En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

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“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

Gobierno, universidades, aumento salarial

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se opuso a la citación dispuesta por el juez Ariel Lijo para que aporte una muestra de su voz y sea comparada con los audios que revelaron una presunta red de corrupción en el organismo.

La defensa de Spagnuolo, integrada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, anunció que presentará este jueves un planteo ante el juzgado en el que argumentará que la orden “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”.

En diálogo con TN, D’Alessandro aseguró que “los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”. Además, agregó el abogado del extitular de la ANDIS: “Más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.

Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.

El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.

La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.

Además, instruyó verificar si los archivos presentan características de voz humana natural o generada por inteligencia artificial, identificar posibles ediciones posteriores y reconstruir la cronología de cualquier modificación.

Días atrás, Lijo fijó los puntos de pericia que deberán analizar los especialistas. Antes de que comience el estudio técnico, Spagnuolo fue intimado a grabar determinadas palabras y frases que luego serán cotejadas con los audios difundidos públicamente.

La medida se produce por pedido de las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos sacados de contexto, habrían sido grabados en distintos momentos y combinarían expresiones de Spagnuolo con otras que no le pertenecerían.

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La estrategia apunta a demostrar que el material carece de autenticidad y reclamar la nulidad de la causa. En esa línea, la defensa de Spagnuolo ya presentó el año pasado un informe técnico privado que detectó, según sostuvo, un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.

La decisión de Lijo representa un cambio respecto del criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez Sebastián Casanello. Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación debido al riesgo de que una eventual falsedad o adulteración pudiera afectar el resto del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia

Mientras varios de los principales dirigentes de la CGT están en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros líderes cegetistas planifican en Buenos Aires un plan de lucha en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene en $500 mil.

Para reforzar su pedido, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros sindicatos educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros convocados por el Gobierno de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

El Gobierno convocó para el martes próximo, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, integrado por el titular del área educativa de la Nación y los ministros de las 24 jurisdicciones del país, pero los sindicatos advirtieron que en los 8 puntos del temario no figura el tema salarial.

Frente a la decisión de no volver a analizar una mejora sustancial del salario mínimo docente, Romero y sus colegas debaten el comienzo de un plan de lucha, que incluirá también los reclamos de las universidades.

“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, dijo Romero a Infobae.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, señaló el líder de UDA, aunque precisó que en todo el país, pese a que algunos gobernadores otorgaron aumentos, “los salarios siguen siendo de miseria”.

Para organizar el paro nacional docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

Romero incluso espera que finalice la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la CGT que también avance con otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. “Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha”, consideró el secretario general de la UDA.

Si bien la Ley 27.802 de Modernización Laboral está vigente por los últimos fallos judiciales y establece la obligación del sector educativo de garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga, sigue en pie el fallo de la justicia del trabajo del 1° de abril pasado que suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Por eso los sindicatos docentes consideran que están legalmente habilitados para hacer el paro y que el Gobierno no puede aplicar las limitaciones al derecho de huelga que están previstas en la Ley 27.802.

El planteo judicial contra el artículo 101 de la Ley 27.802 justamente lo hizo UDA y derivó en una sentencia favorable a su pedido dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet.

En ese momento, Romero afirmó: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”. Y agregó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.

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