La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a la recusación del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, que esta misma mañana había cerrado la causa donde se proponía la detención del presidente y el tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

“Hacer lugar a la recusación impetrada por el Ministerio Público Fiscal, en contra del Sr. Juez Federal, Sebastián Diego Argibay a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Santiago del Estero», dice el fallo de la Cámara al que accedió .

Argibay había sido recusado por el fiscal Pedro Simón porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.

El juez se defendió diciendo que “la sola circunstancia de que un familiar directo (su hija) haya intervenido en un negocio inmobiliario que constituye objeto de una investigación, no es causa suficiente para solicitar su apartamiento”. Pero el fiscal ante la Cámara de Tucumán acompaño al fiscal de primera instancia.

Finalmente, el tribunal decidió hacer lugar al planteo de recusación. “El estándar aplicable en la materia impone atender no solo a la imparcialidad real del juzgador, sino también a las condiciones externas que permitan descartar cualquier sospecha razonable de parcialidad, en resguardo de la transparencia y legitimidad del proceso”, dice el fallo.

Apenas unos minutos antes que se conozca esa resolución, el magistrado había declarado la incompetencia de su juzgado en la denuncia contra Tapia y Toviggino y decidió enviarla las actuaciones al juzgado federal de Campana, donde tramitan otras causas contra los jerarcas de la AFA.

“Se advierte que de la propia descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal surge que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto pasivo principal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que, conforme surge de las actuaciones, presuntamente tendría domicilio legal en Pilar, Provincia de Buenos Aires”, dice la resolución firmada por Argibay.

Y agrega: “El relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa”.

Argibay regresó hoy de sus vacaciones y en tiempo récord firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia. “El requerimiento (del fiscal) no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, ni describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación”, opinó Argibay.

Fuentes de la Fiscalía anticiparon a que la decisión será apelada ante la Cámara Federal de Tucumán. Antes, de todas formas, la Cámara apartó al juez.

El viernes pasado, el fiscal había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

A la cabeza de la organización estaban Tapia y Toviggino, pero en total hay 26 personas imputadas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon); y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.

La primera etapa de la maniobra, siempre según la investigación, era insertar el dinero que provenía de las maniobras ilícitas en el sistema financiero a través de estas sociedades.

Muchas de las empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias.

La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. “Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón, que pidió una larga lista de medidas de prueba.

El siguiente paso fue la compra de bienes. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, salió este martes a cuestionar lo que definió como una “política caníbal” en el peronismo, en medio de la interna entre el sector del gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo.

Como parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) –el frente encabezado por Kicillof–, el jefe comunal de Morón apuntó, sin dar nombres, a los sectores que “con tal de sacar un tranco de ventaja son capaces de decir y hacer mucho daño”.

”El ahora nos exige mucha madurez y estatura para conciliar trayectorias que son divergentes para trabajar en un futuro que pueda ser común. Si hay que dirimir algún liderazgo en el marco de una gran primaria, bienvenido sea y para eso estarán las PASO”, evaluó.

Ghi se expresó en estos términos después de que Ishii, exintendente de José C. Paz y actual senador provincial de Fuerza Patria, presentara un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia ante lo que consideró como una “imperante crisis social” en el territorio.

“La cultura política nuestra es bastante caníbal. Con tal de sacar un tranco de ventaja, somos capaces de decir y hacernos mucho daño”, lamentó Ghi en declaraciones a Futurock, y pidió “madurez” para que del peronismo emerja un representante “fortalecido de cara al 2027 para poner a la Argentina en otro rumbo”.

A la hora de posicionarse, Ghi planteó que quienes se encuadran en la “conducción” de Kicillof están convencidos de que será el gobernador quien “determine la mejor estrategia y cómo eso se encarna en dirigentes de nombres y apellidos concretos”.

Ishii presentó el proyecto como vicepresidente primero del Senado, un cargo al que accedió gracias a la intervención de la expresidenta Cristina Kirchner, que lo colocó así en la línea sucesoria de la provincia.

“La declaración de la emergencia alimentaria constituye una respuesta institucional urgente frente a un contexto de agravamiento del hambre y la desigualdad. El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas”, expresó el legislador, en una crítica frontal a la administración de Kicillof.

No fue el único chisporroteo. La interna en el PJ bonaerense quedó expuesta una vez más después de que Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, arremetiera contra Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en un chat de funcionarios.

Según pudo reconstruir LA NACIÓN, en el inicio de la semana Kicillof reposteó en un chat con intendentes un tuit de Bianco, difundido en la red social X, donde el funcionario informaba sobre su operación de apendicitis en Barcelona, adonde había viajado junto al gobernador para participar en la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation.

Mientras la mayoría de los intendentes expresaron en ese chat su solidaridad por la salud de Bianco, la actual legisladora respondió: “Va a estar todo bien, Carlos. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.