Aunque está impedido por la ley para presentarse a un cuarto mandato, grupos afines el ex presidente Evo Morales bloquearon este lunes varias rutas vitales en Bolivia en reclamo de la renuncia de los jueces de un Tribunal Constitucional que inhabilitaron electoralmente al líder cocalero para el 2025.

El apriete del mandatario y sus partidarios fue duramente contestado por el sucesor en el poder, Luis Arce, para quien “una nueva derecha” busca desestabilizar su gobierno. La ministra de Presidencia, María Nela Prada, directamente acusó a Morales de propiciar un “golpe de Estado” en el país a través del bloqueo de carreteras.

El clima enrarecido con fuertes cruces de acusaciones se produce cuando Bolivia celebra el 15° aniversario de la fundación del Estado Plurinacional, que justamente fue impulsado durante el gobierno de Morales (2006-2019), quien se quejó de no haber sido invitado a los actos centrales en el Palacio Quemado, la casa presidencial.

Arce condenó los bloqueos en su discurso central y dijo que “los que se fijaron esta fecha para tratar de bloquear al país, a su economía y a su normal desenvolvimiento solo por intereses personales y electorales, lo que hacen es expresar su desprecio por el Estado”.

A continuación, argumentó que es un intento de “una nueva derecha que, por ambiciones personales y electorales, está por debilitar los cimientos” del Estado Plurinacional.

Este lunes, los cortes de rutas fueron efectuados por campesinos de organizaciones cocaleras lideradas por Morales, a menudo sembrando de piedras, troncos y neumáticos las vías de comunicación, y afectaron carreteras del eje troncal del país, es decir, Cochabamba, Santa Cruz y los caminos centrales al occidente, entre La Paz, Oruro y Chuquisaca.

“Se han identificado ocho puntos de bloqueo, cinco se encuentran activos y tres fueron desmovilizados”, señaló a la prensa Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior.

Las administraciones de las terminales terrestres de La Paz, sede del gobierno, y Cochabamba suspendieron las salidas de buses como medida de precaución. Según los manifestantes, la medida de presión es indefinida hasta que se convoque a elecciones judiciales y los actuales jueces hayan sido retirados de sus cargos.

En la superficie, el conflicto se origina con el fallo emitido por el Tribunal Constitucional de Bolivia el 31 de diciembre, antes del vencimiento de mandato de los magistrados, quienes declararon “inconstitucional” la pretensión de Morales de postularse en los comicios presidenciales de 2025.

En su dictamen, los jueces sentenciaron que ningún boliviano puede postularse a la presidencia si ya ejerció durante dos mandatos continuos o discontinuos.

Morales aspiró a su cuarto mandato en 2019 cuando renunció en medio de convulsiones sociales y acusaciones de fraude electoral en los comicios generales de ese año.

Los sectores afines a Morales exigen la realización inmediata de los comicios judiciales, que debían celebrarse el año pasado. Esos comicios no se hicieron en 2023 debido a la interrupción del proceso por acciones judiciales contra la convocatoria.

Ante ese hecho, en diciembre, la Corte Constitucional amplió los mandatos de los 26 magistrados de los principales tribunales de Bolivia para impedir un “vacío de poder” hasta que se celebren las nuevas elecciones.

Las razones de los evistas no convencen al presidente Arce. “En realidad, buscan usar el argumento de la justicia para desestabilizar al Gobierno y si fuera posible hasta acortar nuestro mandato”, remarcó ayer el presidente. El mandatario dijo que la historia “juzgará” a quienes tomaron “medidas de hecho” con el objetivo de “bloquear las exportaciones e importaciones”.

“La derecha tradicional y la nueva derecha han torpedeado los consensos necesarios para la convocatoria a elecciones judiciales y ahora se esfuerzan por echarle la responsabilidad al Órgano Ejecutivo”, continuó Arce en un breve mensaje presidencial.

Arce y Morales mantienen una disputa interna en el partido de gobierno -el Movimiento al Socialismo- que se profundizó por la aspiración del exmandatario cocalero de ser candidato en las elecciones de 2025.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló la víspera que el trasfondo del conflicto es por la candidatura del MAS para las próximas presidenciales. “Morales ve como su adversario a Luis Arce y al vice David Choquehuanca” y “está concentrado en cómo va a desgastar y sacar del esquema electoral” a ambos, indicó.

Por su lado, los partidarios del líder cocalero critican la falta de consenso para elegir nuevas autoridades judiciales.

“La gente está en las calles en respuesta a esta actitud solapadora de Luis Arce, a esta auto prórroga de los magistrados; ellos ya han dado un golpe a la democracia”, señaló Williams Torrez, dirigente de los seguidores de Morales a los medios de La Paz.

Pero además de la inhabilitación legal que impide a Morales postularse a otro período presidencial, también existe la opinión de la población expresada en un referendo convocado por el propio líder cocalero en febrero de 2016 contrario a su reelección.

Sin embargo, pese a ese veto popular, Morales participó en los comicios de octubre de 2019 y en noviembre debió renunciar en medio de fuertes protestas populares y acusaciones de fraude electoral.

Morales sostiene que hubo un golpe de estado, pero su dimisión le fue incluso reclamada por la COB (Central Obrera Boliviana), que le era afín. Aceptando una sugerencia de la cúpula militar para pacificar el país, Morales se exilió en México y luego en Argentina.

Con casi 14 años en el Palacio Quemado, Morales es el presidente boliviano que más estuvo en el poder. Esos violentos episodios de 2019, junto con una economía que comenzó a mostrar graves problemas, marcaron un punto de quiebre para el liderazgo de Morales, quien desde entonces viene perdiendo poder y respaldo en amplios sectores populares que le eran favorables.

Fuente: agencias AP, AFP, EFE y Clarín