En el año 2001 se desató una tormenta como consecuencia de una larga crisis ligada a una recesión importante que hubo en la Argentina. Aquella tormenta derivó en una gran crisis de representación, en un desencuentro entre la ciudadanía y sus representantes.

La dirigencia política, a lo largo de los años, tuvo la capacidad de resolver aquella desconexión. Dentro del peronismo, se inventó un sujeto nuevo: el kirchnerismo. Tuvo una gran hegemonía dentro del movimiento. El no peronismo, que había estado dominado centralmente por el radicalismo por más de 100 años, se reorganizó alrededor de Pro. Ese partido era una organización nueva que terminó convirtiéndose en el centro de la coalición llamada Cambiemos. En las elecciones primarias de 2019, ambos sujetos cosecharon el 90% de los votos, logrando por medio de la polarización, esa especie de juego de solteros contra casados, recomponer el vínculo con la gente.

A partir de allí se abrió otra crisis, alimentada por la pandemia. Esas dos fuerzas políticas, que habían cambiado de nombre, vieron reducida su convocatoria a solo el 50% de los votos, es decir, perdieron 40 puntos, en los comicios de 2021. Ese mismo proceso de deterioro condujo a Javier Milei, quien fue la expresión de un momento de mucho desencanto de la sociedad con la política. Daría la impresión sin embargo de que, pese a la irrupción de La Libertad Avanza como nueva fuerza y a la luz de lo ocurrido en años anteriores, no se produjo una reconciliación entre la ciudadanía y sus representantes.

No solo se verifica a través de las encuestas que miden la intención de voto o el nivel de adhesión que reciben los principales líderes. Hay un detalle más inasible y menos cuantificable que lo refleja aún más claro: el estado de ánimo. Lo que llevó a Milei al poder fue un clima emocional de mucho desasosiego que vivía la Argentina.

El último estudio elaborado por Hugo Haime, con base en la percepción del estado de ánimo de la población, muestra que ese ambiente se mantiene. El 42% de los encuestados dice sentirse triste y desanimado. Asimismo, un 34% de la muestra confiesa tener bronca. Solo el 20% de los participantes del sondeo se encuentra contento y esperanzado. Esta atmósfera no es más que el reflejo de una demanda insatisfecha de los argentinos respecto de la política.

Dentro de este clima, sobresale un factor principal, que suele dominar la escena política: el poder adquisitivo del salario. Las subas y bajas de ese poder adquisitivo se traducen en incremento o caída de la imagen de los gobiernos. En la misma encuesta de Haime, y por primera vez en el año, la baja en los salarios le gana como preocupación principal de la gente a la corrupción. El estado de ánimo negativo y la preocupación por un sueldo que no alcanza hacen juego con un tercer dato importante: la necesidad de un cambio. El 65% de los entrevistados coincide en que lo mejor para el país es un cambio total o parcial del modelo económico.

Es este el telón de fondo sobre el que se mueven los actores políticos, ya sean del oficialismo o de la oposición. Hasta ahora, sin embargo, esta vocación por cambiar, que coincide con índices de desaprobación al Gobierno cada vez más elevados, no encuentra todavía un vehículo político o una forma de organizarse en términos electorales. Podría cambiar aun así durante el año electoral, con nombres y apellidos propuestos en las boletas.

Este fenómeno se convierte en una gran ventaja para el Presidente, que mantiene una minoría homogénea frente a la mayoría desorganizada de la oposición. Esa clase política profesional, tradicional y humillada por el triunfo y la llegada de Milei todavía no se levantó de la lona. Sigue nocaut. Todavía no aparecen personajes que atraigan, ni ideas que organicen el estado de malestar que se expresa en las encuestas.

Milei conoce este estado. Lo inquieta, como queda demostrado en su nivel de nerviosismo actual. En una entrevista con Luis Majul para LN+, se lo vio peleando contra los fantasmas de este panorama. Una de las salidas que parece encontrar, como tantos otros líderes políticos cuando el electorado muestra un rostro antipático, es el desplazamiento de la discusión hacia el terreno internacional. Es la ruta que decidió tomar el Gobierno, con gestos quizás exagerados y cuyo rédito no termina de entenderse del todo. Esa orientación tiene un rasgo principal: en muchos planos, pareciera que la política de Donald Trump es la que dicta o determina lo que el Gobierno debe hacer.

Respecto del conflicto con Lula da Silva, y en contra del esfuerzo que hizo el canciller Pablo Quirno, que dijo distinguir lo ideológico de lo institucional e hizo hincapié en la amistad entre ambos países, Milei volvió a calificar a Lula de “ladrón” y “presidiario”. Pero no se detuvo allí. Dijo que Lula había puesto US$1000 millones en la campaña de Sergio Massa, información que le habría llegado a través de Bolsonaro. Como economista, el Presidente no puede ignorar la magnitud de esa cifra. La escasa verosimilitud de la acusación abre, además, interrogantes sobre la calidad de la información que recibe.

Esta es una estrategia que proyecta la visión de Washington sobre la región, que supone volver a la teoría de las zonas de influencia y una “América para los americanos”. Es un objetivo que sólo puede alcanzarse razonablemente de haber un gobierno aliado a los Estados Unidos en Brasil. Esta disputa global tuvo una manifestación muy llamativa por parte de China, cuando Xi Jinping dijo que los brasileños tenían derecho a que no hubieran intromisiones externas en las elecciones locales.

Hay otro aspecto del discurso oficial que sintoniza con el de Trump. Durante su charla con Majul, Milei habló de una política gramsciana. Dijo que Antonio Gramsci pretendía que su ideología tome los medios de comunicación, las universidades y las escuelas, y acusó a Cristina Kirchner de haber llevado adelante un modelo similar. Una vez más, no se detuvo allí. Denunció la introducción de periodistas terroristas, científicos terroristas y profesionales de la economía terroristas, a quienes podría haber catalogado así simplemente por la disidencia ideológica o las críticas a su gestión. Es también un calco de la política estadounidense. En la que va del año, las últimas acciones de Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU, exhiben un énfasis en asociar al terrorismo con el llamado “comunismo”.

En la misma línea, el Gobierno anunció que impedirá el ingreso de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina. Es un indicio de que el Ejecutivo tiene algún reparo sobre las expresiones de odio. Aún cuando muchos de sus dirigentes no tienen problema en manifestar odio. Por ejemplo, odio a los periodistas. Es decir: odiar no estaría mal, salvo cuando lo hace un extranjero. Un planteo similar quiere llevar adelante el gobierno norteamericano: la suspensión de la visa a aquellos que tengan una posición crítica de EE.UU. o una posición favorable respecto de países que Estados Unidos considera enemigos, como China.

Las similitudes que pueden encontrarse entre el gobierno de Milei y la administración Trump nacen probablemente del imaginario de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Es quien tiene el vínculo ideológico con el entorno del mandatario estadounidense.

Un dato interesante: la consultora Tactic Global, de Leonardo Scatturice, empresario muy ligado a Santiago Caputo, rompió su contrato con la SIDE, aclarando que jamás recibió una sola moneda. En esa consultora figuraba como director Barry Bennett, supuesto asesor de campaña de Trump, que decía traer la voz del presidente norteamericano a la Argentina, de la mano del “Mago” Caputo. Hasta que esa voz tuvo un representante oficial: el embajador Peter Lamelas. Aquella ruptura estaría también motivada por la apertura de una causa a instancias de la doctora Eugenia Talerico en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, que denunciaba que las actividades de Bennett en la Argentina violaban la ley de inteligencia.

Lo cierto es que Milei, frente a las dificultades domésticas, al deterioro de su gobierno ante la opinión pública y a las incógnitas electorales que se desprenden de ese deterioro, huye hacia lo internacional.

Para que todo sea simétrico, Cristina Kirchner hace lo mismo. Está ante un problema político enorme: no puede ser candidata. Esto es importante porque, con una candidatura, aunque no fuera real, ella tendría una gran capacidad para disciplinar al peronismo. Además, se le abrió una fisura donde no debía haberla: el kirchnerismo del conurbano bonaerense, la base de poder que le permitió arrastrar detrás de sí a todo el peronismo durante años. Allí abrió una grieta Axel Kicillof.

La señora de Kirchner tomó una decisión interesante y sorprendente: contrató a dos abogados. Uno es el brasileño Rafael Valim, abogado y amigo de Lula da Silva, lo que para Milei corroboraría sus propias presunciones conspirativas. El otro, curiosamente, es Javier Borrego, un abogado español casi mileísta, que podría militar en Vox.

Contrató a estos dos letrados para ir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una comisión integrada por expertos, y reclamar que su condena violó garantías que tiene como ciudadana. Ese comité es un órgano político integrado por representantes de distintos Estados. No puede ordenarle nada a la Justicia argentina, pero sí emitir una recomendación.

Como comparación: existe en Naciones Unidas un comité de descolonización que todos los años recomienda que el Reino Unido se siente a negociar por las Islas Malvinas. El Reino Unido lee la recomendación y tira el papel a un cesto. Lo que pueda hacer este comité no tiene carácter vinculante, pero sí puede ejercer presión política o dar a Cristina Kirchner lo que busca: una bandera.

No es la primera vez que toma este camino. En 2014 a la Argentina se le cerraron todos los caminos en la discusión con los holdouts: el juez Thomas Griesa emitió numerosas sentencias avaladas por la Cámara de Apelaciones de Nueva York y el país entró en default, aislado del mercado financiero internacional, con sanciones muy importantes. Agotado el camino procesal, Cristina también recurrió a Naciones Unidas.

Fue en este caso al Consejo de Derechos Humanos, una comisión integrada por Estados, a plantear que los fondos buitre eran terroristas que querían desestabilizar gobiernos. Le pidió a Naciones Unidas que elaborara algún tipo de reglamentación para el manejo de esos fondos que, según ella, desestabilizan la democracia con sus exigencias a los Estados para cobrar deudas y se resisten a negociarlas. No consiguió esa reglamentación, pero sí logró que ese Consejo emitiera una recomendación avalando esa posición política que ella sostenía.

Cuando los caminos procesales se cierran, los políticos, y sobre todo Cristina Kirchner, apelan a convertir esa limitación en capital simbólico. Como el “Perón vuelve”, cuando no podía volver. o ahora la frase “Cristina libre”. Suenan como un eco.

El planteo actual no es solamente un reclamo abstracto, sino que hay un argumento que puede ser razonable. El razonamiento central que ella y sus abogados llevan a Naciones Unidas, y que el doctor Carlos Beraldi parece haberse olvidado de plantear durante su defensa en el juicio local, es que el artículo del Código Penal que, además de la condena de seis años, le impone una inhabilitación perpetua, es inconstitucional. Según los abogados de Cristina, no se le pueden negar los derechos electorales a una persona más allá de su condena. Si en seis años pagó su culpa, ¿por qué va a quedar inhabilitada eternamente para ser candidata?

Ellos quieren que se discuta la constitucionalidad de ese artículo y si es admisible que la pena accesoria sea más grave o más punitiva que la pena. Mientras se dirime esa discusión, que puede ser larga, reclaman una cautelar que le permita ser candidata. Naciones Unidas debe pronunciarse en octubre. La Justicia argentina es muy probable que responda que no le atañe.

A pesar de eso, Cristina tendría una consigna con un efecto político. Le permitiría sostener que Naciones Unidas dijo que su proscripción es ilegítima, que cualquier candidato del peronismo es menos legítimo que ella y que solo podrían ser candidatos porque ella está proscripta.

El primer destinatario de ese mensaje es Axel Kicillof, que quiere ser candidato y, si lo es, dependerá centralmente de los votos de Cristina, porque existe una enorme superposición entre ambos.

El reclamo de Cristina Kirchner no se formula en el vacío. Otra encuesta de Haime pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Cristina esté presa y no pueda ser candidata?”. El 53% está de acuerdo; el 40%, en desacuerdo. Ella le habla a ese sector que considera razonable su planteo.

Otra encuesta es la realizada por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que lidera el jesuita Rodrigo Zarazaga. El estudio fue elaborado junto con el académico Luis Schiumerini y se refiere a jóvenes de barrios populares del Gran Buenos Aires. Allí, el peronismo un 51% de intención de voto que, proyectado, llega al 67%. Es decir, los jóvenes pobres siguen siendo peronistas y el peronismo continúa calando allí. Milei, que tuvo mucha adhesión en este núcleo, tiene un 20%, con una proyección al 25%. Para un gobierno identificado con el ajuste, es muchísimo. La izquierda obtiene entre el 5% y el 6%. El Pro, un 1%, con una proyección al 2%: nada.

Hay otros datos importantes: el 9% votaría en blanco, el 3% no iría a votar y el 11% todavía no sabe a quién elegir. Es decir, hay un 23% de negatividad, un agujero negro entre los jóvenes pobres. Probablemente muchos de ellos votaron a Milei y se desencantaron. La Libertad Avanza es el partido que menos retuvo el voto entre 2023 y ahora. El peronismo es el que más retiene.

Entre los candidatos más representativos, el 61% responde “ninguno”. Esto coincide con el estado de desencanto del que hablaba Haime al comienzo y con ese 23% que no tiene candidato ni partido y podría no ir a votar. Es un volumen importante.

Después aparece Cristina Kirchner entre los jóvenes pobres del Gran Buenos Aires, obtiene un 24%. Milei alcanza el 3,3% y Kicillof, el 2,6%, lo que plantea una dificultad delicada para el gobernador bonaerense. Myriam Bregman obtiene el 2,1%; Mauricio Macri, el 1,8%; Patricia Bullrich, el 0,8%; y nadie u otro, el 4,4%. Esto es lo que le permite a Cristina volver al centro de la escena y plantear ante Naciones Unidas un interrogante sobre la legitimidad de su su inhabilitación.

El principal beneficiario de esto es Milei, porque el no peronismo es el universo al que pretende representar monopólicamente. Por eso necesita desplazar a Macri de la escena. Pero el “no peronismo” se unifica en el antikirchnerismo. Probablemente, si no existiera el kirchnerismo, ese espacio estaría fragmentado.

Por eso, casi la única opositora que Milei nombra, es la expresidenta. El otro día la acusó de haberse patinado miles de millones de dólares durante su gestión del Banco Central. Es una mención sistemática, como cuando abrió las sesiones del Congreso y dedicó todo el discurso al kirchnerismo. Es como si se colocara un respirador.

La resurrección y la reaparición con más vigor de Cristina fortalece a Milei. También lo beneficia en una segunda dimensión: mientras ella siga representando a la minoría más sólida del peronismo, a ese partido le resultará muy difícil renovarse. Probablemente, para muchos peronistas, esta reaparición sea una pesadilla dado que quien mejor representa a su núcleo de votantes es también quien menos posibilidades tiene de llegar al poder, porque su imagen negativa se lo impide, sobre todo en un balotaje. Esto le ocurrió al radicalismo durante años con Raúl Alfonsín: no podía acceder al poder, pero los radicales lo consideraban su líder más genuino. Algo de eso existe hoy en la lógica del peronismo y desde el Gobierno deben festejarlo.

Esto, sin embargo, contradice de manera inquietante el discurso del ministro de Economía, Luis Caputo. Él dice que ni aunque vinieran los marcianos a votar los kirchneristas tendrían posibilidades de volver. Eso se lo dice al mercado, pensando en que sigan comprándole los bonos y en que baje más el riesgo país.

Si Cristina sigue creciendo e instalándose en el centro de la escena, aunque no sea candidata, puede estar expresando un reflujo hacia el populismo. Ya ocurrió con Macri. ¿Cuánto tuvo que ver su ajuste, pactado con el FMI en términos muy parecidos a los de este gobierno, con la reaparición de Cristina enmascarada detrás de Alberto Fernández? Es una pregunta que Milei y, sobre todo, quienes lo rodean deberían hacerse.

Ese riesgo K, hoy encarnado en Cristina, también podría estarlo en Kicillof. Ambos están peleados y muy difícilmente se unan, porque es una disputa atravesada por lo emocional. Hay alguien que echa leña a ese fuego, alguien a quien nunca hay que perder de vista, porque es uno de los políticos profesionales más dotados de la Argentina: Sergio Massa.

Massa piensa que si nadie se pone de acuerdo y hay olor a poder, porque la gente quiere un cambio, ahí puede ser su momento: ofrecerse como el candidato de la unidad. El exministro de Economía ya ocupó este rol en 2023, cuando fue candidato y se presentó como la síntesis entre el designado por Alberto Fernández, Daniel Scioli, y el de Cristina, Wado de Pedro.

Todo esto forma parte del peronismo en la escena nacional. Pero hay un factor regional de enorme impacto: qué ocurrirá en la provincia de Buenos Aires y cómo le irá allí al peronismo. Es una pregunta fundamental para el Gobierno, cuya respuesta depende de dos variables. La primera es si la Legislatura bonaerense habilitará finalmente la reelección indefinida de los intendentes. Todo indica que sí, porque al peronismo le conviene que los intendentes sean reelegidos porque son los más representativos de sus comunidades, los que más votos arrastran. ¿Cómo lo harían? Modificando la Ley Orgánica de las Municipalidades para que cada municipio decida. Esto le daría una potencia muy superior al peronismo bonaerense al eliminar la imposibilidad de que los intendentes sean reelegidos. Incluso disminuiría la cantidad de candidatos a gobernador de esa fuerza, porque muchos buscan avanzar o subir debido a que no pueden continuar como intendentes.

La segunda incógnita es si la elección será desdoblada. Si Kicillof es candidato a presidente, no le conviene el desdoblamiento, sino que las categorías de candidatos, en todos sus niveles, sobre todo las de intendentes, se elijan el mismo día que el candidato presidencial. Todo esto debe mirarlo con lupa Diego Santilli, quien, por ahora y hasta nuevo aviso, sería el candidato del Gobierno en la provincia de Buenos Aires.

Santilli podría ver el escenario tan complicado que termine queriendo ser candidato a jefe de gobierno porteño. No lo sabemos. Tampoco sabemos si Milei quiere darle la provincia de Buenos Aires a alguien que no es enteramente propio, sino que viene del Pro. Por ahora, se dice que Santilli es el candidato. El calendario será un protagonista central de la elección del año próximo, va a ser crucial en el desenlace.

Massa está mandando gente a las redes, aunque todavía no claramente a los medios de comunicación, para decir que el candidato es él. Sin embargo, todavía no está tan seguro: las encuestas le dan muy mal y, además, observa otros problemas. Entre ellos, Javier Faroni, intermediario en los negocios de la AFA, y Elías Piccirillo, el rey del blue. Ambos están muy complicados judicialmente y pueden hablar y comprometer a funcionarios del gobierno de Alberto Fernández o ligados a la AFA. Esto a Massa lo inquieta.

Por eso debe estar muy atento a lo que ocurra el próximo 12 de este mes. Ese día habrá una audiencia en la que dos camaristas de Casación, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, llamados cariñosamente “bed & breakfast” en Comodoro Py, deberán decidir si las causas de la AFA, que afectan a Tapia, Toviggino y sus socios y aliados, siguen en el fuero Penal Económico, donde ya hubo sanciones y procesamientos, o pasan al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Es, sospechosamente, el juez que quieren los imputados. Dicen que Tapia tuvo una casa en un country de la zona de Campana y que de allí podría surgir algún vínculo con el magistrado. Minucias.

El 12 deberá definirse el destino de una causa que, por numerosas razones y por los millones de dólares involucrados, inquieta a Tapia, Toviggino, Massa, Faroni, Piccirillo y a todos los que tuvieron que ver con ese negocio. Podría pensarse que, si aceptaron la competencia de la Cámara de Casación es porque van a cambiar el destino de la causa. Por lo tanto, Charvay tiene derecho a esperar recibir el expediente en Campana.

Esto es importante porque, si los procesan en la Argentina por un delito, los imputados tienen derecho a no ser sometidos a la Justicia norteamericana por el mismo hecho. Pueden elegir el país donde serán juzgados. Por eso deben desear que Charvay los procese para evitar un proceso en el exterior. La Justicia norteamericana es, aparentemente, más rigurosa que la argentina.

Hay un dato interesante. Si Borinsky ayuda a la dirigencia de la AFA al trasladar el caso a Campana, él, que es candidato a juez de la Corte y cuyo nombre figura entre los papeles que le llevan a Milei para que elija, ¿le está pagando un favor al Gobierno? ¿O la decisión responde a sus numerosos vínculos con la AFA? Dicen que hay que mirar el temible pendrive de Juan Pablo Beacon, colaborador de Toviggino, que aparentemente guarda todos los secretos de ese mundo.

Borinsky compite para la Corte con otro juez, Mariano Llorens, camarista federal. También se habla de tres mujeres: Claudia Sbdar, jueza del Superior Tribunal de Tucumán; Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta; y Karina Perilli, integrante de un tribunal oral en lo Penal Económico.

¿Son los únicos candidatos que tiene Milei? No lo sabemos, porque hay otro que se pregunta porqué no lo convocan: Ariel Lijo, quien además se siente abandonado por quien fue su padrino, Ricardo Lorenzetti. Este niega estar apadrinando a alguien, aunque se afirme que está detrás de las candidaturas de Borinsky y Perilli.

¿Lijo quiere ser juez de la Corte después de que el Senado le dijo que no? ¿O procurador general de la Nación, jefe de los fiscales? Probablemente sea hoy el cargo más poderoso de la Argentina en términos absolutos. Ese es también el puesto al que aspira Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia. ¿Es verdad que Milei le prometió que, si hacía bien todos los deberes, sería procurador general de la Nación? También necesita dos tercios del Senado.

Milei habló ayer del tema. Majul le preguntó por la Corte y respondió que no se va a meter en ese problema. Agregó que no se va a meter hasta que se resuelvan otras cosas. Sería muy importante que el presidente diera detalles sobre esas cuestiones pendientes. Está instalada la versión de que Mahiques, antes de cubrir las vacantes de la Corte, debe conseguir que los tribunales inferiores, sobre todo la Cámara Federal, resuelvan algunos asuntos: el caso Andis, por presuntas coimas en la prestación de servicios para personas con discapacidad; el caso $LIBRA, que ahora aparentemente pasa a la Justicia Civil y Comercial, donde podrían reponer a los querellantes para que la causa avance, algo que en el fuero federal penal el juez Martínez de Giorgi se encargó de cerrar; y el caso Adorni.

Hay una cantidad de cuestiones judiciales que preocupan a la Casa Rosada. Por eso también parece inconveniente que trasciendan nombres como los de Borinsky, Llorens o Lijo como candidatos a la Corte. A partir de ahora, sobre todo en los casos de Borinsky y Llorens, se observará si los fallos vinculados con el Gobierno son el pago de esa candidatura ya anunciada.

Mientras tanto, Mahiques, y tal vez el Gobierno, se empeñan en conseguir la impunidad de los dirigentes de la AFA. Un dirigente político muy conocedor del mundo del fútbol se preguntaba el otro día: ¿es posible que haya impunidad ante semejante movimiento de dinero? Se habla de maniobras por más de US$300 millones en una institución que representa al fútbol. ¿Se puede negociar esa pasión? ¿La impunidad en ese campo pasa tan inadvertida como en la política? Es una pregunta que también deberían hacerse los jueces y, quizás, el propio Juan Bautista Mahiques.