El peronismo en la Cámara de Diputados busca exponer a Manuel Adorni por sus inconsistencias patrimoniales, aunque evita que el eje exclusivo de una próxima sesión sea la corrupción. Insiste, en cambio, en avanzar en paralelo con una agenda social y económica que sus legisladores vienen trabajando desde hace semanas en la Cámara.

La postura generó roces con otros sectores opositores, que pidieron una sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de tratar los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete de Javier Milei. Uno de esos textos, de hecho, está firmado por casi todos los integrantes de Unión por la Patria (UP).

Ninguna de las propuestas tiene dictamen de comisión, por lo que el objetivo implícito es forzar su tratamiento en comisiones.

Pero las versiones se cruzan. Los impulsores de la sesión, encabezados por el socialista Esteban Paulón, aseguran que mantuvieron conversaciones con autoridades del bloque peronista. En el PJ, en cambio, sostienen que la jugada se organizó sin consultarles.

En UP aseguran, además, que buscan impulsar un temario más amplio, que incluya temas como el incumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, los recortes en salud, la emergencia PyME, la caída del consumo, el crecimiento del endeudamiento familiar y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Más que discutir únicamente a Adorni, el peronismo pretende discutir el rumbo del Gobierno a partir del caso Adorni.

La discusión, sin embargo, también expone distintas miradas dentro del propio peronismo. Algunos consideran que el jefe de Gabinete debe continuar expuesto al desgaste político que atraviesa desde hace semanas sin interferir. Otros creen que hay que avanzar con la interpelación cuanto antes. Y un tercer grupo rechaza quedar atrapado en una ofensiva centrada exclusivamente en un caso institucional o judicial.

Lo cierto es que la lucha contra la corrupción nunca fue un eje discursivo central en el PJ. De hecho, nadie en el bloque cuestiona a Adorni en esos términos. Hablan, más bien, de una pérdida de “idoneidad” o de “legitimidad” para ejercer el cargo. Así lo planteó el jefe de bloque, Germán Martínez, durante la última sesión: “La confianza de este Congreso en Adorni es cero. Su palabra hoy no vale”.

Algo similar expresó el diputado Santiago Cafiero, en el programa A dos voces, por TN. “Adorni no va a poder explicar nunca la situación patrimonial que tiene. Cuando vos entrás en la función pública tu vida privada queda difusa. Tenés que tener una ética y poder demostrarla en todo momento. Y esa credibilidad es la que te da legitimidad de acción. Si no tenés eso, estás perdido, y es lo que le pasa a Adorni”, sostuvo. También admitió que la oposición todavía no tiene garantizados los votos para avanzar con la interpelación.

“No queremos que sea una jugada testimonial”, explican cerca suyo. “Sin quorum victimizamos a Adorni y fortalecemos a [Martín] Menem. No sirve”.

Pero la incomodidad del peronismo va más allá de una cuestión táctica. Algunos dirigentes consideran que avanzar hacia una interpelación seguida de una eventual moción de censura podría dejar un antecedente delicado, sobre todo cuando el jefe de Gabinete ni siquiera fue procesado. En la Argentina pendular, la oposición de hoy puede gobernar mañana.

Las interpelaciones que la oposición impulsó anteriormente contra Guillermo Francos se dieron en el marco del caso $LIBRA y nunca derivaron en una discusión seria sobre una eventual moción de censura. Hubo, más bien, un fuerte interrogatorio político. La posibilidad volvió a mencionarse después de los incumplimientos del Gobierno en materia de discapacidad y financiamiento universitario, aunque el recambio de Francos y algunas concesiones parciales del oficialismo terminaron desinflando la ofensiva opositora.

En este contexto, el PJ busca cuestionar políticamente a Adorni sin aparecer promoviendo una lógica “punitivista” que antes criticó.

Así lo expresó el diputado kirchnerista Carlos Castagneto. “No estoy de acuerdo con que nosotros desde el Congreso digamos qué persona tiene que ir presa o no. Yo mantengo la independencia de poderes. Creo que tiene que actuar la Justicia”, sostuvo. Y agregó: “Lo que sí sostengo es que hubiese sido bueno, como fue la sesión en el Congreso, para que Adorni explicara frente a la sociedad de dónde sacó el dinero”. Eludió referirse a una interpelación.

Castagneto hacía referencia al pedido judicial presentado por la diputada Marcela Pagano, que solicitó la detención del jefe de Gabinete por supuestos riesgos sobre el debido proceso, una solicitud que luego fue rechazada por la Justicia.

Pese a las distintas miradas, todos los referentes peronistas consultados por aseguraron que darán quorum el próximo jueves. Aun así, su presencia difícilmente alcance para habilitar la sesión. Según un sondeo preliminar realizado por este medio, la oposición no reúne por ahora la mitad más uno para abrir la sesión. Sin el respaldo de Pro y de legisladores alineados con gobernadores dialoguistas, cualquier ofensiva contra Adorni quedará a mitad de camino.

“Funcionará como un principio de revelación”, afirman los sectores que impulsan la sesión especial. “Que queden expuestos los que apoyan a Adorni”, agregan.

En paralelo, el peronismo trabaja desde hace semanas en la construcción de una agenda propia vinculada a temas sociales y económicos. La idea, explican en el bloque, es “proponer y no solo reaccionar”.

Esa estrategia es impulsada especialmente por sectores alineados con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aunque también por dirigentes que buscan ordenar al peronismo detrás de una discusión común, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos y Emir Félix. Martínez y Cecilia Moreau acompañan esta mirada como autoridades del bloque.

En las últimas semanas mantuvieron reuniones con pequeñas y medianas empresas, comerciantes afectados por la apertura importadora, representantes del colectivo de discapacidad, rectores universitarios, especialistas en endeudamiento y referentes sanitarios que alertaron sobre el impacto de los recortes en el sistema de salud.

Desde el sector sindical del bloque, además, avanzaron con un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales. La iniciativa surgió a partir de datos sobre el mercado laboral: según un informe de la consultora Econviews elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de los 141.000 nuevos empleos registrados, 101.000 corresponden a trabajadores que se desempeñan en la calle, vehículos o desde sus hogares, mayormente bajo modalidades independientes.

El proyecto −presentado, entre otros, por Hugo Moyano (h.), Hugo Yasky, Juan Marino y Jorge Taiana− busca formalizar la relación entre las plataformas y los prestadores de servicios. La iniciativa presume la existencia de vínculo laboral y garantiza derechos básicos como remuneración mínima, límites de jornada y cobertura frente a riesgos de trabajo.

La Policía santacruceña halló el cadáver de Aníbal Cepeda, un hombre de 71 años que era buscado desde el 20 de abril, en un complejo de departamentos en Río Gallegos.

La propiedad en la que encontraron el cuerpo había sido decomisada a Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner, en el marco de una causa de lavado de activos. Era custodiada por Gendarmería.

En el marco para dar con el paradero de Cepeda, y tras los datos aportados por un hombre capturado durante la madrugada del domingo, la investigación judicial apuntó a uno de los inmuebles ubicados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera de Río Gallegos, informó el medio local La Opinión Austral.

Tras el hallazgo del cuerpo de un hombre, que luego se indicó que posiblemente se trataba del anciano buscado (aunque resta la confirmación oficial de la autopsia), en el lugar trabajó personal policial de la DDI, de Criminalística y Gendarmería Nacional Argentina, fuerza que mantiene la custodia permanente sobre esos departamentos.

Los inmuebles forman parte de bienes decomisados por orden judicial y vinculados a Muñoz, fallecido en 2016. Esas propiedades estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

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