En un giro dramático de los acontecimientos y ante la fuerte presión de los bloques aliados que empezaban a incomodarse con la crítica social que se instaló en torno al tema, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), aceptó retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el polémico capítulo de extranjerización de tierras.

La decisión se adoptó luego de un encuentro de Bullrich con representantes de la oposición dialoguista, que se celebró en el bloque radical, en el segundo piso del Senado.

En un intento por evitar que la derrota sea total, Bullrich logró arrancarle a los aliados el compromiso de mantener en pie la sesión de este jueves, en la que se va a discutir el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, pero sin el polémico capítulo III que modificaba la Ley de Tierras vigente desde 2011.

Por lo tanto, sigue vigente la convocatoria realizada por la Secretaría Parlamentaria a los senadores, que fueron llamados para este jueves, a las 14, a reanudar la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio último.

La decisión de postergar el tratamiento del tema tierras se hizo oficial en un comunicado difundido por la oficina de prensa de la exministra de Seguridad.

“La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio (el oficialismo y sus aliados) con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, sostiene el escrito.

Y agrega: “la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.

Este es el segundo capítulo que pierde el proyecto redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desde que ingresó al Senado el 27 de marzo pasado. Antes, durante el debate en comisiones, el oficialismo debió ceder ante el rechazo que generaba el intento por eliminar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabip).

También es el segundo traspié en menos de 48 horas que sufrió el ministro desregulador tras la marcha atrás con el decreto que había puesto en pie de guerra a los prácticos y capitanes de barco, paralizando el ingreso de naves a los puertos nacionales y, por lo tanto, el comercio exterior.

A la reunión de esta tarde en el bloque radical la jefa del oficialismo había llegado sabiendo que ya no contaba con los votos para aprobar el polémico capítulo de extranjerización de tierras y con la presión de varios bloques aliados que querían suspender la sesión.

La UCR fue uno de los bloques que más presionó para que el proyecto no se discuta esta semana y reclamó que vuelva a comisión “para tener un debate serio”. la jefa del oficialismo en el Senado logró resistir esa embestida, pero debió reconocer ante sus aliados que no tenía los votos para aprobar el capítulo de la polémica.

Bullrich había buscado por todo los medios evitar la caída del capítulo III y con ese objetivo mantuvo en los últimos días frenéticas negociaciones para tratar de buscar una redacción que conformara a sus aliados y también a la Casa Rosada.

El último intento por consolidar una mayoría que se le escapaba como arena entre los dedos fue el anuncio, en conferencia de prensa este martes, de que se iba a imponer un tope del 25% de la superficie de cada provincia a la posibilidad de vender tierras.

La ley vigente establece ese límite en el 15% de las superficies nacional, provincial y departamental. El proyecto original de Sturzenegger no contemplaba límite alguno.

A pesar dela úlrtima concesión, la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras continuó derrumbándose en las últimas horas.

Como un castillo de naipes, la debacle empezó con la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

Poco después se supo que tampoco iba a acompañar al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa.

A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

Como si de un terremoto se tratara, el rechazo del pampeano Kroneberger tuvo su réplica en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que expresó sus resistencias a quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy seis años de prisión para los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y para los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, al formular su acusación en el juicio oral por el desvío de fondos públicos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.

La acusación de la querella corrió en línea con la del fiscal Diego Velasco, quien en su alegato había solicitado la pena máxima prevista para todos ellos.

Los hermanos Schoklender fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y, por ello, responsables de la ejecución del programa de viviendas sobre el que pesa la acusación por el desvío de fondos.

Al fundamentar el pedido, la representante de la UIF, Marianela Teich, sostuvo que ellos y el resto de los imputados montaron una “arquitectura delictiva” que constituyó “una maniobra sistemática de corrupción en la contratación pública”.

“La prueba producida demostró que los imputados Julio De Vido, José López y Abel Fatala desviaron intencionalmente la financiación de Sueños Compartidos”, sostuvo la abogada sobre quienes consideró como autores del fraude.

Para los exfuncionarios provinciales, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, la UIF pidió la pena de 4 años de prisión, en calidad de partícipes secundarios.

El programa Sueños Compartidos fue ejecutado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió los fondos mediante convenios con el Ministerio de Planificación que dirigía De Vido, las provincias o municipios, según el caso.

“La fundación fue el instrumento, el perjuicio patrimonial fue el resultado, y los ejecutores, organizadores y beneficiarios del desvío fueron Sergio y Pablo Schoklender”, afirmó hoy Teich. Y agregó: “La institución, la estructura operativa conducida y dominada por Pablo y Sergio Schoklender, fue la que montó este engranaje”.

La presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini, también había sido enviada a juicio oral, pero murió en noviembre de 2022, antes del comienzo del debate, por lo que la acción penal en su contra quedó extinguida.

El eje de la acusación es que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado de manera irregular convenios para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios, según el caso.

Para el programa, el Estado destinó alrededor de $1295 millones. De ese total, según la acusación, la Secretaría de Obras Públicas, en manos de López transfirió más de $748 millones y de allí habrían sido sustraídos los $206 millones que pidió decomisar el fiscal, una cifra que representa más del 23% de la financiación.

Antes del receso de invierno, el fiscal Velazco y su auxiliar Juan Argibay Molina, habían solicitado también penas de entre 6 y 4 años para los involucrados.

“Fue un hecho de gran corrupción. No por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra”, dijo el fiscal, que agregó: “La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad”.

El juicio oral continuará durante todo el mes de agosto con los alegatos de las defensas y luego se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 5, integrado por Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico.