La distribución de fuerzas en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura que entrará en funciones en 2027 experimentó un cambio esta noche, cuando se conocieron los resultados de la elección de consejeros jueces de todo el país reunidos en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Federal.

Con los resultados difundidos esta noche, las cuatro listas que competían lograron colocar cada una a su candidato. De todos modos, resta el recuento definitivo en una elección muy ajustada donde todo se definió por un voto.

Así, por ahora, entrarán en el Consejo de la Magistratura el representante de la oficialista Lista Bordó, Marcelo Gallo Tagle; salió segundo Compromiso Judicial que lleva a Juan Manuel Culotta, le siguió la representante de la lista Celeste 2, cercana al kirchnerismo, la camarista Gabriela Vazquez y la cuarta es la lista Celeste 1 con Paula Castro, mas cercana al peronismo.

Si se confirman estos resultados en el conteo final, que se realizará en los próximos días, esta distribución implica que la lista Bordó, que hasta ahora tenía dos consejeros (el camarista Diego Barroetaveña y la jueza civil Agustina Díaz Cordero), y que por la división de los celestes aspiraba a ganar tres lugares, ahora tendrá uno solo.

La lista Bordó perdió el consejero, por un solo voto, a manos del peronismo, pues las “listas celestes” lograron incorporar dos representantes, con matices entre ellos. Hasta ahora tenía uno solo, el camarista de San Martín Alberto Lugones.

Compromiso Judicial, un espacio que se mueve con mayor independencia de los partidos políticos, conserva su consejero: la jueza Alejandra Provitola dejará su lugar a Juan Manuel Cullotta. Son la segunda lista en el país, y la primera en Capital Federal. Estaban entusiasmados con el resultado.

Esta distribución es la que informaron este jueves por la noche voceros de la lista oficialista, que advirtieron que, como la diferencia es de un solo voto, resta realizar aún el conteo definitivo para confirmar esos resultados. El recuento se hará cuando lleguen las urnas del interior del país.

Los números que se informaron indicaban que la lista Bordó tenía 203 votos; Compromiso Judicial, 185 votos; la lista Celeste 1, 102 votos (la mitad más un voto que la Bordó), y la Celeste 2, que fue la revelación de esta elección, 127 votos.

La lista Celeste de Gabriela Vázquez estaba también exultante con estos números.

En la lista Bordó algunos dirigentes explicaban la perdida de un consejero porque al menos 20 jueces, integrantes de la agrupación están de viaje en exterior y no votaron.

Otros hablaban de errores durante la definición de los candidatos, lo que les permitió ganar en los números totales, pero perder a un consejero.

Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder. Los abogados completarán su representación con elecciones a fines de este mes.

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros. Lo preside el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y lo completan cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico.

Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, excepto por Rosatti, que sigue por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.

El 20 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados. Esas elecciones abren el juego y los candidatos que ganen allí se convertirán en consejeros. Se sumarán a los jueces ahora electos; a los que envíe el Congreso y a Diego Molea, ya electo por los académicos. Resta elegir a su compañero.

Entre los abogados votan 185.000 matriculados de todo el país, aunque en la práctica los que van a las urnas son unos 36.000, según los registros de los últimos comicios.

Se renuevan los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. Hay cuatro listas en carrera.

La más poderosa es Unidad en Defensa de la Abogacía, que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de agrupaciones abogadiles en su seno. Orientada por Ricardo Gil Lavedra, lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, administrativista e interventor judicial de la UOM, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023.

Se le enfrenta la lista Abogacía Federal, que lleva a Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y este año incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.

Allí pesa un sector del peronismo con el radicalismo: detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad (UCR), Diego Molea, el exconsejero Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba.

Son los que sucederían en el estamento de abogados a la actual consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

El otro sector del peronismo, con el apoyo del auditor de la AGN Juan Manuel Olmos, lleva en Abogacía Unida y Dignidad Profesional, como primera candidata, a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.

El oficialismo de La Libertad Avanza juega con su propia lista en la elección de abogados, una aventura inédita. Abogados por la Libertad está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.

Ante la presión de sus aliados y acorralado por la inminencia de una megasesión que amenaza con voltear el DNU 70/23, una de las banderas políticas del Gobierno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aceleró sus movimientos para contener la avanzada opositora. Con ese objetivo, convocó a una comisión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, y en el que se apresta a incorporar un capítulo o una disposición sobre la Ley de Tierras, como anticipó .

Eso sí, con la mirada puesta en la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, de prosperar, restablecería los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Según pudo saber , la definición podría llegar mañana mismo: el máximo tribunal convocó a un acuerdo para las 9. Un win-win para el oficialismo, que encontraría así la forma de atender el reclamo de sus aliados sin pagar el costo político de volver sobre sus pasos.

Los libertarios ya sufrieron una derrota legislativa en el Senado, cuando debieron eliminar del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” los artículos sobre extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Por entonces, el debate quedó atravesado por una fuerte discusión sobre soberanía tras el episodio de la bandera de Malvinas agitado por la selección argentina durante el mundial de fútbol, que reavivó un profundo sentimiento nacionalista y el reclamo colectivo por las islas.

Pero la intención explícita del Gobierno era eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, una medida inicialmente frenada por una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Días atrás, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 tras cuestionar la legitimación de la entidad para promover acciones colectivas.

El timming de su resolución complicó al Gobierno en momentos en que los libertarios pretenden darle curso al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y mientras intentan esquivar cualquier golpe político por los proyectos de discapacidad y morosidad que empuja la oposición y que fueron incluidos en el temario de la sesión del próximo jueves.

No obstante, el máximo tribunal dio esta semana una señal que podría dar vuelta el tablero. Por un lado, convocó a dos conjueces designados por sorteo —los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras.

La ONG ambientalista reclama que la Corte precise si su reciente fallo tiene algún efecto sobre el expediente que impulsa, al sostener que su amparo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes, dado que invoca una legitimación diferente.

A ello se suma que ayer el tribunal abrevió los plazos legales para pronunciarse sobre la cuestión, por lo que en menos de 24 horas estaría en condiciones de resolver el pedido de cautelar. Una decisión favorable abriría la puerta a restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Frente a este escenario, el Gobierno quedaría exento de retomar un debate incómodo durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el próximo miércoles a las 16, tras su giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En concreto, se ahorraría la difícil tarea de negociar no solo con sus aliados, sino también con la oposición más dura los topes máximos a la compra de tierras por parte personas físicas o jurídicas extranjeras.

La propuesta original contemplaba elevar ese límite del 15% al 25%, pero no prosperó en la Cámara alta. Y nada indica que hoy tenga margen para insistir con la misma fórmula. “El problema es que no puede ofrecer algo muy distinto de lo que ya ofreció en el Senado”, advierte un diputado ávido en estrategia parlamentaria.

Dentro de la oposición hay quienes están seguros que a más tardar el martes llegará un “salvataje” de la Corte al Gobierno. Mientras tanto, insisten, los libertarios ensayan un “plan b”, a modo “preventivo” con la inclusión del debate de Ley de Tierras en el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Si bien el oficialismo ya había dejado entrever que exploraba esta alternativa, la decisión terminó de tomar forma ayer, tras la presión de sus aliados del PRO, Provincias Unidas y el MID, que le exigieron una respuesta inmediata durante una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto.

Pese a que suelen acompañar las iniciativas del oficialismo, dentro de estos bloques no había consenso para respaldar la eliminación de los límites establecidos por la Ley de Tierras. Incluso, algunos legisladores mantenían abierta la posibilidad de aportar al quórum de la sesión opositora del 15 de octubre.

Aunque los bloques críticos todavía estaban lejos de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, la inacción del Gobierno corría el riesgo de inclinar a los indecisos a favor de la convocatoria, en medio de la presión política por otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad, y la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento prevista para ese mismo día.

De todas formas, pese al intento oficialista de desactivar la convocatoria, representantes de UP y Provincias Unidas ratificaron a este medio que bajarán al recinto para insistir con la sesión. “No podemos, no debemos bajarnos”, sostienen.

Además, hay quienes se ilusionan con reunir los apoyos necesarios para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y la problemática de la morosidad, aun cuando no alcancen los votos para rechazar el DNU 70/23. Esto último representaba, en cualquier caso, un escenario casi imposible por la resistencia de los gobernadores a dar marcha atrás con otras medidas incluidas en el megadecreto.