POLITICA
Intendentes de todo el país marchan al Ministerio de Economía para reclamar fondos y la reactivación de las obras

Intendentes de todo el país se movilizarán este martes al Ministerio de Economía para exigir respuestas al Gobierno por el deterioro de las finanzas locales. La protesta, impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), incluirá la entrega de un documento con reclamos vinculados a la coparticipación, la obra pública y el costo de los combustibles.
La convocatoria se definió en las últimas horas, tras una reunión virtual que reunió a alcaldes de distintas provincias. El diagnóstico es compartido: advierten que la caída de ingresos y el recorte de transferencias nacionales comenzaron a afectar el funcionamiento cotidiano de los distritos.
En la previa de la movilización, también creció la advertencia sobre una posible judicialización de los reclamos. Desde el entorno de los intendentes no descartan avanzar por esa vía si no obtienen respuestas del Ministerio de Economía.
El trasfondo es una tensión creciente entre los gobiernos locales y la administración de Javier Milei, en un contexto de ajuste fiscal, recesión y mayor demanda social en los territorios.
Reclamos por fondos, combustibles y obra pública
El planteo que llevarán los intendentes combina demandas estructurales con pedidos urgentes. Por un lado, exigirán una recomposición de los recursos coparticipables y cuestionarán la caída sostenida de transferencias. Por otro, reclamarán la reactivación de obras públicas paralizadas en todo el país.
Uno de los ejes centrales será el precio de los combustibles. Los jefes comunales pedirán que se retrotraiga el valor del litro a niveles previos y cuestionarán el uso de los fondos recaudados a través de impuestos específicos. Sostienen que esos recursos deberían destinarse a infraestructura vial.
“La situación comienza a ser crítica”, señalaron intendentes que participaron de la organización de la protesta. En esa línea, advirtieron que la baja en la recaudación propia, producto de la caída de la actividad, agrava el escenario financiero.
También remarcaron que los municipios son la primera línea de atención frente a la crisis social y que, sin asistencia, se dificulta sostener servicios básicos. “Los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo”, coincidieron en diálogo con TN.
Un reclamo con alcance federal
La movilización buscará mostrar volumen político y territorial. A la convocatoria se sumarán intendentes de distintas provincias, lo que apunta a exhibir que el conflicto excede al conurbano bonaerense y se replica en el interior del país.
Desde la FAM sostienen que el deterioro de las cuentas municipales es generalizado. Mencionan la paralización de obras, la interrupción de programas nacionales y la falta de definiciones sobre financiamiento para proyectos en marcha.
En ese marco, los intendentes resolvieron avanzar con una acción conjunta para visibilizar el reclamo. “Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos”, explicaron fuentes que participaron de la reunión preparatoria.
El documento que entregarán al ministro de Economía incluirá estos puntos y buscará abrir una instancia de diálogo con el Gobierno.
La advertencia de judicialización
En paralelo a la movilización, algunos referentes ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia. La posibilidad forma parte de una estrategia más amplia para frenar recortes y exigir la restitución de fondos que consideran propios de los municipios.
El conflicto se inscribe en una disputa más profunda sobre el reparto de recursos y el rol del Estado. Mientras la Casa Rosada insiste en la reducción del gasto, los intendentes advierten que el ajuste impacta de lleno en las economías locales.
Semanas atrás, la FAM ya había difundido un documento crítico sobre la situación. Allí plantearon que la autonomía municipal “resulta inviable sin los recursos necesarios” y alertaron sobre el efecto combinado de la recesión y los recortes nacionales.
Con la marcha de este martes, los jefes comunales buscan escalar ese planteo y presionar por respuestas concretas.
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POLITICA
El diputado que rompió con LLA dijo que quiere ser gobernador de Tucumán y respaldó una candidatura presidencial de Patricia Bullrich

Tras romper con el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Mariano Campero anunció este jueves que quiere ser gobernador de Tucumán. Además, acusó a un sector del Gobierno de querer correr a Patricia Bullrich, su referente política, y dijo que le gustaría que ella “pueda ser presidente”.
Líder del grupo que en 2024 se conoció como “radicales con peluca”, por su salto del bloque de la UCR a La Libertad Avanza, Campero oficializó su renuncia a la bancada oficialista tras denunciar un acuerdo político del partido liderado por Karina Milei en Tucumán con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo.
“Quiero tener la determinación clara con el partido Cambia Tucumán, que es el que me hizo intendente en la ciudad de Yerba Buena y me hizo diputado nacional en el frente que me llevó con Patricia Bullrich. Quiero ser gobernador de Tucumán y estos acuerdos que tiene me lo impiden”, sentenció.
Según el legislador, el artífice del pacto fue el exministro del Interior Lisandro Catalán, que busca competir con el sello de La Libertad Avanza en 2027. “Apretó a uno de los partidos que firmó con nosotros la presentación judicial en contra de Jaldo y lo obligó a desestimarla. Ahí queda explícito el acuerdo de LLA Tucumán con el gobernador”, sostuvo.
El respaldo a una candidatura presidencial de Patricia Bullrich
Sin embargo, Campero fue más allá. Alineado políticamente con Patricia Bullrich, el diputado integró la reunión de la jefa de la bancada oficialista en el Senado con sus principales colaboradores que en la Casa Rosada fue leída como un desafío a la conducción de Karina Milei.
“Yo fui con Patricia Bullrich en 2023 y la verdad que me parece medio injusto hacia Patricia, que lo único que ha hecho es poner todo lo necesario para que le vaya bien al Gobierno. Por eso destaco las palabras del presidente, que ayer la puso en valor a Patricia, pero hay algunos sectores que pueden haberse sentido perturbados. Hay muchos actores en el Gobierno que intentan generar un problema donde no lo hay”, sentenció el tucumano en diálogo con LN+.
En ese contexto, en medio de las crecientes tensiones de algunos integrantes del Ejecutivo con Bullrich, dijo: “Si me preguntaras, ‘¿a vos te gustaría que sea presidente? Que sería una pregunta válida. Si fue mi candidata en el 23, por supuesto, me gustaría. Me gustaría que pueda ser presidente«.
Para Campero, el planteo no es una “antinomia” a una candidatura de Javier Milei, ya que sostuvo que la Argentina “va en un rumbo correcto”. Sin embargo, subrayó la puesta en valor de Patricia Bullrich y dejó la puerta abierta sobre lo que pueda pasar en 2027.
POLITICA
Aprueban la nueva ley de Discapacidad y reclaman que el Gobierno cumpla con su reglamentación

En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.
Con 71 votos a favor y en 0 en contra, el proyecto, que ya había obtenido un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, quedó definitivamente sancionado esta tarde.
Durante la jornada, tanto el oficialismo como la oposición coincidieron en la urgencia de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras advirtieron que el debate está lejos de quedar saldado y que la iniciativa aún es “perfectible”.
A su vez, varios legisladores retomaron en sus discursos las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes” fue una de las frases más repetidas durante el debate.
En alusión a ello, la senadora del PJ Ana Marks pidió que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, sostuvo.
Sin embargo, no faltaron quienes expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de un entendimiento entre el sumo pontífice y Milei en torno a esta cuestión. Entre los más críticos, desde la bancada peronista pusieron en duda las intenciones del Gobierno y hablaron de un “repentino y simulado interés”. Entonces, plantearon sus sospechas sobre el efectivo cumplimiento de la ley, al recordar el veto anterior del Poder Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, señaló el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.
Sin embargo, el consenso alcanzado en ambas cámaras representa un obstáculo para un eventual veto del Ejecutivo, ya que el oficialismo difícilmente podría reunir los apoyos necesarios para sostenerlo. Además, una decisión de ese tipo pondría en una encrucijada a varios legisladores libertarios que se pusieron al frente de las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.
Tal es el caso de la diputada María Laura Rodríguez Machado, una de las principales espadas legislativas de Martín Menem en Diputados, que encabezó las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Incluso durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su par libertaria Giselle Castelnuovo, con llegada directa a Karina Milei, activaron el diálogo con representantes de Unión por la Patria para ultimar una serie de cambios que terminaron por garantizarles el respaldo de casi toda la bancada peronista que hasta entonces impulsaba la prórroga de la emergencia.
Por parte del Senado, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich fue quien aceleró el tratamiento en el recinto al difundir por redes sociales un mensaje en el que ratificaba que su bancada ya estaba “lista” para tratar la ley de discapacidad en el Senado, un día después que el Papa finalizara su visita al país.
Sus declaraciones se dieron en medio de una serie de desmarques legislativos y después de que el proyecto de discapacidad motivara uno de sus cruces más fuertes con el Gobierno. Es que, entre los varios vaivenes que sufrió la iniciativa, el más resonante se produjo cuando el Ejecutivo giró al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía entre sus artículos modificaciones que derogaban aspectos centrales del proyecto que, en paralelo, negociaban algunos diputados libertarios.
Una contradicción que provocó la furia de Bullrich, quien por entonces lanzó una advertencia: “No me tomen por tonta”. Sus achaques iban dirigidos a parte de la mesa política, que según aseguró la ex-Pro, no le informaron sobre la publicación de un articulado que iba en dirección contraria a lo que se venía trabajando en el Congreso.
Entre los aspectos más relevantes, la ley garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
El proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
Asimismo, mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También establece mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Otro de los ejes centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
En cuanto a las pensiones por invalidez, la iniciativa asegura a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Al comienzo de la sesión, el peronismo tomó la palabra y logró acordar porque durante la próxima sesión del jueves 26 de noviembre, en la que se prevé se trate la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se incluya en el temario la media sanción que busca prevenir la ludopatía, así como una prórroga del Estatuto del Periodista.
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La Corte Suprema ordenó al Gobierno entregar los resultados de las pruebas Aprender por escuela

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno entregar los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar desagregados por establecimiento educativo correspondientes a los años 2016 y 2017 de la provincia de Salta.
Rechazó así el argumento oficial de que publicar esos datos permitiría armar rankings y estigmatizar a escuelas, alumnos y docentes.
En cambio dijo que “hacer pública la información requerida, por lo tanto, apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades, antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados”.
“Esto es exactamente lo contrario de lo que postula la demandada [el entonces Ministerio de Educación], quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, escribió la mayoría.
El fallo apunta contra el entonces Ministerio de Educación (hoy absorbido por Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello) y fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefin y Juan Fernando Perozziello Vizier.
El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, pero adhiriendo casi en su totalidad al dictamen de la Procuración.
De este modo, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Salta en el amparo que inició en 2019 Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, padre de un estudiante.
El salteño había pedido los “Reportes de Resultado” de todas las escuelas e institutos de formación docente de la provincia que participaron en los operativos de 2016 y 2017.
El Ministerio le había negado la información. Sostuvo que se había obtenido con carácter confidencial y le ofreció, como alternativa, resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos escuelas en cada uno.
En el juicio, el Estado agregó que difundir los datos por escuela expondría en forma indirecta información sobre los chicos, porque las pruebas también revelan si el hogar es pobre, migrante o indígena.
Argumentó además que eso habilitaría clasificar escuelas en “mejores” y “peores”, lo que llamó “moralmente condenable”.
También dijo que pondría en riesgo el propio sistema de evaluación porque alumnos y docentes dejarían de responder con honestidad. Y mencionó la oposición de los gremios docentes Ctera y Sadop.
La Corte respondió que el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional dispone que la difusión de los resultados “resguardará la identidad” de alumnos, docentes e instituciones “a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.
Según el voto de la mayoría, esa reserva rige “si y solo si” es necesaria para evitar la estigmatización, y el Estado debe demostrar ese riesgo en cada caso.
La resolución del Consejo Federal de Educación que prohibió cualquier dato desagregado puso en el mismo plano “identificar” y “estigmatizar”, y eso, dijo el tribunal, no se ajusta al texto de la ley.
La Corte también descartó que rigiera el secreto estadístico de la ley del Indec, porque el ministerio no demostró que los datos se hubieran reunido con fines exclusivamente estadísticos.
Calificó la negativa oficial de “genérica, abstracta y conjetural”. Sobre el temor a que el sistema de evaluación se derrumbe, dijo que la postura del ministerio “parece claudicante y esquiva” frente a su responsabilidad legal.
El argumento de fondo es el control de la política educativa. Para los jueces, los operativos Aprender “no son una gracia o favor del gobierno”. Conocer sus resultados por escuela permite verificar si hay establecimientos que persisten en malos resultados y si el Estado diseñó planes para revertirlo.
También permite controlar si se envía a los docentes más calificados a las escuelas más desfavorecidas o si se garantiza la educación bilingüe e intercultural a los pueblos originarios, como manda la ley.
La Corte sostuvo que publicar los datos apunta a “efectivizar la igualdad real de oportunidades antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.
Ahora, los jueces de Salta deberán delimitar la entrega para que no se difunda información que permita identificar a personas que participaron de los operativos, en especial a menores de edad.
El juez Rosenkrantz votó por revocar la sentencia y devolver el caso a la Cámara de Salta para que dicte un nuevo fallo.
Hizo suyos los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, que también había aconsejado revocar, con excepción de un párrafo de ese dictamen.
Rosenkrantz escribió que es admisible que el ordenamiento jurídico establezca restricciones al acceso a la información, siempre que sean “verdaderamente excepcionales” y estén “establecidas previamente en términos claros y precisos” la ley de acceso a la información pública.
El caso tardó siete años en llegar a sentencia firme, pues en primera instancia, el juzgado federal 2 de Salta había rechazado el amparo, la Cámara de apelaciones lo revirtió y la Corte ahora confirmó ese fallo.
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