POLITICA
Hugo Moyano giró en un mes $2580 millones a fideicomisos vinculados a su esposa
Entre el 29 de abril y el 1° de junio últimos, desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros tiene registradas en el Banco Provincia se transfirieron $2579.853.035 a dos fideicomisos vinculados a Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio. Una operatoria similar, pero con giros por $900 millones, se había concretado entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025.
Los movimientos de dinero comenzaron a causar asombro en algunos despachos del sindicato que Moyano tiene en un puño desde 1987.
Con la obra social en crisis y una leve caída en la cantidad de afiliados, circulan versiones sobre un presunto vaciamiento que hasta ahora ningún directivo se atreve a comentarlo públicamente.
Además, el episodio policial que involucra a Facundo Moyano, uno de los hijos del jefe camionero, acrecentó las sospechas sobre el financiamiento del clan.
Las transferencias tienen siempre los mismos destinos: las empresas Iarai SA (de salud y asistencia), Aconra SA (una constructora) y Dixey SA (dedicada a la industria textil).
Se trata de las históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet y que encadenó ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros.
En esas firmas están como directivos o contratados a sueldo los hijos de la esposa de Moyano, Juan Manuel Noriega Zulet y Valeria Alejandra Salerno, pero también dos de los seis hijos del sindicalista: Jerónimo (está contratado en las tres) y Facundo (estuvo contratado en Aconra). Pablo, Karina, Paola y Hugo (h.) estarían al margen del circuito.
Los pagos fueron siempre directos, desde las cuentas del sindicato o la obra social a las empresas. Pero desde el año pasado surgieron en simultáneo tres fideicomisos como intermediarios: Thoth, a través del cual se le abonaría a Dixey; Khasis, que sería la vía de pago a Aconra, y Dhanvantari, por el que se le giraría dinero a Iarai, según precisaron fuentes que conocen los movimientos de plata del gremio.
Dhanvantari es el dios hindú de la medicina, el rubro que le abrió hace décadas a Liliana Zulet las puertas de los grandes negocios. Thot es el dios egipcio de la sabiduría. Y los Khasis son una tribu de la India que ejerce el matriarcado, es decir, donde mandan las mujeres.
Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) mientras que el restante lo hizo al mes siguiente, el 1° de diciembre de 2024. Pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de Iarai, Aconra y Dixey.
Con siete transferencias entre el 29 de abril y el 29 de mayo últimos, el Sindicato de Camioneros le giró a Dixey, a través de Thoth, $879.407.771, según el detalle de las transacciones al que accedió . Hubo otro pago, pero de manera directa, el 27 de mayo por $41.160.000.
Para Aconra, a través de Khasis, se giraron $544.285.264 entre el 7 y el 29 de mayo en seis envíos distintos, algunos con apenas 24 horas de diferencia.
En este último detalle de transferencias no figura Iarai, la firma que administra la obra social Oschoca. Sin embargo, se detectaron pagos directos desde el gremio a la prestadora médica por $1115 millones, con tres depósitos entre el 22 de mayo y el 1° de junio.
En lo que va de 2026, según pudo comprobar , hubo antes otras siete transferencias bancarias entre el 4 y el 13 de febrero por un total de $2971 millones. Es decir, el salvataje para el año en curso supera los $4000 millones en el primer semestre y ya se proyecta como un récord.
El Sindicato de Camioneros le transfirió a Oschoca $3157.731.000 millones en 2023; $3594.604.000 millones en 2024, y $4611.672.225 millones en 2025, de acuerdo a los libros contables de la organización.
La obra social de los Moyano está actualmente en crisis: arrastraría un pasivo de alrededor $30.000 millones; dos de los cuatro sanatorios están casi cerrados; limitó los servicios de oftalmología, cirugía y rayos, y negocia con los empresarios Marcos Hendler, Daniel Angelici y Raúl Olmos una deuda millonaria con droguerías.
La amistad que une a Moyano con los tres es tal vez la razón por la que no se desató un litigio judicial. Además, la recaudación de Oschoca no tiene visos de repuntar: la cantidad de aportantes bajó en los últimos años de 90.000 a 72.719 trabajadores, según registros confiables.
En guardia por las filtraciones de las transferencias, Zulet convenció a su esposa de activar una auditoría en el área contable del gremio. En esa revisión, fue expulsado Claudio Balazic, secretario administrativo e involucrado en la causa judicial que investiga un fraude de 10 millones de dólares en un hotel que Camioneros tiene en Mar del Plata.
Zulet ubicó como supervisora de las cuentas a Florencia Veliz, una joven de menos de 30 años, amiga de su hijo Jerónimo, que quedó como responsable de la tesorería del gremio y la obra social. Zulet ni Hugo Moyano respondieron a la consulta de .
La familia política
El episodio policial de Facundo Moyano renovó las tensiones dentro del clan. Pablo, número dos del sindicato, confirmó públicamente que no tiene relación con su medio hermano.
En el ajedrez familiar, Pablo tiene hoy como aliada principal a Karina Eva, a cargo de la Secretaría de Género y muy involucrada en la vida interna del gremio. Pablo y Karina cuestionaron más de una vez en privado la gestión de Zulet al frente de la obra social.
Él directamente cortó relación con la tercera mujer de su padre. Paola, otra de las hijas del líder sindical y exesposa de Claudio “Chiqui” Tapia, está al margen de los manejos del gremio y de la interna familiar.
Diferente son los casos de Hugo (h.), que es abogado y diputado nacional e intenta hacer equilibrio entre sus medios hermanos. Relegado, solo con trato frecuente con Facundo y Huguito, está Jerónimo, el menor, que tiene 26 años, cinco sueldos en blanco (las tres empresas de Zulet, su madre; una distribuidora de cerveza que depende de Quilmes y la Federación Nacional de Camioneros) y es el secretario privado de su padre. Sueña con ser el heredero a pesar de no haber manejado nunca un camión.
La relación de los hijos de Moyano con los de Zulet está guiada por la desconfianza. Jerónimo, que está en el medio, no logró zanjar jamás esa disputa, detrás de la que se esconde una pelea por el control político y económico de uno de los gremios más poderosos del país.
Desde hace años, Zulet y dos hijos que tuvo de otros matrimonios hacen negocios con el gremio de los Moyano. Ella, junto con Valeria Alejandra Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet se alternan en los directorios de Iarai, Aconra y Dixey. El 21 de noviembre de 2016, Salerno y Noriega Zulet ingresaron al blanqueo de capitales US$ 1.100.000 provenientes de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación de la UIF, publicada por entonces por , reveló además que las sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron seis casaquintas en Parque Leloir.
En el tablero también aparece Manuel Facundo Doldán, un joyero de Puerto Madero que es socio de los hijos de Zulet en un call-center (Atención Telefónica SA) que tiene cuatro empleados y fue creado hace cuatro años. Doldán vende joyas, autos de alta gama y muebles. Ofrece sus productos en la mutual del Sindicato de Camioneros. Todo queda en familia.
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POLITICA
Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
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POLITICA
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
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