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Infecciones purulentas y cáncer sin tratar: los detenidos del ICE en EE.UU. describen la negligencia médica en prisión

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Un hombre albanés dijo que el dolor se volvió tan insoportable que él mismo se arrancó un diente mientras languidecía durante meses en un centro de detención de inmigrantes en Nuevo México.

Una madre hondureña de dos hijos contó que fue hospitalizada por un problema cardíaco después de que le negaron medicamentos para la presión arterial mientras estaba detenida en Florida.

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Un venezolano contó que la pierna se le puso morada e hinchada por una bacteria come carne porque el personal de un centro en Vermont no lo llevó a una cita médica programada.

Cientos de detenidos en al menos 33 estados de Estados Unidos alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación del servicio KFF Health News, una redacción nacional especializada en temas de salud, y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o que no los reciben en absoluto— para afecciones que incluyen hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, mal de Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en la sangre aumentaron. Las infecciones se agravaron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos sufrieron colapsos y convulsiones.

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Desde hace mucho tiempo, las cárceles y los centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos han tenido dificultades para satisfacer las necesidades médicas de las personas bajo su custodia.

Pero el sistema está tambaleándose ante el aumento de detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo: a mediados de enero, más de 75.000 inmigrantes se encontraban detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), frente a los aproximadamente 40.000 del año anterior.

KFF Health News y la AP analizaron miles de casos judiciales, presentados desde la segunda investidura de Trump, que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE retiene ilegalmente a personas.

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Los registros ofrecen una perspectiva única sobre la manera en que los detenidos reportan —a menudo bajo pena de perjurio— cómo atiende el ICE sus necesidades médicas. Los periodistas también entrevistaron a más de 50 detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se alega negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, inclusive en oficinas no diseñadas para albergar personas, cárceles de condados y centros improvisados con apodos como el de “Alcatraz de los Caimanes”, en Florida.

La detención por parte del ICE es más letal ahora que en las últimas dos décadas, escribieron en abril los investigadores en la revista científica The Journal of the American Medical Association (JAMA).

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo mandato de Trump, y que los suicidios se dispararon a una cifra sin precedentes.

Una persona, que estuvo detenida y que no quiso ser identificada. Foto: AP

KFF Health News y la AP le solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional que respondiera a los hallazgos seis días antes de su publicación, pero este no hizo comentarios.

El director médico interino del departamento, Sean Conley, ha declarado anteriormente que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan a la custodia del ICE”, y que la agencia contrata a profesionales de la salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas que tienen contratos con el DHS y que respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia indicaron que se apegan a los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica adecuada cuando se requiere. Algunas dijeron desconocer las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras culparon a algunos detenidos por las deficiencias en su atención médica.

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“Nunca he visto un desprecio ni negligencia médica como esta en ningún lugar”, escribió Vardan Gukasian, un disidente político y exparamédico que pasó años en prisión en Armenia, en una declaración judicial en marzo para impugnar su detención en Nevada, que ya se había extendido 13 meses pese a que él padecía problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en sus instalaciones, y que el tribunal no había ordenado ningún cambio en la atención para él.

En junio pasado, mientras Gukasian experimentaba los síntomas de una hipertensión arterial descontrolada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

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“Al no llegar, el resto del pabellón golpeó sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a cientos de miles de personas durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

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Aproximadamente el 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, enfatizó un padre de seis hijos en Georgia. Contó que resultó herido mientras estaba esposado cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta dio una sacudida, ante lo cual salió disparado de su asiento y se estrelló contra un reposabrazos metálico. Su herida se infectó con E. coli, porque tenía que dormir en un suelo de cemento sucio, entre inodoros con fugas, según dijo.

Al igual que otros entrevistados, habló a condición de guardar el anonimato. Manifestaron que temen por su seguridad, por la de sus familias o que hablar públicamente ponga en riesgo sus casos de inmigración. La AP y KFF Health News no revelan la identidad de ninguna persona identificada en documentos judiciales sin su consentimiento.

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El personal del Centro de Detención Stewart, en una zona rural cercana al pueblo de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a la solicitud de asistencia médica de este hombre, según consta en los expedientes judiciales, hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital aproximadamente a una hora de distancia.

Allí, agregó, un médico le informó que se, si se hubiera demorado un poco más en llegar, le habrían tenido que amputar la pierna izquierda. El personal médico no tenía constancia de ningún caso que coincidiera con esta descripción, indicó Brian Todd, portavoz de CoreCivic, la empresa que gestiona el centro.

El hombre de 48 años, quien emigró a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas, fue liberado en octubre y ahora es residente permanente legal. No obstante, no está seguro de poder regresar a su trabajo en la industria de la construcción, dado que, debido a su lesión, ya no puede levantar objetos pesados, según expuso.

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Algunos detenidos o sus abogados notificaron que incluso se les negó atención básica: gasa para proteger una herida abierta en el pie, atención prenatal para un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor al dormir con cáncer de estómago avanzado, y compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de aquellos a quienes mantiene detenidos durante cualquier periodo de tiempo”, manifestó Benita Pearson, jueza federal en Ohio, durante una audiencia en octubre sobre una mujer de 70 años que alegó que el gobierno le perdió sus gafas durante su arresto. “Si una persona no puede ver debido a la pérdida de sus anteojos durante la detención, eso debería solucionarse”.

Dora Schriro, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial del Colegio de Abogados de Estados Unidos, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno trate a las personas detenidas por motivos de inmigración con la misma atención que brinda a quienes se encuentran en cárceles tradicionales aguardando un juicio. Pero a los administradores se les otorgan facultades discrecionales, y los estándares de atención médica varían.

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Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, a menudo sin previo aviso, lo que interrumpe su tratamiento. Una mujer de El Salvador refirió que dejó de tomar su medicación contra el VIH durante una semana al ser trasladada de Colorado a una cárcel de condado en Wyoming.

Un ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por sus dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano.

“Desafortunadamente, nunca pude verlo debido a que me trasladaron entre varios centros de detención”, señaló.

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Defensores dicen que incluso las discapacidades evidentes, como la ceguera legal, son ignoradas.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para mantener la visión que le quedaba. No obstante, denunció que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora sólo puedo ver un poco directamente de frente. A menudo parece que veo a través de una gasa”, escribió el hombre en una declaración judicial. “Me da mucho miedo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

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Escribió que le da miedo no poder ver a su hijo crecer.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década uno hubiera pensado que serían absurdas, como el hecho de que uno no pueda ver”, apuntó Brian Hoffman, el abogado del hombre. “Antes, uno podía intentar trabajar con la gente del gobierno y tal vez hacerles sentir vergüenza para que hicieran lo correcto. Ahora, parece que para cualquier cosa que uno quiera conseguir, hay que ir a juicio y demandar”.

Ni siquiera las órdenes judiciales son suficientes en todos los casos. Un juez de California le ordenó al gobierno que llevara a un hombre con síntomas de cáncer de próstata a un especialista para su diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

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Los abogados que representan al ICE le dijeron al juez que los funcionarios no acudieron a la cita debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, la empresa que gestiona esas instalaciones, declaró que no podía hacer comentarios sobre litigios en curso.

Un incremento en los casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho a impugnar el encarcelamiento ilegal, derecho que se remonta a la Edad Media.

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Se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo durante el segundo mandato de Trump, impulsadas por decisiones el año pasado de negar la fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esta medida, y la cuestión parece encaminarse a la Corte Suprema.

Muchas demandas de habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en las peticiones, tales como el haber permanecido detenidos demasiado tiempo antes de ser deportados.

Las más de 300 demandas por negligencia médica encontradas en esta investigación representan sólo una fracción del problema. A menudo, los detalles de los casos de habeas corpus se ocultan debido a una norma federal que le prohíbe al público consultar dichos documentos en línea.

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KFF Health News y la AP obtuvieron algunos documentos directamente y recibieron registros de 4.400 casos de Habeas Dockets, un proyecto implementado por Immigration Justice Transparency Initiative, una organización sin fines de lucro. Sin embargo, decenas de miles más permanecen inaccesibles en gran medida.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer abdominal que padecía mientras estuvo detenido más de siete meses en el llamado “Alcatraz de los Caimanes”, en Florida, y en el Centro de Procesamiento Folkston D. Ray del ICE, en Georgia.

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Los registros médicos en sus documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de su cita programada con un especialista en cáncer.

Su esposa, María José González, contó que él no recibió ningún tratamiento a pesar de que ella envió sus registros médicos y les explicó cuál era su problema de salud a los funcionarios de Folkston. Cuando sufría fuertes dolores de estómago, a menudo repentina e intensamente, le daban Tylenol, añadió.

«GEO Group, la empresa que gestiona Folkston, cumple con los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas médicos externos cuando es necesario», dijo su portavoz Christopher Ferreira.

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Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que dejó hace casi 30 años, según Gonzalez. Ahora, agregó, tendrá que buscar atención médica en el pueblo oaxaqueño donde creció.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada disponen de pocas opciones. El año pasado, el DHS desmanteló la Oficina de Defensoría de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés). A inicios de mayo, cerró la oficina por completo, citando falta de financiamiento del Congreso.

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Anteriormente, el personal de la defensoría podía facilitar la atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, dijo, no hay a quién telefonear.

Mientras tanto, las familias de los detenidos dicen que se sienten impotentes y realizan llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus legisladores, a la vez que ven cómo empeora la salud de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención de California City, propiedad de CoreCivic, una de las mayores empresas penitenciarias privadas del país. Cuando la visitó una semana después de que llegó a la instalación, ubicada en el desierto de Mojave, Riya relató que la mujer de 64 años se tambaleó al sentarse. Temblaba y respiraba con dificultad.

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Masuma Khan llegó a Estados Unidos desde Bangladesh en 1997. Según sus registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando se presentó a su cita rutinaria de control con el ICE.

Durante el mes que permaneció detenida, según su hija, sólo recibió de forma intermitente sus medicamentos para varias afecciones, incluidas hipertensión, hipotiroidismo y prediabetes.

«CoreCivic trata las enfermedades crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables», señaló Todd.

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“Para CoreCivic, nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas a nuestro cargo”, añadió.

Masuma Khan, una inmigrante de Bangladesh que estuvo detenida en un centro de detención de inmigrantes en California. Foto: AP

Khan dijo que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de su liberación, y sus gotas para el glaucoma nunca llegaron. El personal le dijo que debía comprar algunas de sus medicinas en la tienda de la prisión, pero que allí no las tenían.

Antes de que el ICE detuviera a Masuma Khan, se hacía amiga de todo el mundo, contó su hija. Trabajó durante años en Lucky Boy, un emblemático restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba a los pájaros y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su departamento.

Ahora le da mucho miedo de salir. Todavía debe presentarse regularmente ante el ICE, y eso le aterra cada vez que va.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Anteriormente, los detenidos con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberados bajo permiso humanitario de permanencia temporal, en parte para evitar el costo de su atención médica, apuntó Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se incrementara enormemente—, el ICE gastó más de 390 millones de dólares en atención médica para extranjeros detenidos, según su informe anual más reciente al Congreso. En una conferencia en mayo, el entonces director interino Todd Lyons declaró que el ICE había gastado “casi 500 millones de dólares” en atención médica para detenidos este año.

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Ahora, bajo la “detención obligatoria”, los abogados dicen que las personas permanecen encerradas con problemas médicos graves y costosos.

Un rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluido un triple desvío coronario de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, el hombre de 52 años debía tomar 16 medicamentos diarios. Mientras se encontraba en una oficina del ICE en Baltimore, según consta en sus documentos judiciales, pasó dos días sin sus fármacos antes de que las autoridades lo trasladaran a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces mientras estuvo detenido tras quejarse de dolores en el pecho, en parte porque —según los registros médicos y los documentos judiciales—, a pesar de “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos de alta hospitalaria citados por su abogado muestran que sólo recibió ocho de los 16 fármacos tras su segunda alta del hospital.

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“¿Podría usted hablar con el centro de detención del ICE para asegurarse de que le administren sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores de tratamiento en los registros médicos incluidos en los documentos judiciales. “Fue ingresado la semana pasada por dolor de pecho, y hoy fue readmitido por dolor de pecho debido al incumplimiento del tratamiento farmacológico”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral mientras estaba en una videollamada con su hija, según los documentos judiciales. “Tenía dificultades para respirar, se señalaba el pecho, donde sentía dolor nuevamente, y de repente dejó de hablar”. Su hija pidió ayuda a gritos a través del monitor, según la petición de él. “Al final, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, dice el documento. Fue devuelto a detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

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Las familias de los detenidos por el ICE se enfrentan a decisiones imposibles Cassandra Amador espera cada mañana a que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche desde hace meses: “¿Recibiste tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, padece hipertensión y depende del centro estatal de Florida, apodado “Depósito de Deportación”, para recibir los medicamentos que lo han mantenido con vida durante años. Muchas mañanas le responde a su esposa que no se los dieron.

Cuando ella habla con él, dice, suena cada día más débil y asustado, muy diferente del hombre alegre que solía llevar a sus hijos por un helado.

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“Se nota en su voz cómo se siente”, expresó.

Ahora, agregó, él sopesa regresar a Cuba, de donde huyó debido a la persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos se irían con él, dijo, a pesar de que ella nació en Nueva Jersey, nunca ha ido a la isla caribeña y no habla mucho español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

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Por Rae Ellen Bichell, Claire Galofaro, Maia Rosenfeld, Renuka Rayasam, Aaron Kessler y Byron Tau. Associated Press

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Ni una fuga ni un túnel: la inesperada estrategia que eligió El Chapo para recuperar su libertad

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Cada día es insoportablemente igual al anterior. La rutina opresiva lo está volviendo loco. Días quietos. Días vacíos. Siempre aislado, sin nada para hacer, sin nadie con quién hablar.

El Chapo Guzmán está detenido hace una década y no parece que vaya a salir nunca. Tampoco hay indicios de que sus condiciones de vida, de encierro, mejoren. Sin embargo él no se resigna. Sigue intentando recuperar su libertad.

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Su nueva táctica es escribir. De pronto, el ex líder del Cartel de Sinaloa, el narco más peligroso del mundo, confía en la literatura. En las últimas semanas envió 13 cartas tratando de mejorar su situación.

A su actual casa la llaman La Alcatraz de las Rocosas. La Supermax, ADX Florence en Colorado es la cárcel de máxima seguridad más impenetrable, más inexpugnable del mundo. Lo alojaron ahí porque el Chapo con sus millones, su impunidad y su audacia había convertido el término cárcel de máxima seguridad en un eufemismo. Parecía que era capaz de escaparse de donde quisiera. Eso cambió. Ahora ni siquiera él cree en la posibilidad de una fuga. Es un sueño -el único que tenía- que se le escapó para siempre.

El Chapo Guzmán siendo escoltado por agentes federales tras su extraditación en 2017. (Foto: AP)

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De su antiguo poder no le queda nada. Ni siquiera el nombre. Allí, donde vive, no es ni Chapo, ni Joaquín, ni Guzmán Loera, es el recluso 89914053. Apenas un número.

De manejar el mundo, de sentirse omnipotente y de ser el capo narco más conocido e importante, el más influyente, a pasar 23 horas por día -sin nada que hacer- en una celda de unos pocos metros cuadrados. A disposición tiene una cama de hormigón, un escritorio angosto y un taburete también de hormigón, un inodoro, un lavatorio y una ducha. Y nada más. La única luz natural entra por una ventana muy delgada, un rectángulo de poco más de un metro de largo y apenas 10 centímetros de ancho. Después paredes sólidas que no dejan pasar ningún sonido y varias puertas metálicas.

Su régimen de detención tiene un nombre especial y es aplicado a muy pocos reclusos, casi que se creó a medida de una capo narco inasible y con vocación a la fuga y a continuar manejando sus negocios desde la cárcel. El régimen se llama SAMs (sigla de: Medidas administrativas especiales). Se somete al preso de alta peligrosidad a un aislamiento total (no pueden hablarle los guardias ni siquiera), los encuentros con algún familiar y con sus letrados también están vedados, tienen vigilancia todo el tiempo, el monitoreo es constante. Siempre hay alguna luz prendida, desconocen lo que es la oscuridad. Pasan 23 horas al día en la celda. Y tienen restringido el acceso a la información, no saben nada de lo que sucede en el exterior. No cruzan una palabra con nadie, a veces, durante semanas.

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Sólo 50 presidiarios en todo el sistema penal de Estados Unidos padecen el régimen SAMs. Son principalmente condenados por terrorismo, algún capomafia, varios narcotraficantes y unos pocos asesinos seriales. El Chapo es el más célebre de todos.

La cárcel ADX Florence, también conocida como la "Alcatraz de las Rocosas" donde fue sentenciado el Chapo Guzmán. (Foto: AP)

La cárcel ADX Florence, también conocida como la «Alcatraz de las Rocosas» donde fue sentenciado el Chapo Guzmán. (Foto: AP)

La posibilidad de que Guzmán salga es nula. Cumple tres condenas simultáneas. Una perpetua por tráfico de drogas, otra de 30 años por uso de armas de fuego contra personas y una de 20 por lavado de dinero. Cuando en abril del año que viene cumpla 70 años no sólo no recibirá regalos ni visitas, sino que la entrada en la nueva década no le otorga ningún beneficio que alivie su situación cotidiana.

Algunas semanas atrás se viralizó un video de cámaras de seguridad de la celda de Ghislaine Maxwell, la ex pareja de Jeffrey Epstein, quien no sufre un régimen tan estricto. Se ve a la mujer en su traje de presidiaria. Acostarse, sentarse, caminar unos pocos pasos, tomarse la cabeza, acostarse, sentarse. Cualquiera que vea ese video (acelerado para que se note que el tiempo no pasa más) entiende que pocas situaciones de vida pueden ser peores que esa.

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Una de las pocas cosas que Guzmán tiene permitido hacer, y sólo de vez en cuando, es escribir. Como muchos otros reclusos de la historia, utiliza el tiempo -que le sobra- en enviar cartas. No deja mensajes al futuro, ni recrea su vida, ni hace manifiestos políticos, ni siquiera revuelve el pasado o trata de buscar explicaciones a lo que sucedió como Oscar Wilde. El Chapo denuncia y pide clemencia, reducción de pena, que lo devuelvan a su país, un nuevo juicio, condiciones de vida mejores. Todo aquello que consiga terminar o alivianar su estricto confinamiento actual.

Hasta ahora, en estas últimas semanas, se han conocido 13 cartas del Chapo. En la primera tanda con letra inquieta, insegura, le pedía al juez que se respetaran sus derechos humanos, que su calidad de vida actual está debajo de cualquier estándar razonable. Explicaba -se quejaba- que las condiciones del encarcelamiento violaban todas las garantías previstas por la constitución norteamericana.

No es una nueva situación. Unos años atrás en otra carta dijo que sufría dolores de cabeza, estrés, depresión y pérdida de memoria debido a la dureza extrema del aislamiento. “Pido que por favor remuevan las SAMs antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco, porque en las condiciones en las que estoy actualmente, que son tan crueles e inhumanas, eso es lo que va a pasar”, esa carta de hace cuatro años estaba repleta de errores de ortografía y un manejo gramatical más trabado que el que muestra este torrente postal que Guzmán desató en el último tiempo. Lo que permanece igual es que subrayó varias palabras de cada oración, aunque, si uno lee con atención, el criterio elegido resulta un verdadero misterio. No se entiende si quiere enfatizar algún concepto, si es un recurso absolutamente arbitrario o si está mandando algún mensaje velado.

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Celda de la prisión ADX Florence o "Alcatraz de las Rocosas" donde se encuentra en aislamiento total el Chapo Guzmán. (Foto: AP)

Celda de la prisión ADX Florence o «Alcatraz de las Rocosas» donde se encuentra en aislamiento total el Chapo Guzmán. (Foto: AP)

Tiempo después aseguró respirar aire sucio -con lo que eso signifique- y que el agua que le hacen tomar no es pura, está contaminada.

Después de esa primera carta, el 7 de mayo mandó otra con pedidos más firmes y más ambiciosos. Exigía un nuevo juicio y ser regresado a México. El juez de la causa rechazó sus pretensiones de inmediato. Ni siquiera se sabe si leyó las misivas. También denunció que no permiten que sus abogados le hagan llegar escritos traducidos al español.

En las misivas posteriores Guzmán fue todavía más lejos. En un giro que nadie pudo prever, que nadie puede creer, aseguró que él es inocente. Y encontró un responsable: el gobierno mexicano, al que culpó del clima de violencia instalado mientras él estaba libre. No le importó haber pedido unos años antes la intermediación del presidente mexicano López Obrador. Como la excusa de su salud física y mental no resultó, el Chapo decidió jugar la carta del racismo. Dijo que lo discriminaban por mexicano, que a él lo trataban peor que a los terroristas islámicos. Tampoco resultó esa línea argumentativa.

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Otra afirmación audaz: el caso en su contra debe desestimarse por falta de pruebas. Denunció que el jurado fue presionado por las autoridades norteamericanas para condenarlo pese a que en el juicio no se había probado nada de lo alegado, en especial que haya cometido algún perjuicio a algún ciudadano de Estados Unidos. El Chapo Guzmán se dibuja, se perfila a sí mismo, como un pobre angelito desamparado y sometido por gobiernos y jueces corruptos. Y hasta explicó que en aquel asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto ocurrido en 1993 y que desató la primera persecución al Chapo, él fue víctima de un conjuro del destino. No negó estar presente en el lugar pero aseguró -por primera vez en estas décadas- que sólo era un viajero más en esa jornada y que de pronto quedó en medio de una balacera salvaje. Nadie, ni siquiera, cree que ese argumento, esa ficción, puede ser creída alguna vez.

Al día siguiente, el 8 de mayo, otras cuatro cartas pero con destinatarios diferentes. Otros dos jueces federales, el alcalde de Brooklyn y Marco Rubio recibieron sus quejas y el pedido para que haya una revisión del juicio. La ilusión de que sus reclamos sean escuchados.

El Chapo Guzmán en 1993. (Foto: AP)

El Chapo Guzmán en 1993. (Foto: AP)

Lo cierto es que hace un tiempo, la inteligencia norteamericana descubrió que a pesar de su aislamiento, el Chapo seguía enviando mensajes a sus hijos. Por eso las comunicaciones con sus abogados también fuera limitadas.

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Todas estas cartas, algunas de varias páginas, constituyen casi su única actividad diaria. Pese a haber asegurado -también en el juicio- que no sabía inglés y que por eso era clave que se contactara con los abogados para que le proporcionaran las versiones en español para poder entender lo dictaminado en su contra, algunas de estas últimas las escribió en inglés. Un inglés ripioso, con discordancias sintácticas y palabras mal escritas, algo similar a lo que le sucedía con el español. Pero con la ilusión de que quienes reciban sus mensajes logren entenderlo. Sin embargo, si sus pedidos, súplicas, quejas y exigencias no fueron oídos no se debió a una confusión idiomática.

Leé también: El “infierno de alta tecnología”: así es la cárcel donde el Chapo Guzmán cumplirá su condena

Existen sospechas sobre si el Chapo es el autor de las cartas. Si lo fuera, los textos más allá de sus condiciones carcelarias y sus pretensiones, muestran sus avances en el manejo del inglés y la adopción de varios términos legales que antes parecía desconocer. Es por eso que muchos creen que no es él el verdadero autor de las misivas. El Chapo tendría un ghostwriter; presumiblemente su abogado.

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Que la mayoría de las alegaciones del Chapo sean absolutamente falsas y que sus pretensiones jurídicas no tengan el menor sustento, no significa que haya que pensar si las condiciones de vida dentro de la prisión de estos condenados de alta peligrosidad y exposición, no rozan lo inhumano con el aislamiento total, la imposibilidad de distraerse con otra actividades y la falta de contacto humano.

Una paradoja. El rey de la ilegalidad y de la violencia, de la acción directa sin importar las consecuencias, confía para mejorar su presente, para tener alguna esperanza en el futuro, en el método más civilizado del que disponen las sociedades: la escritura.

Chapo Guzmán, Narcotráfico, Cartel de Sinaloa, Cárcel, Sumario

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La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

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El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, la reina Suthida y la princesa Bajrakitiyabha aparecen en el balcón del salón Suddhaisavarya Prasad del Gran Palacio, donde el rey concede una audiencia pública para recibir los buenos deseos de la población en Bangkok, Tailandia, el 6 de mayo de 2019 (REUTERS/Jorge Silva/Foto de archivo)

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha, anunciada este viernes por la Casa Real tailandesa, reconfigura el mapa sucesorio de la monarquía en un momento de escasa popularidad para la Corona. La primogénita del rey Vajiralongkorn, de 47 años y también conocido como Rama X, falleció tras más de tres años hospitalizada por un severo cuadro cardíaco que la mantuvo inconsciente desde diciembre de 2022.

En el comunicado oficial emitido, la Casa Real detalló: “A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció”.

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Tras este desenlace, la línea de sucesión directa se concentra en el príncipe Dipangkorn, de 21 años, y la princesa Sirivannavari, de 39. Los cuatro hijos que el monarca repudió en su adolescencia permanecen excluidos del orden sucesorio.

Desde que la princesa fue ingresada de urgencia en un hospital de Bangkok el 15 de diciembre de 2022, la institución mantuvo un estricto hermetismo. Solo se conoció que la causa inicial fue la “inflamación del corazón” por una bacteria micoplasma. En agosto de 2025 y mayo pasado, se reveló que también sufría una “infección abdominal”.

La muerte de Bajrakitiyabha deja vacante la figura considerada más apta y moderna para suceder al actual monarca, cuya imagen pública se vio deteriorada desde su ascenso en 2016. La princesa era vista como una posible vía para restaurar parte del prestigio perdido por la monarquía tras la muerte de Bhumibol, quien reinó durante siete décadas.

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Varias personas sostienen fotografías de la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia, de 47 años, la hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, tras el anuncio de su fallecimiento, frente al Hospital Memorial Rey Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia, el 12 de junio de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Varias personas sostienen fotografías de la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia, de 47 años, la hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, tras el anuncio de su fallecimiento, frente al Hospital Memorial Rey Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia, el 12 de junio de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El proceso sucesorio en Tailandia enfrenta ahora una mayor incertidumbre. El príncipe Dipangkorn, primero en la línea, es el hijo más joven del rey y, según círculos cercanos a la Casa Real, podría padecer problemas cognitivos, aunque la institución no lo ha confirmado. Sirivannavari, la única hija residente en Tailandia del segundo matrimonio del monarca, demostró una inclinación por la moda y asiste ocasionalmente a eventos oficiales.

En la historia reciente de la familia real, los hijos nacidos de la relación del rey con Sujarinee Vivacharawongse permanecen distanciados. Tras su destierro en 1996, hicieron escasas apariciones públicas en el país. Vacharaesorn, de 45 años y el tercero de esos hijos, regresó sorpresivamente a Tailandia unos meses después de la hospitalización de Bajrakitiyabha y participó en actos oficiales, lo que alimentó las especulaciones sobre la sucesión.

No obstante, en 2025 los cuatro hermanos (Vacharaesorn, Juthavachara, Chakriwat y Vatchrawee) denunciaron haber sido impedidos de ingresar a Tailandia por las autoridades migratorias. El allegado al rey de 45 años volvió a abandonar el país en junio de ese año, según relataron sus hermanos, tras ser presionado para ello.

El rey de Tailandia y su familia

La situación genera preguntas sobre si estos hijos conservan algún estatus real, ya que no figuran en las imágenes oficiales de la Casa Real.

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La posibilidad de que el trono pase a alguna de las hermanas del rey es considerada remota. Sirindhorn, de 71 años, no tiene descendencia, y Chulabhorn, de 68, enfrenta problemas de salud. Ubolratana, la mayor, perdió sus títulos por casarse con un ciudadano estadounidense.

En ocasiones anteriores, la monarquía tailandesa recurrió al cambio de linaje para resolver vacíos sucesorios, como ocurrió en 1935 tras la abdicación del rey Prajadhipok. Si ninguna de las opciones mencionadas resulta viable, la historia podría repetirse con la elección de un familiar indirecto.

(Con información de EFE)

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SPLC’s tax exempt status under scrutiny as congressman accuses group of ‘act of fraud’

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EXCLUSIVE — Treasury Secretary Scott Bessent is being asked to strip the Southern Poverty Law Center (SPLC) of its tax-exempt status, after a Republican congressman alleged their funding of extremist groups is «an act of fraud.»

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The plea from Rep. Mark Harris, R-N.C., makes the case that while raking in millions under the guise of fighting hate, the SPLC showed a clear pattern of targeting conservatives on its infamous «Hate Map» while funding the activities of actual extremist groups like the Ku Klux Klan, as alleged in a Department of Justice (DOJ) indictment.

«The SPLC has reached a point where it’s become extremely obvious that they are certainly not the organization anymore that they were maybe even founded to be, but they’ve become a strong left-wing political organization that is really just funding groups that most Americans are absolutely and would be absolutely appalled to know,» Harris told Fox News Digital in a Wednesday interview.

Rep. Mark Harris questions Special Counsel Jack Smith during a House Judiciary Committee hearing in the Rayburn House Office Building on Capitol Hill in Washington, D.C., on Jan. 22, 2026. Smith testified on his team’s federal criminal investigations into President Donald Trump, including 2020 election interference and classified documents. (Al Drago/Getty Images)

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The lawmaker’s letter to Bessent establishes that a tax-exempt 501(c)(3) organization «must be organized and operated primarily for charitable, educational, or similar purposes and cannot engage in political activity,» and explains why he thinks the SPLC is bucking that law.

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«[T]he SPLC has consistently engaged in the partisan targeting of conservative groups by placing them on its so-called ‘hate map,’ alongside organizations such as the Ku Klux Klan and the Aryan Brotherhood,» the letter notes.

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«Meanwhile, violent left-wing groups such as Antifa and Jane’s Revenge have been widely ignored by the self-described civil rights organization.»

Harris, a pastor, referenced a major Biden-era scandal — the DOJ’s monitoring of what it called «radical traditionalist Catholics.» — in a  House Judiciary hearing in the spring. The Biden administration allegedly used the SPLC’s guidance to justify the monitoring.

Southern Poverty Law Center 2022 hate and anti-government groups map

The Southern Poverty Law Center released its 2022 map showing hate and anti-government groups across the United States. (Southern Poverty Law Center)

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The Alabama-based nonprofit also lumped mainstream Christian groups, like the Family Research Council and Alliance Defending Freedom, into its «Hate Map.»

And in 2012, crazed gunman Floyd Lee Corkins II attacked the Family Research Council office in Washington, D.C., and shot a security guard after he found out they were designated as an anti-LGBT organization on the SPLC’s website.

«I mean, we could go on and on and list those groups, but they all have in common that they happen to be just conservative groups in this country that stand on conservative principles,» Harris told Fox News Digital.

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The North Carolina representative also tore into the SPLC over allegations the group funneled $4 million donor dollars into shell companies to fund the KKK and other extremist organizations, all while claiming to fight hate.

Harris claimed in his letter to Bessent this was «an act of fraud» rather than charity, and needs to be addressed as such.

Treasury Secretary Scott Bessent speaking to reporters in the White House briefing room

«It’s all in the hands of the it’s all up on Capitol Hill. At Treasury we prepare things in advance. We have prepared in advance that if the legislation is passed, but we will stick to the law,» explained Bessent. (Mark Schiefelbein/AP)

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«Through what we’re learning in this indictment by the Department of Justice that even points out how this $4 million has been misused or used, that one example was that they actually funded a Ku Klux Klan rally and funded the cross burning and paid for the gas to burn the cross,» he said.

He accused the SPLC of creating the racism it claimed to fight.

Harris referenced claims from this week’s congressional hearing that the SPLC saw a spike in contributions after the deadly 2017 «Unite the Right» rally in Charlottesville, Virginia. The group is accused of paying an informant to help plan the rally.

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«That’s the way these groups work because, again, it becomes a money-making machine,» said Harris. «If they can keep things stirred up, if they keep things with people fighting, if they could keep people divided … then they accomplish what they want to accomplish, which at the end of the day, is all about the almighty dollar.»

Southern Poverty Law Center building

The Southern Poverty Law Center (SPLC) building seen in March 2020 in Montgomery, Alabama. (Barry Lewis/InPictures via Getty Images)

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Harris’ letter concluded: «The evidence is clear: the SPLC does not operate as a charitable organization and should therefore lose its tax-exempt status. I respectfully ask that you direct the IRS to examine the SPLC’s Section 501(c)(3) status and take appropriate action to revoke their tax-exempt status.»

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The SPLC has denied the DOJ’s allegations.

The group did not respond to Fox News Digital’s request for comment.

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