Cuando el carismático líder de oposición Boris Nemtsov fue asesinado a tiros en un puente cerca del Kremlin en febrero de 2015, más de 50.000 moscovitas expresaron su sorpresa e indignación al día siguiente del crimen descarado. La policía se mantuvo al margen mientras marchaban y coreaban consignas antigubernamentales.

Nueve años después, rusos sorprendidos y furiosos salieron a las calles la noche del 16 de febrero, cuando supieron que el popular líder opositor Alexei Navalny había muerto en prisión. Pero esta vez, quienes depositaban flores en monumentos improvisados colocados en ciudades importantes se encontraron con la policía antimotines, que arrestó y arrastró a muchos de ellos.

En los años transcurridos entre uno y otro suceso, la Rusia de Vladimir Putin pasó de ser un país que toleraba cierto disenso a convertirse en uno que lo reprime implacablemente. Arrestos, juicios y largos períodos en prisión, que alguna vez fueron infrecuentes, ahora son comunes, especialmente después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Además de hacerlo contra sus opositores políticos, el Kremlin ahora arremete contra grupos defensores de derechos humanos, medios independientes y otros miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y ciertas denominaciones religiosas.

“Rusia ya no es un Estado autoritario; es un Estado totalitario”, dijo Oleg Orlov, copresidente de Memorial, el grupo ruso de derechos humanos centrado en la represión política. “Todas estas represiones tienen como objetivo suprimir cualquier expresión independiente sobre el sistema político de Rusia, sobre las medidas de las autoridades, o cualesquier activistas civiles independientes”.

Un mes después de hacer ese comentario a The Associated Press, Orlov, de 70 años, se convirtió en una estadística del propio grupo: fue esposado y sacado de un tribunal tras ser condenado por criticar al ejército por el caso de Ucrania y sentenciado a dos años y medio de prisión.

Memorial calcula que existen cerca de 680 presos políticos en Rusia. Otro grupo, OVD-Info, dijo en noviembre que 1.141 personas están tras las rejas por acusaciones políticamente motivadas, más de 400 reciben otros castigos y cerca de 300 más están siendo investigadas.

Hubo un tiempo después del colapso de la Unión Soviética cuando parecía que Rusia había cambiado de página y la represión generalizada era cosa del pasado, dijo Orlov, defensor de derechos humanos desde la década de 1980.

Si bien hubo casos aislados en la década de 1990 bajo el régimen del presidente Boris Yeltsin, Orlov dijo que las grandes represiones comenzaron paulatinamente después de que Putin llegó al poder en 2000.

El magnate petrolero en el exilio Mijail Jodorkovski, que pasó 10 años en prisión tras desafiar a Putin, dijo a AP en una entrevista reciente que el Kremlin comenzó a sofocar el disenso aun antes de su arresto en 2003. Purgó al canal de televisión independiente NTV y fue tras otros oligarcas que lo desafiaron, como Vladimir Gusinsky o Boris Berezovsky.

Al preguntársele si en ese entonces pensó que las medidas represivas alcanzarían la escala actual de cientos de prisioneros y demandas legales con motivaciones políticas, Jodorkovsky respondió: “Pensaba que él (Putin) se quebraría antes”.

Cuando Nadya Tolokonnikova y las demás miembros de Pussy Riot fueron arrestadas en 2012 por interpretar una canción contra Putin en una importante catedral ortodoxa de Moscú, su sentencia de dos años en prisión fue impactante, recordó en una entrevista.

“En ese entonces, parecía una sentencia (de prisión) increíblemente (larga). Yo ni siquiera me imaginaba que podría salir”, dijo.

Cuando Putin recuperó la presidencia en 2012 tras evadir los límites del cargo al desempeñarse como primer ministro durante cuatro años, fue recibido con protestas masivas. Las consideró como inspiradas por Occidente y quiso arrancarlas de raíz, dijo Tatiana Stanovaya del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia.

Muchas personas fueron arrestadas, y más de una docena recibieron condenas de hasta cuatro años de prisión tras las protestas. Pero principalmente, señaló Stanovaya, las autoridades “creaban condiciones en las que la oposición no pudiera prosperar”, en lugar de desmantelarla.

Se sucedió una oleada de leyes que endurecieron las regulaciones de las protestas y dieron amplios poderes a las autoridades para bloquear sitios web y vigilar a los usuarios en línea. Colocaron la etiqueta restrictiva de “agente extranjero” a ciertos grupos para erradicar lo que el Kremlin consideraba una influencia externa dañina que alimentaba el disenso.

Entre 2013 y 2014, Navalny fue condenado dos veces por malversación de fondos y fraude, pero sus sentencias fueron suspendidas. Su hermano fue encarcelado en lo que se considera un movimiento para presionar al líder opositor.

La anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 generó una oleada de patriotismo e impulsó la popularidad de Putin, envalentonando al Kremlin. Las autoridades restringieron a las organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos financiadas desde el extranjero, proscribiendo a algunas de ellas como “indeseables” y atacando a los críticos en línea mediante denuncias judiciales, multas y ocasionalmente, la cárcel.

Mientras tanto, la tolerancia a las protestas se redujo. Las manifestaciones encabezadas por Navalny en 2016 y 2017 dieron lugar a cientos de arrestos; en los mítines masivos del verano de 2019, otros manifestantes fueron condenados y encarcelados.

El Kremlin usó la pandemia de COVID-19 en 2020 como excusa para prohibir las protestas. Hasta el día de hoy, las autoridades se niegan a permitir las marchas, mencionando las “restricciones por el coronavirus”.

Tras el envenenamiento, recuperación en Alemania y arresto de Navalny al volver a Rusia en 2021, la represión se intensificó. Toda su infraestructura política fue proscrita como extremista, lo que expuso a sus aliados a ser demandados.

Open Russia, un grupo opositor respaldado desde el exterior por Jodorkovsky, también tuvo que cerrar, y su líder, Andrei Pivovarov, fue arrestado.

Memorial, el grupo de Orlov, fue cerrado por la Corte Suprema rusa en 2021, un año antes de ganar el Premio Nobel de La Paz como el símbolo esperanzador de una Rusia postsoviética. Él recuerda la incredulidad después de la decisión de la corte.

“No podíamos imaginar todos esos pasos de la espiral, que la guerra podía surgir, y que todas esas leyes sobre desacreditar al ejército serían sancionadas”, dijo.

Con la invasión a Ucrania en 2022, Rusia promulgó esas nuevas leyes represivas que sofocaban cualquier protesta contra la guerra y las críticas al ejército. El número de arrestos, demandas penales y juicios creció desaforadamente.

Las acusaciones variaban desde donar dinero a grupos de derechos humanos que ayudaban a Ucrania hasta la relación con el grupo de Navalny, ahora calificado como “extremista”.

Los críticos del Kremlin fueron encarcelados, y su prominencia no pareció importar. Finalmente, Navalny fue sentenciado a 19 años, mientras otro opositor, Vladímir Kara-Murza, obtuvo la pena máxima de 25 años por traición.

Entre quienes también fueron sentenciados está un artista de San Petersburgo condenado a siete años por reemplazar las etiquetas de precios de un supermercado con consignas pacifistas; dos poetas de Moscú condenados a cinco y siete años por recitar versos en público, uno de los cuales mencionaba a Ucrania, y una mujer de 72 años, condenada a cinco años y medio de prisión por dos publicaciones en redes sociales contra la guerra.

Los activistas señalan que las sentencias de prisión se han vuelto más largas en comparación con las que se imponían antes de la guerra. Cada vez más, las autoridades han apelado sentencias con penas más ligeras. En el caso de Orlov, los fiscales buscaban someter a un nuevo juicio su condena previa, que inicialmente se reducía a una multa; posteriormente, fue sentenciado a prisión.

Otra tendencia es el aumento de los juicios en ausencia, señaló Damir Gainutdinov, director del grupo defensor de derechos Net Freedoms. La organización contó 243 demandas penales por acusaciones de “difundir información falsa” sobre el ejército, y 88 de ellas se emitieron contra personas fuera de Rusia, entre ellas, 20 que fueron condenadas en ausencia.

Los sitios noticiosos independientes fueron bloqueados. Muchos trasladaron sus salas de prensa al extranjero, como el canal televisivo independiente Dozhd o Novaya Gazeta, y su trabajo está disponible para los rusos a través de redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

Al mismo tiempo, el Kremlin amplió una ofensiva de 10 años contra la comunidad LGBTQ+ en lo que, según los funcionarios, era una lucha por los “valores tradicionales” apoyados por la Iglesia ortodoxa rusa frente a la influencia “degradante” de Occidente. El año pasado, los tribunales declararon al “movimiento“ LGBTQ+ como extremista y prohibieron la transición de género.

La presión contra grupos religiosos continuó también, con cientos de testigos de Jehová demandados penalmente en toda Rusia desde 2017, cuando esa denominación religiosa fue declarada extremista.

El sistema opresor está diseñado para “mantener el miedo en las personas”, dijo Nikolay Petrov, investigador visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad.

No siempre funciona. La semana pasada, cientos de personas desafiaron a una gran cantidad de policías antimotines para llorar la muerte de Navalny en su funeral en el sudeste de Moscú, coreando “¡No a la guerra!” y “¡Rusia sin Putin!”, consignas que, normalmente, habrían producido arrestos.

Esta vez, inusitadamente, la policía no intervino.

Emma Burrows contribuyó a este despacho.