POLITICA
Human Rights Watch advierte por el proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno y pide “correcciones”

WASHINGTON.− En medio de los cuestionamientos de diversos sectores en la Argentina al proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno en el Congreso, Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que en caso de aprobarse podría imponer “cargas irrazonables” a las organizaciones independientes de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil, y pidió “correcciones”.
La organización internacional con sede en Nueva York señaló mediante un comunicado que el proyecto de ley busca promover la transparencia e integridad, pero que tal y como está diseñado “impondría nuevas cargas administrativas y riesgos legales tan serios que, en la práctica, impedirían que muchos grupos de la sociedad civil participen en el proceso de formulación de políticas públicas”.
Organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias han coincidido en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa del Gobierno, desde la amplitud de las definiciones, la viabilidad práctica de varios artículos y hasta las sanciones previstas.
“Es valioso que el Gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a incidir en políticas públicas”, indicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
“El Congreso debería corregir las disposiciones excesivamente amplias del proyecto de ley para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo sin restricciones indebidas”, agregó.
La semana pasada, en la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.
El objetivo de la norma, según la administración de Javier Milei, es limitar la influencia indebida sobre las decisiones de gobierno y aumentar la transparencia de las actividades de lobby, recordó HRW en la nota publicada este lunes, titulada “Argentina debe corregir la propuesta de ley sobre lobby“.
El proyecto de ley, presentado como “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, prohibiría toda comunicación destinada a influir en las políticas gubernamentales, a menos que las entidades y las personas involucradas se registren primero como lobbistas y presenten, de manera rápida y detallada, informes sobre cada contacto y comunicación que mantengan, añadió HRW, que realizó una extensa descripción de las implicancias del plan.
El organismo destacó que crearía un registro público de gestores de intereses y exigiría que se registren tanto los lobbistas profesionales como los representantes de empresas, cámaras empresariales y cualquier otra persona u organización que busque influir en las decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso.
“La inscripción en el registro no sería automática ni estaría garantizada. Por el contrario, las autoridades a cargo del registro, que operarían bajo la órbita del Poder Ejecutivo, podrían rechazar la inscripción, por ejemplo, si consideran que no es ‘compatible’ con el objeto social registrado de la organización”, detalló.
Las autoridades también podrían suspender o cancelar la inscripción por incumplimientos de la ley; por ejemplo, por no informar acerca de reuniones con la debida rapidez. Esto permitiría a las autoridades del Poder Ejecutivo impedir arbitrariamente que grupos de la sociedad civil participen en actividades de incidencia, señaló HRW.
Entre otros aspectos, el organismo advirtió que el proyecto exigiría que las personas u organizaciones registradas informen detalladamente sobre cada reunión o “contacto” que tengan con las autoridades públicas en un plazo de cinco días.
“Es muy probable que a las organizaciones de la sociedad civil les resulte más difícil que a los grupos empresariales hacer frente a estas cargas administrativas. Con ello, se corre el riesgo de inclinar la balanza de tal manera que, en última instancia, los grupos de interés con grandes recursos económicos aumenten su acceso al Gobierno y al Congreso y las organizaciones de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil lo disminuyan”, alertó HRW.
Otro de los puntos controvertidos, según HRW, es que el proyecto que impulsa el Gobierno modificaría el Código Penal para permitir penas de hasta dos años de prisión para cualquier persona que realice actividades de lobby sin previa autorización.
Además, permitiría imponer una pena de prisión de hasta tres años a quienes lleve a cabo una “representación clandestina de intereses extranjeros”, incluyendo a quienes no declaren que están tratando de influir en decisiones vinculadas a la “defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores” con financiamiento extranjero, añadió.
“En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Argentina está obligada a respetar los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Cualquier restricción a estos derechos debe estar claramente definida, y ser necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo, como la protección de los derechos de terceros”, recordó el organismo en el comunicado.
Tal como está redactado, el proyecto “no tiene en cuenta estas obligaciones de derechos humanos” e incluso otorgaría al Poder Ejecutivo “facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la respuesta gubernamental ante hechos de corrupción y violaciones de derechos”, señaló HRW.
“Si al Congreso le importa la transparencia en las decisiones públicas, debería regular debidamente el lobby sin obstaculizar el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil”, cerró Goebertus.
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POLITICA
La Corte dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por dólar futuro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves el recurso de queja presentado por Cristina Kirchner contra el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa conocida como “dólar futuro”.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita al tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin ingresar al fondo de la cuestión.
La decisión dejó firme el sobreseimiento que ya había sido dictado en primera instancia y confirmado por la Cámara Federal porteña y por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Sturzenegger, expresidente del Banco Central entre 2015 y 2018, se desempeña hoy como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
La denuncia contra el funcionario fue impulsada en 2016 por un grupo de legisladores kirchneristas, en el mismo tramo en que el entonces juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a la expresidenta en el expediente principal por la venta de dólares a futuro al cierre de su segundo mandato.
En esa causa, tanto la expresidenta como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof y el extitular del BCRA, Alejandro Vanoli fueron sobreseídos. Ese sobreseimiento quedó firme en diciembre de 2024, también por aplicación del artículo 280.
La denuncia contra Sturzenegger
En la presentación contra Sturzenegger se le atribuyó el delito de defraudación a la administración pública. Según la querella, el Banco Central habría pagado los contratos a futuro con los precios resultantes de la devaluación de diciembre de 2015 y habría modificado las condiciones en que aquellos se habían celebrado, “en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.
La misma denuncia apuntó a Bonadio, a quien se acusó de haber favorecido esa operatoria y de haber citado a indagatoria a la expresidenta.
El juez federal Sergio Torres sobreseyó a Sturzenegger al considerar que su actuación “se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo precedieron”, tanto en la presidencia del BCRA como en el directorio.
Para el magistrado, seguir adelante con la investigación equivalía a un control judicial sobre decisiones de política económica, “sin que se haya advertido un exceso en el ejercicio de la competencia que le es propia y que sí tornaría judiciable la cuestión”.
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Cristina Kirchner, admitida como querellante por la Cámara Federal, apeló con el argumento de que la investigación había sido insuficiente, pero la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento en junio de 2019.
Luego, en noviembre de ese año, Casación, con votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa, declaró inadmisible el recurso del abogado Carlos Beraldi. En ese escenario, solo les quedaba la opción de ir en queja ante la Corte, que ahora fue rechazada.
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POLITICA
La reunión del Papa y la CGT en la Argentina ya está definida: los detalles del encuentro y la previa en el Vaticano

La tan esperada reunión entre el Papa León XIV y la CGT en la Argentina ya tendría fecha y lugar definidos: se realizará el lunes 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA) y contará también con la participación de representantes del empresariado y de los movimientos sociales.
La posibilidad del encuentro, en realidad, iba a ser planteada por los líderes cegetistas Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes, como parte de una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales que deliberaron jueves y viernes en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en Roma, serán recibidos por el Papa en una audiencia privada que tendrá lugar este sábado, a las 17 hora argentina, en el Vaticano.
Sin embargo, aunque el preciado lugar en la agenda de la visita papal a nuestro país ya se confirmó, Martínez y Jerónimo aprovecharán el contacto con el Sumo Pontífice para hablar sobre el deterioro de la situación social y laboral en la Argentina, con especial hincapié en la pérdida de empleos, la caída de los ingresos y el creciente endeudamiento de las familias y de las pymes.

La iniciativa de Martínez, uno de los referentes del sector dialoguista, causó malestar en algunos de sus rivales internos que se sienten marginados en la relación con el Vaticano, pero cerca del líder de la UOCRA destacaron que nunca se ocultó que era un encuentro pactado por la delegación de Fratelli Tutti y que por eso también se incluyó en la comitiva que verá hoy al Papa a Jerónimo, uno de los 3 cotitulares cegetistas, para anticiparle la problemática de los trabajadores argentinos.
Aun así, la interna perpetua de la CGT hace que se amplifiquen situaciones que a la distancia no parecen conflictivas. Ahora que está confirmado el encuentro en Buenos Aires con León XIV incluso hay quienes prevén fricciones sindicales porque los encargados de organizar la visita del Papa pidieron que la comitiva cegetista no sea muy numerosa y, como es obvio, hay demasiados dirigentes que pugnan por sumarse a esa reunión que garantiza una foto de fuerte impacto político.
¿Cómo se resolverá la selecta nómina de sindicalistas que irán a la UCA para reunirse con el Papa? Algunos que cuestionan el sistema de decisiones en la CGT porque “todo pasa solamente por 8 o 10 dirigentes” temen que en este punto suceda lo mismo y por eso pedirán que un tema tan sensible sea debatido por el Consejo Directivo a pleno, que en total tiene 50 integrantes.

Más allá de ese probable conflicto, el encuentro con el Papa en la UCA será el eje de la charla que la semana que viene tendrá Jorge Sola (Seguros), otro de los cotitulares de la CGT, con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quienes están encargados de coordinar desde nuestro país los detalles de la agenda local de la visita de León XIV.
Los desafíos de la IA en el sector laboral
En su intervención en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, Gerardo Martínez planteó la necesidad de construir un nuevo contrato social con la participación de todos los sectores y sostuvo que la visión impulsada por León XIV interpela a empresarios, sindicatos y Estados a debatir respuestas conjuntas frente a las desigualdades y las transformaciones en el mundo del trabajo.
Además, el líder de la UOCRA, que es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el sector trabajador, se refirió a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en el mercado laboral y destacó que su postura consiste en “no resistir la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. “No queremos discutir si la inteligencia artificial va a llegar. Ya llegó -dijo-. Queremos discutir cómo la incorporamos, quién participa de las decisiones y cómo distribuimos los beneficios que genera”.

Martínez se pronunció en favor de que “la inteligencia artificial esté al servicio de la producción y que la producción esté al servicio del desarrollo humano porque el futuro del trabajo no puede decidirlo solamente un algoritmo”. Por eso, advirtió, “desde el movimiento sindical no debemos pararnos frente a la inteligencia artificial para detenerla” sino que “tenemos que sentarnos en la mesa donde se decide cómo se incorpora”.
Luego de remarcar la “responsabilidad compartida” entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, pidió “construir un nuevo acuerdo entre capital, trabajo y Estado”, que incluso “incorpore la inteligencia artificial a la negociación colectiva, que garantice capacitación permanente y reconversión laboral, que preserve la intervención humana en las decisiones que afecten al trabajador y que asegure que una parte del aumento de productividad generado por la tecnología se traduzca también en mejores empleos, mejores ingresos y mejores condiciones de vida”.
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POLITICA
Una por una, las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de Chiqui Tapia en la CEAMSE

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una batería de 15 medidas de prueba para investigar el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su función en la CEAMSE.
Entre las principales solicitudes aparecen el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la entrega de sus declaraciones juradas, un relevamiento de sus cuentas, inmuebles y participaciones societarias y un informe sobre posibles operaciones realizadas en el exterior.
El pedido quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar qué medidas autoriza. El objetivo es reconstruir la evolución económica y financiera de Tapia durante el período investigado y establecer si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.
Las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el patrimonio de Chiqui Tapia
1) Levantamiento del secreto fiscal y bancario: Pollicita pidió que se levante el secreto fiscal y bancario sobre Tapia. La medida permitiría acceder a información tributaria y financiera que actualmente se encuentra protegida.
2) Declaraciones juradas presentadas por su función en la CEAMSE: La Fiscalía solicitó las declaraciones juradas que Tapia presentó durante su paso por la CEAMSE. Para eso, pidió que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires entreguen sus legajos reservados.
3) Sueldos percibidos en la CEAMSE: También requirió que la CEAMSE informe cuánto cobró Tapia mientras ocupó un cargo en la empresa estatal. La documentación deberá incluir el detalle de sus salarios y otros conceptos percibidos durante ese período.
4) Movimientos migratorios: Pollicita pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que informe todas las entradas y salidas del país registradas a nombre del presidente de la AFA.
5) Historial laboral y remuneraciones: La Fiscalía solicitó a la ANSES el historial laboral completo de Tapia, junto con la información disponible sobre los salarios y aportes registrados a lo largo de los años.
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6) Situación fiscal actual e histórica: A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le pidió un reporte sobre la situación fiscal actual e histórica del dirigente y una copia íntegra de sus declaraciones juradas impositivas.
7) Inmuebles, cuentas, sociedades, deudas y préstamos: El organismo recaudador también deberá informar, si la medida es autorizada, los inmuebles registrados a nombre de Tapia tanto en la Argentina como en el exterior. El pedido abarca además cuentas, participaciones societarias, deudas, préstamos y otros activos o compromisos financieros que puedan resultar relevantes para la investigación.
8) Cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas y cajas de seguridad: Al Banco Central, el fiscal le solicitó información sobre cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de crédito o débito y cajas de seguridad vinculadas con Tapia.
9) Cuentas en billeteras virtuales: Las empresas proveedoras de billeteras virtuales deberán informar si el presidente de la AFA es o fue cliente y, en caso afirmativo, aportar los datos requeridos por la Justicia.
10) Giros de dinero al exterior: Otra de las medidas busca determinar si Tapia realizó transferencias o giros de dinero fuera del país durante el período bajo análisis.
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11) Cuentas comitentes: La Fiscalía pidió a la Caja de Valores que informe si el dirigente posee o poseyó cuentas comitentes utilizadas para operar con acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
12) Vehículos registrados a su nombre: El Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá entregar un listado de todos los vehículos que estuvieron o están registrados a nombre de Tapia.
13) Embarcaciones y aeronaves: Pollicita también solicitó informes a los registros nacionales de Buques y Aeronaves para determinar si el dirigente tuvo o tiene embarcaciones o aviones.
14) Reportes de operaciones sospechosas: A la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió que indique si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con el presidente de la AFA. La existencia de un reporte de esas características no implica por sí sola la comisión de un delito, pero puede aportar elementos para orientar una investigación patrimonial.
15) Cargos y salarios en la Conmebol: Por último, la Fiscalía solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol que detalle los cargos ocupados por Tapia y los salarios, honorarios o pagos que recibió por esas funciones.
El pedido de informe patrimonial
Pollicita sostuvo que, una vez incorporada toda la documentación, “correspondería confeccionar un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada”.
Según planteó, ese análisis “debería permitir graficar el patrimonio y formular eventualmente imputaciones según los elementos recabados”.
La intención de la Fiscalía es encomendar el trabajo a la DAFI, el mismo organismo especializado al que se recurrió en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni.
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La causa se inició a partir de una denuncia por el supuesto incremento patrimonial de Tapia durante el período en el que ejerció funciones en la CEAMSE. De acuerdo con la presentación que dio origen al expediente, su patrimonio habría aumentado cerca de un 1000% entre 2017 y 2024.
El avance de la causa dependerá ahora de la decisión de Lijo sobre los pedidos de la Fiscalía. Recién después de reunir y analizar los informes, el fiscal estará en condiciones de determinar si existen elementos para avanzar con nuevas imputaciones o solicitar otras medidas.
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
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