CÓRDOBA.- En un contexto generalizado de reclamos ante el PAMI por deudas acumuladas con diferentes eslabones de la atención a sus 5 millones de afiliados en todo el país, unos 160 intendentes de la provincia de Córdoba de diferentes extracciones partidarias presentaron un reclamo ante las autoridades de la delegación local por la falta de cancelación de pagos. Estiman que les deben entre $9.000 millones y $10.000 millones.

Al no ser atendidos por Eduardo Frayre, el titular de la sede local del PAMI, los jefes comunales ingresaron un documento oficial a través de la mesa de entradas de la institución. Explican que usan fondos propios para garantizar la atención de los adultos mayores en los hospitales locales ante el incumplimiento de la obra social nacional.

El reclamo incluye la descripción de la saturación de los servicios de salud al recibir más afiliados PAMI que no tienen otra alternativa y da cuenta de que también se están haciendo cargo de los traslados en ambulancia ante las fallas operativas de las empresas contratadas.

En el texto, los intendentes describen las demoras en los pagos a las farmacias y enfatizan el deterioro en las prestaciones generales. Solicitan un “esquema de cancelación previsible» y piden la apertura de una mesa de trabajo institucional para destrabar el conflicto.

“No podemos permitir que la variable de ajuste sean nuestros jubilados”, afirmaron y se solidarizaron con los médicos que también están haciendo sus planteos. Para graficar la situación contaron que el municipio de Noetinger (este de la provincia, departamento Unión) pagó el alquiler del local donde funciona el PAMI porque también ahí tiene atrasos.

La semana pasada a los reclamos de los prestadores (sostienen que la deuda acumulada es de $500.000 millones) y al paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos, se sumó el de los gobernadores que también sostienen que los servicios de salud provinciales están presionados por la mayor demanda de afiliados PAMI y piden que les paguen lo adeudado.

El Ministerio de Economía liberó $150.000 millones; fue entonces que Mario Lugones, ministro de Salud, indicó “hoy, el PAMI está pagando”. Sin más recursos, el problema continúa y se profundiza. “Ya hay abuelos, hijos y nietos. La carga es muy grande y, todos sabemos que, a más edad, más requerimientos médicos tenemos”, añadió Lugones en el AmCham Summit 2026.

En Córdoba, Frayre asumió en la delegación local en reemplazo de Marcos Patiño Brizuela, quien asumió en diciembre como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA). Ambos responden a Gabriel Bornoroni, líder de la bancada oficialista en Diputados.

El gobernador cordobés, Martín Llaryora, hace unos días dijo: “Pido públicamente: no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”.

El juez federal Ariel Lijo prorrogó en las últimas horas el secreto de sumario en la causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas para acceder al dólar oficial y donde se detectaron coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar.

Fuentes judiciales confirmaron a que la causa seguirá bajo secreto otros diez días hábiles “para terminar de hacer las medidas de prueba que están pendientes”. Es la tercera vez que se prorroga ese plazo, algo poco habitual.

La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas), entre otros. Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había “gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.

El fiscal Franco Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.

En marzo se realizó otra tanda de allanamientos. La Justicia fue a buscar documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.

Entre las personas allanadas aparecía Alejandro “El Turco” Calian, conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina, especialmente a Rodrigo De Paul.

La causa apunta al denominado rulo financiero, que hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.

Durante la investigación se encontraron pruebas, tal como adelantó , que por lo menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en la parte más restrictiva del cepo cambiario.

El esquema, que evaluaba la capacidad económica y financiera de las empresas que requerían importar, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.

El fiscal Picardi tendría detectado no solo a los empresarios que habrían aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuestión, que hasta el momento superan los US$3,5 millones. Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas.