Los apoyos parlamentarios al gobierno de Pedro Sánchez, gracias a los cuales el líder del PSOE logró su reelección en 2023, comienzan a resquebrajarse y las amenazas del independentismo catalán -que hasta ahora lo acompañó- de sumarse a la oposición en el Congreso complican la gobernabilidad de España.

Este miércoles, las derechas del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya votaron en contra de un decreto ley ómnibus del gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Sumar.

A pesar de que las medidas propuestas eran favorables para los españoles, la gente siguió, con cierta extrañeza, el modo en el que partidos antagonistas como el PP y los separatistas catalanes de Junts unieron su voto en contra del decreto de Sánchez.

El Parlamento debía convalidar la decisión del gobierno que implicaba una subida en las jubilaciones, la prórroga de unos subsidios al transporte público y, entre otras medidas, la prohibición de cortar los suministros básicos a personas vulnerables.

El decreto, que había sido aprobado en una reunión de gabinete en diciembre, estaba en vigor desde entonces pero quedó derogado este miércoles por 177 votos en contra y 171 a favor.

Desde este jueves, por ejemplo, ya no se pueden comprar pasajes con descuento ni adquirir los bonos gratuitos para viajar en tren.

“Si votan ustedes que no a este real decreto ley están bajando las pensiones, están suprimiendo las ayudas al transporte público y no están ayudando a los afectados por la DANA en Valencia”, advertía desde el hemiciclo del Congreso el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Sin embargo, PP, Vox y Junts le bajaron el pulgar al decreto. Cada partido, con argumentos propios.

Este jueves, desde Valencia, adonde viajó a reunirse con alcaldes -muchos de los cuales gobiernan en municipios destruidos por las inundaciones de octubre del año pasado-, el presidente Pedro Sánchez lamentó ese voto en contra.

“Creo que hay que pedir a esos grupos parlamentarios que abandonen esa oposición destructiva porque causa dolor social”, dijo Sánchez.

“La pregunta sería: ¿De verdad a aquellos partidos políticos que votaron en contra, porque podrían haberse abstenido pero votaron en contra, los ciudadanos que confiaron en ellos los votaron para que no se revalorizaran las pensiones? ¿Para que se bloqueara el transporte público? ¿Para que no llegaran las ayudas a los municipios afectados por la DANA? ¿Les votaron para eso?”, se preguntó el jefe del gobierno.

“Vivimos momentos de anti-política -fue su definición-. Estas votaciones tienen efectos muy dolorosos en el conjunto de la ciudadanía.”

Y subrayó: “Hacer proyectos políticos a costa del bienestar de la gente me parece que es la peor forma de hacer política”.

El Partido Popular justificó su “no” en la restitución que el decreto incluía a los nacionalistas vascos del palacete francés en el que actualmente funciona el Instituto Cervantes de París.

El Partido Nacionalista Vasco reclama, desde hace medio siglo, haber comprado en 1937 el pituco edificio de la avenida Marceau 11 de París que fue expropiado durante la ocupación nazi en Francia.

La Gestapo lo entregó a la dictadura franquista que lo convirtió en sede de la embajada española.

El PP consideró, en la votación parlamentaria de este miércoles, que el decreto de Pedro Sánchez era “un chantaje” y “una trampa”.

“La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones. No al regalo y a los privilegios de los nacionalistas”, dijo Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.

“Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible”, agregó.

Junts, el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont, votó en contra del decreto, alineado con el último anuncio de su líder, quien el viernes aseguró que su partido dejaba en suspenso el apoyo parlamentario al gobierno por incumplimiento de los acuerdos que habían pactado.

Puigdemont es el ex presidente catalán que huyó de España luego de haber declarado unilateralmente la independencia de Cataluña en 2017. Desde entonces, sigue haciendo política desde el exilio.

Su partido avaló la última reelección de Pedro Sánchez a cambio de un paquete de beneficios para el separatismo catalán que se están demorando demasiado para el gusto de Puigdemont.

Uno de ellos era la ley de amnistía, que le permitiría al ex presidente, considerado un prófugo de la justicia española, regresar a Cataluña. El gobierno de Sánchez finalmente logró aprobarla en el Congreso pero aún sigue empantanada en su aplicación.

“Han entendido que la voluntad y la determinación de Junts son reales, lo eran y lo son. Si no se recupera la confianza y se respeta el acuerdo en la letra y el espíritu, las cosas no irán bien”, advirtió Puigdemont el viernes desde Bruselas.

Su partido exige que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento. La confianza en un recurso al que sólo puede apelar el presidente del gobierno y Sánchez no está dispuesto a arriesgarse de ese modo.

Junts convirtió ese pedido en una propuesta que elevó a la mesa del Congreso, el cual, a su vez, ya postergó dos veces la decisión de tratar la proposición de los catalanes.

“Si tienen una mayoría progresista, sométanse a la cuestión de confianza. Si tienen el apoyo de la Cámara, presenten Presupuestos, pero si no pueden gobernar, convoquen elecciones y devuelvan el poder a los ciudadanos”, sugirió al gobierno el vice secretario de Economía del PP, Juan Bravo.