POLITICA
Quién es Matías Tabar, el contratista que complicó a Manuel Adorni
Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country de Manuel Adorni, está lejos de ser un opositor al Gobierno: fue uno de los convencidos que votó a Javier Milei en las últimas elecciones, después de haber votado anteriormente a Mauricio Macri. Por eso, sus allegados se ríen cuando detectan que en las redes sociales los activistas libertarios lo acusan de ser peronista.
“Más gorila que Matías no hay”, dice alguien que conoce a Tabar, quien se habría trenzado más de una vez en discusiones familiares con su papá y su hermana en defensa de la gestión mileísta, según pudo reconstruir entre fuentes cercanas al vicepresidente del Grupo AA Arquitectura SRL, sociedad que constituyó junto con Facundo Heine.
En sus redes sociales, Tabar tiene publicaciones en contra del kirchnerismo (cuestionamientos por corrupción en la obra pública) y Alberto Fernández; también hay mensajes de rechazo al sindicalismo (críticas a Roberto Baradel y a los Moyano).
Tabar nunca se imaginó que iba a tener que ir a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por presunto enriquecimiento del jefe de Gabinete. En su vida no había recibido ni siquiera una carta documento.
Tabar contó frente al fiscal Gerardo Pollicita que la remodelación de la casa costó 245.000 dólares. Dijo que él solo cobró lo correspondiente a su trabajo y el resto eran los pagos a los proveedores que él mismo coordinó.
Tabar informaba al matrimonio Adorni por mail y WhatsApp de los avances con los proveedores y las entregas de los productos. Por eso dejó su celular en los tribunales para que expertos forenses extraigan toda la información referida a esos intercambios. “No tiene nada que ocultar”, dicen quienes lo conocen.
Contó en la Justicia que remodeló la casa porque no le gustaba al matrimonio Adorni y que modernizó un jacuzzi que ya existía y calefaccionó, con un “inverter”, el agua de la pileta, que cubrió con mosaico tipo Travertino.
Tabar es un personaje conocido en Exaltación de la Cruz, el campo, como le dicen sus vecinos. Es deportista afecto a las carreras de resistencia o al triatlón, como el Ironman.
En Exaltación de la Cruz está el country Indio Cua, donde Adorni compró por US$120.000 la casa que remodeló. En la política local, Tabar fue afiliado a un partido vecinalista y apoyó al intendente local, Diego Nanni, que dijo que fue su compañero de colegio. Nanni, sin embargo, negó haber ido al colegio con él, aunque admitió conocerlo.
Como el partido se alió con el PJ “se mezcló todo”, dicen sus allegados, pero mencionan que Tabar es antiperonista. Algunos le dicen “gorila”.
Actualmente, además de dedicarse a la remodelación de viviendas en la zona, Tabar es proveedor del municipio. Y espera seguir siéndolo porque es un rebusque que le permite redondear un ingreso, cuando en la construcción no tiene “buenas vibras”, como dicen sus conocidos.
Es proveedor del municipio desde el gobierno de Fernando de la Rúa, siguió con el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo y ahora durnante el mileísmo. Está inscripto en un local de venta de insumos, donde factura poco, según allegados.
Tabar no tiene vínculo con la Uocra, el sindicato de la construcción, ni tampoco su empresa, Alta Arquitectura SRL, está inscripta en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), según averiguó con fuentes del sector.
En la ARCA figura que tiene como actividad principal la venta de cámaras de seguridad. Tabar es contratista de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde en 2019 ganó una licitación para proveer resmas de papel y en 2021, para suministrar cámaras de seguridad. Ese mismo año constituyó con su socio Facundo Heine Alta Arquitectura.
Quedó constancia en la causa judicial su último intercambio con Adorni por WhatsApp primero y teléfono después. Esa comunicación fue cuando el caso de enriquecimiento ilícito ya estaba en la agenda pública de los medios y faltaban pocos días para que Tabar se presentara a declarar.
Adorni le mandó un chat para consultarle si lo podía llamar y él lo llamó. Allí, en esa conversación telefónica, que duró 10 minutos, hablaron sobre la situación.
“Le dijo que era una mierda para él pasar por la instancia de tener que ir a declarar, de lo incómodo que era para su socia y para su familia”, cuentan amigos de Tabar.
Allí Adorni le dijo que si necesitaba “ayuda, que contara con él y su equipo”, dijeron allegados a Tabar, que indicaron que el jefe de Gabinete nunca mencionó el ofrecimiento de un abogado. Tabar rechazó la ayuda.
Tabar está esperando que pase esta exposición mediática. Le dan vergüenza los medios, pero al mismo tiempo está preocupado por los ataques que recibió desde que hizo su declaración en tribunales.
“Lo que sí te prometo es que, si siguen tirando del Gobierno, voy a salir y ahí sí, compren pochoclos”, advirtió a uno de sus más íntimos amigos.
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POLITICA
El Gobierno habilitó la venta de la Unidad Turística de Embalse, construida durante el primer gobierno de Perón en Córdoba
El Gobierno dio otro paso para ponerle fin al turismo social que fue un emblema del peronismo. Este martes, la Administración Nacional de Bienes del Estado (AABE) habilitó la venta y/o transferencia de la Unidad Turística de Embalse, ubicada en el valle de Calamuchita, Córdoba. La gestión libertaria ya había hecho una maniobra similar con el otro hotel, en la localidad bonaerense de Chapadmalal, en el que se avanza con una concesión a 30 años.
A través del Decreto 322/2026 publicado en el Boletín Oficial, se habilita a la AABE a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional (distribuidos en distintos puntos del país) para que pasen a manos privadas con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”.
Uno de esos 10 inmuebles detallados en el anexo es la Unidad Turística de Embalse, construida durante el gobierno de Juan Domingo Perón que hasta la gestión Milei ofrecía bajas tarifas de alojamiento. Después de este decreto vendrá una subasta para estas 315 hectáreas.
Según detallaron fuentes oficiales a , durante el año se llamará a la subasta. Se espera que por estas 10 propiedades el Estado recaude como “mínimo US$40 millones”, es decir, aproximadamente US$4 millones por cada inmueble.
El pasado miércoles, en el informe de gestión, la Jefatura de Gabinete había respondido varias preguntas sobre el destino del hotel cordobés e informó que el complejo se “encuentra en proceso de enajenación”.
La decisión se sustenta en una resolución de mediados del año pasado de la Secretaría de Turismo y Ambiente, a cargo de Daniel Scioli, en la que se trasladaron los hoteles de Chapadmalal y Embalse a la AABE, encargada de definir su destino final, luego de que fracasara una prueba piloto para que el Turismo Social sea “autosuficiente” con tarifas más altas.
En ese entonces, Scioli declaró la “innecesaridad” de las unidades e hizo hincapié en la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera. Como ambas unidades turísticas se ubican en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural, la venta es sólo posible si está en manos de la agencia, la única habilitada para vender propiedades estatales.
Por ahora, el destino de las unidades turísticas es incierto. Sí siempre circulan algunas alternativas y una que en particular parece posicionarse: que empresas hoteleras manejen los complejos (si AABE aprueba la propuesta) a su gusto, sobre todo porque ya no es obligatorio que se mantengan las tarifas sociales. Además, los hoteles de Chapadmalal y Embalse tienen una ubicación estratégica, próximas al mar y al lago y en zonas de alto valor inmobiliario.
La unidad de Embalse fue inaugurada en 1951 y brindó alojamiento a jubilados, pensionados y personas de bajos recursos bajo el concepto del Turismo Social. Entre las sierras cordobesas, contiene siete edificios bajos y 50 casas con una capacidad cercana a las 3000 plazas. Cuenta con edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales, pabellones para el personal, un polideportivo, piletas, paradores en la playa, confitería y museo.
Hace dos semanas, tal como informó , empleados y familiares que habitan el establecimiento de Chapadmalal fueron intimados a dejar las propiedades.
Se trata de 50 personas que viven en las inmediaciones hace dos décadas: 30 empleados y 20 personas sin un vínculo laboral con el complejo. El motivo detrás de la intimación habría sido la ocupación irregular de las propiedades de parte de los familiares de los empleados.
A fines de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró en conferencia de prensa que el Gobierno avanzó con una concesión a 30 años del complejo para “atraer inversión privada que restaure y eleve su calidad”. El objetivo era que “pase finalmente a estar al servicio de la gente y que se reduzca la carga de su mantenimiento para el Estado”.
Ese llamado a concesión, indicaron fuentes de AABE, también se publicará este año.
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POLITICA
Nuevo revés para la CGT: la Cámara ordenó trasladar en 24 horas la causa por la reforma laboral
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanzó un paso más en la disputa judicial por la reforma laboral y le fijó un plazo perentorio al juez laboral Raúl Ojeda, que tenía la causa. Le dio 24 horas para remitir el expediente iniciado por la CGT, en línea con la decisión previa que había definido el cambio de fuero.
La resolución se conoció este lunes y quedó firmada por los camaristas que ya habían intervenido en el expediente. El tribunal tomó nota de que el conflicto de competencia está resuelto y apuntó al incumplimiento de la orden anterior por parte del juzgado laboral.
En ese marco, dispuso una intimación directa para que el expediente sea enviado sin más dilaciones. La medida incluyó la habilitación de días y horas inhábiles, lo que refleja la intención de acelerar el traslado de la causa, en un nuevo revés para la CGT que pretendía que se tramitara en el juzgado laboral.
El plazo para destrabar el expediente
El fallo sostuvo que, una vez definida la competencia, no hay margen para demoras en la remisión del expediente. En el texto, los jueces requirieron “la remisión de la causa en el plazo de 24 horas”, en referencia al juzgado laboral que aún conserva las actuaciones.
La Cámara también ordenó que la decisión sea comunicada de inmediato al Juzgado Nacional del Trabajo interviniente y a la sala correspondiente de ese fuero. La notificación se hará por medios electrónicos y con carácter urgente.
El punto central es operativo. El tribunal no volvió sobre el fondo del caso, sino que buscó garantizar que el expediente llegue al fuero que ya fue declarado competente para tratar la demanda.
El antecedente inmediato y el cambio de fuero
La semana pasada, la misma Cámara había resuelto que la causa impulsada por la CGT debía tramitar en el fuero contencioso administrativo y no en la justicia laboral. En esa decisión, los jueces entendieron que el planteo estaba dirigido contra el Estado en su rol legislativo.
Ese fallo implicó un giro en el recorrido del expediente y dejó sin efecto la intervención del fuero laboral, que hasta ese momento llevaba adelante el trámite. La resolución actual se apoya en ese antecedente y busca que se cumpla de manera efectiva.
El conflicto se había originado a partir de la presentación de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de distintos artículos de la reforma laboral. A partir de allí se abrió la discusión sobre qué fuero debía intervenir.
Con esta nueva decisión, la Cámara intenta cerrar el capítulo procesal vinculado a la competencia y ordenar el expediente para que continúe su trámite. La intimación fija un plazo concreto y deja asentado que la cuestión ya fue resuelta.
El traslado de la causa es un paso necesario para que el tribunal avance en el análisis del planteo. Por ahora, la discusión sigue centrada en el encuadre del caso y en las condiciones formales del proceso.
reforma laboral, CGT, Justicia, Fallo judicial
POLITICA
Habló la concejala agredida en Villa Gesell: “Esto es bien del modelo kirchnerista en su fase final”
En una entrevista exclusiva, Clarisa Armando, concejala del PRO y principal agredida durante la última sesión del Consejo Deliberante de Villa Gesell, brindó su testimonio sobre el violento episodio que se desató tras el rechazo del presupuesto municipal por parte de la oposición.
Durante el programa Infobae al Regreso, conducido por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Armando describió: “La violencia que vivimos en el día de ayer, en el marco de la votación del presupuesto, fue inédita para nuestra ciudad”.
La concejala detalló que la agresión fue tanto verbal como física: “Nos agredieron abiertamente, amenazándonos con frases como: ‘Te vamos a ir a buscar, no vas a poder caminar libre por las calles’”. Armando contó que asistió a una compañera de bloque descompensada cuando recibió los golpes más fuertes, y remarcó: “No solo nos agredieron a nosotros, también al personal de salud que vino a asistir”.
Un presupuesto polémico y la reacción del oficialismo
Armando explicó que el presupuesto rechazado “tenía un aumento que duplicaba el del año anterior, superando la inflación de los últimos tres años en un 50%” y “llevaba un aumento de tasas encubierto que llegaba al 80%”. Además, denunció la creación de seis nuevas direcciones, cada una con al menos 30 empleados: “El intendente Barrera perdió la votación y recurrieron a la fuerza, amedrentando y pegando”.
La dirigente del PRO señaló que la violencia respondió a la pérdida de poder del oficialismo local: “Esto es bien del modelo kirchnerista en su fase final. Cuando empiezan a perder poder, buscan amedrentar y presionar”.
Identidad de los agresores y crisis en Villa Gesell
Consultada sobre los responsables, Armando fue enfática: “Los agresores son integrantes de la Comisión del Sindicato Municipal y del Sindicato de Camioneros. No son personas desconocidas, sabemos exactamente quiénes son y a quiénes representan”.
La concejala también denunció la degradación social y económica de Villa Gesell: “En 2015 teníamos tres mil comercios habilitados, hoy no llegamos a los dos mil”. Agregó que el Tribunal de Cuentas detectó “900 empleados municipales declarados que no aparecen”.
Al finalizar, Armando agradeció el respaldo recibido: “Quiero agradecerle a todos los que nos bancaron y se preocuparon por lo que pasó en mi ciudad”.
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