POLITICA
Quién es Matías Tabar, el contratista que complicó a Manuel Adorni

Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country de Manuel Adorni, está lejos de ser un opositor al Gobierno: fue uno de los convencidos que votó a Javier Milei en las últimas elecciones, después de haber votado anteriormente a Mauricio Macri. Por eso, sus allegados se ríen cuando detectan que en las redes sociales los activistas libertarios lo acusan de ser peronista.
“Más gorila que Matías no hay”, dice alguien que conoce a Tabar, quien se habría trenzado más de una vez en discusiones familiares con su papá y su hermana en defensa de la gestión mileísta, según pudo reconstruir entre fuentes cercanas al vicepresidente del Grupo AA Arquitectura SRL, sociedad que constituyó junto con Facundo Heine.
En sus redes sociales, Tabar tiene publicaciones en contra del kirchnerismo (cuestionamientos por corrupción en la obra pública) y Alberto Fernández; también hay mensajes de rechazo al sindicalismo (críticas a Roberto Baradel y a los Moyano).
Tabar nunca se imaginó que iba a tener que ir a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por presunto enriquecimiento del jefe de Gabinete. En su vida no había recibido ni siquiera una carta documento.
Tabar contó frente al fiscal Gerardo Pollicita que la remodelación de la casa costó 245.000 dólares. Dijo que él solo cobró lo correspondiente a su trabajo y el resto eran los pagos a los proveedores que él mismo coordinó.
Tabar informaba al matrimonio Adorni por mail y WhatsApp de los avances con los proveedores y las entregas de los productos. Por eso dejó su celular en los tribunales para que expertos forenses extraigan toda la información referida a esos intercambios. “No tiene nada que ocultar”, dicen quienes lo conocen.
Contó en la Justicia que remodeló la casa porque no le gustaba al matrimonio Adorni y que modernizó un jacuzzi que ya existía y calefaccionó, con un “inverter”, el agua de la pileta, que cubrió con mosaico tipo Travertino.
Tabar es un personaje conocido en Exaltación de la Cruz, el campo, como le dicen sus vecinos. Es deportista afecto a las carreras de resistencia o al triatlón, como el Ironman.
En Exaltación de la Cruz está el country Indio Cua, donde Adorni compró por US$120.000 la casa que remodeló. En la política local, Tabar fue afiliado a un partido vecinalista y apoyó al intendente local, Diego Nanni, que dijo que fue su compañero de colegio. Nanni, sin embargo, negó haber ido al colegio con él, aunque admitió conocerlo.
Como el partido se alió con el PJ “se mezcló todo”, dicen sus allegados, pero mencionan que Tabar es antiperonista. Algunos le dicen “gorila”.
Actualmente, además de dedicarse a la remodelación de viviendas en la zona, Tabar es proveedor del municipio. Y espera seguir siéndolo porque es un rebusque que le permite redondear un ingreso, cuando en la construcción no tiene “buenas vibras”, como dicen sus conocidos.
Es proveedor del municipio desde el gobierno de Fernando de la Rúa, siguió con el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo y ahora durnante el mileísmo. Está inscripto en un local de venta de insumos, donde factura poco, según allegados.
Tabar no tiene vínculo con la Uocra, el sindicato de la construcción, ni tampoco su empresa, Alta Arquitectura SRL, está inscripta en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), según averiguó con fuentes del sector.
En la ARCA figura que tiene como actividad principal la venta de cámaras de seguridad. Tabar es contratista de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde en 2019 ganó una licitación para proveer resmas de papel y en 2021, para suministrar cámaras de seguridad. Ese mismo año constituyó con su socio Facundo Heine Alta Arquitectura.
Quedó constancia en la causa judicial su último intercambio con Adorni por WhatsApp primero y teléfono después. Esa comunicación fue cuando el caso de enriquecimiento ilícito ya estaba en la agenda pública de los medios y faltaban pocos días para que Tabar se presentara a declarar.
Adorni le mandó un chat para consultarle si lo podía llamar y él lo llamó. Allí, en esa conversación telefónica, que duró 10 minutos, hablaron sobre la situación.
“Le dijo que era una mierda para él pasar por la instancia de tener que ir a declarar, de lo incómodo que era para su socia y para su familia”, cuentan amigos de Tabar.
Allí Adorni le dijo que si necesitaba “ayuda, que contara con él y su equipo”, dijeron allegados a Tabar, que indicaron que el jefe de Gabinete nunca mencionó el ofrecimiento de un abogado. Tabar rechazó la ayuda.
Tabar está esperando que pase esta exposición mediática. Le dan vergüenza los medios, pero al mismo tiempo está preocupado por los ataques que recibió desde que hizo su declaración en tribunales.
“Lo que sí te prometo es que, si siguen tirando del Gobierno, voy a salir y ahí sí, compren pochoclos”, advirtió a uno de sus más íntimos amigos.
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POLITICA
Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online

Con fuerte preocupación evalúan en la Iglesia el proyecto que presentó el Gobierno para combatir la ludopatía, pero que evita poner freno a la publicidad de las apuestas online, los patrocinios en las camisetas de fútbol y las promociones para captar nuevos usuarios. La iniciativa oficial se limita a prevenir el avance del juego ilegal, mientras la Comisión de Pastoral Social del Episcopado viene insistiendo en la necesidad de evitar la exposición de niños y adolescentes a la práctica del juego.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que deja de lado restricciones acordadas en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre y que se encuentra en el Senado, evita cambios en la regulación de la publicidad, considerada “el corazón del negocio del juego”.
Esa particularidad genera resistencias en la Iglesia, luego del fuerte mensaje del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva en el tedeum, al advertir que “la sombra del desmembramiento social asoma en el horizonte”.
Las únicas restricciones contempladas en la propuesta del Sedronar recaen sobre plataformas clandestinas o no autorizadas.
“Es una mala señal que solo se ataque el juego ilegal”, dijeron a fuentes eclesiásticas, al recordar que en la discusión legislativa se había avanzado en restringir la publicidad y la exposición de los menores y adolescentes a la adicción del juego.
Para fundamentar su rechazo, la Iglesia tiene en cuenta que seis de cada diez adolescentes están expuestos al juego online, según un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, a partir de encuestas realizadas a 11.421 adolescentes de 13 a 18 años en todo el país.
A fines del año pasado, la comisión ejecutiva del Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, para pedir el tratamiento del proyecto que había aprobado Diputados, que contemplaba “avances” desestimados ahora en el proyecto del Poder Ejecutivo.
“La ludopatía es un atentado contra la vida”, argumentaron los obispos, al advertir que “la falta de regulaciones y de controles adecuados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono celular inteligente pueda convertirse o ser usado como un casino, incluso por niños y adolescentes”.
En julio de 2024, las comisiones de Pastoral Social de las distintas diócesis del país, alertaron también sobre “una realidad que no discrimina clase social, ni región geográfica” y “el daño social que se está ocasionando”.
El sacerdote cordobés Munir Bracco, del área de Pastoral Social, expuso en un plenario de comisiones del Senado y denunció “las fuertes presiones que ejercen los intereses económicos detrás de este negocio”. Dijo que “el punto central es si existe voluntad política para poner límite a esta peste que causa estragos en todos los rincones de nuestra patria y amenaza con dejarnos una generación de ludópatas”.
“Asociar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo, con algo que enferma es un sinsentido. Los chicos ya no disfrutan del fútbol: lo viven pendientes de si habrá un gol, una tarjeta o un penal para ganar o perder una apuesta”, señaló el sacerdote en su exposición.
El informe del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señala que la “alta exposición” refleja una participación directa de los menores, en un 16% de los encuestados, al tiempo que el 45% admite tener “vínculos cercanos que apuestan”. Además, el 57% de los que participan en el juego online ingresó al sistema por recomendación de sus pares, muchos de ellos animados en las redes sociales.
El estudio añade que el uso de billeteras digitales y la publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinguir plataformas legales o ilegales, señala el informe, que recomienda “controles más estrictos sobre las plataformas”.
Otros indicadores que preocupan a la Iglesia señalan que el 79% de los adolescentes reconoce riesgos de adicciones en el juego de apuestas y uno de cada ocho contrajo deudas, según testimonios recogidos en el estudio de la Cruz Roja. Se registran casos de ansiedad y malestar, además de alteraciones en los hábitos de sueño y rendimiento escolar. La edad de inicio en muchos casos es a los 13 años y se estima que los varones apuestan tres veces más que las mujeres.
A esos datos preocupantes se suma que más del 60% de los adolescentes no diferencia las plataformas de apuestas legales de los sitios clandestinos.
Fuentes eclesiásticas cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo, que fue elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina (Sedronar), que conduce Roberto Moro. Y confirmaron que la publicidad es una herramienta clave en la oferta nociva que llega a los menores. Al respecto, el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados prohíbe la promoción de apuestas online en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts, eventos culturales y camisetas de fútbol, como informó . Además, veta la publicidad indirecta, mediante influencers, figuras públicas y deportistas.
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POLITICA
Toma en los colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini: estudiantes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Los estudiantes de los colegios preuniversitarios Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini votaron este martes la toma de ambos establecimientos por tiempo indeterminado como parte de un plan de lucha en defensa de la educación pública.
La medida fue resuelta en asambleas estudiantiles y tiene como principal reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada para garantizar mayores recursos para las universidades nacionales en medio del conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.
El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires afirmó en declaraciones radiales que los docentes de los establecimientos preuniversitarios “están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la ciudad”. “Eso denota un claro ataque directo a las universidades”, expresó Francisco Pitrola, el referente de los alumnos, en diálogo con Radio con vos.
“Yo creo que el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir”, sumó el joven.
La decisión por esta medida de fuerza se da en un contexto de disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades.
En esa línea, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este martes una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad, con un acto central frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria fue impulsada por gremios docentes y no docentes para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa incluye clases abiertas y exposiciones académicas convocadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).
El reclamo de los docentes se centra en que los jueces de la Corte Suprema definan su intervención en el expediente, que se encuentra bajo análisis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al aceptar un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales. La primera marcha se realizó en abril de ese año.
El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva.

En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Leé también: Universidades nacionales le reclaman al Gobierno una instancia de diálogo en medio de la pelea por los fondos
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
colegio nacional buenos aires, Paro
POLITICA
El líder de la UOM recibió apoyo sindical, del cristinismo y del kicillofismo contra la intervención del gremio

El desplazado secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, encabezó este martes una protesta en la sede central del gremio contra la decisión judicial de intervenir el sindicato y separar a su cúpula tras un proceso electoral impugnado. El gremialista, alineado con el kirchnerismo, recibió apoyo de sindicatos y de referentes políticos del peronismo en sus distintas variantes.
En declaraciones radiales, Furlán recordó que la UOM ya había sido intervenida en dos momentos históricos: “Fuimos intervenidos por las dictaduras de 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, afirmó a AM530.
Furlán estuvo en la sede central del sindicato, ubicada en Alsina 485, en el centro porteño y desde una ventana le habló a su militancia y a los dirigentes que se hicieron presentes. Se acercaron, entre otros, referentes cercanos a Cristina Kirchner como los diputados Eduardo Valdés y Sergio Palazzo, y otros alineados con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como su ministro de Trabajo, Walter Correa, y su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Se acercaron, también, los diputados kirchneristas Germán Martínez (jefe del bloque peronista en la Cámara baja) y Leopoldo Moreau, entre otros.
El jefe de la UOM, que se abrió de la CGT y armó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), cosechó respaldo de parte de la central obrera, con la presencia de Octavio Argüello, uno de los integrantes del triunvirato de mando que se acercó hasta la sede del gremio metalúrgico. Las dos vertientes de la CTA, con dirigentes como Hugo “Cachorro” Godoy y Roberto Baradel, estuvieron representadas en la UOM.
Acompañaron con su respaldo en la sede sindical dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, la Federación de Aceiteros y Desmotadores, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba); de partidos políticos como Libres del Sur, y de movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
El viernes pasado, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo intervino el gremio por 180 días, desplazó a su secretariado nacional y nombró como interventor judicial a Alberto Biglieri. Los jueces consideraron que hubo irregularidades en el proceso electoral realizado durante el mes de marzo, que derivó en la reelección de Furlán.
Los magistrados que dictaron la intervención judicial de la UOM fueron Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El 23 de abril, ambos dejaron vigente la reforma laboral aprobada en el Congreso, al otorgar con efecto suspensivo una apelación presentada por el Estado nacional contra la suspensión de más de 80 artículos de la norma, que había decidido el juez laboral Horacio Ojeda. Al día siguiente del fallo por la reforma laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en marcha el trámite para prorrogar la magistratura del Pesino, quien en junio debería dejar su puesto por haber cumplido 75 años.
La conducción desplazada del sindicato declaró el estado de “alerta, movilización y sesión permanente en todo el territorio nacional” y designó al secretario general adjunto, Daniel Daporta, como delegado administrador del gremio, informó el sitio web Infogremiales.
“Hoy es un día que nos tiene que tocar las fibras más íntimas de nuestra identidad peronista. La intervención a la UOM es como cuando quisieron intervenir, hace muy poco, el Partido Justicialista nacional. Ser metalúrgico y peronista es una marca de identidad. Al lado de Furlán y de todos los compañeros metalúrgicos que pelean por condiciones más dignas de trabajo. No es casual que sea la UOM el gremio que más ha salido a la calle a pelear contra la reforma laboral. Incondicionalmente, al lado de la UOM”, dijo a el diputado Valdés.
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