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Javier Faroni, el empresario acusado de desviar los fondos de la AFA, apareció en el duelo con Inglaterra

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Javier Faroni fue uno de los pocos argentinos que tuvo el privilegio de ver el duelo mundialista contra Inglaterra en Atlanta desde la platea. Consiguió una butaca en el sector 125 de la platea, justo atrás de los bancos de suplentes. En la reventa, ese ticket se cotizaba ayer a la mañana alrededor de US$4000. El empresario está siendo investigado desde fines del año pasado por el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La empresa TourProdEnter, a nombre de su esposa, recaudó casi US$300 millones en bancos de Estados Unidos. reveló que al menos US$ 57 millones se desviaron a diez sociedades anónimas creadas en la ciudad de Miami.

Apenas estalló el escándalo, Faroni fue allanado en su domicilio de Nordelta. Y protagonizó un llamativo episodio en Aeroparque cuando intentaba salir del país, rumbo a Punta del Este. La orden del juez Luis Armella planteaba que le secuestraran el celular. Misteriosamente, cuando los efectivos de la PSA lo retuvieron en los controles no encontraron el aparato. Nunca se investigó si lo descartó antes de intentar abordar un avión privado.

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Javier Faroni al ser interceptado en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay

A partir de ese momento, Faroni se puso a disposición de la Justicia y hizo decenas de presentaciones tanto en Argentina como en Estados Unidos. La más reciente apuntó a invalidar las pruebas obtenidas que llegaron desde ese país. El argumento legal es que esos discoveries habían sido pedidos por el empresario Guillermo Tofoni para presentarlos en una causa comercial contra la AFA. Un juez del estado de Georgia hizo lugar al pedido pero solo respecto al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a entregar las transferencias.

Ante esa maniobra, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió en un informe de más de 50 páginas que se avance con un nuevo pedido de colaboración internacional “con el detalle de que esta autorización es especial para cada causa en la que se solicita”. Es más, planteó de hacerlo por la vía de laRed de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG).

Javier Faroni, en Atlanta

En los papeles, la empresa TourProdEnter está a nombre de Erica Gillette, pero los registros bancarios revelaron que Faroni usaba las tarjetas de la empresa para compras de lujo y hasta autorizó varias de las transferencias.

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Tapia Toviggino y Faroni, los protagonistas de la trama.

El empresario también derivó US$6,2 millones de esas cuentas para adquirir el club Perugia, que milita en la “Serie C” del Calcio Italiano. Los fondos salieron de una cuenta en el Bank of America, a través de 25 transferencias que se atomizaron entre enero y septiembre de 2025. ¿Destino? Dos cuentas de Sports NextGen Ltd en los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, unos mil kilómetros al oeste de Madagascar, en el Océano Índico.

Esa operación está siendo investigada por la Justicia de Italia.

Pregunta sin respuesta

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¿Cómo llegó Faroni a administrar los ingresos de la AFA? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. El empresario teatral venía de integrar el directorio de Aerolíneas Argentinas y de militar en las filas del Frente Renovador de Sergio Massa, cercano a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. En agosto de 2021, Faroni recibió la orden de crear la empresa TourProdEnter y cuatro meses después firmó un contrato millonario con la AFA. El documento, secuestrado en las oficinas deViamonte, lleva la firma del Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero.

Ese acuerdo le otorgaba a TourProdEnter una comisión del 30% de todos los ingresos y sumaba otro 10% por cuestiones de “logística”. A partir de ese momento, la empresa embolsó fondos provenientes de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. El contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2026. Sin embargo, en octubre del año pasado, Tapia decidió renovarlo hasta 2023.

Documento Tapia AFA Tofoni Malaspina

Pese al escándalo, Faroni pasó el verano en Punta del Este y a partir de febrero se recluyó en su mansión de Miami, en el complejo The Mansions at Acqualina, en la zona de Sunny Isles Beach. Pero siempre con bajo perfil. El Mundial lo obligó a mostrase.

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Hace dos semanas, en el partido contra Cabo Verde, Faroni se dejó ver por primera vez. Jugaba de local. Los testigos aseguran que hizo un amplio despliegue, con varios invitados en una zona privilegiada del estadio de Miami. ¿Estaba vigilado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)?

Ayer, se ubicó en la platea del estadio de Atlanta, muy cerca del sector donde suelen ver los partidos los familiares de los jugadores de la selección. Varios argentinos lo reconocieron. Alentó y festejó como un hincha más. Tenía una gorra azul, para pasar desapercibido, y un buzo con los mismos colores.

Al igual que los dirigentes de la AFA, Faroni sabe que el resultado deportivo puede edulcorar su situación judicial.

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Villa La Angostura: mapuches desalojados tenían luz, internet y otros servicios provistos por organismos públicos

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Las familias que integraban la lof Melo, desalojada el 19 de agosto del predio que ocupaba en El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura, contaban con energía eléctrica, conectividad y otros recursos provistos por organismos estatales, tanto de la provincia de Neuquén como del gobierno nacional, a través de Parques Nacionales.

La comunidad mantenía un prolongado litigio judicial por las tierras que ocupaba. La propietaria del predio, María Cristina Broers, inició en 2012 una causa por desahucio y, luego de años de proceso judicial, logró recuperar una fracción de las hectáreas ubicadas en ese paraje.

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Broers es titular de 624 hectáreas que, según las resoluciones judiciales vinculadas al caso, eran ocupadas por la lof Melo y la lof Kinxikew, integrada por miembros de la familia Quintriqueo. A pesar de la disputa territorial, la propietaria continuó pagando regularmente los impuestos correspondientes al inmueble.

La Justicia de Neuquén ordenó completar el desalojo mapuche en un predio de Villa La Angostura que quedó inconcluso el 19 de agosto

El desalojo ejecutado en agosto alcanzó únicamente la fracción en la que residía la lof Melo, por lo que Broers recuperó el control de ese sector. En tanto, el juez Francisco Astoul Bonorino libró un nuevo mandamiento para completar la medida judicial en el espacio donde permanece la otra comunidad.

Paneles solares y baterías

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), organismo que depende del Poder Ejecutivo provincial, había instalado en el predio varios paneles solares destinados a proporcionar energía eléctrica a las familias de la comunidad.

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Luego de que se concretara el desalojo, operarios del organismo regresaron al lugar para retirar los equipos, debido a que la comunidad ya no residía allí. Antes de hacerlo, solicitaron autorización a Broers, propietaria del predio.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae, la mujer planteó que los equipos permanecieran instalados y manifestó su disposición a asumir los costos operativos vinculados con su funcionamiento. Sin embargo, desde el organismo rechazaron la propuesta y argumentaron que los equipos habían sido colocados exclusivamente para beneficiar a la comunidad mapuche.

El sistema no estaba compuesto únicamente por los paneles solares. El EPEN también había instalado baterías para almacenar la energía, que eran renovadas periódicamente por el organismo.

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El juez Francisco Astoul Bonorino libró un nuevo mandamiento para avanzar sobre el sector del predio donde permanece la Lof Kinxikew

Fuentes del organismo confirmaron que los equipos de generación de energía alternativa forman parte de un programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén para asistir a comunidades mapuches, independientemente de la situación dominial de los terrenos en los que se encuentren.

Además de los sistemas de energía, distintos organismos estatales otorgan a comunidades recursos como redes de agua, financiamiento no reintegrable y otros elementos destinados a garantizar las condiciones de residencia.

“Lo grave no es que el Estado, provincial o nacional, acompañe a las comunidades mapuches, sino que lo haga sabiendo que residen en tierras que son objeto de un litigio por ocupación, como ocurrió con la lof Melo o con la Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi”, señalaron a Infobae fuentes vinculadas al conflicto territorial.

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La conectividad, a cargo de Parques Nacionales

La asistencia estatal no se limitaba a la provisión de energía. Parques Nacionales también había garantizado la conectividad de la comunidad mediante conexiones satelitales y había puesto a disposición distintos elementos para el abastecimiento de agua, entre ellos tanques, mangueras y bombas.

De esta manera, mientras avanzaba el proceso judicial iniciado por la propietaria del predio, las familias que residían en el lugar contaban con infraestructura y recursos aportados por organismos públicos.

La personería jurídica, en medio del conflicto territorial

A este esquema de asistencia se sumó otra decisión del gobierno neuquino. El gobernador Rolando Figueroa otorgó personería jurídica a la lof Melo mediante el Decreto 1402, firmado también por Jorge Tobares, ministro de Gobierno de la provincia.

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El reconocimiento administrativo se produjo pocos días después de la ejecución del desalojo parcial y mientras continúa el conflicto judicial por las tierras.

El gobernador Rolando Figueroa otorgó personería jurídica a la lof Melo mediante el Decreto 1402 (@nachomartinfilms)

Desde el gobierno neuquino defendieron la decisión y señalaron que se trata de un trámite que corresponde ante el cumplimiento de los requisitos establecidos. El pedido de reconocimiento, según consta en los antecedentes del caso, llevaba 14 años en trámite.

La resolución, sin embargo, se produjo durante la gestión de Figueroa, quien asumió la gobernación en diciembre de 2023, y en un contexto marcado por la disputa judicial por el territorio.

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El reconocimiento de la comunidad se suma así a una serie de decisiones administrativas y de asistencia estatal que alcanzaron a la lof Melo mientras se desarrollaba el litigio por la ocupación del predio.

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El Gobierno intenta bajar el tono a los desmarques de Bullrich en una semana de tensión

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En una semana marcada por los reclamos de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este sábado por la mañana e intentó despejar tensiones respecto del vínculo con la exministra de Seguridad. En diálogo con la prensa, se refirió al video que su excompañero en Pro publicó el viernes en sus redes sociales en el que se la ve cantar una canción de Lali Espósito, blanco de críticas del Presidente.

El jefe de Gabinete minimizó el impacto del spot en el que Bullrich tararea No me importa.

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“Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, dijo el funcionario respecto de ese posteo en medio de tensiones internas por la discusión del Presupuesto 2027 y las críticas de la senadora por los recortes en el área de Discapacidad.

Las declaraciones de Diego Santilli

Las declaraciones de Santilli van en línea con lo expresado por el presidente Javier Milei, quien consideró una “tontería mayúscula politizar el arte” al ser consultado sobre la publicación de Bullrich.

Tras la viralización del video, el jefe de Estado le restó trascendencia al asunto y reveló que incluso escuchó temas de la artista luego de los cruces públicos. “Para mí no representa ningún problema. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, sostuvo el mandatario en un mensaje leído por la periodista Marcia Frisciotti en televisión.

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Por su parte, respecto de los despidos recientes en la quinta presidencial, el ministro declaró: “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó”.

Noticia en desarrollo




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El Gobierno porteño reportó menos reclamos por residuos y una encuesta mostró apoyo a controles y sanciones

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los pedidos de servicios y reclamos vinculados con la basura bajaron 70% entre enero y julio de 2026. La medición reúne contactos de vecinos realizados a través de Boti, la aplicación BAX, la línea 147, la plataforma de Gestión Colaborativa y redes sociales.

Según los datos oficiales, en enero se gestionaron más de 65 mil pedidos y reclamos, mientras que en julio el número quedó por debajo de 20 mil. La administración porteña atribuyó la variación a un plan que incluyó fiscalización sobre las empresas de recolección, refuerzo de cuadrillas, herramientas tecnológicas y operativos en la vía pública.

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La reducción coincidió con un relevamiento de la consultora Julio Aurelio Aresco, basado en 2.800 casos en la Ciudad de Buenos Aires. El 62,4% de las personas consultadas se manifestó a favor de una fiscalización más estricta y de multas para quienes no respeten las normas sobre disposición de basura.

El informe de la Ciudad informó además una efectividad de respuesta del 92% en sus canales de contacto. En esa estadística, una solicitud corresponde al pedido inicial de un servicio municipal, como el retiro de poda, escombros o electrodomésticos. Un reclamo se registra cuando el servicio no se resuelve dentro del plazo previsto o cuando presenta deficiencias.

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Los reportes vinculados con el servicio de limpieza pública en X, Instagram, Facebook y TikTok llegaron a 7.483 en febrero, según la información difundida por la Ciudad. En agosto, la cifra fue de 1.877, una disminución del 75% frente a aquel pico.

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La administración también indicó que las deficiencias por basura fuera de los contenedores descendieron 65% entre abril y agosto. El dato forma parte de un balance sobre los operativos realizados en distintos barrios.

La Ciudad amanece todos los días limpia y el desafío que asumimos es mantenerla limpia incluso durante las horas más críticas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche”, afirmó Jorge Macri. “Estamos trabajando muy agresivamente con el tema de la basura y los vecinos empezaron a notar los resultados y a valorarlo”, agregó.

El estudio de Aresco consultó sobre conductas como sacar bolsas fuera del horario permitido o utilizar los contenedores hasta desbordarlos. La Ciudad sostuvo que esas situaciones limitan la capacidad disponible para el resto de los vecinos y pueden derivar en residuos sobre las veredas.

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“Queremos que los vecinos vivan y disfruten de una Ciudad cada vez más linda, limpia y ordenada”, señaló Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño. “Para eso necesitamos que todos hagamos nuestra parte: el Estado controlando y garantizando un buen servicio, las empresas recolectoras cumpliendo con sus obligaciones y los vecinos, comercios y consorcios respetando las normas”, añadió.

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La Secretaría de Higiene informó que supervisa a diario los recorridos, el barrido, la limpieza de basura diseminada y el lavado de contenedores a cargo de las empresas concesionarias. Cuando detecta fallas, el área aplica penalidades previstas en los contratos.

El plan sumó cámaras de supervisión y modelos de inteligencia artificial en los camiones recolectores. Según la Ciudad, esas herramientas permiten controlar recorridos, verificar el estado de los contenedores y revisar aspectos de la operación en tiempo real.

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Reforzamos las cuadrillas de limpieza y recolección en zonas de mayor densidad residencial, ejes gastronómicos y comerciales, según las dinámicas de cada zona”, afirmó el secretario de Higiene, Matías Lanusse.

La administración porteña indicó que también ofrece instancias de diálogo, capacitación y orientación técnica a comercios, cámaras empresarias, administradores de edificios y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). El objetivo declarado es facilitar el cumplimiento de las reglas para la disposición de basura.

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La normativa establece que los residuos húmedos deben sacarse de domingo a viernes entre las 19 y las 21. La franja rigió originalmente de 20 a 21 desde 2001 y se amplió en 2020.

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De acuerdo con el Gobierno porteño, más de 250 camiones pesados realizan cada noche el servicio de recolección. La administración sostuvo que esa ventana horaria busca reducir el tiempo que las bolsas permanecen en la calle y evitar su exposición a altas temperaturas, olores, plagas, lluvias o manipulación informal.

Para los locales que cierran antes de las 19, la Ciudad mencionó alternativas como la reorganización de turnos, planes de reducción de basura en origen, servicios privados habilitados y coordinación con cooperativas de reciclaje, sin costo adicional.

Desde el inicio de los controles intensivos, el Gobierno porteño informó 756 clausuras preventivas. La cifra equivale al 0,5% de los aproximadamente 150 mil comercios que funcionan en la Ciudad, según la estimación oficial.

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