POLITICA
Intendentes de todo el país marchan al Ministerio de Economía para reclamar fondos y la reactivación de las obras
Intendentes de todo el país se movilizarán este martes al Ministerio de Economía para exigir respuestas al Gobierno por el deterioro de las finanzas locales. La protesta, impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), incluirá la entrega de un documento con reclamos vinculados a la coparticipación, la obra pública y el costo de los combustibles.
La convocatoria se definió en las últimas horas, tras una reunión virtual que reunió a alcaldes de distintas provincias. El diagnóstico es compartido: advierten que la caída de ingresos y el recorte de transferencias nacionales comenzaron a afectar el funcionamiento cotidiano de los distritos.
En la previa de la movilización, también creció la advertencia sobre una posible judicialización de los reclamos. Desde el entorno de los intendentes no descartan avanzar por esa vía si no obtienen respuestas del Ministerio de Economía.
El trasfondo es una tensión creciente entre los gobiernos locales y la administración de Javier Milei, en un contexto de ajuste fiscal, recesión y mayor demanda social en los territorios.
Reclamos por fondos, combustibles y obra pública
El planteo que llevarán los intendentes combina demandas estructurales con pedidos urgentes. Por un lado, exigirán una recomposición de los recursos coparticipables y cuestionarán la caída sostenida de transferencias. Por otro, reclamarán la reactivación de obras públicas paralizadas en todo el país.
Uno de los ejes centrales será el precio de los combustibles. Los jefes comunales pedirán que se retrotraiga el valor del litro a niveles previos y cuestionarán el uso de los fondos recaudados a través de impuestos específicos. Sostienen que esos recursos deberían destinarse a infraestructura vial.
“La situación comienza a ser crítica”, señalaron intendentes que participaron de la organización de la protesta. En esa línea, advirtieron que la baja en la recaudación propia, producto de la caída de la actividad, agrava el escenario financiero.
También remarcaron que los municipios son la primera línea de atención frente a la crisis social y que, sin asistencia, se dificulta sostener servicios básicos. “Los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo”, coincidieron en diálogo con TN.
Un reclamo con alcance federal
La movilización buscará mostrar volumen político y territorial. A la convocatoria se sumarán intendentes de distintas provincias, lo que apunta a exhibir que el conflicto excede al conurbano bonaerense y se replica en el interior del país.
Desde la FAM sostienen que el deterioro de las cuentas municipales es generalizado. Mencionan la paralización de obras, la interrupción de programas nacionales y la falta de definiciones sobre financiamiento para proyectos en marcha.
En ese marco, los intendentes resolvieron avanzar con una acción conjunta para visibilizar el reclamo. “Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos”, explicaron fuentes que participaron de la reunión preparatoria.
El documento que entregarán al ministro de Economía incluirá estos puntos y buscará abrir una instancia de diálogo con el Gobierno.
La advertencia de judicialización
En paralelo a la movilización, algunos referentes ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia. La posibilidad forma parte de una estrategia más amplia para frenar recortes y exigir la restitución de fondos que consideran propios de los municipios.
El conflicto se inscribe en una disputa más profunda sobre el reparto de recursos y el rol del Estado. Mientras la Casa Rosada insiste en la reducción del gasto, los intendentes advierten que el ajuste impacta de lleno en las economías locales.
Semanas atrás, la FAM ya había difundido un documento crítico sobre la situación. Allí plantearon que la autonomía municipal “resulta inviable sin los recursos necesarios” y alertaron sobre el efecto combinado de la recesión y los recortes nacionales.
Con la marcha de este martes, los jefes comunales buscan escalar ese planteo y presionar por respuestas concretas.
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POLITICA
El Gobierno acelera el tratamiento de los pliegos de Bertuzzi y Yadarola en el Senado para completar un tribunal clave
El oficialismo en el Senado convocó a audiencia pública a una treintena de postulantes a cargos judiciales, entre ellos Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, un tribunal clave de Comodoro Py que define el rumbo de las causas de corrupción y que debe intervenir en el caso $LIBRA. Será el 12 de agosto e incluye también a candidatos para cargos en los fueros civil, comercial y criminal.
La convocatoria se oficializó hoy con su publicación en el Boletín Oficial. La audiencia en el Senado es una instancia en la que los postulantes exponen y enfrentan las preguntas de legisladores, que es previa al tratamiento de sus pliegos en el recinto.
Bertuzzi ya ocupa un lugar en la Cámara, pero de manera provisoria, porque fue trasladado allí durante el gobierno de Mauricio Macri.
Con él firme en el cargo y la llegada de Yadarola, el Gobierno apunta a designar a dos jueces en la estratégica sala I de la Cámara y completar una maniobra que inició con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
El primer paso fue hacer caer un proceso de «solución amistosa» que estaba en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que también fue trasladado allí durante el macrismo, continúen en sus cargos.
Anuladas esas negociaciones y reactivado el concurso en el Consejo de la Magistratura, el Gobierno eligió a Yadarola de una terna que también integraban Fernando Poviña y Agustina Rodríguez. Para la segunda vocalía, seleccionó al propio Bertuzzi, que había concursado para continuar en el cargo, por sobre Julio Di Giorgio y la fiscal Cecilia Incardona, que contaba con chances reales de sumarse a la Cámara.
Las vacantes pertenecen a una Sala, la I, que tiene asignadas causas de alto voltaje político. El vaciamiento de YPF durante el kirchnerismo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del gobierno de Macri son dos ejemplos de ellos.
Pero la atención del Gobierno está puesta en la causa que investiga el colapso de la criptomoneda $LIBRA, en donde existen pruebas de un vínculo directo entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei con los promotores de la moneda digital que acabó sospechada de estafa.
En ese expediente, la Sala para la que Yadarola y Bertuzzi fueron propuestos debe resolver por estas horas si ratifica o revoca la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a dos grupos de querellantes en el expediente. Si la confirma, la acusación en la causa pasará a depender exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano.
La Sala también debe expedirse sobre otros temas sensibles, como un sobreseimiento al ministro de Economía, Luis Caputo, en una causa que lo investigó por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19.000 dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.
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Un intendente bonaerense busca la autonomía local y avanza con la primera carta orgánica municipal
El municipio de Castelli puso en marcha la redacción de su primera Carta Orgánica Municipal con apoyo de más de dos tercios del Concejo Deliberante. La iniciativa, impulsada por el intendente Francisco Echarren (Fuerza Patria) busca avanzar este año hacia la autonomía local en una provincia donde los 135 municipios siguen regidos por una ley de 1958.
El proyecto prevé convocar este año a una convención constituyente y le fija un plazo de tres meses, prorrogable por otros tres, para sancionar el nuevo texto. Esa convención estaría integrada por los 10 concejales del distrito y otros 10 miembros elegidos por voto popular, en una elección que podría realizarse en noviembre.
La iniciativa fue presentada por Echarren el reciente 8 de julio ante el Concejo Deliberante y busca que Castelli dicte la que sería la primera carta orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires.
Qué facultades busca ampliar el proyecto
Los 135 municipios bonaerenses se rigen por la Ley Orgánica de las Municipalidades y no cuentan con cartas orgánicas propias. El debate remite al artículo 123 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece que las provincias deben asegurar la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.
El planteo de Castelli parte de que la Constitución bonaerense no reconoció plenamente ese principio y mantuvo un esquema en el que el régimen institucional, político, administrativo, económico y financiero de los municipios queda predeterminado por el nivel provincial. La propuesta local busca trasladar parte de esas decisiones al ámbito comunal.
Echarren sostuvo en sus redes sociales que “a la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal”. También afirmó que “los municipios tienen un protagonismo innegable en los tiempos que vienen: son el primer mostrador del Estado”.
Además, el intendente agregó que los gobiernos locales necesitan más herramientas para decidir sobre ambiente, producción, salud, desarrollo urbano, suelo, vivienda y materia tributaria. “Los municipios no pueden ser simples oficinas administrativas”, planteó.
El antecedente judicial del municipio
El impulso actual retoma un camino que el municipio ya había iniciado en la Justicia. Apenas se desató en el país la epidemia de coronavirus, el partido ya había acudido en 2020 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la autonomía municipal, después de una acción promovida por Echarren para que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 190 a 197 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y de las normas dictadas en consecuencia.
En febrero de 2022, la Corte resolvió que el caso no correspondía a su competencia originaria. El tribunal entendió que para resolver la controversia era necesario interpretar y aplicar derecho público provincial, por lo que el trámite debía continuar, al menos en una primera instancia, ante la justicia bonaerense.
En su voto particular, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que “resulta aplicable la doctrina según la cual los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución, jurídica o política, en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación”.
La discusión también se reactivó en la Legislatura bonaerense ya que este año los bloques de la Coalición Cívica y Hechos UCR-Identidad impulsaron proyectos para crear una comisión bicameral redactora del anteproyecto de reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades.
La disputa por el régimen electoral y las reelecciones
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el régimen electoral local. El inciso B del artículo 16 establece que la futura carta orgánica deberá contemplar la elección directa del intendente y los concejales, junto con un sistema que asegure representación proporcional y participación efectiva de las minorías en los cuerpos colegiados.
Ese apartado abrió especulaciones sobre una eventual reelección indefinida a nivel municipal, hoy prohibida por la ley bonaerense que habilita hasta dos mandatos consecutivos y toma como primero el iniciado en 2019. Echarren, que gobierna Castelli desde 2011 y transita su cuarto mandato consecutivo, dijo que no presentó la iniciativa por ese motivo y sostuvo que, en su opinión, debe haber límites, aunque cada municipio debería poder fijarlos.
Por su parte, el diputado provincial de Pro, Alejandro Rabinovich, interpretó la movida como una vía para reactivar esas reelecciones. Además, la concejala radical Malena Massara, una de las dos representantes opositoras en el Concejo, afirmó que la autonomía municipal es un tema que debe abordarse porque surge de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, aunque advirtió que la futura carta orgánica quedaría supeditada a una modificación de la Constitución provincial.
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Cristina Kirchner contrató a un abogado del equipo de Lula para tratar de revertir su condena en tribunales internacionales
La expresidenta Cristina Kirchner contrató los servicios del abogado brasileño Rafael Valim, del equipo del presidente Luis Inácio Lula da Silva para llevar adelante sus litigios ante los tribunales internacionales y tratar de revertir la condena de corrupción que enfrenta.
Valim es un profesor universitario especialista en lawfare y trabajará con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así lo publicó el diario Folha de Sao Paulo y el canal CNN Brasil. La tarea de Valim y Borrego será acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir la condena a 6 años de prisión que pesa sobre Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
Valim declaró al sitio Metrópoles de Brasil: “En los próximos días haremos la divulgación oficial de la estrategia que vamos a adoptar en esta nueva etapa internacional del caso, en Buenos Aires”.
Valim actuó en el pasado ante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.
Su especialidad es la aplicación del lawfare, una figura jurídica con la que quieren argumentar que la condena contra la expresidenta fue producto de una conjura de gobiernos conservadores, en consonancia con medios de comunicación, para lograr la condena de líderes populares.
La estrategia de defensa de Valim y Borrego incluye la activación de mecanismos internacionales contra lo que los abogados consideran violaciones del debido proceso y de los derechos fundamentales en el proceso del expresidente.
El nuevo asesor en materia jurídica de Cristina Kirchner es coautor del libro Lawfare: una introducción, junto a Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño y exabogado de Lula. Valim afirmó que no conocía previamente a la expresidenta y que fue contactado por su equipo de abogados argentinos.
El abogado dijo que considera a Cristina Kirchner una persona extraordinaria, que está firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y que viene padeciendo un castigo injusto que intentarán revertir en los tribunales.
Valim actuó en un caso de Madres de Plaza de Mayo, que recurrieron a la CIDH contra el gobierno de Javier Milei.
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