El conflicto no es nuevo, pero se agravó en los últimos días. A mediados de mayo, tras una serie de gestiones de urgencia encabezadas por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la Secretaría de Energía de la Nación había asumido el compromiso firme de intervenir en un plazo de 72 horas ante productoras y comercializadoras de gas. El objetivo era garantizar que el gas proveniente de la Cuenca Norte —con un volumen estimado de 2,5 millones de metros cúbicos diarios— llegara de manera efectiva a las industrias citrícolas y azucareras del NOA, y a precios razonables.

Ese compromiso, según denunciaron tanto ACNOA (Asociación Citrícola del Noroeste Argentino) como la Unión Industrial de Tucumán, no se cumplió. Las plantas tucumanas entraron en un esquema conocido como «Rampa 0», que implica una restricción severa del suministro de gas natural hasta nuevo aviso. La disponibilidad de gas de Cuenca Norte conseguida el mes pasado resultó insuficiente para sostener los procesos productivos, lo que obligó a las empresas citrícolas a evaluar la alternativa drástica de detener por completo sus operaciones.

El costo inviable del gas importado

Ante la falta de gas de red, la política energética vigente empuja al sector productivo a salir a buscar Gas Natural Licuado (GNL) en el mercado internacional, una opción que las propias industrias consideran inviable desde el punto de vista económico. Según ACNOA, el precio internacional del GNL escaló hasta los u$s24 por millón de BTU, lo que cuadruplica e incluso quintuplica el costo del gas de red competitivo que necesitan para sostener la actividad. Procesar bajo esos valores representa, según la entidad, una pérdida pura que destruye la competitividad y resulta imposible de trasladar al precio final de los productos de exportación.

La UIT fue todavía más específica con las cifras. Según anunciaron en las últimas horas, algunas empresas llegaron a pagar gas importado a valores cercanos a los 27 dólares por millón de BTU, mientras que en otras regiones del país ese mismo insumo cuesta apenas alrededor de 3 dólares. El industrial azucarero tucumano Jorge Rocchia Ferro graficó la disparidad con una comparación contundente, donde el gas se consigue a poco más de 2 dólares en el sur del país, a 9 dólares para exportación y a 3 dólares en Buenos Aires, mientras que en el NOA las industrias deben pagarlo entre 15 y 25 dólares el millón de BTU. Para Rocchia Ferro, esa brecha no tiene una explicación transparente y plantea dudas sobre quién se beneficia con el esquema actual.

Por qué se llegó a este punto: la trama regulatoria detrás del recorte

Detrás de la crisis hay un trasfondo estructural que viene gestándose desde hace meses. Según había advertido la Unión Industrial de Tucumán en mayo, la capacidad de transporte firme de gas hacia la región caería de 4,99 a 3,22 millones de metros cúbicos diarios, una reducción cercana al 35%, como consecuencia de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, que modificó el esquema de transporte y achicó la capacidad disponible para las industrias del norte.

A esa resolución se suma el atraso en una obra clave: la Reversión del Gasoducto Norte, que debería permitir que el gas producido en Vaca Muerta llegue de forma más barata y abundante al NOA, continúa paralizada. Aún resta concluir más de un cuarto de los trabajos, principalmente por deudas del Estado nacional con las empresas contratistas. Mientras tanto, el agotamiento de la Cuenca Noroeste —la fuente histórica de abastecimiento regional— redujo aún más el margen de maniobra. Una alternativa que se evaluó fue la importación de gas desde Bolivia, aunque esa vía también enfrenta obstáculos, ya que el país vecino prioriza el abastecimiento a Brasil. A todo esto se agregó la eliminación de los subsidios nacionales que históricamente sostenían a la región.

El reclamo de los industriales: «no somos la variable de ajuste»

Tanto ACNOA como la UIT coincidieron en pedir una intervención efectiva y urgente del Gobierno nacional, las autoridades provinciales y las distribuidoras energéticas para restablecer la capacidad firme asignada a la región y asegurar tarifas razonables. Desde la UIT remarcaron que, sin que se hayan registrado temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, el Norte vuelve a ser el principal perjudicado por las limitaciones del sistema energético nacional. Los industriales valoraron las gestiones realizadas por el gobierno provincial para procurar alternativas de abastecimiento, pero remarcaron que la solución definitiva depende exclusivamente de decisiones que debe tomar la Nación.

«La industria no puede seguir siendo la variable de ajuste», sostuvieron desde la entidad fabril tucumana, que reclamó reglas claras, infraestructura adecuada y previsibilidad para poder producir, invertir y generar empleo en las economías regionales.

Qué actividades están en riesgo de parálisis

El abanico de sectores afectados por la crisis del gas en el NOA es más amplio que la dupla citrícola-azucarera, aunque son estas dos las que concentran el mayor volumen de empleo estacional. Entre las actividades que podrían sufrir una parálisis total o parcial se cuentan:

• La industria limonera, con sus plantas de empaque y procesamiento, que sostiene a unos 50.000 trabajadores directos e indirectos durante la zafra, que en Tucumán, Salta y Jujuy se extiende entre abril y septiembre, con julio y agosto como los meses de mayor actividad
• Los ingenios azucareros, que según Rocchia Ferro ya cuentan con plantas paralizadas y que, según sus cálculos, podrían dejar a unas 100.000 personas sin posibilidad de trabajar si la crisis se profundiza
• Los secaderos de tabaco, otra actividad agroindustrial intensiva en consumo de gas natural durante el invierno
• Las plantas papeleras y cerámicas, mencionadas por la Unión Industrial de Tucumán entre las que podrían sufrir cortes en el suministro y riesgo de parálisis parcial o total

Una ventana que se cierra con el invierno

El trasfondo productivo agrava el dramatismo del reclamo: tanto la actividad citrícola como la azucarera son, según describió el propio Rocchia Ferro, cíclicas y estacionales, por lo que la pérdida de la ventana productiva actual no se recupera en el resto del año. ACNOA fue categórica al respecto: el freno total o parcial de la industria del limón paralizaría las exportaciones y el ingreso de divisas en el momento más crítico de una zafra que, en Tucumán, representa más de la mitad del ingreso de divisas provinciales.

La entidad remarcó además que el parate en fábricas y empaques arrastra de manera automática a la cosecha en las fincas, dejando sin sustento a miles de familias que dependen directamente de esta actividad.

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, publicó en su cuenta de la red social X una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que retomó las recientes referencias presidenciales al reperfilamiento de deuda de 2019. En el texto, Lacunza reconstruyó el contexto económico y político de aquellos meses, diferenció lo que llamó “el dilema en pesos” del “dilema en dólares”, y cerró con una reflexión sobre el tipo de debate público que, a su entender, debería primar de cara a 2027.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei abordó la situación económica que vivía Argentina hacia mediados de 2019, cuando Cambiemos estaba en el poder. El presidente sostuvo: “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“. Esta no es la única ocasión en la que expresó esa postura; días atrás, en un evento de la Fundación Faro, expuso el mismo razonamiento.

La carta de Lacunza comienza con un reconocimiento a la forma en que el jefe de Estado instaló el debate económico desde su llegada a la escena pública. El exfuncionario sostuvo que el mandatario “supo irrumpir en el debate económico con asertividad” y le atribuyó haber contribuido a desarmar lo que definió como “la telaraña de eslóganes vacíos” vigentes hasta 2023, entre los que mencionó “vivir con lo nuestro”, “más Estado ante cualquier necesidad” y “la emisión no genera inflación”. Según el economista, esas consignas “hundieron en la pobreza a casi la mitad de los argentinos y desembocaron en más de 200% de inflación”.

A partir de ahí, el texto se centra en lo que motivó la publicación: las menciones presidenciales, en las últimas dos semanas, a un episodio ocurrido siete años atrás, el reperfilamiento de deuda posterior a las PASO de agosto de 2019. Lacunza señaló que, de cara a 2027, la sociedad probablemente esté “más ávida de escucharnos sobre el presente y el futuro”, pero consideró que la coyuntura sirve de todos modos para coincidir en un punto central: evitar que la economía llegue a una situación límite, porque una vez allí, las salidas disponibles dejan de ser buenas en términos absolutos. En sus palabras, “lo importante es evitar que la nave con 47 millones de pasajeros se declare en emergencia, porque una vez ocurrido, el aterrizaje forzoso suele ser una opción mejor que una catástrofe”.

En ese marco, Lacunza recordó que el propio Gobierno de Milei no fue ajeno a episodios de tensión financiera. Apuntó que las turbulencias del proceso electoral de medio término de 2025 “dispararon el riesgo país y desplomaron la demanda de pesos a niveles absurdos”, una situación que, según relató, terminó siendo sorteada “con pericia pero también con una asistencia del Fondo Monetario y un puente financiero del Tesoro de Estados Unidos”.

El economista dedicó un párrafo a precisar la naturaleza de la medida adoptada en 2019. Aclaró que prefiere no detenerse en la semántica entre “default en pesos” y “reperfilamiento”, y explicó que este último término remite a “una convocatoria de acreedores en una ventana de tiempo acotada, sin quita de capital ni de intereses, para que una nueva gestión, empoderada por el voto popular, pueda superar el bache con un programa financiero plurianual y consistente”.

Sostuvo además que esa decisión tuvo más relación con lo que se avecinaba que con la gestión previa, y agregó que nada de eso habría ocurrido si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato, ya que el entonces presidente “habría conservado el crédito voluntario que dispuso hasta el día anterior a las elecciones primarias de agosto”.

Lacunza planteó que, en materia de moneda local, el escenario de 2019 se reducía a una disyuntiva entre el reperfilamiento y la hiperinflación. Recordó que el propio Milei explicó en numerosas ocasiones que “el exceso de oferta de dinero provoca inflación”, y aplicó ese principio a la situación de aquel momento: sin capacidad de renovar los vencimientos y con la demanda de dinero derrumbándose ante la perspectiva de un triunfo de Alberto Fernández, quien prometía “aumentar jubilaciones con maquinita y desconocer las deudas”, habría sido “temerario” emitir en dos meses el equivalente al 30% de la base monetaria, monto que representaban los vencimientos de deuda en pesos.

Para reforzar ese argumento, Lacunza apeló a un antecedente histórico. Mencionó que, a fines de los años ochenta, durante la transición entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el denominado “festival de bonos” financiado con emisión monetaria “había terminado en hiperinflación”, y le pidió a Milei que imaginara no solo el impacto en la pobreza sino también “el riesgo institucional de una transición semejante”.

En ese tramo de la carta, formuló una serie de preguntas retóricas sobre los recursos disponibles en ese escenario: con qué se podrían haber pagado los vencimientos sin liquidez ni crédito, qué hubiera pasado con la inflación, con la pobreza y con la independencia del Banco Central. Cerró el pasaje con una referencia al pasado de Milei como arquero de fútbol, al señalar que, tras dos años y medio de gestión, el presidente ya sabe que “en la política pública es tan importante hacer goles como atajar penales”, una idea que, según escribió, el economista brasileño Edmar Bacha “lo explica con mayor elegancia”.

El segundo eje de la carta abordó la dimensión cambiaria de aquellos meses. Lacunza explicó que, en simultáneo, se repusieron los controles de capitales, y detalló la magnitud de los compromisos en danza: además de los vencimientos de deuda de corto plazo por 15.000 millones de dólares y otro monto similar en pesos, había pesos en circulación y depósitos en pesos equivalentes a 15.000 y 73.000 millones de dólares, respectivamente, a los que se sumaban 23.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera dentro del sistema financiero. Frente a ese cuadro, concluye, “el Banco Central disponía de apenas 16.000 millones de dólares de reservas disponibles», una cifra que representaba menos del 15% de la demanda potencial de dólares, estimada en unos 110.000 millones al tipo de cambio vigente en ese momento.

Según Lacunza, esa diferencia entre los compromisos y las reservas disponibles obligaba nuevamente a optar por “el mal menor”, y apeló a otro antecedente histórico para justificar la decisión: el corralito de 2001, que “había terminado con cinco presidentes en una semana y 39 muertos en todo el país”. El economista admitió que tanto el reperfilamiento como el cepo tuvieron “daños colaterales desde el punto de vista económico y financiero”, pero sostuvo que esas medidas permitieron “normalizar el tránsito electoral en paz social” y llegar a la finalización del mandato de un gobierno no peronista, algo que, según remarcó, no ocurría “en casi un siglo”.

La carta cierra con un párrafo en el que Lacunza formuló un deseo sobre el legado del primer mandato de Milei, sea renovado o no en las elecciones del año próximo. Expresó que ese legado debería incluir no solo una realidad económica con menor inflación y pobreza, “como hasta ahora”, sino también “un escalón superior en la discusión pública, sin chicanas atractivas para los títulos y las redes, pero poco edificantes para el desarrollo que todos anhelamos”.

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, analizó en Infobae al Regreso la situación económica actual bajo el gobierno de Javier Milei y anticipó posibles escenarios de cara a las presidenciales de 2027. Bajo su perspectiva, el país presenta fundamentos económicos más sólidos que en 2023, aunque persiste un contexto “ambiguo” sobre la percepción de bienestar de la población.

En su repaso, Sandleris remarcó que los gobiernos donde las variables clave de la economía y el bienestar van en direcciones opuestas resultan más difíciles de analizar. “Con Cristina Kirchner, los fundamentals se deterioraban, pero la gente no lo sentía. En el gobierno de Macri, mejoraban los fundamentals pero la gente no lo sentía en términos de bienestar porque la economía no creció y la inflación subía. El gobierno de Alberto Fernández fue más fácil de analizar: todo empeoraba”, sentenció.

Durante la entrevista, distinguió entre la mejora de los indicadores macroeconómicos y la percepción social: “Tenemos una respuesta contundente en cuanto a los fundamentals y un poco más ambigua en términos de bienestar”. Señaló que, a diferencia de otros periodos, hoy la economía argentina muestra bases más firmes para avanzar hacia un crecimiento sostenido y una inflación de un dígito, pero el impacto en la vida cotidiana resulta desigual.

El economista explicó que, si bien los números de pobreza descendieron debido a la baja de la inflación y a una política social que calificó de “cuidadosa”, persiste un grupo de la población para el cual el salario no alcanza o la falta de empleo se mantiene como una preocupación central. “Si bien hay un grupo que está mejor, sobre todo en los grandes centros urbanos, sectores que emplean mucha mano de obra han caído hasta ahora: construcción, industria, comercio”, explicó. A su juicio, los rubros que más empujan la economía actualmente demandan menos trabajadores.

La relación entre expectativas y resultados económicos también fue parte del diagnóstico de Sandleris. Recordó el shock en los mercados luego de las elecciones primarias de 2019 y describió cómo la inminencia del regreso del kirchnerismo “fue devastadora para el precio de los activos financieros”.

Al mismo tiempo, alertó que el año próximo “la política puede impactar mucho en la economía”, sobre todo si se da una contienda pareja entre los candidatos del oficialismo y la oposición. A modo de ejemplo, ilustró: “una elección hipotética pareja entre Milei y Kicillof generaría ruido político y temor en inversores. Lo vimos el año pasado en una elección de medio término, mucho menos relevante”.

El ex titular del BCRA subrayó que la administración de Milei deberá construir las condiciones para evitar la volatilidad de 2025, cuando la dolarización de carteras resultó “brutal” tras los resultados electorales. “Todo eso debería ayudar a que el año que viene no pase lo que pasó el año pasado o en 2019 con Macri”, agregó en diálogo con Infobae En Vivo.

A la hora de analizar el desempeño económico del oficialismo, el analista económico subrayó que en materia fiscal “fueron recontra ortodoxos”. “No pensé que se podía hacer un ajuste de la magnitud y a la velocidad a la que lo hicieron. Es uno de los grandes logros y el legado del Gobierno va a estar basado en eso”, opinó.

Según su visión, en el frente cambiario las autoridades sorprendieron por su pragmatismo y heterodoxia, aprendiendo de errores previos y postergando la eliminación del cepo cambiario. “Esperaron para sacar el cepo, lo que fue una sorpresa y una medida acertada. Me gusta una economía sin cepo, pero pensar cómo va a ser la dinámica es muy valioso”, consideró.

Sobre la política monetaria, Sandleris explicó que el Banco Central adoptó una postura flexible: “Pusieron una referencia de tasa de interés, después agregados monetarios. Ahora no está del todo claro cuál es el objetivo del Banco Central. Eso trae beneficios y costos. El beneficio es que te permite reaccionar más rápido en un clima de mayor incertidumbre. ¿El costo? Menos previsibilidad”.

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