejemplo, a cuestiones concretas, como la distancia que debe preservarse entre el Papa y el público en las celebraciones masivas y los anillos de seguridad.
Muchas cosas están en proceso de definición, desde los sitios que visitará el Papa en las tres diócesis que conforman el itinerario hasta la preparación de la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización, la comunicación y otros aspectos que “requieren del esfuerzo compartido de toda la Iglesia que peregrina en la Argentina”, según expresó el Episcopado al anunciar la realización de una “colecta nacional imperada” –ordenada por la autoridad eclesiástica, para recaudar fondos.
Así, los obispos acordaron que el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realice la colecta en todas las celebraciones religiosas para que la gente contribuya económicamente a la organización de la visita de León XIV.
Como dato de referencia, LA NACIOJN pudo saber que el viaje apostólico que el Papa realizó entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias tuvo un presupuesto cercano a los 25 millones de euros, según estimó la Conferencia Episcopal Española. El 45% se financió con aportes de empresas y benefactores, el 30% con fondos de la Iglesia (aportes de los fieles) el 20% con recursos de las administraciones públicas (gobierno nacional y comunidades autónomas) y un 5% mediante colectas realizadas para recaudar fondos. Al mismo tiempo, la Iglesia española estimó que las ciudades recibieron adicionalmente ingresos superiores a 150 millones de euros en materia de turismo y comercio.
“El Gobierno está interesado en que el Papa venga. Pero el que recibe al Santo Padre es la Argentina. Queremos lo mejor y vamos a trabajar por eso”, aseguran en la Iglesia.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
El reemplazo del histórico FAL: cómo Brasil desarrolló un fusil propio y qué pasó con el FARA 83 argentino
Durante décadas, Argentina y Brasil compartieron el mismo fusil de combate: el histórico FAL. Fabricado bajo licencia en ambos países, el arma diseñada por la empresa belga FN Herstal se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y en el fusil reglamentario de sus Fuerzas Armadas durante más de medio siglo. Sin embargo, cuando llegó el momento de modernizar ese sistema de armas, ambos países siguieron caminos muy diferentes: mientras Brasil consiguió desarrollar un reemplazo propio que hoy equipa de manera progresiva a su Ejército, Argentina nunca logró llevar a producción el FARA 83.
Ese fue el eje de la columna que Andrei Serbin Pont presentó en Infobae al Mediodía, donde reconstruyó la evolución del FAL y analizó las decisiones industriales y políticas que marcaron el rumbo de ambos proyectos. Durante la charla con Maru Duffard, el especialista recordó que el FAL fue conocido como “el brazo derecho del mundo libre durante toda la Guerra Fría”, una definición que resume el lugar que ocupó dentro de los ejércitos occidentales desde fines de la década de 1950.
En Sudamérica, tanto Argentina como Brasil produjeron el fusil bajo licencia e incorporaron miles de unidades a sus arsenales. Con el paso del tiempo, la evolución tecnológica, la expansión del calibre 5,56×45 milímetros y la necesidad de contar con armas más livianas, modulares y adaptadas a los estándares actuales obligaron a pensar en un reemplazo. Fue en ese momento cuando comenzaron a evidenciarse las diferencias entre ambos países.
En la Argentina, el principal intento llegó con el FARA 83, desarrollado por Fabricaciones Militares a comienzos de la década de 1980. Según explicó Serbin Pont, “era un fusil moderno en calibre 5,56 que no prosperó por las condiciones económicas y políticas de principios de los años noventa y quedó en el abandono”. El proyecto nunca pasó de una producción limitada y el Ejército continuó utilizando el FAL, acompañado por distintos programas de modernización, pero sin incorporar un sustituto nacional.
Brasil, en cambio, “sí logró continuar esa discusión”, resumió el analista al señalar que el país mantuvo durante décadas una política de desarrollo sostenida para su industria de defensa.
En ese proceso fue determinante IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil), la empresa estatal responsable de fabricar buena parte del armamento utilizado por las Fuerzas Armadas brasileñas. Aunque sus orígenes se remontan a una fábrica de pólvora creada en 1808, desde mediados de la década de 1970 se consolidó como uno de los pilares de la industria militar del país.
A partir de la experiencia acumulada con el FAL, la compañía desarrolló la familia de fusiles MD, integrada por los modelos MD1, MD2 y MD3, hasta llegar al MD97, una plataforma que incorporó soluciones técnicas más modernas y encontró un amplio espacio en distintas fuerzas policiales. “Este fue ampliamente incorporado por muchas fuerzas en sus versiones de carabina, particularmente aquellas que necesitaban incrementar su poder de fuego”, explicó Serbin Pont.
Sin embargo, el Ejército brasileño entendía que el MD97 todavía no representaba un reemplazo definitivo para el FAL y decidió avanzar con un desarrollo completamente nuevo. Así nació el IA2, presentado hacia 2010, homologado en 2012 y adoptado oficialmente al año siguiente. “En 2013 tienen la adopción oficial y empieza un proceso paulatino de reemplazo”, señaló el especialista. El nuevo fusil comenzó a fabricarse en versiones de 5,56×45 mm y 7,62×51 mm, una decisión que permitió mantener la potencia del calibre tradicional del FAL y, al mismo tiempo, incorporar una plataforma adaptada a los estándares modernos de ergonomía, modularidad y mantenimiento.
Para sostener esa transición, Brasil destinó alrededor de diez millones de dólares a ampliar la capacidad industrial de IMBEL y modernizar sus cinco plantas principales, con el objetivo de alcanzar una producción cercana a los diez mil fusiles por año. Aunque el proceso avanzó más lentamente de lo previsto, el IA2 se fue incorporando de manera gradual a las unidades del Ejército brasileño. “Hoy en día hay muchísimos IA2 en servicio, como todavía hay bastantes FAL en servicio”, afirmó Serbin Pont al describir una transición que continúa desarrollándose mientras el histórico fusil sigue presente en parte del arsenal.
El especialista sostuvo que ese proceso no puede entenderse únicamente como la incorporación de un nuevo fusil, sino como el resultado de una política industrial sostenida durante décadas. En ese sentido, explicó que IMBEL produce actualmente desde armas individuales hasta munición de artillería, explosivos y sistemas electrónicos para defensa, además de abastecer a distintas fuerzas de seguridad brasileñas. En la planta de Itajubá, por ejemplo, también se fabrica la nueva pistola MD1 GC, una variante basada en la plataforma 1911 y adaptada al calibre 9 milímetros que reemplazará modelos anteriores de servicio. Según señaló, el modelo fue seleccionado tras competir “par a par con opciones extranjeras y privadas”, una decisión que volvió a reforzar el papel de la empresa estatal como proveedor estratégico del Estado brasileño.
La experiencia brasileña contrasta con la argentina. Más de cuarenta años después de que ambos países iniciaran la búsqueda de un reemplazo para el FAL, Brasil logró convertir ese objetivo en un programa industrial sostenido que hoy equipa a sus Fuerzas Armadas con un fusil de desarrollo nacional. Argentina, en cambio, no consiguió darle continuidad al FARA 83 y terminó dependiendo de sucesivas modernizaciones del histórico FAL. “Argentina no buscó con el FARA 83 convertir el FAL, sino que se inspiró en diseños como el HK33 alemán”, explicó Serbin Pont. Para el analista, la diferencia entre ambos casos no estuvo únicamente en las características técnicas de los fusiles, sino en la capacidad de sostener durante décadas una política de desarrollo para la industria de defensa.
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