La interna del peronismo volvió un día. En verdad, nunca se terminó. Solo estaba con sonido bajo, anudada a una tregua endeble que se había terminado de construir el día que se acordó que Axel Kicillof se haga cargo del PJ Bonaerense y Máximo Kirchner del Congreso partidario. Un consenso político que puso una pausa en la histérica interna del justicialismo de la provincia de Buenos Aires.

La intervención quirúrgica de urgencia que tuvo el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en Barcelona, en el final de la gira del Gobernador, dio lugar a una situación impensada en un chat de intendentes bonaerenses creado en el 2023, con la nueva camada de jefes comunales. Allí todos saludaron al ministro y le desearon una pronta recuperación. Mensajes cortos y simples. Pero sobresalió uno, que fue el de la intendenta, en uso de licencia, de Quilmes, Mayra Mendoza.

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”, escribió. Nadie le respondió.

El mensaje le cayó mal a Bianco y a todo el kicillofismo. Y generó un fuerte malestar en varios intendentes del peronismo, que no entendieron la necesidad de mandar esas líneas cuando el ministro bonaerense aún estaba internado en Barcelona. “Es penoso e irrespetuoso lo que dijo”, indicaron en La Plata. Y agregaron: “Nosotros no hacemos política aprovechándonos de una situación de salud”. El malestar está enquistado en distintas vertientes del peronismo bonaerense, donde hay un fuerte hartazgo con los cruces del camporismo y el kicillofismo.

Incrédulo ante la situación, un intendente del conurbano más cercano a Cristina Kirchner que a Kicillof, se mostró molesto por el nuevo foco de tensión. “Es todo una locura sin criterio político. Es todo de carácter personal. Y eso no suma nada”, aseguró. El contexto en el que se emitió el mensaje parece haber generado más enojo que el contenido en sí mismo, en una momento donde cualquier chispa puede generar un incendio.

Otro intendente, pero del interior de la provincia, también se mostró muy fastidiado. “Alguien tiene que ubicar a Mayra. Alguien le tiene que poner los puntos y ordenarla”, se quejó. Un tercer jefe comunal, de uno de los municipios más poblados del conurbano, fue un aún más crudo y sentenció: “No tiene códigos. Al menos podría haber esperado que salga de la clínica. Con estos pibes no hay tregua que valga”. El mensaje retumbó mucho en el microclima del peronismo, donde existe un consenso mayoritario de empezar a avanzar hacia un acuerdo entre las distintas partes, con el fin de construir una alternativa electoral.

En el peronismo entienden que el mensaje de Mayra Mendoza, más allá de su rivalidad profunda con Kicillof y Bianco, llega en un momento inexacto para la batalla política. Porque, aunque cada tribu avanza por su lado, hay voluntad en todos los sectores de ir construyendo un marco apropiado para formar una nueva coalición. Las diferencias existen y se reproducen en forma constante, pero hay una suerte de pacto implícito de no detonar la interna nuevamente.

El último fin de semana Infobae publicó que la postura del cristinismo es abrir la puerta hacia un acuerdo político con Kicillof, aunque hay condiciones. La principal es que sea el Gobernador quien dé el primer paso y visite a la ex presidenta para buscar un punto de consenso. En el kicillofismo no ven viable esa posibilidad en el corto plazo. No hay intenciones de juntarse con CFK ni de entablar una nueva negociación.

Más allá de las posturas de cada sector, existe un margen de acción para explorar un acuerdo político. Tal vez no sea ahora, pero si pueda ocurrir más adelante. Ese fue el mensaje que dejaron trascender desde el corazón del camporismo. Es posible que por eso el chat de la legisladora quilmeña haya hecho más ruido de lo habitual y haya generado varias repercusiones negativas, incluso dentro del cristinismo.

En paralelo a la explosión de enojos que generó el mensaje para Bianco, en La Plata dispararon contra La Cámpora por el proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria en Buenos Aires, que envió el intendente, en uso de licencia, de José C. Paz, Mario Ishii, que actualmente ocupa una banca en el senado bonaerense.

La relación entre el Gobernador y el histórico cacique del conurbano se deterioró luego de Ishii presionara para quedarse con la vicepresidencia segunda de la cámara Alta bonaerense, respaldado por el cristinismo. Para Kicillof ese lugar le correspondía a su espacio político. “Ishii sabía muy bien que ese lugar no le pertenecía a La Cámpora. Acordó con ellos para cagarlo a Axel”, se quejaron en la gobernación.

El legislador paceño no le avisó a ninguno de los funcionarios del gobierno bonaerense que iba a mandar ese proyecto a la Legislatura, en el que pidió que la emergencia se mantenga por 18 meses y que se instruya al gobierno de Kicillof a incrementar, en forma inmediata y progresiva, las partidas presupuestarias para comedores escolares y comunitarios, y para distintos programas de asistencia alimenticia.

“La movida es de La Cámpora, Ishii fue solo un instrumento. No les dio para salir al frente a ellos y lo usaron a Mario. Es una locura lo que hicieron. Le reclaman a la provincia y no mencionan a Milei ni al gobierno nacional. Hablan como opositores”, se quejó uno de los principales funcionarios del gabinete de Kicillof.

En el cristinismo se desligan de las acusaciones y aseguran que el proyecto fue obra y arte de Ishii. En La Plata recuerdan una entrevista que brindó el diputado camporista Facundo Tignanelli la semana pasada en la que habló de la necesidad de “encontrar alternativas para priorizar los pocos recursos que tenemos en alimento”, y advirtió que Mario Ishii estaba trabajando en esa línea para ver “cómo se hace un uso inteligente de los recursos”.

En esa definición el kicillofismo vio la mano de La Cámpora detrás del proyecto de emergencia alimentaria. En la organización que lidera Máximo Kirchner advirtieron que Ishii tiene una personalidad especial, sin jefes y sin hoja de ruta clara, y que nadie puede mandarlo de la forma en la que considera el gobierno bonaerense. Distintas miradas sobre un mismo hecho.

Lo cierto es que la interna peronista volvió a estallar y generó un fuerte malestar en las distintas terminales de la alianza política. Con las peleas digitales de los libertarios sin límites claros y la caída en la aprobación de la gestión de Milei que marcan las encuestas, el eje del PJ no puede estar en los idas y vueltas que exponen sus eternas diferencias. Es una guerra que deben evitar. Así lo entiende la mayoría.

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Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización será el 12 de mayo y tendrá como punto de concentración la Plaza de Mayo, en lo que será la cuarta protesta del sector desde la asunción del presidente Javier Milei.

La convocatoria, bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). El llamado incluyó a estudiantes y a la sociedad en general, con el objetivo de ampliar el alcance del reclamo.

El eje central de la protesta será la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para los gastos de funcionamiento, los salarios y las becas. Las autoridades universitarias sostienen que la norma no se está cumpliendo y que eso impacta en el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.

La nueva marcha se inscribe en una serie de medidas de visibilización que el sector viene desplegando en los últimos meses. La semana pasada se realizó un paro a la japonesa, con actividades abiertas a la comunidad, clases públicas y servicios gratuitos en distintas facultades.

Un conflicto que se mantiene activo

El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales. La primera se realizó en abril de ese año y marcó la primera gran protesta contra el Gobierno, con foco en la actualización de los gastos de funcionamiento.

Con el paso de los meses, el conflicto se desplazó hacia la cuestión salarial. Las universidades advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes y señalan dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.

La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar actualizaciones periódicas tanto para salarios como para partidas presupuestarias. También contempla la actualización de becas estudiantiles, un punto que las universidades consideran clave para sostener el acceso al sistema.

En paralelo, el conflicto avanzó en el plano judicial. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.

La postura del Gobierno y el escenario abierto

El Gobierno mantiene su rechazo a la implementación de la norma. Argumenta que la ley no define fuentes de financiamiento específicas y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal. En esa línea, presentó recursos judiciales y avanzó con iniciativas legislativas alternativas.

En el Congreso, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la ley vigente y reduce el alcance de las actualizaciones previstas. La propuesta no contempla la recomposición correspondiente a 2024 y plantea ajustes acotados para este año.

Mientras tanto, las universidades sostienen el reclamo en distintos frentes. La convocatoria a una nueva marcha busca reinstalar el tema en la agenda pública y sumar presión para que se cumpla la normativa vigente en un conflicto que, por ahora, sigue abierto.

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Una investigación judicial encabezada por el fiscal Franco Picardi reveló que al menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos de importación (SIRA) durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, involucra maniobras por montos que superan los USD 3,5 millones y tiene como imputados a cinco funcionarios del área de Supervisión del Banco Central (BCRA), entre ellos el gerente principal Fabián Violante, quienes entregaron sus teléfonos a la Justicia.

El esquema de corrupción aprovechaba la discrecionalidad del sistema vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, que permitía el acceso al dólar oficial. Según los hallazgos iniciales, existían pedidos de sobornos de un 15% “en billete” a cambio de que la operación fuera autorizada en un lapso de 48 horas.

La pesquisa se nutrió de casi 30 allanamientos y el aporte de un imputado colaborador que entregó un pendrive con chats y capturas de pantalla de conversaciones entre empresarios, operadores financieros y funcionarios del organismo monetario.

La investigación también pone la lupa sobre auditores externos del BCRA que actuaban “a ambos lados del mostrador” al integrar estudios contables que asesoraban a las mismas empresas importadoras. Aunque intentos previos de investigar a la Secretaría de Comercio fueron archivados, esta nueva causa cobró impulso tras la declaración de Francisco Hauque, quien admitió haber manejado fondos provenientes de prestamistas del mundo político.

El fiscal solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de 50 personas físicas y jurídicas para determinar el alcance total de un sistema que movilizó importaciones por casi USD 75.000 millones en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

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